Aprovecharon la noche del fin de semana, sábado para amanecer domingo, y como hacen los pillos cuando se reúnen en la oscuridad, planearon el golpe en contra del sindicalismo independiente y de izquierda. El gobierno federal ordenó así el despliegue de toda la fuerza del Estado para ocupar las instalaciones de los centros de trabajo de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, empresa que por decisión presidencial será liquidada y sus miles de trabajadores agrupados en el Sindicato Mexicano de Electricistas, lanzados al desempleo, bajo los argumentos de baja rentabilidad empresarial, corrupción y gastos excesivos. Una vez más son los trabajadores quienes pagan la mala y corrupta administración gubernamental.

Este golpe contra el sindicalismo combativo y opuesto a las erróneas políticas públicas, hace recordar aquella acción gubernamental cuando Carlos Salinas de Gortari planeó al inicio de su gestión, la aprehensión del entonces líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, alias “La Quina”, y para ello utilizó, igual que ahora lo hace Felipe Calderón, las fuerzas represivas del Estado para someter a los trabajadores y encarcelar a sus líderes bajo acusaciones falsas.

Es cierto, Luz y Fuerza del Centro se ganó a pulso el rechazo y las críticas de los capitalinos. Es cierto, muchos conocíamos los problemas de corrupción que allí se generaban junto con esa electricidad caracterizada por los voltajes irregulares y a veces ausentes. Los “diablitos”, los arreglos debajo del agua para subfacturar, las ventas de plazas y los privilegios. En fin, todo eso es cierto.

Pero también es cierto que, a diferencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) o del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) careció de la protección corporativista de un partido político en el poder para subsistir como lo hacen las organizaciones corruptas que encabezan Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps.

¿Quién puede decir que no son iguales las onerosas pensiones de los electricistas y las de los petroleros? ¿Acaso el ineficiente y ofensivo dique que forma el SNTE en torno a la modernización educativa no atenta igual o peor para el interés público? Eso también es cierto y contra esos líderes charros y sus corruptas organizaciones gremiales no hay acción legal alguna, porque simplemente juegan el papel que al gobierno le conviene.

Por ello, la liquidación de la LyFC –sugerida desde el año pasado por la no menos irregular Auditoría Superior de la Federación (ASF)– se presenta en el peor momento. Confirma la debilidad de un gobierno que sólo mediante el uso de la fuerza y la confrontación es capaz de generar los cambios que necesita el país. No sólo eso, ratifica que Felipe Calderón tiene compromisos e inercias muy claras que no podrá romper aún cuándo sabe en dónde y cómo están los problemas. Por eso ataja problemas en donde no lo confrontan sus compromisos. Es allí en donde el “Presidente del Empleo” pierde la razón y aumenta su descrédito, a pesar de los aplaudidores que lo rodean para festejarle su autoritarismo.

En el decreto que oficializa el proceso de liquidación de LyFC, el gobierno calderonista devela la ruta de la conspiración contra los trabajadores sindicalizados del organismo descentralizado: desde el 28 de septiembre la gris secretaría de Energía, Georgina Kessel, presentó al mandatario la propuesta de liquidación de LyFC, dadas las crecientes transferencias presupuestales y el déficit actuarial generado por las pensiones. No fue causalidad, por lo tanto, que en los primeros días de octubre en la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, negara la toma de nota al comité ejecutivo que encabeza Martín Esparza. Todo estaba decidido, acabar con el sindicato más fuerte que hay en el país y el principal opositor al gobierno de ultraderecha que encabeza Calderón.

Pero, ¿en dónde estuvo todo este tiempo el director general del organismo, Jorge Gutiérrez Vera(sí, éste es el director general de LyFC)? ¿Haciendo posible y acelerando la quiebra técnica de la empresa?

Era, en cambio, Martín Esparza, secretario del SME, que, sin éxito, buscó reelegirse por un tercer periodo, quien informaba sobre los planes de la empresa y hablaba de su incursión al mercado del Internet. Un proyecto, por cierto, que podría haber acelerado la decisión de apagar el switch al organismo descentralizado, cuyas operaciones quedarán a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ahora depende de generadores independientes del fluido. Aún así, el gobierno de Calderón dice que no se trata de una privatización. Sólo es cuestión de tiempo, ya lo veremos.

