Cuando el Estado mexicano abandonó sus principios revolucionarios, nacionalistas y socializantes para incursionar a tientas en el liberalismo de la sociedad de mercado, selló la suerte del movimiento obrero mexicano. A partir de la Reforma del Estado de 1982, cuando se llevó a la Constitución Política la planeación económica, los sindicatos no se percataron de lo irremediable de su condena histórica. Persistieron en sus viejos sistemas corporativos para conducir a las bases con ideas y propósitos de un sistema político y social que se había acotado ante la realidad de la sociedad moderna. Ya no sería más el Estado bienestar, del que los líderes obreros fueron los principales beneficiados con desmedidas cuotas de poder y de riqueza. Persistieron en sus vicios y debilidades. Sus mejores instrumentos de presión fueron las amenazas permanentes de huelgas parciales y nacionales, con las que obtenían o transigían aquello que no alteraba demasiado el ritmo de la vida social que le interesaba al partido (PRI) en el poder.

Es evidente, por ejemplo, que pronto, en muy poco tiempo, el Congreso del Trabajo se extinguirá y morirá de nada, porque para nada ha servido a los obreros. En ese contexto de crisis, el sindicato minero, que encabezó primero Napoleón Gómez Sada y luego su heredero Napoleón Gómez Urrutia, ahora prófugo de la justicia, es el caso de un sindicalismo con las más antiguas prácticas del movimiento obrero mexicano, que con una organización desgastada llega debilitado, confundido y desorientado cuando arriba al gobierno de la República la derecha, representada primero por Vicente Fox Quesada y ahora por Felipe Calderón Hinojosa, que si bien ambos no definen su ideología empresarial, si abren todas las compuertas para combatir de manera frontal a los trabajadores y sus organizaciones.

Esto permite la redacción del proyecto de reforma de la Ley Federal del Trabajo, que se conoce como la Ley Abascal, y que según los líderes obreros es francamente contraria a la tradición laboral del sistema mexicano. Incluso, puede asegurarse que la irresponsabilidad histórica de Gómez Urrutia y sus huestes es haber creado condiciones favorables al avance de un gobierno contrario a los intereses de los trabajadores y que ha sido aprovechado actualmente por el segundo gobierno de derecha, más recalcitrante que el régimen anterior, muy conservador y que a veces se muestra hasta retardatario. Es decir, el sindicato minero y sus viejas prácticas han facilitado el avance del enemigo hacia la derrota final del movimiento obrero mexicano.

Cuando una figura como la de Napoleón Gómez Urrutia declina, son muchos los factores que deben considerarse. En principio, su resistencia a la Ley Abascal; después su derrota ante la defensa de los caídos en la mina Pasta de Conchos, en la cual también los empresarios encabezados por Jorge Larrea dieron muestra de su mezquindad, pero también lucieron la protección que les da el gobierno hasta la impunidad, lo que hicieron sin rubores ni decoro como miembros privilegiados de un sector social.

El sindicato y los empresarios salieron derrotados de la trifulca ocurrida en Lázaro Cárdenas, en la que se vieron envueltos, por disposición presidencial de Fox, los cuerpos públicos de seguridad tanto federales como estatales. Ni el líder obrero ni los dueños de las minas merecen la muerte de los jóvenes mineros que cayeron abatidos esa tarde pensando que luchaban por los ideales gremiales que estaban en juego.

Informe de la Unidad Inteligencia Financiera

En medio de este conflicto surgió el problema del dinero del fideicomiso, que ascendía a 55 millones de dólares y que correspondía al valor de las acciones de las empresas del Grupo México y que Gómez Urrutia debía distribuir entre los mineros sindicalizados.

Pero la historia de la recuperación del dinero va de lo anecdótico a lo trágico. En el sindicato minero empobrecido Gómez Urrutia encontró en la bóveda de la tesorería los rastros documentales del compromiso empresarial pactado desde tiempos de Carlos Salinas; como quien se encuentra un billete de lotería perdido y simplemente se presenta para cobrarlo. Así Gómez Urrutia, que hasta ese momento sólo manipulaba las cuotas obrero–patronales, mediante presiones a través de paros laborales y la participación del oscuro Carlos Abascal como secretario del Trabajo, recuperó la suma millonaria en dólares y prácticamente la hizo suya: 25 millones de dólares los centaveó entre mineros, las viudas y sus hijos, que le dieron la apariencia y el pretexto para decir que ya había pagado. Pero con la asesoría de sus hijos Ernesto y Alejandro, y la intervención de algunos financieros regiomontanos vinculados con los cachorros de Napoleón, se dieron a la tarea de invertir en el extranjero y en cuentas personales, repitiendo el modelo o la mecánica de apropiación de charros sindicales para operar esa suma en beneficio de unos cuantos.

