En una entrevista con el administrador general de Aduanas, José Guzmán Montalvo, este funcionario reconocía hacia unos días la incapacidad del gobierno foxista para frenar el contrabando de mercancías que ingresan ilegalmente al país, con el consecuente daño a la industria nacional. El problema, decía el funcionario de Hacienda, es que ahora son los grandes almacenes y las empresas mexicanas los que están involucrados en el contrabando técnico y documentado, lo que hace cada vez más difícil investigar y descubrir los productos ilegales que se venden en “tiendas de prestigio”.

Con experiencia de muchos años de trabajo en el sistema aduanero, Guzmán Montalvo afirma que “el principal contrabando proviene de Estados Unidos, porque nuestro comercio con ese país es muy fuerte y porque los certificados de origen de Estados Unidos no se tienen que acompañar de pedimentos de importación, de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio”.

El administrador general Aduanas se queja también del poco personal con que cuenta para realizar las investigaciones sobre el contrabando técnico y documentado, pues la mayoría de los agentes aduanales carecen de capacidad y adiestramiento para descubrir los embarques con mercancías ilegales que son facturadas en países distintos a su lugar de origen.

Así, el dato revelador que da Guzmán Montalvo es que suman 3 mil expedientes abiertos en contra de empresas, tiendas y almacenes instalados en México por supuesto contrabando. Entre las empresas contrabandistas destacan las firmas Liverpool, Wal Mart, Gigante, Soriana, Prenatal, Andrea, Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Suburbia, Woolworth y Chedraui, entre muchas otras, que incurren en el delito de contrabando técnico o documentado para vender mercancías que obtuvieron a bajo costo y que después etiquetan con elevados precios para los consumidores mexicanos, lo que se convierte en una competencia desleal para la industria nacional.
A estos graves señalamientos, la primera respuesta a este funcionario de Hacienda es por el supuesto caso de contrabando por parte de la cadena de tiendas departamentales Liverpool, la cual fue multada por importar motocicletas supuestamente fabricadas en Estados Unidos pero que en realidad fueron manufacturadas en China.

El director general en México de Motocicletas Vento, Isaac Calderón, una firma de origen italiano que le surte a Liverpool y a Soriana, asegura que Guzmán Montalvo miente porque esta empresa no cometió contrabando técnico, y se queja de la multa que por más de 300 millones de pesos pretende aplicar la Administración General de Aduanas a Liverpool.

“Yo puedo demostrar con documentacióin oficial por parte del Departamento de Aduanas de Estados Unidos, con cartas del Congreso y hasta de la Presidencia de Estados Unidos, que comprueban que el origen de esas motocicletas es americano…”, dice este directivo de Motocicletas Vento, quien sostiene que hay corrupción y abuso de poder por parte de la Secretaría de Hacienda y de la Administración General de Aduanas, las cuales manipularon la auditoria para “proteger los intereses de una empresa que se quiso establecer en México y una de las formas de hacerlo era quitando a Vento del camino”.

Los severos señalamientos de Isaac Calderón no se quedan allí, pues el empresario advierte que esto puede convertirse en un conflicto comercial entre México y Estados Unidos, porque “en unos días más la embajada de Estados Unidos en México intervendrá en este asunto, ya que México está poniendo en juego el Tratado de Libre Comercio al hacer este tipo de manipulaciones que afectan a las empresas”.

Y es que con la multa de la AGA a Liverpool, Vento vio desaparecer sus proyectos de expandir la presencia de esta marca en México. A principios de año, Vento y Liverpool firmaron un convenio para lanzar los nuevos modelos de Vento, una marca que había colocado anualmente 72 mil motocicletas, superando a las de origen alemán y japonés. Otro de los puntos de venta que había consolidado Motocicletas Vento era en la cadena de tiendas Soriana.

“El lavadero de mercancías ilegales”

Pero para Guzmán Montalvo está claro el delito de contrabando que cometió Liverpool, y adelanta que aún con poco personal continuará las investigaciones en contra de 3 mil empresas que bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio pretenden abusar del mercado mexicano, pues es precisamente Estados Unidos por el país que cruzan casi todas las mercancías que se introducen ilegalmente al país bajo la figura de contrabando técnico o documentado, con lo que México se ha convertido en el “lavadero de mercancías” sucias que provienen de países asiáticos vía Estados Unidos.

Uno de los ejemplos que dio el administrador general de Aduanas fue el modus operandi de la empresa Liverpool, al importar de China motocicletas etiquetadas en Estados Unidos para no pagar los impuestos correspondientes; sin embargo, Aduanas realizó la investigación respectiva y confirmó el ilícito, por lo que sancionó a la “prestigiada” tienda mexicana con una multa (crédito fiscal) por más de 300 millones de pesos.

En otros casos, dice Guzmán Montalvo, “llevamos investigaciones sobre empresas textiles importantes, en donde hemos detectado que las facturas que han presentado este año están alteradas o no son correctas, y muchas de estas son mercancías que importan temporalmente. Un caso de esta corrupción lo comete Gigante con la importación de pantalones”.

