En los últimos días de diciembre comentamos en esta columna los motivos de Felipe Calderón para desaparecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ese órgano de seguridad nacional dependiente de la Secretaría de Hacienda y responsable de combatir el financiamiento al terrorismo, al crimen organizado y narcotráfico, lavado de dinero, fraudes empresariales y, en los últimos años, prevenir el ingreso de dinero sucio a campañas políticas y procesos electorales.

Decíamos que por lo menos es una extraña decisión del Ejecutivo en momentos en que están a punto de arrancar las campañas políticas para designar a autoridades locales en varios estados de la República y en congresos locales, así como en la antesala de la campaña presidencial para el 2012. Sobre todo porque los cárteles de la droga estarán my interesados en financiar candidatos a modo para controlar más territorios y más cuerpos policiales en todo el país.

A lo anterior hay que añadir la debilidad política de Calderón y las torpezas constantes de su gabinete panista, que los han hecho presa fácil del PRI y de sus dirigentes, de tal modo que desde el Congreso y desde las filas del partido priista se sugieren y exigen movimientos y cambios en entidades gubernamentales. Así la propuesta de desaparecer a la UIF proviene del líder del Senado de la República y del dirigente perredista en esa misma Cámara, a lo que Calderón ha accedido de inmediato.

Para documentar las funciones de la UIF, diremos que es el órgano de Hacienda encargado de investigar las fortunas de funcionarios y políticos corruptos, y que en sus archivos reúne miles de expedientes de servidores públicos, legisladores y militantes partidistas que se han enriquecido con dinero del erario federal y con negocios que realizan con el crimen organizado y cárteles de la droga. Con su desaparición, ¿qué pasará con esa valiosa información?

Explicamos también que sus funciones las asumirá una área de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO), dependiente de la Procuraduría General de la República, y tentativamente se llamaría Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada.

La decisión de Calderón fue para atender las quejas de senadores, diputados, políticos y funcionarios que han sido investigados por la UIF y cuyos expedientes financieros han sido utilizados políticamente, es decir para ejercer presión en contra de algunos, otros han sido “perdonados” a pesar de haber pruebas contundentes en su contra, y los menos han sido procesados penalmente y están presos en cárceles de máxima seguridad, sobre todo aquellos que pertenecen a partidos opositores al gobierno panista.

En los archivos de la UIF hay información tan valiosa, que a un gobierno interesado en impartir justicia le sería fácil combatir la corrupción oficial, el abuso del poder, el tráfico de influencias, el enriquecimiento inexplicable de burócratas y el desvío de recursos del erario federal, sin embargo a Calderón no le preocupa ni le interesa y prefiere deshacerse de una área de inteligencia, molesto por las filtraciones que de allí han salido a la prensa y han puesto en evidencia su forma interesada y negligente de gobernar.

Pero esa propuesta de Calderón para desaparecer a la UIF sigue en proceso y mientras eso ocurre giró instrucciones al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, para remover de su puesto al actual director general de la UIF, Luis Urrutia Corral, con quien están enojados muchos políticos porque han sido investigados en sus fortunas y cuentas personales y familiares, sin importar que este funcionario sólo ha hecho su trabajo de investigación para lo cual fue contratado.

Otro problema con esta decisión es que toda la labor de inteligencia que descubrió a políticos y burócratas amasando enormes fortunas y cuyo origen se desconoce en muchos casos y en otros simplemente corresponden a fondos públicos, se fue al vacío y como se ha hecho costumbre en los gobiernos panistas, quedará en impunidad gubernamental.

El boletín de Hacienda informa que el secretario Cordero designó a José Alberto Balbuena como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en sustitución de Luis Urrutia Corral, y da algunos pormenores del nuevo nombramiento:

El 1 de enero de 2011 se hizo el relevo, por lo que Balbuena será el responsable de implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal. También, sobre actos que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, referentes a lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Según Cordero, confía que la amplia experiencia de Balbuena en los sectores público, financiero y académico le permitirán fortalecer la estrategia del gobierno federal en la lucha del Estado contra el crimen organizado. El funcionario se desempeñaba como representante de la Secretaría de Hacienda en Washington para asuntos contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; durante tres años fungió como enlace del gobierno mexicano con el Departamento del Tesoro y con varias agencias gubernamentales de Estados Unidos.

Además, es representante de México ante los Grupos de Acción Financiera Internacional, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica y el Grupo de Acción Financiera del Caribe; trabajó para la Procuraduría Fiscal de la Federación como director general de Asuntos Financieros, de Proyectos Normativos y de Legislación y Consulta; laboró en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la supervisión de bancos nacionales, extranjeros y grupos financieros.

