Sin duda alguna son más de dos gobernadores priístas en funciones (Chihuahua y Veracruz) quienes han abusado del poder y han desviado recursos públicos, sólo que en esos estados –al igual de lo ocurrido en Quintana Roo y en Nuevo León– su partido perdió las elecciones el pasado 5 de junio, y los gobernadores electos de oposición están decididos a abrirles investigaciones por corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias y los delitos que resulten, en cuanto asuman el poder.

Hasta ahora han sido dos gobernadores de apellido Duarte, Javier de Veracruz y César de Chihuahua, quienes han acaparado las principales planas de los periódicos, por el descarado robo de dinero de las arcas públicas y el cinismo con el que se han conducido durante sus respectivos mandatos, en donde han cometido todo tipo de violaciones y abusos en contra de la población y también sus excesos de poder ante los otros poderes locales.

De acuerdo con un grupo de abogados de Chihuahua –que los últimos 5 años ha desarrollado un activismo tendente a defender la estropeada autonomía, independencia e imparcialidad de la Judicatura local en Chihuahua, y que se ha dedicado a proteger a ciudadanos que han padecido los abusos de poder, las injusticias y excesos del gobernador–, César Duarte tiene supeditado y controlado totalmente al Poder Judicial local y al Congreso del estado.

En su denuncia, donde los abogados piden la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostienen que el sexenio del gobernador Duarte se ha caracterizado por  sus constantes ataques e injerencias indebidas al Poder Judicial de Chihuahua, al iniciar primero una campaña de desprestigio público de sus integrantes, para luego presionar a jueces y magistrados que no se alinean a su política, para que renuncien a sus cargos.

Algunos ejemplos de la prepotencia de Duarte es la denostación pública que hizo ante medios de comunicación de los jueces del Tribunal Oral, Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Netzahualcóyotl Zúñiga, por el dictado de una sentencia absolutoria, a quienes amenazó con destituirlos, para lo cual operó el inicio de un juicio político ante el Congreso local y un proceso de responsabilidad administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia. Cuando se dio cuenta que no tenía posibilidades jurídicas de que esos procesos terminaran con una sanción, debido a los juicios de amparo que promovieron, los obligó a jubilarse mediante el pago de una indemnización que obviamente no restituyó el daño que hizo al prestigio de la Judicatura. Ante el miedo que ha impuesto ese mandatario estatal, no tuvieron más remedio que aceptar la liquidación.

Otro caso fue cuando a instancias del Ejecutivo de Chihuahua se suspendió en sus funciones al juez Adrián Morales, pero éste ganó un juicio de amparo y tuvieron que restituirlo. Lo mismo ocurrió con la ratificación del magistrado José Carlos Flores Silva, a quien la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le concedió el amparo y tuvieron que restituirlo en su cargo, pero posteriormente fue obligado bajo amenazas a jubilarse.

Un caso más del abuso de poder del gobernador César Duarte ocurrió en Ciudad Juárez, en donde a instancias del Ejecutivo fueron suspendidos seis actuarios, quienes tuvieron que ser restituidos por los fallos del Poder Judicial de la Federación en el juicio de amparo.

Cuatro presidentes del TSJ en sólo 5 años

Es tal la injerencia de Duarte en el Poder Judicial local, que en sus casi 6 años de gobierno, como en ningún otro sexenio, el Tribunal Superior de Justicia ha visto pasar a cuatro presidentes: los magistrados Ramírez Benítez, Vázquez Quintero, Salcido Romero y el actual Sepúlveda Ramírez, este último es un exdiputado con impedimento para ser magistrado y cuyo nombramiento ha sido cuestionado en un amparo que se promovió pero que no avanza.

En esas cuatro designaciones hubo un denominador común, todos fueron nombrados a instancias del Ejecutivo, quien aunque no debe tener injerencias en la Judicatura estatal, todos los magistrados presidentes, a excepción del último que está en funciones desde principios de año, fueron prácticamente echados de la función jurisdiccional sin cumplir su periodo de 3 años por el que fueron nombrados, cuando el gobernador César Duarte consideró que no hacían todo lo que él ordenaba.

Un caso inédito es el del magistrado José Miguel Salcido Romero, quien llegó a la magistratura con nula experiencia y en meses fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, pero cuando se le ocurrió a su jefe político el gobernador, tuvo que pedir licencia para ocupar un cargo en el gabinete local como secretario de Educación y seguir supeditado a las órdenes y jerarquía de su jefe César Duarte.

Cuando Salcido Romero intentó regresar al Poder Judicial del Estado, lo obligaron a renunciar para jubilarse, sin tener derecho a ello, pues el artículo 107 de la Constitución de Chihuahua dispone que para alcanza la jubilación por lo menos deben contar con cinco años de magistrado y él apenas tenía dos años con dos meses; sin embargo, por órdenes de Duarte le asignaron su jubilación, violentando el orden jurídico.

Entre Salcido Romero y César Duarte había una excelente relación que evidenciaba absoluta sumisión del representante del Poder Judicial al titular del Ejecutivo, al grado que el primero acompañaba al segundo a todos los actos de gobierno, con independencia de que no tuvieran relación alguna con la justicia ni fueran actos protocolarios.

En la presidencia de Salcido Romero, mediante una reforma a la Constitución y a la Ley Orgánica que les reducía inclusive los sueldos, se obligó a 13 magistrados con amplia experiencia y trayectoria para que se jubilaran, a efecto de que el gobernador César Duarte pudiera proponer y nombrar a través del Congreso a sus incondicionales y amigos, sin importar que no contaran con los perfiles adecuados para ser juzgadores.

Para lograr ese proyecto de nombrar 13 magistrados en un solo acto y contar con la mayoría de los magistrados que integran el pleno del Tribunal Superior de Justicia, lo cual constituye su plan transexenal a efecto de seguir manipulando al Poder Judicial, Cesar Duarte reformó la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado a través del Congreso, en un tiempo record de menos de una semana y estableció normas a modo que le brindaron al legislativo una total discrecionalidad para que se nombrara a los amigos e incondicionales del gobernador, al convocar a un concurso en el que participaron aproximadamente 190 abogados, pero la designación fue realizada en base al parámetro de amistad que se tuviera con el Duarte, sin valorarse su experiencia y méritos, como lo exige la ley.

Ante estos abusos y corruptelas que suceden en Chihuahua, como ocurren en otros gobiernos estatales, en el Partido Revolucionario Institucional todavía se preguntan por qué perdieron.