A partir de que la reportera Ana Lilia Pérez obtuvo y publicó en la revista Contralínea los contratos que firmó Juan Camilo Mouriño con la paraestatal Pemex Refinación, nada volverá a ser igual para el actual secretario de Gobernación. Quienes lo conocen de cerca dicen que en su entorno privado enfrenta una grave crisis familiar, principalmente de su esposa que detesta la política y lo que ésta representa, sin dejar de lado que el joven secretario ha perdido el sueño, se ve demacrado y con pocas ganas de seguir adelante, aun con todo el apoyo que el aparato del Estado le ha brindado a través de la maquinaria oficial que incluye funcionarios, legisladores y viejos políticos panistas como el mal llamado “jefe” Diego, quien también es un experto en eso de usar doble cachucha.
Para el presidente Felipe Calderón es vital en este momento mantener a su secretario de Gobernación, quien le sirve como un escudo protector ante la embestida que Andrés Manuel López Obrador y el PRD han hecho en contra del gobierno federal por su intento de privatizar la industria petrolera. Así las duras críticas y el descrédito después de haberse conocido los contratos firmados por Mouriño en su dualidad de empresario y servidor público se han concentrado en este español avecindado en México y han dejado a salvo hasta ahora al presidente de la República, quien por lo menos es corresponsable de tanta corrupción en Petróleos Mexicanos.
Pero Juan Camilo, quien conoce a detalle todo lo ocurrido en el desaseado proceso electoral en donde su actual jefe asumió la Presidencia de la República, está conciente que ya no es el funcionario favorito de Calderón y que en cualquier momento será sacrificado si eso asegura la sobrevivencia del aparato gubernamental panista y la permanencia en Los Pinos del propio presidente. A esto hay que agregar que para algunos partidos de oposición, encabezados por el PRD, Mouriño ya no es un interlocutor valido como responsable de la política interna, mientras que para otros, como el PRI y el Verde, el secretario de Gobernación se ha convertido en un rehén político que pueden utilizar a su antojo cuando lo deseen para lograr sus objetivos.
Sin embargo Felipe Calderón ya decidió por el momento mantener en el cargo a su amigo Mouriño para que sea éste quien reciba toda la crítica por sus andanzas con los contratos petroleros y la intención calderonista de privatizar la industria petrolera. Pero para cubrirse aún más del daño que pueda causar a partir de ahora Juan Camilo y vigilar de cerca todos sus movimientos, el presidente de la República ha comisionado al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca (exprocurador general de la República con Vicente Fox y exconsejero jurídico de la Presidencia en el arranque del gobierno de Calderón), como el operador del trabajo sucio que debe reportar al presidente de la República todo lo que ocurre en relación con Juan Camilo.
Será a partir de estos informes cuando Calderón decida el momento en que Mouriño sea retirado del cargo porque ya no le sirve. Esto es la política y por primera vez el bisoño secretario de Gobernación la vive en carne propia.
Otro miembro del gabinete de Calderón que anda muy nervioso y preocupado por su futuro es el joven César Nava, secretario particular del presidente y amigo cercano de éste y de Mouriño, quien sabe que también tiene un oscuro pasado por Pemex cuando ocupó la oficina del abogado general de la paraestatal petrolera y hay indicios de irregularidades y corruptelas. También a Nava le conviene que el caso Mouriño no se muera para que sea éste el que atraiga toda la atención de la prensa y de los mexicanos. Inclusive algunas personas cercanas a Mouriño opinan que Nava ya se frota las manos en espera de la caída de su amigo para aspirar a la Secretaría de Gobernación.
La camarilla del petróleo
Con el número más reciente de la revista Contralínea circula un cartel con un diagrama sobre las operaciones, alianzas y empresas relacionadas con los tres principales hombres del gabinete panista: Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño y César Nava. Allí se incluye el flujo de muchas operaciones realizadas por estos tres amigos que desde su paso por la Secretaría de Energía se propusieron llegar a Los Pinos y desde allí convertir a México en una sociedad anónima en beneficio propio y de sus familiares y conocidos.
La investigación que ha seguido puntualmente la reportera Ana Lilia Pérez revela ahora que se trata de 15 contratos, convenios y extensiones que la empresa Ivancar firmó con Pemex Refinación para la transportación de productos petrolíferos. De esos contratos 7 fueron firmados por el mismo Juan Camilo y el resto por su hermano Carlos y por otro representante de la empresa.
