Comenzó la cuenta regresiva y será en diciembre próximo cuando los diputados que integran la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación decidan si Arturo González de Aragón cumple con los requisitos para poder reelegirse, una vez más, en el cargo luego de ocho años de resultados cuestionables y auditorías interesadas.
En junio pasado, sin embargo, el diputado por Convergencia de la anterior legislatura, José Luis Varela Laguna, resultó un poco más severo al referirse a la gestión de la ASF: “Mucho ruido y pocas nueves”. A juicio de Varela Laguna, la Auditoría se ha dedicado a ofrecer información que resulta espectacular a los ojos de los medios de comunicación, pero que ha fallado en realidad para obtener resultados positivos ante juzgados que sancionen a servidores públicos responsables de la comisión de actos de corrupción, negligencia y desvío de recursos públicos en el ejercicio del presupuesto público.
En su intento por mantenerse en el poder, en momentos en que ha desaparecido la Secretaría de la Función Pública y que la ASF se erige cmo el único órgano capaz de auditar e investigar con independencia a toda la administración pública, González de Aragón se enfrenta una vez más con su pasado: el despacho de contadores que atienden sus hijos, en donde el principal cliente ha sido el gobierno federal, sigue presente en los pendientes de algunos legisladores que miran con desconfianza dicha gestión empresarial.
El auditor ha sido investigado, a raíz de una acusación originada entre los legisladores del PAN, por el claro conflicto de interés que enfrenta; sin embargo, González de Aragón tiene clara su respuesta: al llegar al máximo órgano de control y vigilancia del Poder Legislativo cedió a sus hijos la participación principal que mantenía en el despacho González de Aragón y Asociados, y con ello cree haber solucionado el problema. Es más, asegura, después de participar en un gobierno local no tenía ningún interés en volverse a vincular en un cargo público, porque su negocio personal iba viento en popa.
Pero él sostiene que fue su experiencia dentro y fuera del gobierno la que lo ubicó en el camino de la ASF: ¿Cuántas personas, cuantos contadores “independientes” contaban con esa experiencia y conocimiento”. Muy pocos, reflexiona el mismo González de Aragón a la menor provocación cuando es cuestionado sobre el incómodo capítulo. Dicho lo anterior, este auditor está convencido que ha sido el resultado de las investigaciones de la ASF y los intereses de corrupción que ha afectado lo que hoy lo coloca en el ojo del huracán.
En la página de Internet de la ASF, el responsable de ese organismo se adelanta a sus críticos y se justifica: “Como cada año, los ataques se instrumentan después de conocerse públicamente los informes (de la ASF) y esta vez no podía ser la excepción”. Lo que sí es cierto es que el
González de Aragón recuerda que el 31 de mayo de 2006, el secretario de la Función Pública rechazó que el auditor Superior de la Federación hubiera incurrido en conflicto de intereses por el hecho de que el despacho contable de sus hijos hubiese obtenido contratos del gobierno federal y en especial, por cierto, de la misma Secretaría de la Función Pública. Cómo esperaban entonces que dicha secretaría de Estado se pronunciara en contra si ella misma había contratado al despacho investigado.
Con esta afirmación, sin embargo, los críticos de González de Aragón, no de la institución y sus logros, se preguntan si acaso la Función Pública y sus titulares no han incurrido también en conflictos de interé al reconocer que han otorgado contratos al despacho de los González de Aragón y, acto seguido, exculpan al auditor Superior de la Federación.
Aquí parece estar la clave: González de Aragón ha mezclado consistentemente su conflicto personal con su gestión al frente de la ASF. De esa forma, ha encontrado un aparente móvil de “sus enemigos” para atacarlo porque, asegura, ha tocado grandes intereses. Eso es un hecho, nadie puede negar que el poder del Estado se ha hecho sentir contra él cuando la ASF retomó e hizo suyas las denuncias de esta columna sobre el robo a la nación que el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, perpetraba a través de la empresa ISOSA y los fideicomisos privados Aduanas I y Aduanas II.
En corto, González de Aragón reconoce a dos grandes afectados de la actuación de la ASF: elex secretario Francisco Gil Díaz y los banqueros afectados por las observaciones hechas al rescate a través del Fobaproa y del IPAB. Ellos son sus enemigos, dice ufano el funcionario público. Pero lo que no quiere recordar el auditor es cómo desde su cargo protegió y encubrió los abusos de los hermanos Bribiesca Sahagún, quienes utilizaron el poder de Los Pinos para traficar influencias en entidades públicas y beneficiarse con comisiones y contratos. A ellos nunca los tocó por el acuerdo que tenía con la familia de Fox.
Sin embargo, no tiene porque confundirse con los conflictos reales del auditor, quien ha dicho, según relatan interlocutores y confidentes de González de Aragón: ¿Qué quieren, qué mis hijos desaparezcan? No puedo, dice. Ellos, agrega, son también especialistas en auditar a entidades del gobierno federal. Pero lo que si podría hacer González de Aragón es ofrecer a la opinión pública una pormenorizada revelación de información de los negocios en los que han participado sus hijos; también, ¿por qué no? aislarlos de los negocios con el gobierno federal, porque le guste o no a don Arturo, está incurriendo en un grave conflicto de interés, pues es por todos sabidos cómo se inclinan las auditorías públicas a favor de quienes contratan al despacho de sus hijos.
