En documentos clasificados como “confidenciales” por el Órgano Interno de Control en Pemex Petroquímica se da cuenta de un fraude por cientos de millones de pesos en perjuicio del erario público y orquestado por quien fuera abogado general de Pemex, José César Nava Vázquez, en colusión con el ex alcalde de de Coatzacoalcos, Veracruz, Marcelo Montiel, actual legislador panista en el Congreso veracruzano; sin embargo, por instrucciones del secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, el año pasado se archivó el expediente.

A este escandaloso caso de corrupción que se niega a sancionar Función Pública porque involucra a funcionarios panistas, se suma la queja del ex apoderado legal de Petroquímica Cosoleacaque, Rogelio Martínez Hernández, quien ha presentado varias denuncias ante varas instancias como la Presidencia de la República, la que fuera Secretaría de la Contraloría, también en la Secretaría de la Función Pública y ante el Órgano Interno de Control en Pemex, por un posible daño patrimonial por aproximadamente 600 millones de pesos derivado de la omisión en el pago oportuno del impuesto por traslado de dominio que se generó con la desincorporación de los bienes del gobierno federal de las empresas petroquímicas Morelos, Cangrejera, Pajaritos y Cosoleacaque, todas convertidas en sociedades anónimas a pesar de tener participación estatal mayoritaria.

Una de las denuncias hechas por el ex funcionario petrolero señala que en fechas 22 de marzo y 14 de febrero de 2002, los ayuntamientos de Cosoleacaque y de Coatzacoalcos requirieron información sobre el pago de impuestos por traslado de dominio de las petroquímicas Cosoleacaque y Morelos. El 5 de abril del mismo año, Martínez Hernández advirtió a su jefe Juan Agustín López Huesca que podía evitar el referido pago millonario por concepto de multas y recargos, si se hacía el pago espontáneo del adeudo.

Pero al ver que nada se hacía al respecto para frenar la demanda en contra de Pemex, el apoderado legal de Petroquímica Cosoleacaque acudió a la entonces Secretaría de la Contraloría a denunciar la situación, lo que le generó amenazas y represalias, hasta que el 9 de mayo de 2002 fue citado a una audiencia que duró 10 horas y al final de la misma le rescindieron su contrato de trabajo bajo el argumento de que había “línea de arriba” por atreverse a denunciar la corrupción que hay en la paraestatal.

Entre los servidores públicos acusados en la denuncia y que laboraban en 2002 son Juan Agustín López Huesca, jefe de la Unidad Jurídica de PEMEX Petroquímica; Rafael Beverido Lomelin, director general de Pemex Petroquímica; Guillermo Vivanco Monroy, director general de Petroquímica Cosoleacaque S.A. de C.V.; Héctor Durán Benítez, jefe de la Unidad de Servicios Jurídicos de Petróleos Mexicanos en Coatzacoalcos, y Cesar Nava Vázquez, abogado general de Pemex.

La venta del Grupo Proagro

Citigroup vendió la participación mayoritaria que mantenía en la agroempresa Grupo Proagro, cuyos activos -principales tierras productivas en el sureste del país dedicadas a la producción de cítricos- fueron adquiridos como parte de la compra del Grupo Financiero Banamex Accival en 2001. La venta se concretó en 6.7 millones de dólares y, de acuerdo con Citigroup, los compradores fueron tres familiares de Roberto Hernández.

El precio de compra por la participación accionaria fue de 2.2 millones de dólares, monto que incluyó algunos créditos contratados con Banamex así como algunas contingencias contractuales, con lo que el precio llegó a 6.7 millones de dólares aunque la valuación original fue superior a los 10 millones de dólares.

Algunos activos de Proagro, considerada la productora de toronja más importante del sureste del país, superando a Veracruz, estado que tiene la mayor superficie de cultivo de esa fruta, se vendieron a la compañía estadounidense Borg Produce Sales Inc, lo que representó ingresos para Citigroup por 1.4 millones de dólares.

De acuerdo con documentos de Citigroup, el corporativo financiero estadounidense decidió vender su participación en Proagro ante las restricciones al capital extranjero en la tenencia de la tierra agrícola que impone la Ley de Inversiones Extranjeras. De hecho, Citigroup confirmó que después de su venta al grupo estadounidense, la Comisión de Inversiones Extranjeras solicitó la desinversión en Proagro. Por ello fue durante dos años que Banamex trató, infructuosamente, de vender los activos de Grupo Proagro y ahora familiares del mismo Roberto Hernández se quedan con la empresa. Raras coincidencias que todo quede en familia.