Al gobierno represor de Carlos Salinas le tomó sólo unos días tomar la decisión de golpear al sindicato petrolero, mientras que al gobierno de derecha de Calderón le tomó tres años atreverse a liquidar el SME, el organismo gremial que firmó con Vicente Fox varios acuerdos dirigidos a incrementar la productividad, varios de los cuales estuvieron coordinados y conocidos por la Secretaría de Energía, en ese entonces a cargo de Felipe Calderón.

La diferencia es que a finales del sexenio foxista el PAN necesitaba aliados para las difíciles elecciones presidenciales que se avecinaban y esa fue la encomienda. Ahora, sin embargo, la estrategia panista ha cambiado ante la difícil situación que atraviesa el país y el partido en el poder, en complicidad con Los Pinos, va por todo en la carrera presidencial para el 2012 y lo que busca es apelar al hartazgo de los capitalinos (principal zona del país dominada por la oposición y la más politizada) que han enfrentado problemas por el mal servicio y los problemas en el suministro de la energía eléctrica.

El riesgo es que se despierte otro hartazgo más peligroso y hasta ahora contenido: el de los grupos radicales del sindicalismo y de los núcleos sociales más molestos con el rumbo que ha tomado la política económica y social dirigida por Calderón.

El SME, es un hecho, no está solo y apelará a todas sus fuerzas y sus aliados, que son muchos millones de mexicanos. Para empezar, el sindicato de trabajadores de la UNAM ya manifestó su apoyo. Claro, el gobierno buscará demostrar que se trata también de un sindicato corrupto para denostar al movimiento. Esa será la ruta crítica.

Sin embargo, el sindicato no fue el único culpable de la debacle: ¿En dónde estuvieron las inversiones de la última década para modernizar las plantas generadoras de energía? Esa, de hecho, es solo una de las razones por la cuales los trabajadores sindicalizados esgrimen que sin ellos pues nada más las plantas no arrancan. Se necesitan miles de trabajadores para operarlas y los administradores son responsables también de ello. ¿Habrá acciones legales y funcionarios electricistas encarcelados?

El proyecto fraudulento de Unión Fenosa

En la revista Contralínea, hace dos años, la reportera investigadora Ana Lilia Pérez dio a conocer los detalles de uno de los acuerdos con los que los gobiernos panistas buscaron controlar LyFC.

Fue por órdenes de la Secretaría de la Función Pública que Luis de Pablo Serna, anterior director de la entonces Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC), tenía la obligación de eliminar, antes de marzo de 2006, la nómina de 145 funcionarios contratados “irregularmente” para desempeñar labores en el fraudulento proyecto de modernización que arrancó la empresa española Unión Fenosa, a un costo de 20 millones de dólares y que nunca fue puesto en marcha.

De acuerdo con las auditorías de la SFP, Luis de Pablo y el subdirector de Recursos Humanos, Rufino Serrano Sierra, manejaron en forma discrecional 61 millones 648 mil 966 pesos anuales de la partida 1201, correspondiente a “Honorarios y Comisiones” del presupuesto anual autorizado por la Secretaría de Hacienda a la CLyFC.

Los órganos internos de control de la empresa realizaron en 2005, de acuerdo con la investigación de Ana Lilia Pérez, una auditoría de tipo específica, identificada con el número 19/05 y concluida el 12 de septiembre de ese año, que reveló serias irregularidades en el manejo de la nómina mensual de 145 funcionarios, cuyo sueldo ascendió a 5 millones de pesos, por actividades injustificadas y cuyo derroche económico afectó al organismo descentralizado que desde hace más de una década vive en quiebra permanente.

El proyecto para la supuesta modernización de la paraestatal causó un cuantioso quebranto a Luz y Fuerza, porque si bien el programa multimillonario se detuvo sin grandes explicaciones, Luis de Pablo Serna contrató el personal que supuestamente se desempeñó en los cuatro sistemas diseñados por Unión Fenosa, una compañía sin experiencia en sistemas de este tipo, pero que contó con la complicidad de tres exdirectores de la CLyFC.

A las irregularidades de los tres exdirectores generales de la empresa paraestatal (Jesús Jiménez Villafuerte, José Merino Mañón y Alfonso Caso Aguilar), se sumaron estos abusos en el pago de recursos públicos bajo el encubrimiento de un proyecto clasificado por la propia CLyFC como un asunto de seguridad nacional y que le generó gastos por casi 20 millones de dólares.