Así, sacar al despacho que fundó a su salida del gobierno de la ciudad de México de la obtención de contratos con entidades públicas que, por cierto, buscan el conocimiento y la experiencia de los González de Aragón para evitar cualquier sanción de los órganos de control y vigilancia, parece una buena opción.
No es tan difícil. González de Aragón ya lo ha hecho. Dejó sus negocios en el sector de la radiodifusión porque, como él mismo reflexiona, era concesionario de una señal de radio para las regiones de Toluca, Malinalco, Ecatepec y Mazatlán. Sin llegarse a confirmar, en 2001 se dijo, justo cuando González de Aragón fue electo en la ASF, que en dicho negocio contaba con la asociación de funcionarios y exservidores públicos. Pero ese hecho dejó de ser un problema para González de Aragón, porque decidió vender a terceros, no a sus hijos, su participación en dichas estaciones. Para él resultaba un tema muy complejo y al parecer poco rentable.
¿Será entonces que el despacho si es un negocio rentable y menos complicado? La duda razonable permanece. Como contador, González de Aragón sabe que la deontología lo obliga a revelar información, más aquella que le compete y sin menoscabo de su ética reconocer que aquí tiene un conflicto de interés. Tan es así que el despacho González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos Sociedad Civil, sigue apareciendo en el registro de proveedores del gobierno federal en la página Compranet.
Para lograr la autonomía de la ASF y buscar reelegirse una vez más y sostener su batalla contra la corrupción, González de Aragón tendrá que primero que resolver estos pecados y expiar sus culpas, lo cual se ve muy lejano, así que ya puede irse retirando de su aspiración.
Para muestra de lo anterior sólo un botón: en 2002 el despacho de sus hijos se adjudicó de manera directa el contrato 024502 para la auditoría externa correspondiente al ejercicio 2002 en servicios aeroportuarios de la ciudad de México, controlado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares. El monto de ese contrato ascendió a 651 mil 840 pesos, pero eso no fue lo único, otra vez por adjudicación directa Servicios Aeroportuarios otorgó de manera directa un contrato más para realizar la auditoría externa para el ejercicio 2003, el cual tuvo un costo de 373 mil 829.5 pesos.
La lucha por el poder en Salud
A los problemas habituales de salud a los que tiene acostumbrada a la población el gobierno federal, hay que agregar ahora que en la Secretaría de Salud hay dos nuevos frentes de guerra: el primero mantiene ocupado a su titular José Angel Córdoba Villalobos y se llama influenza AH1N1, el cual según algunos gringos es promovido y propalado por el mismo gobierno estadounidense para enriquecer a su industria farmacéutica, lo cual no sería extraño si nos remitimos a la historia de abusos, control e ingerencias que ese país practica en el mundo y sobre todo en México; pero el frente de guerra que más preocupa al secretario tiene su centro de operaciones en Los Pinos, aunque la batalla se libra en terrenos de la Secretaría de Salud, por eso al doctor Córdoba sólo le queda izar su bandera blanca aunque nadie le haga caso.
El problema que algunos consideran menor inició en la Presidencia de la República, en donde dos damas se disputan el control de la Secretaría de Salud: por un lado está la primera dama Margarita Zavala de Calderón, esposa del primer mandatario y quien recomendó a su amiga la doctora Maki Esther Ortíz Domínguez, subsecretaria de Innovación y Calidad, y en la otra esquina del round está la jefa de la Oficina de la Presidencia y sobrina del exsecretario de Turismo, Patricia Flores Elizondo, de quien dicen es sumamente inteligente y para restarle fuerza y poder a Margarita colocó en la Subsecretaría de Administración y Finanzas a Laura Martínez Ampudia, quien controla los dineros de esa dependencia en momentos en que la salud se ha vuelto tema prioritario de imagen para el gobierno calderonista.
La influencia de Patricia Flores en la Presidencia es tal, que ha logrado controlar prácticamente todas las oficinas de Oficialía Mayor en secretarías de Estado, organismos descentralizados, paraestatales y hasta en organismos autónomos que reciben recursos públicos, lo cual le permite a Calderón controlar y disponer de los dineros públicos. Uno de los problemas para Patricia que la mantienen al bordo de la renuncia, es que la responsabilizan de filtrar información sensible y hay quien asegura que en su computadora se encontraron evidencias de ello, lo que ha causado malestar en algunas áreas de seguridad del gobierno, pero al parecer nadie quiere actuar en su contra por el apoyo que tiene del presidente de la República.
Pero más allá de las diferencias entre las cuatro damas en cuestión, que sólo incumbe a las involucradas, el problema es que sus disputas personales tienen prácticamente paralizado al sistema de salud pública, en momentos en que la pobreza extrema se extiende cada día más por todo el país y se carece de los servicios de salud pública, mientras que las zonas más apartadas y marginadas no tienen acceso a los beneficios de la Secretaría de Salud y mucho menos a las medicinas gratuitas que constitucionalmente les corresponden.
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