Lunes 18 de agosto de 2014

• Susumo Azano demanda a la Defensa
• Más cargos en EU contra el empresario
• Involucrado en red de lavado de dinero

Ninguna nación puede vivir en democracia cuando los gobernantes pretenden sustentarla en la injusticia, la corrupción y la impunidad. Por ejemplo, mientras en México el empresario José Susumo Azano Matsura –quien vendió sin licitación al gobierno federal equipo de inteligencia para la seguridad nacional por miles de millones de dólares– demandó a la Secretaría de la Defensa Nacional por incumplimiento de contrato ante la falta de pago, en Estados Unidos un jurado de la Corte de San Diego reportó la semana pasada que este intermediario del gobierno mexicano enfrenta 26 cargos por financiamiento ilegal de campañas electorales en ese país, además de imputarle otros delitos por falsificación de registros, sobornos y hasta posesión de armas.

Es decir, en México Susumo Azano goza de prestigio como contratista del gobierno federal, al grado de haber estado a punto de firmar nuevos contratos multimillonarios para vender al actual gobierno de Enrique Peña Nieto más equipos de intercepción e inteligencia para las áreas de seguridad nacional, antes de que se conociera el proceso que se le sigue en Estados Unidos y que lo mantiene con arresto domiciliario desde principios de este año por acusaciones de otorgar donativos a políticos gringos por más de 500 mil dólares.

Fuentes cercanas al empresario explican que ha tratado de justificar ese financiamiento ilegal bajo el argumento de que fue su empresa creada en Estados Unidos de donde salieron dichos recursos, lo que según él lo exime de que se trate de fondos personales. En ese país hay disposiciones legales que impiden a extranjeros dar donativos para campañas políticas, pero con una empresa creada en EU, Susumo planea librar la prisión.

En las investigaciones que el gobierno mexicano se ha visto obligado a realizar para quedar bien con su vecino del Norte, indaga acusaciones de que Azano Matsura habría constituido empresas en el extranjero para triangular recursos federales a través de prestanombres, lo que constituiría delitos por presunto lavado de dinero, sobornos y corrupción con exfuncionarios del gobierno panista de Felipe Calderón.

La duda que surge es si este empresario financió campañas políticas en un país en donde la legislación es rigurosa, qué habrá entonces financiado en México para que el gobierno de Calderón le otorgara contratos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública por miles de millones de dólares. Acaso los sobornos de Susumo Matsura alcanzan a Los Pinos.

Este espinoso caso para los panistas puede ser una buena oportunidad para el gobierno priista de Peña Nieto de sentar un precedente de justicia y abrir un maxiproceso a exfuncionarios mexicanos que se beneficiaron con dinero público destinado a las áreas de inteligencia y seguridad nacional durante el sexenio pasado.

En 2013 publicamos en esta columna que había un acuerdo en el gobierno federal para que no procediera alguna acusación en contra de exmiembros del gabinete de Felipe Calderón, para evitar así que el Partido Acción Nacional (PAN) se levantara de la mesa de negociaciones mientras no se aprobaran las reformas constitucionales y sus leyes reglamentarias en materias energética y de telecomunicaciones. Peo esto ha concluido, como lo anunció el presidente Peña Nieto la semana pasada, y ahora sí podríamos ver acciones legales en contra de actos de corrupción cometidos por el gobierno calderonista.

El año pasado el reportero Abel Barajas dio a conocer, en el diario Reforma, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo del mexiquense Alberto Bazbaz Sacal, investigaba una intrincada red de lavado de dinero y fraudes fiscales supuestamente comandada por el empresario José Susumo Azano, quien ha sido uno de los principales proveedores de equipo de espionaje para el Ejército y para la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal. Esto implicaría a militares y funcionarios en actos de corrupción para el otorgamiento de contratos a la empresa Security Tracking Devices (de la cual ya hemos hecho referencia en otras columnas), propiedad de Susumo Azano.

De acuerdo con ese trabajo de investigación del reportero Barajas, en la averiguación previa UEIORPI/AP/189/2013, por la que habían sido encarcelados el empresario Carlos Ambe Buzali y el mensajero Pedro Vega, ambos de Comercializadora Piter, la Procuraduría General de la República (PGR) descubrió que esta empresa recibió 33 millones de pesos de Security Tracking Devices. El dato vincula supuestamente a Susumo Azano en operaciones de blanqueo de capitales para la delincuencia organizada y la venta de facturas apócrifas para deducir impuestos.

Como es público, la UIF es uno órgano de inteligencia adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, por consiguiente, está bajo las órdenes del influyente secretario Luis Videgaray, responsable de indagar todas las operaciones relevantes que puedan estar vinculadas con dinero ilícito o fraudulento. Por ello, la información de esta unidad es confidencial e importante.

El caso es tan preocupante que discretamente otros órganos de inteligencia (como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional) han intervenido en las indagatorias. De esos expedientes se desprende que las primeras investigaciones provienen de Argentina y vinculan el “caso México” con una red internacional en donde aparecen actividades e inversiones de otros empresarios, y allí se investiga al abogado Gonzalo Pascual, quien según la prensa de Argentina tiene procesos abiertos en ese país suramericano y ha aparecido en los expedientes de la UIF por sus operaciones en México vinculado presuntamente con Susumo Azano.