Luis de Pablo Serna contrató a personal completamente ajeno a las actividades que realiza Luz y Fuerza y sin la autorización de la Secretaría de Hacienda, incumplió la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, violó la normatividad para la Contratación de Servicios Profesionales por Honorarios y violentó también el Contrato Colectivo de Trabajo que rige a los trabajadores de la paraestatal.

¿Cómo se fraguó el engaño?

La historia del fraude a Luz y Fuerza (Contralínea 29) se originó apenas en el segundo año del sexenio de Ernesto Zedillo, en 1996, cuando el entonces director general Jesús Jiménez Villafuerte aprobó la adquisición de un software a través del cual se modernizaría el sistema de operación de la red de 20 kilómetros cuadrados, en donde se genera la electricidad que se produce en México.

El plan de modernización se planteó a través de la instalación de cuatro sistemas: Sistema de Información Económica (SIE), Sistema de Gestión del Abastecimiento (SGA), Sistema de Gestión Comercial (SGC) y Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARH).

Las irregularidades fueron desde la manera en que se formalizó el proyecto, mediante la adjudicación directa de los contratos a Unión Fenosa, dado que el sistema eléctrico en México, al igual que en cualquier país del mundo, es considerado como un asunto de seguridad nacional y la injerencia no solo de extranjeros sino de particulares es violatoria a la Constitución Mexicana.

Aún así, al firmar el contrato con Unión Fenosa (hoy día una de las principales beneficiadas con los contratos privados para la generación de energía), Jiménez Villafuerte otorgó a la empresa extranjera información confidencial sobre el sistema eléctrico nacional y la libertad para su manipulación.

Toda la operación se efectuó sin la autorización de la Secretaría de Hacienda, sin contar con el visto bueno de la Secretaría de la Función Pública y, sobre todo, a espaldas del SME, en clara violación al Contrato Colectivo de Trabajo, pues el esquema de Unión Fenosa proyectaba eliminar considerablemente la planta laboral.

El “Proyecto de Modernización” fue fraccionado en nueve contratos y su periodo de aplicación y vigencia oficialmente se desarrollaría en tres años, de 1996 a 1998.

Aunque los dos primeros contratos, aprobados por Jiménez Villafuerte, presentaron atrasos e incumplimientos por parte de UF, entre enero de 1997 y diciembre de 2000, el entonces titular de la CLyFC, José Merino Mañón, autorizó otros 7 contratos y prórrogas que se extendieron hasta diciembre de 2000, último mes de gestión de Merino, sin que se aplicara a UF sanción alguna por incumplimientos.

En el gobierno foxista, el presidente de la República nombró a Alfonso Caso Aguilar al frente de la CLyFC, quien además de encubrir el fraude aprobó más prorrogas a UF sin notificar a los órganos internos de control ni a la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), aunque desde 1996, aunado a la firma de contratos y las negociaciones con UF, los tres exdirectores autorizaron el alquiler de un inmueble en Avenida Juárez 90, colonia Centro, en el Distrito Federal, y el pago de honorarios diarios a personal contratado por UF para “el proyecto”.

En enero de 2002, unos meses después de que Caso Aguilar ratificara y renegociara el último de los 9 contratos con UF, la Unidad de Auditoría Gubernamental de la entonces Secodam ordenó una auditoría directa a la CLyFC sobre los contratos, cuyos resultados confirman las irregularidades y la discrecionalidad con que negociaron con UF.

Sin embargo, no se ejerció acción penal alguna en contra de los funcionarios involucrados, aunque el director Caso Aguilar fue destituido del cargo en medio de una silenciosa complicidad de la Presidencia de la República, al señalar que “así convenía a los intereses”, sin aclarar que los órganos internos de control habían descubierto cuantiosos sobornos otorgados a Caso Aguilar por parte de la compañía francesa Alstom, a cambio de contratos millonarios para la compra de insumos.

La investigación de Ana Lilia Pérez puede ser consultada de manera íntegra en el sitio de la revista Contralínea y, sin duda, daría a los legisladores un material invaluable para ubicar a los culpables de la quiebra de LyFC. A pesar del cúmulo de información que presenta el reportaje, el expediente relacionado con el fraude de FENOSA se encuentra reservado al menos hasta el año 2016, porque la Secretaría de Energía se dio a la tarea de proteger a dicha empresa y, por supuesto, a los gobiernos de Calderón y Fox de las responsabilidades en las que incurrieron.

Por eso, el SME tiene razón: son Calderón y el Secretario del Trabajo, Javier Lozano, quienes deberán responder si en los próximos días los capitalinos dejan de recibir electricidad.

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