El contrabando de mercancías ya no se realiza como antes, cuando un camión cargado con productos de otros países cruzaba la frontera con Estados Unidos en medio de la noche después de sobornar a los agentes aduanales. Ahora, son los grandes almacenes y las tiendas llamadas “de prestigio” las que se encargan de triangular a plena luz del día vía Estados Unidos las mercancías producidas a bajo costo en países asiáticos a fin de evitar pagar los impuestos correspondientes.

El motivo es simple, al gobierno de George Bush no le importa porque no representa peligro alguno para su país ese contrabando documentado o técnico, y lo menos que hacen las autoridades aduanales estadounidenses es tratar de impedir que crucen por su territorio las mercancías ilegales, aunque ello signifique un gran daño para la industria de su principal socio comercial que es México y además ocasione el cierre de miles de fuentes de empleo.

El mismo administrador general de Aduanas, José Guzmán Montalvo, reconoce la incapacidad del gobierno mexicano para frenar el contrabando documentado o técnico, “el cual cada vez es más difícil de comprobar”, pues además del poco personal con que cuenta Aduanas, muy pocos agentes tienen la capacidad y adiestramiento para descubrir los embarques con mercancías ilegales que son facturadas en países distintos a su lugar de origen.

Por ello, Guzmán Montalvo informa que están sujetas a investigación unas 3 mil empresas y “tiendas de prestigio” como Liverpool, Wal Mart, Gigante, Soriana, Prenatal, Andrea, Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Suburbia, Woolworth y Chedraui, entre muchas otras, que incurren en el delito del contrabando técnico o documentado para vender mercancías que obtuvieron a bajo costo y que después etiquetan con elevados precios para los consumidores mexicanos, lo que se convierte en una competencia desleal para la industria nacional.

De los 3 mil expedientes que asegura el administrador general de Aduanas que mantiene abiertos en contra de igual número de empresas, explica que bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio es precisamente Estados Unidos por el que cruzan casi todas las mercancías que se introducen ilegalmente al país bajo la figura de contrabando técnico o documentado, con lo que México se ha convertido en el “lavadero de mercancías” sucias que provienen de países asiáticos vía Estados Unidos, sin que el gobierno de Vicente Fox se atreva a protestar para no molestar a su “amigo” Bush.

Guzmán Montalvo sostiene que “el principal contrabando proviene de Estados Unidos, porque nuestro comercio con ese país es muy fuerte y porque los certificados de origen de Estados Unidos no se tienen que acompañar de pedimentos de importación, de acuerdo con el TLC”.

Uno de los ejemplos que dio el administrador general de Aduanas fue el modus operandi de la empresa Liverpool, al importar de China motocicletas etiquetadas en Estados Unidos para no pagar los impuestos correspondientes; sin embargo, Aduanas realizó la investigación respectiva y confirmó el ilícito, por lo que sancionó a la “prestigiada” tienda mexicana con una multa (crédito fiscal) por 250 millones de pesos.

En otros casos, dice Guzmán Montalvo, “llevamos investigaciones sobre empresas textiles importantes, en donde hemos detectado que las facturas que han presentado este año están alteradas o no son correctas, y muchas de estas son mercancías que importan temporalmente. Un caso de esta corrupción lo comete Gigante con la importación de pantalones”.

Otro problema que enfrenta el gobierno mexicano en sus investigaciones para combatir el contrabando técnico, es que a pesar de reunir las pruebas suficientes sobre ese delito, los gobiernos de los países en donde se producen las mercancías apoyan a sus empresas importadoras y distribuidoras y se niegan a proporcionar la información solicitada por México, pues alegan que se trata de un acoso la investigación contra sus empresas locales. Un ejemplo es el caso de la tienda Zara, la cual comete el delito de contrabando y el gobierno español la protege, dice Montalvo.

El contrabando de los cosméticos

El contrabando de los cosméticos es sin duda otro de los actos de corrupción más fuertes que se cometen bajo el consentimiento y la protección de las autoridades, pues según algunos de los involucrados son funcionarios de alto nivel, incluidos familiares de un secretario de Estado, los que participan en la venta de dichos productos en algunas tiendas como el Palacio de Hierro.

