A nadie sorprende cómo los políticos mexicanos cambian de partido cuando sus ambiciones personales se ven afectadas o disminuidas, como tampoco importa a los partidos quién ingrese a sus filas, siempre y cuando el que llegue le signifique algún beneficio directo. En ese terreno no valen ideologías ni principios, mucho menos los intereses de la población.

Un ejemplo de lo anterior es el caso del panista Francisco Javier Reyes Ortiz, dirigente de la Organización Nacional de Patrimonio Familiar (Onapafa) en Durango y quien concretamente se dedica a promover la legalización de automóviles chuecos, lo que explica que en sus cuentas bancarias la Secretaría de Hacienda haya encontrado cuantiosos depósitos en efectivo y retiros a través de cheques y transferencias.

Pues Reyes Ortiz, en busca de beneficios personales, renunció hace unos meses al Partido Acción Nacional (PAN) para unirse a la campaña del ahora gobernador priista Jorge Herrera Caldera, y desde entonces parece que la suerte, el olfato y el oportunismo no le han fallado al ahora expanista.

La Onafapa que preside tiene entre sus principales gestiones defender a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera, claro a cambio de una buena cuota, para que sus vehículos puedan transitar libremente por todo el país, sin que autoridades fiscales o corporación policial alguna puedan decomisar las unidades conocidas como chuecas o chatarras.

Pero según Reyes Ortiz su renuncia al PAN fue por la falta de consensos al interior de la coalición Durango nos une, lo que según él lo obligó a mudarse de partido y apoyar la campaña del candidato priísta por la gubernatura de Durango. El ahora expanista fue uno de los principales promotores del Frente de Ciudadanos por el Cambio de Durango, pero al final sucumbió, como sucede con todos los políticos, a los ofrecimientos priistas.

En sigilo, la Secretaría de Hacienda tiene otros planes para Reyes Ortiz. Por conducto de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió la investigación UIF/SAT/2574/2009 en contra del dirigente de la Onafapa en por “indicios de acciones probablmente ilícitas y presuntamente cometidas por él y los sujetos aquí señalados o las personas relacionadas con ellos”, según describe el amplio documento confidencial elaborado por los investigadores y auditores fiscales.

En ese expediente fiscal se informa que Francisco Javier Reyes Ortiz nació el 2 de diciembre de 1962, es maestro en la Escuela Secundaria General 2 y que antes de renunciar al PAN, había sido candidato por ese partido a diputado federal por el primer distrito del estado de Durango. Esto último es lo que llamo la atención de ese órgano de inteligencia del fisco y colocó a Reyes Ortiz entre las “personas políticamente expuestas” para aceptar, en sus intereses polìticos, dinero mal habido o sucio, como se le dice en el argot del lavado de dinero.

En la investigación hay un reporte del 31 de marzo de 2008, remitido a la Secretaría de Hacienda por el grupo financiero HSBC, en donde se indica que el ahora priista hizo una transferencia por un millón 900 mil pesos de su cuenta número 6267779835 a favor de la cuenta número 4041193046, a nombre de Perez González Grupo Aduanal, S.C. Esto por supuesto que está sujeto también a otra investigación y no precisamente fiscal.

En otros reportes que se integran al amplio expediente, se revela que Reyes Ortiz realizó operaciones relevantes emitidas por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, y en HSBC, como un depósito por 120 mil pesos y tres operaciones de retiró por 572 mil 600 pesos.

En las indagatorias la Secretaría de Hacienda localizó a Francisco Javier Reyes Ortiz inscrito ante el Registro Federal de Contribuyentes con la clave REOF621202LB5 desde el 25 de julio de 1995, con actividad de “servicio de reparación de automóviles y camiones”, actividad suspendida desde el 17 de julio de 1996 y con una obligación fiscal vigente por actividades empresariales dentro del Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repeco).

El problema que descubrió la UIF es que a este expanista se le olvidó presentar sus declaraciones fiscales sobre sus negocios que está acostumbrado a realizar, lo cual no tendría problema si hubiera seguido militando en el partido del poder, el PAN, pero como ahora cambio de piel y para beneficio propio ya es flamante priista y apoya a morir al nuevo gobernador duranguense, pues segramente muy pronto podría tener un encontronazo con el fisco.

En cuanto a la relación que mantiene Reyes Ortiz con Pérez González Grupo Aduanal S.C., se identificó un reporte de operación inusual de que en su cuenta recibe recursos principalmente de transferencias y los retira para la liberación de pedimentos. Es decir un buen negocio en donde todos ganan por introducir chatarra extranjera al país.

Reportes de operaciones sospechosas

El 6 de mayo de 2008, el banco HSBC informó a la UIF mediante el folio 000360, una operación inusual por una transferencia realizada el día 31 de marzo de 2008 por la cantidad de 1 millón 900 mil pesos de su cuenta en esa institución número 6267779835.

El reporte bancario indica que su cliente no tiene Registro Federal de Contribuyentes y su actividad es de maestro en la Escuela Secundaria General 2. Señala además que promueve la legalización de automóviles en México, lo que le genera recibir en su cuenta bancaria recursos en efectivo.

y retira con cheques pagados y transferencias a nombre de Perez González G en su cuenta 4041193046 también en HSBC.