Adelanta BBVA Bancomer venta de Cintra

Y para continuar con información bancaria, el Grupo BBVA Bancomer, uno de los principales accionistas de Cintra, se ha convertido en el mayor vendedor de títulos de la controladora en el mercado de valores, lo que ha contribuido a que la tenencia de títulos entre el público inversionista pase a más de 19 por ciento. Así, el BBVA Bancomer parece no confiar del todo en la capacidad del gobierno foxista como vendedor de las controvertidas aerolíneas y busca garantizar el mejor precio a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

Sin embargo, hace apenas unos días el agente financiero responsable de la privatización, Credit Suisse, publicó la convocatoria para la venta del paquete mayoritario de las acciones de las aerolíneas Aeroméxico y Mexicana. La fecha límite para la presentación de las ofertas por parte de los interesados es el 26 de julio.

Cintra convocó a los interesados en adquirir una participación mínima del 51 por ciento y hasta del 75 por ciento de las acciones. En caso de que la propuesta pretenda ser por un porcentaje mayor al 75 por ciento de las acciones, entonces la propuesta tendrá que ser por el ciento por ciento de las acciones.

De acuerdo con información del mercado de valores y del Credit Suisse First Boston, a principios de años BBVA Bancomer tenía una participación de 13.5 por ciento en el capital de Cintra, unos 134 millones de títulos. Sin embargo, la estrategia de BBVA Bancomer ante la privatización de los tres paquetes en los que se desincorporarán los activos de Cintra ha sido la de vender sus acciones en el mercado cuando los títulos presenten alzas importantes.

De hecho, según los registros de operaciones de la BMV, desde mediados de abril Bancomer ha vendido alrededor de 90 millones de acciones de su posición original de 13.5 por ciento. Y precisamente la semana pasada BBVA Bancomer vendió más de 5.4 millones de títulos, con lo que las acciones de la controladora se mantuvieron en 8.10 pesos a pesar del alto volumen vendido.

BBVA Bancomer ya habría vendido en el mercado poco más del 9 por ciento de la empresa, con lo que la posición en el mercado accionario pasó de 10.4 a 19.4 por ciento, con un volumen promedio de negociación de 6 millones de dólares.

Venden oxígeno con sobreprecio

Además de los problemas financieros ya conocidos que enfrentan el IMSS y el ISSSTE, sus clínicas pagan sobreprecios de hasta el ciento por ciento en sus compras de oxígeno, uno de los principales insumos en el sector salud, por lo que legisladores de la Comisión de Energía presentarán un punto de acuerdo para que se analice la situación de este mercado.

Resultado del control que aparentemente ejercen empresas como Infra, Grupo Praixar y Linde, las compras de oxígeno del IMSS y el ISSSTE que se realizan a través de licitaciones, han estado controladas por estas empresas, según denuncia de la Asociación Nacional de Gases Industriales, en donde participan las pequeñas y medianas empresas distribuidoras de oxígeno.

Se calcula que a nivel nacional el mercado del oxígeno representa ventas anuales por más de 5 mil 500 millones de pesos, de los cuales al menos un 30 por ciento se dirigen al sector público de salud: IMSS e ISSSTE.

Fernando López Franco, vicepresidente de la Asociación Nacional de Gases Industriales, explicó que recientemente el IMSS modificó sus bases de licitación para que en las licitaciones públicas sólo pudieran participar las empresas que contaran con dos plantas criogénicas dedicadas a la producción de oxígeno, requisito que sólo cumplen Infra, Grupo Praixar y Linde, lo que deja fuera del mercado a pequeñas y medianas industrias, las cuales se abastecen de Petróleos Mexicanos y algunas de ellas lo hacían a través de convenios con AHMSA; sin embargo, el año pasado, la siderúrgica firmó un convenio con Infra para venderle el total de su producto, a pesar de que la empresa cuenta con sus propias plantas, pero el objetivo es quebrar a sus competidoras.

Así, el conflicto por el mercado de los gases industriales y el oxígeno llegó hasta la Cámara de Diputados, luego de que legisladores que participan en la Comisión de Energía informaron que presentarán mañana ante el pleno un exhorto en el cual solicitan a las autoridades judiciales del país que investiguen las supuestas prácticas oligopólicas que se desarrollan en este sector a cargo de empresas como Infra, Grupo Praixar y Linde.

De acuerdo con los legisladores Francisco Carillo Soberanes y Jorge Martínez Ramos, Infra, propiedad de la familia Franco y en cuya acta constitutiva aparece como consejero el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel, realiza prácticas que afectan el mercado y a los consumidores de gases industriales como el acetileno, argón, que se utilizan en diversas sectores.

Los legisladores también denunciaron que el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) participa en cateos, a pesar de que la Ley lo prohíbe, en beneficio de los grandes participantes del mercado.