Mediante el tráfico de influencias y la complicidad de funcionarios se ha creado una poderosa red de servidores públicos que operan en diversas aduanas del país y que fomentan el contrabando de mercancías para distribuirlas en las zonas comerciales de mayor prestigio de las principales ciudades.

Un lector bien informado y que solicitó el anonimato explica que uno de los contrabandos que se opera desde la esfera del poder financiero es el de los cosméticos, los cuales son comercializados en clínicas de belleza en diversas tiendas departamentales, como la que opera en el Palacio de Hierro, propiedad de Alberto Bailleres.

De estos casos de contrabando está bien informada la Secretaría de la Función Pública, pero como se trata de funcionarios de alto nivel involucrados, simplemente los expedientes son archivados y muy pronto serán destruidos para evitar que un nuevo gobierno federal pudiera reabrirlos después de que Fox deje Los Pinos en 2006.

El mecanismo utilizado para introducir ilegalmente cosméticos al país se denomina contrabando documentado, y se refiere a la importación de productos que entran por la aduana aparentemente de manera legal, ya que se hace con pedimentos de importación que contienen información falsa; por lo que difícilmente pueden descubrirse.

La información falsificada puede estar relacionada con el precio del producto, el origen de la mercancía, el tipo de producto, la cantidad del bien importado o el uso que se le va a dar a la materia prima en nuestro país. Gracias a la documentación apócrifa que utiliza este tipo de contrabandistas, es que se puede igualmente introducir productos que tienen finalmente un distinto al que de manera oficial se notifica.

Una modalidad de este tipo de contrabando es el llamado contrabando técnico, que se instrumenta cuando un determinado producto se clasifica dentro una fracción arancelaria distinta a la que le corresponde, sobre todo en alguna fracción que le permita eximir al producto del pago de cuotas compensatorias.

El contrabando se facilita, por supuesto, cuando se cuenta con la complicidad de las autoridades aduaneras, más aún cuando éstas son protegidas por funcionarios de alto nivel en la Secretaría de Hacienda.

Sistema Armonizado Aduanero Integral

Las revisiones en aduanas son resultado de un sistema aleatorio llamado Sistema Armonizado Aduanero Integral (SAAI), que establece el porcentaje de las revisiones que recibirá en aduanas el importador. Este SAAI se controla desde la Administración General de Aduanas y, evidentemente, puede permitir que un importador pase el ciento por ciento de las veces sin ser revisado, lo que motiva la corrupción entre funcionarios de Aduanas.

Todos saben en Aduanas que hay algunos agentes que son intocables por su parentesco con funcionarios del primer círculo del gabinete foxista y ello impide que se les revise a fondo en sus despachos aduanales.

Un dato importante es que la empresa del Segundo Reconocimiento se asoció con la Sociate Generalité (SGS), que casualmente es la misma que recibió el contrato de “value net” para certificar el origen de las mercancías, mientras que las dos únicas concesiones de almacenes fiscalizados en este sexenio se han entregado a Tomás Braniff.

Sobre este dato es importante subrayar que por una reforma promovida precisamente por Gil Díaz en 1993, se establece que después de que los importadores modulan sus pedimentos para saber si les toca reconocimiento aduanero (rojo) o desaduanamiento libre (verde), deben volver a modular en el «Segundo Reconocimiento». Esta es una tarea concesionada a un particular y tiene como objetivo revisar que la aduana actúe correctamente en sus revisiones.

Esta empresa del Segundo Reconocimiento cobra por todos los pedimentos que se modulan, independientemente de que sean revisados por ella o no. Incluso cobra por los pedimentos de exportación, a pesar de que el Segundo Reconocimiento únicamente aplica para la importación. De este tema se ha escrito ampliamente en esta columna, pues involucra directamente al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien constituyó los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, así como la empresa privada ISOSA para el cobro del Derecho de Trámite Aduanal, en donde participan particulares y los recursos públicos de esos impuestos van a parar a cuentas bancarias manejadas fuera del presupuesto federal.

Por todo lo anterior, y a efectos de que esta poderosa mafia del contrabando deje de operar en el país, es importante que este asunto se haga del conocimiento público.