Todo este manejo irregular que hizo Napoleón de 25 millones de dólares se revela a detalle en la investigación que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (documento del cual esta columna posee una copia), en donde se da cuenta, incluso, del uso y abuso que el líder obrero, sus familiares y miembros del Comité Ejecutivo Nacional hacían del dinero, y se contempla hasta el manejo abusivo de tarjetas de crédito en compras personales y consumos en tiendas, hoteles y aeropuertos de Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa. El gasto del clan de Napoleón se parece sólo al gasto que hacen los auténticos jeques árabes reconocidos por American Express.

Cuando el régimen de Fox decide perseguir al líder minero, la operación de este dinero es investigada por distintas procuradurías estatales de varios estados del país y también por la General de la República y la del Distrito Federal. Ahí Napoleón sintió que perdía piso y vio en peligro su patrimonio, sus propiedades y su libertad y la de su familia y, como mandan los cánones, puso tierra de por medio para exiliarse en Canadá, concretamente en Vancouver.

En su huída, Napoleón decidió dejar en riesgo de captura a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional –entre otros el tesorero Félix Estrella, el secretario general sustituto José Angel Rocha Pérez y el secretario del interior Juan Linares Montufar–, sobre quienes el ministerio público federal enfocó sus baterías para capturarlos y se llegó a ejecutar un cateo en las oficinas del sindicato, lo cual dio todas las pistas como un acto arreglado entre el PRD y los mineros.

Hasta aquí lo verdaderamente importante es la minuciosa investigación del órgano de inteligencia de la SHCP, el cual revisó cheque por cheque, pago por pago e inversión por inversión del líder Gómez Urrutia, en donde xse demuestra como se apropió de los 25 millones de dólares que por todas las vías le reclaman los mineros.

Todo esto ha cobrado actualidad porque el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal resolvió de un plumazo tres juicios de amparo que le habían concedido al líder y sus huestes en el Juzgado Octavo de Distrito del DF, todos de la materia penal.

En los meses previos a la decisión judicial, los abogados de las partes interesadas en el conflicto actuaron de distinta manera. Mientras Juan Rivero Legorreta, abogado de Napoleón, estaba en la luz de los reflectores propiciando un juicio paralelo en medios, alardeaba, amenazaba e incluso se llegó a decir que chantajeaba a funcionarios del actual gobierno para obtener el desistimiento de órdenes de aprehensión. Como suelen hacer muchos abogados, pasaba de un programa de radio a otro de televisión, en donde fuera, siempre y cuando le dejaran abierto algún micrófono, hablaba también con periodistas de medios impresos y el domingo estaba en los toros para que algún picador le dedicara suerte.

Por el lado de los empresarios mineros daba la cara Salvador Rocha Díaz, inefable y eterno servidor de los empresarios más acaudalados de México, incluso cuando ocupó alguna curul en el Senado por parte del PRI. En las últimas semanas, Rocha Díaz, más inteligente que su oponente, mantuvo en la sombra su éxito que involucra también a los amigos presidenciables: Julio Esponda Ugartechea, Alonso Aguilar Zinser y Fernando Gómez Mont. En gran medida la presencia de estos jóvenes abogados que se dicen amigos de Los Pinos, explica la derrota que le han dado los jueces federales al triste Napoleón.

Pero lo más impresionante de esta derrota infringida al líder minero, que lo llevó a revocar hace unos días a su abogado Juan Rivero en penosas escenas públicas ante los medios de comunicación, es el hecho de que contrario a lo que todo mundo esperaba, que los magistrados hicieran un estudio minucioso y profundo de la historia del conflicto y de la corrupta operación del dinero desde el punto de vista jurídico, se concretaron a señalar un solo punto para considerar que la firma de la demanda de amparo que revisaron es sospechosa en su autenticidad. Con este argumento, el impacto a Napoleón ha sido demoledor y es tan notorio el daño que ahora el abogado Juan Rivero se va de puntitas del escenario del conflicto.

La historia de la firma es preocupante porque, a no quererse, si la firma de la demanda de amparo es falsa, como indican los magistrados en su resolución, la suerte está echada no solo para Gómez Urrutia, sino para el movimiento obrero mexicano, al cual el gobierno de derecha de Calderón quiere golpear.

Uno de los indicios de que la firma pudo haber sido manipulada, es que extrañamente la demanda se presentó ante un juez federal de la ciudad de Guadalajara, cuyo titular tiene estrecha e interesada amistad con Rivero Legorreta. Pero falló el cálculo cuando al juez tapatío le quitaron el expediente y en ese momento se perdió el contacto con la falsedad de la firma.

Ahora bien, si la firma es auténtica en la demanda de amparo, Gómez Urrutia está en otro predicamento, porque no la puede convalidar desde su escondite en Vancouver, a menos de que este líder se arme de valor y decida regresar al país con el inminente riesgo de irse a prisión, pero todos sabemos que estos líderes sindicales charros del neoliberalismo lo que menos tienen es valor y principios sólidos para defender las causas y luchas obreras, por lo que el amparo podrá desestimarse dejándolo en el destierro, que para este moderno Napoleón equivale a su Waterloo.