El secretario de Hacienda reconoció la labor de Luis Urrutia Corral al frente de la UIF, en “tareas que procuraron preservar la integridad del sistema financiero mexicano”, por lo que consideró que su experiencia será relevante en los proyectos que encabezará en el Banco de México.

También reconoció que su trabajo fue fundamental para consolidar a la Unidad de Inteligencia Financiera de México, creada hace seis años para combatir el lavado de dinero producto de las actividades ilegales y evitar el financiamiento de grupos terroristas.

Promesas, promesas y más promesas

La semana pasada el secretario de Desarrollo Social, el sinaloense Heriberto Félix Guerra, visitó su tierra natal y se reunió con organizaciones civiles dedicadas a proyectos de beneficio social, sobre todo aquellas que apoyan el desarrollo de niños en alimentación, salud y educación. Al acto asistió el nuevo gobernador Mario López Valdez, y el alcalde Héctor Melesio Cuén Ojeda, por cierto este último sujeto a una investigación acusado de enriquecimiento con dinero público cuando fungió como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Allí el funcionario federal responsable en el gabinete de Felipe Calderón de combatir la desigualdad social, reconoció que son ya 20 millones de mexicanos en pobreza extrema y un dato alarmante, dijo, es que uno de cada cinco mexicanos padece hambre. Después vinieron las promesas y el anuncio de que en los dos años que le restan al gobierno federal panista se abolirá oficialmente en México la pobreza alimentaria.

Para quienes investigamos los problemas de injusticia, abuso de poder, corrupción y pobreza extrema, las promesas de Félix Guerra son sólo eso, pues nadie en su sano juicio va a creer que con las políticas actuales del gobierno de Calderón se busca mejorar las condiciones de vida de los más de 100 millones de mexicanos y, mucho menos, que aspiran a combatir la pobreza y abolir, como dice el funcionario federal, la falta de alimentos.

Hay muchas evidencias para asegurar que a este gobierno panista lo menos que le interesa es la justicia social y tampoco reducir la desigualdad. Lo mismo ocurrió con el anterior secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, ahora secretario de Hacienda y aspirante a la candidatura presidencial por el PAN, quien los años que estuvo al frente de esa dependencia no pudo o no quiso hace algo para combatir la pobreza extrema.

Aun recuerdo aquel escenario monumental con impresionantes pantallas gigantes que lo hacían ver como un espectáculo de la pobreza y en donde se mostraba el derroche de recursos de dinero público, en donde Cordero reunía a los empresarios más ricos de este país para informarles que la cifra de pobres mexicanos se había elevado en los gobiernos panistas. Como si a los magnates del dinero eso les interesara, si no que le pregunten a Slim.

En aquel 2009 el entonces titular de la Sedesol hizo su aparición en medio de cifras que confirman a México como uno de los países más pobres del mundo, similar a las peores regiones de pobreza extrema en África. Esto es lo que debería preocupar al actual secretario Félix Guerra y por lo menos memorizar los nombres de las poblaciones más pobres de este país y darse una vuelta por allí y darse cuenta cómo los programas sociales financiados con dinero público nunca llegan a esas zonas.

Varios organismos multinacionales como Cepal, OCDE y Naciones Unidas han advertido sobre las estrategias fallidas del gobierno mexicano para disminuir la pobreza. Ahora el representante del gobierno panista tuvo que reconocer y aceptar que suman 20 millones de mexicanos en pobreza extrema, es decir que no tienen qué comer, dónde vivir, qué vestir, dónde estudiar y mucho menos centros de salud y medicinas para curarse de las muchas enfermedades que los invaden. Este panorama es peor de cuando Calderón asumió el poder, entonces porqué habríamos de creerle ahora a Felix Guerra de que en los dos años que restan a su gobierno terminarán con la pobreza alimentaria.

Hace dos años cuando Cordero dijo que los mexicanos en pobreza extrema habían aumentado de 14 millones a 20 millones de mexicanos, es decir uno de cada cinco mexicanos, se esperaba que el dramático anuncio, el mismo que ahora hace Félix Guerra, fuera acompañado de un plan urgente de emergencia nacional, en donde se involucrara algo así como el Plan DNIII que el gobierno instrumenta cuando hay un desastre nacional, o tal vez anunciar una campaña en donde participaran gobierno, empresarios, sindicatos, organizaciones sociales y la sociedad en su conjunto, para contrarrestar este grave problema que le cuesta la vida a millones de personas.

Pero igual que siempre, los funcionarios sólo hacen promesas sobre cifras alarmantes, al fin y al cabo que dentro de dos años terminará su responsabilidad en esa función y para entonces nadie se acordará de lo que ahora ofrecen. Eso es un gobierno panista que aspira a permanecer seis años más en el poder.

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