De acuerdo con el trabajo de investigación de Ana Lilia Pérez, de los 15 contratos, convenios y modificaciones que Transportes Especializados Ivancar suscribió con Pemex desde que Juan Camilo Mouriño incursionó en la vida pública, siete fueron formalizados por él y avalados por el jurídico de Pemex a cargo de César Nava Vázquez, con lo que habrían incurrido supuestamente en el delito de conflicto de intereses.
Uno de los contratos que Mouriño firmó como funcionario federal implicaría responsabilidades penales y administrativas. Además, los ingresos que obtuvo como contratista de la paraestatal no los incluyó en sus declaraciones patrimoniales, las cuales, desde que llegó a Los Pinos, están blindadas
Mouriño, más de 100 millones en contratos
Entre 1998 y enero del 2008, la empresa Transportes Especializados Ivancar (TEISA), propiedad de la familia Mouriño, suscribió 15 contratos, convenios y modificaciones con Pemex Refinación por más de 100 millones de pesos. Siete de ellos los firmó cuando fungía como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y como director general de la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, cuando el titular de ésta era Felipe Calderón Hinojosa.
La firma de los contratos, según expertos, supone conflicto de intereses, tráfico de influencias, abuso de autoridad, uso indebido de funciones y coalición de los servidores públicos, todos delitos tipificados en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en el Código Penal. Juristas independientes evalúan que aunque el último contrato que firmó Mouriño data de hace cuatro años, por tratarse de un acto continuo, es decir que la dependencia y los funcionarios que asignaron los contratos y convenios fueron los mismos y que todos fueron adjudicaciones directas, los supuestos ilícitos en que habría incurrido aun no han prescrito.
Un análisis realizado por auditores de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y dado a conocer por Analilia Pérez en la revista Contralínea, destaca irregularidades de la compañía aun en los contratos que no fueron suscritos de manera directa por Mouriño Terrazo. Explica que, de acuerdo con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, Ivancar habría incurrido en anomalías, pues el parentesco de sus actuales directivos con el hoy secretario de Gobernación era motivo suficiente para que Pemex se abstuviera de su contratación.
La misma ley prohíbe adjudicaciones en condiciones de parentesco directo de la compañía con funcionarios de cualquier dependencia, y como todas las asignaciones de Ivancar están en este esquema pues hubo violaciones a dicha ley. Además, las contrataciones superaron el tope presupuestal previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para las adjudicaciones directas.
Por cada contrato, convenio y modificaciones de Ivancar con Pemex, a partir de que Mouriño ingresó como funcionario público, éste debió presentar a su superior inmediato, que era Felipe Calderón, una declaración de intereses en conflicto o en su caso una declaración espontánea de incumplimiento a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y Calderón, a su vez, dar vista a la Secretaría de la Función Pública, pero ésta nunca recibió notificación al respecto.
La responsabilidad por estas supuestas irregularidades alcanzaría también a los abogados adscritos a la Oficina del Abogado General de Pemex, César Nava Vázquez, actual secretario particular del presidente Felipe Calderón, a su sucesor José Nestor García Reza, así como a funcionarios de Pemex Refinación que autorizaron los contratos y quienes incurrieron en delito patrimonial al contratar indebidamente obra pública o servicios.
En sus declaraciones patrimoniales ante la SFP, Mouriño cometió otra irregularidad administrativa al omitir incluir los ingresos que obtuvo por las transacciones comerciales de su empresa Ivancar con Pemex. En su primera declaración, hecha en 2003, cuando firmó el último convenio de Ivancar, informó que tenía ingresos mensuales netos por 5 mil pesos por actividades financieras (las cuales no especificó); que recibía 100 mil pesos al mes por actividades que no aclaró; así como ingresos que superaban el sueldo que percibía como funcionario de la Secretaría de Energía, el cual ascendía a 86 mil 75 pesos.
“Se trata de negocios al amparo del poder que desde ese tiempo ha realizado Juan Camilo Mouriño”, considera el senador y coordinador perredista en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila. Para Porfirio Muñoz Ledo, coordinador del Frente Amplio Progresista (FAP), el caso Mouriño “es una continuidad de la forma en que operó el gobierno de Vicente Fox, porque es el mismo giro que operaban los Bribiesca, y es también el apoyo que por debajo del agua le dio Fox a Calderón; por eso el PAN se niega a que se finquen responsabilidades”.
Este viejo político explica que “los contratos y convenios son contundentes para demostrar que el panismo ha tomado a Pemex como su caja chica, como antes hizo el PRI con la Lotería Nacional”. Reflexiona: “éste es el concepto que tienen quienes ahora buscan la reforma energética: el de una empresa que no debe ser de la nación, sino un área de negocios por ellos controlada”.