Mientras esto sucede, las policías persiguen a todo el Comité Ejecutivo que ya se encuentra escondido en territorio mexicano. Por falta de espacio, las próximas semanas abordaremos con lujo de detalle los despilfarros de Napoleón y su pandilla.

Anomalías en arrendamiento de buque–tanques petroleros

Pemex y su director general Jesús Reyes Heroles no tienen remedio. La corrupción, el abuso y la opacidad en sus licitaciones y contratos continua, como si nunca hubiera habido un cambio o como si el PRI siguiera en el poder. Nuevamente la licitación pública internacional 18576018–022–07 de Pemex Refinación, para el arrendamiento con opción a compra de cinco buquetanques, está amañada y envuelta en una oscura opacidad: el martes de la semana pasada la subsidiaria decidió posponer 21 días la apertura de propuestas y declaración de ganadores.

En la convocatoria original, las propuestas se fallarían este primero de abril; pero el pasado miércoles la filial emitió la segunda nota aclaratoria en la que establece como nueva fecha el próximo día 22.

Ésta es una de las convocatorias más controvertidas que operan las administraciones de Jesús Reyes Heroles, en Petróleos Mexicanos, y José Antonio Ceballos Soberanis, en Pemex Refinación. La razón es que esta operación involucra más de 4 mil 600 millones de pesos y ha sido señalada por empresarios de que se busca beneficiar a cuatro concursantes: Blue Marine, TMM, Daewoo y Mitsui.

De acuerdo con los inconformes, un “error” en las bases de la licitación ha descartado a decenas de empresas postulantes y sólo permite competir con posibilidades de ganar a las trasnacionales.

El señalamiento no es el único problema que enfrenta la petrolera. El pasado 1 de marzo la Fundación Heberto Castillo, que junto con el ingeniero Edgar Fernández Gómez fungía como testigo social en este proceso, renunció ante las irregularidades encontradas.

Dicha fundación fue contratada por adjudicación directa el 20 de julio pasado, para garantizar la transparencia y equidad. Aunque el convenio –por 320 mil pesos, identificado con el folio 4600012263– tenía vigencia al 31 de diciembre de 2007, a fines de febrero de 2008 Refinación solicitó a los dos testigos sociales signar uno nuevo, derivado de los atrasos en la licitación.

No obstante, días después la Fundación Heberto Castillo no sólo rechazó firmar el contrato relacionado con la licitación de los buque–tanques, sino que pidió le fuera revocada su autorización de testigo social, expedida por la Secretaría de la Función Pública. La decisión se debe a que su representante David Shields Campbell avaló en septiembre del año pasado, a nombre de la asociación civil, un contrato de Repsol con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Como lo dio a conocer el diario La Jornada el pasado 29 de febrero, “la CFE, Pemex, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía firmaron en septiembre del año pasado un contrato para suministro de gas natural licuado con la trasnacional española Repsol, durante 15 años, y que de acuerdo con estimaciones del gobierno legítimo comprometen un presupuesto de 16 mil millones de dólares”.

La información, indicaron los reporteros Enrique Méndez y Ciro Pérez, formó parte del archivo que Andrés Manuel López Obrador entregó por esas fechas a diputados que integran el Frente Amplio Progresista, que incluía los contratos de Mouriño, dados a conocer por la reportera Ana Lilia Pérez en la revista Contralínea.

Al día siguiente la profesora María Teresa Juárez Carranza, representante legal de la asociación envió una carta a ese diario, en la que aclaraba: “La Fundación Heberto Castillo Martínez, AC, ya no puede fungir más como ‘testigo social’ en los procesos de licitaciones públicas a los que está facultada por ley. Los alcances y efectos que La Jornada ha revelado sobre el contrato que la CFE signó con la empresa española Repsol, confirman esta posición.

“En 10 años de existencia, la fundación ha pugnado por la transparencia y la honestidad en el ejercicio del servicio público. Ésa fue la motivación que la llevó a participar en el proceso 18164067–009–06 (LN–509/06) de la CFE para la contratación del Servicio de Suministro de Gas Natural Licuado en la zona de Manzanillo, Colima.

“En mi carácter de apoderada legal de la fundación, no conté con la información suficiente para tomar una decisión favorable. El representante designado, David Shields Campbell, hizo valoraciones personales contrarias a los principios y objetivos que dieron origen a esta asociación civil. Por tal razón, la fundación renuncia a ser nuevamente ‘testigo social’ de cualquier licitación pública.

“La fundación no puede avalar la pretensión de privatizar el sector energético del país, porque se pondría en ruta contraria no sólo al interés nacional, sino a la memoria del general Lázaro Cárdenas y, sobre todo, a la de Heberto Castillo Martínez. Estos son tiempos de definiciones históricas y nosotros tenemos claro de qué lado estamos.”

Sin duda alguna la corrupción en Pemex Refinación, como sucede en todo el corporativo petrolero estatal, se está comiendo el petróleo que dicen es de todos los mexicanos y nadie en el gobierno hace algo para detenerla.