Añade que Reyes Ortiz realiza transferencias a favor de la cuenta 4041193046 a nombre de Pérez González G, y en el reporte de operación inusual se identificó que se trata de la misma institución financiera HSBC mediante folio 000401 de fecha 7 de marzo de 2008, en donde el titular de dicha cuenta es Pérez González Grupo Aduanal S. C., del que destaca:

Periodo analizado: del 3 de diciembre de 2007 al 27 de febrero de 2008.
El cliente tiene 604 operaciones que suman 22 millones 579 mil 719.05 pesos y se componen de 571 depósitos en efectivo por 19 millones 295 mil 119.05 pesos; 17 abonos por transferencia y el resto en otras formas de depósito.

El cliente tiene 6 mil 302 operaciones de retiro que suman 22 millones 315 mil 483.69 pesos y se componen de 6 mil 272 cargos a cuenta por liberación de pedimento por 22 millones 314 mil 452 pesos.

Reyes Ortiz tiene dos cuentas bancarias en HSBC: 6240394637 y 6267779850, las cuales tienen relación con operaciones bancarias de Florinda Barrios Núnez, con número de cuenta 6267779835 también en HSBC. En Banorte su número de cuenta es 500769294. En su responsabilidad con el fisco, sólo mantuvo un año sus operaciones, de julio 2005 a julio de 2006, y a partir de entonces aparece en los registros de Hacienda como suspendido, es decir que ha pasado con todos sus ingresos recibidos en los últimos tres años, sobre todo cuando se ha comprobado que mantuvo operaciones de negocios y cobros millonarios por su actividad. Ya veremos si el fisco decide perdonar a Reyes Ortiz ahora que éste cambió de partido para apoyar al gobernador priista de Durango Jorge Herrera Caldera.

Agrava Karam crisis en el IMSS

El director general de IMSS, Daniel Karam, destapó una verdadera bomba de tiempo al asegurar que ese organismo tripartita enfrentaba su crisis más severa debido a la falta de recursos para financiar las inversiones en infraestructura del instituto, pero sobre todo para el pago de pensiones.

La declaración llega también en un momento en que el Seguro Popular para atender a la población abierta enfrenta un sospechoso auge que da mucho de que hablar entre los políticos, quienes ven en él una extraordinaria herramienta electoral.

Para Felipe Calderón ya comenzó la cuenta regresiva y a menos de dos años de que concluya su gestión, uno de los desaciertos con menor nivel de cuestionamiento entre la población que se ha visto afectada por la caída de la economía y la inseguridad, es la política pública para alcanzar la cobertura universal en servicios médicos y acceso a medicamentos.

Éste fue, de hecho, lo que los calderonistas califican de gran logro del sexenio y publicitado a propósito del cuarto informe de gobierno en medio de la crisis de seguridad, económica y laboral que padece el país.

En México, el Seguro Popular dice cubrir a poco más de 40 millones de mexicanos que no tienen acceso a los servicios de seguridad social que ofrece el IMSS, el ISSSTE u organismos sectoriales como el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM). Tan sólo en 2010 el gobierno federal reporta que agregó 9 millones de afiliados a este sistema.

En el otro frente, el gobierno calderonista ha favorecido la participación en el mercado de los laboratorios y compañías que tienen en sus portafolios de productos medicamentos Genéricos Intercambiables (GIs), cuyo precio, al vencer sus patentes, disminuye de manera considerable, hasta en un 50 por ciento.

De forma paralela, el IMSS, el ISSSTE o el ISSFAM aprovechan la llegada de GIs para reducir el monto que se destina a la compra de medicamentos. Así, han disminuido de manera importante las adquisiciones de medicamentos innovadores. Éste es el caso de los inmunosupresores que deben comprar estos organismos de seguridad social para garantizar que los derechohabientes que reciban donaciones de órganos vitales como hígado o riñón, no los rechacen o presenten efectos secundarios.

Ahora legisladores como el perredista Heladio Berber, que ha impulsado las leyes antiobesidad, reúne información sobre la efectividad de esta medida. Así, más allá de la política, en México tendría que comenzar el análisis sobre los costos y los efectos de las decisiones en materia de salud.

No bastará, entonces, un sexenio de sonrisas temporales por parte de la población empobrecida por la crisis y que ahora recibe atención en las salas de urgencias y hasta una intervención quirúrgica de primer o segundo nivel, para decretar que el problema de la salud pública y la cobertura universal se resolverán.

México, además, debe incrementar el gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Los mexicanos, según datos de la Organización Mundial de la Salud , sólo destinan 6.5 por ciento, mientras que Argentina destina el 9.6 y Brasil el 8.9. La comparación preocupa aún más cuando se observa que los estadounidenses invierten el 15.4 por ciento de su PIB.

Los expertos en farmaeconomía señalan ahora que México tendrá que ingresar a una etapa de análisis serio para reconocer aciertos y errores. Sobre todo por los dos últimos sexenios perdidos. Por ahora, en las cifras dicen que se aumentó la cobertura y que se ha convertido en una carta positiva y publicitarioa para el gobierno de Felipe Calderón, siempre y cuando no se investigue la enorme corrupción que hay entre proveedores de servicios y bienes y los órganos públicos de salud.