Las autoridades argentinas solicitaron al gobierno mexicano su cooperación para investigar y ubicar a Pascual en sus actividades en este país, lo que coincide con la investigación que lleva a cabo la UIF en coordinación con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, sobre probables actividades de lavado de dinero y evasión fiscal a través de la empresa Fidemont México, SA de CV SOFOM. Una fuente cercana a Pascual explica que este abogado abandonó el país cuando supo de las indagaciones en su contra.

Esta investigación se originó al detectarse movimientos “relevantes e inusuales” en diversas cuentas de dicha empresa y de otras en las que se ha descubierto la intervención de Gonzalo Pascual, con transferencias millonarias a otras empresas catalogadas como fantasma o espejos, ubicadas en diversos países de Europa, con la intención de blanquear grandes sumas de dinero de políticos, empresarios y contratistas del gobierno mexicano.
Hasta ahora, señalan los informes confidenciales, se ha logrado la ubicación de al menos cuatro empresas fantasma establecidas en Suiza, Holanda y Hungría: Cooperativa Verening Global Mutual, STR; Trademar KS Management Consultinng, BV; C&O Consultancy, BV, e Intercandy Investment Centauros, BV.

En los informes preliminares que arroja esta investigación se ha establecido que supuestamente por conducto de dichas empresas se han blanqueado cantidades millonarias de distintos servidores públicos de alto nivel del gobierno mexicano, así como de empresarios.

Una de las líneas de investigación apunta hacia la empresa Security Tracking Devices, SA de CV, propiedad de Susumo Azano, la cual sería la matriz de una intrincada red financiera para blanquear cantidades millonarias de funcionarios de alto nivel del gobierno federal que han recibido “contraprestaciones” de parte de este empresario, por los contratos asignados a sus empresas.
Esas cantidades podrían haber sido transferidas al extranjero, trianguladas mediante las empresas señaladas y constituidas ex profeso para el blanqueo de capitales, realizar transferencias e incluso evadir al fisco.

Los expedientes revelan que hasta el momento se tienen datos preliminares de algunas transferencias en euros, realizadas principalmente desde cuentas donde aparece como socio el empresario, a varias de las empresas señaladas. Estas operaciones financieras son rastreadas por los gobiernos de México y de Holanda, donde al parecer se constituyeron dichas empresas, para conocer los nombres de quienes las representan, así como sus apoderados en las instituciones bancarias y sus beneficiarios.
Entre las transferencias donde ha quedado acreditada, para las autoridades de la UIF, la ruta iniciada desde territorio mexicano, destacan las siguientes:

1. Transferencia por un monto de 2 millones 350 mil euros, realizada el 13 de octubre de 2011, a la compañía C&O Consultancy, BV.

2. Transferencia por 2 millones 182 mil 990 euros, realizada el 4 de noviembre de 2011 a la compañía Trademar KS Management Consulting, BV.

3. Transferencia por un monto de 1 millón 873 mil 370 euros, realizada el 4 de noviembre de 2011 a la compañía Cooperative Verening Global Mutual, STR.

4. Transferencia por 2 millones 350 mil 60 euros, realizada el 26 de abril de 2012, a la compañía C&O Consultancy, BV.

5. Intercandy Investment Centauros, BV, en proceso de investigación en sus movimientos bancarios.

Esta investigación se aceleró recientemente a raíz de la publicación en diversos medios de comunicación de los múltiples contratos millonarios que varias dependencias del gobierno federal le asignaron durante el sexenio anterior a las empresas de Susumo Azano. Aquí se indaga si hubo, como se afirma, una estrecha relación de este empresario con el expresidente Felipe Calderón.

Asimismo, se tienen informes de que una de las distintas cuentas que se están rastreando es la número 197-5982242, del banco Banamex, que está registrada a nombre de Gonzalo Pascual, y que tenía un saldo de 16 millones 325 mil pesos. En dicha cuenta, Pascual proporciona un domicilio particular ubicado en la calle Bosque de Tecojotes, 73, departamento 401, Bosques de las Lomas, en el Distrito Federal.

La empresa Fidemont México, SA de CV SOFOM, está ubicada en la calle Montes Urales número 720, piso 3, colonia Lomas de Chapultepec. Cuenta con la Clave Casfim 693604 del Sector Sociedades Financieras de Objeto Múltiple ENR, y cuya cédula del Registro Federal de Contribuyentes es FME120118NI5.
Esta empresa forma parte del conglomerado Fidemont Group Offices, que cuenta además con oficinas en diversos países y algunos paraísos fiscales, como Islas Vírgenes Británicas, Curacao, Holanda, Nueva Zelanda, Singapur, España, Suiza, Inglaterra y Estados Unidos (Miami).

oficiodepapel@yahoo.com.mx

Publicada en: Archivo | el August 18th, 2014 | No Comments »
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