Otro problema que enfrenta el gobierno mexicano en sus investigaciones para combatir el contrabando técnico, es que a pesar de reunir las pruebas suficientes sobre ese delito, los gobiernos de los países en donde se producen las mercancías apoyan a sus empresas importadoras y distribuidoras y se niegan a proporcionar la información solicitada por México, pues alegan que se trata de un acoso la investigación contra sus empresas locales. Un ejemplo es el caso de la tienda Zara, la cual comete el delito de contrabando y el gobierno español la protege, dice Montalvo.

El mecanismo utilizado para introducir ilegalmente mercancías al país se denomina contrabando documentado, y se refiere a la importación de productos que entran por la aduana aparentemente de manera legal, ya que se hace con pedimentos de importación que contienen información falsa; por lo que difícilmente pueden descubrirse.

La información falsificada puede estar relacionada con el precio del producto, el origen de la mercancía, el tipo de producto, la cantidad del bien importado o el uso que se le va a dar a la materia prima en nuestro país. Gracias a la documentación apócrifa que utiliza este tipo de contrabandistas, es que se puede igualmente introducir productos que tienen finalmente un distinto al que de manera oficial se notifica.

Una modalidad de este tipo de contrabando es el llamado contrabando técnico, que se instrumenta cuando un determinado producto se clasifica dentro una fracción arancelaria distinta a la que le corresponde, sobre todo en alguna fracción que le permita eximir al producto del pago de cuotas compensatorias.

El contrabando se facilita, por supuesto, cuando se cuenta con la complicidad de las autoridades aduaneras, más aún cuando éstas son protegidas por funcionarios de alto nivel en la Secretaría de Hacienda.

Investiga PGR a Grupo Santander

Cuando se trata de recibir millonarios depósitos para integrarlos a sus activos, la banca en México no pone obstáculos. Es más, ofrece todo tipo de facilidades sin ocuparse de investigar el origen de los recursos, los cuales podrían ser resultado de fraudes o actividades ilícitas.

Aún sin concluir, esta es parte de la historia en la que se encuentra involucrado el Grupo Santander Serfin y su director general Marcos Martínez, luego de que, en medio del proceso de integración de ambos bancos, en una sucursal de Serfin se depositaron varios cheques del Instituto Politécnico Nacional (IPN), elaborados a favor del ISSSTE y que terminaron como inversiones privadas y aparentemente legítimas abiertas a favor de los presuntos defraudadores.

Lo interesante de este caso es que los cheques certificados y emitidos por el IPN desde una cuenta de BBVA Bancomer, habrían sido aprobados por Santander Serfin para abrir una cuenta que, a su vez, se utilizó para iniciar contratos en una operadora de fondos de inversión. Los fondos recorrieron de esta forma los registros de la sucursal de Serfin, el cobro, autorizado –por supuesto por el mismo banco- a través de la cámara de compensación que utilizan los bancos para el cobro de documentos en el sistema interbancario y, finalmente, su depósito en la cuenta concentradora de la operadora de fondos de inversión. Fue así como Serfin tuvo que revisar y tener acceso a la documentación de los defraudadores y verificar que el IPN estuviera al tanto de los extraños movimientos bancarios. Sin embargo, no fue así.

El resultado de estos descuidos no se hizo esperar. La administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN) presentó una denuncia ante la PGR por la emisión y fraude con esos cheques, lo que provocó que las autoridades judiciales del país emplazaran a Serfin y a su entidad controladora, el Banco Santander, sobre dichas operaciones. El resultado de esa diligencia fue una demanda de Santander y Serfin para lograr la restitución del depósito al confirmar que se trataba de un depósito ilegal.

El problema se presenta ahora en las cuentas de la operadora de fondos de inversión, pues sin previo aviso Serfin, unos días antes de un emplazamiento de la PGR, retiró el monto en conflicto de la cuenta concentradora de la operadora de sociedades de inversión, lo que no sólo constituyó un abuso de confianza sino un desfalco en contra de esta intermediaria.

Por ello, los directivos de esta operadora de fondos – por cierto, una de las empresas líderes en este mercado- presentó una denuncia por abuso de confianza en contra de Santander y Serfin así como una queja ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la cual no recibió trámite alguno por parte del organismo regulador del sector financiero. Los inversionistas afectados también acudieron al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) para obtener información sobre las fichas de depósito de los cheques del IPN con las que se inició esta historia, los estados de cuenta de los defraudadores y la identificación de los beneficiados, así como los números de cuenta referenciados. La Condusef también recibió una queja vinculada con este caso sin ofrecer gran ayuda.

Por supuesto que la operadora de fondos de inversión tuvo que supervisar el origen de los fondos; sin embargo, sus directivos argumentan que, en teoría, el origen y legalidad de estas sumas ya se había verificado al provenir de una cuenta abierta en Serfin.

El caso no sólo forma parte de una controversia judicial, sino de un expediente abierto ante el IFAI para decidir sobre el derecho de los perjudicados en este asunto para conocer a detalle la información sin toparse con el multicitado secreto bancario. Además, también ha colocado en una situación incómoda a Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México, pues aparentemente el autorizó el retiro de los fondos de la cuenta de la operadora de fondos para evitar problemas con la PGR.