Una vez más la oscura estructura administrativa de la empresa privada ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.), creada por el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, vuelve a permitir al gobierno federal disponer de recursos fuera del presupuesto para enfrentar irregularidades y desvíos de recursos generados con el diseño y operación de la Plataforma Integral del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La Secretaría de Hacienda que dirige Agustín Carstens ha encontrado en ISOSA el camino para solucionar las fallas estructurales y de operación del SAT, y su inversión en tecnología alterna será ahora financiada con recursos provenientes del cobro de derechos en las aduanas, aquellos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como fondos privados para encubrir y proteger a Gil Díaz y evitar que el Congreso, a través de su órgano de fiscalización, lo investigara; sin embargo, esos recursos declarados privados son ahora utilizados por Carstens para cubrir las irregularidades cometidas por su presidente del SAT, José María Zubiría, quien en reuniones privadas sostiene que ya tiene en la bolsa a su jefe el secretario de Hacienda.

En la Plataforma Integral del SAT se han invertido 82 millones de dólares que el gobierno mexicano pidió mediante un crédito al Banco Mundia, pero de acuerdo con fuentes al interior del SAT y de la Secretaría de Hacienda, los recursos invertidos en el fallido proyecto tecnológico rebasan los 450 millones de dólares, lo que representaría más del 30 por ciento del presupuesto acumulado y asignado a la instancia tributaria entre 2003 y 2006. Otro problema es que ni siquiera con un sobre costo de 448 por ciento, el sistema ha podido funcionar.

Concientes de la corrupción que encierra toda la operación de la Plataforma Integral, en Hacienda y el SAT nadie quiere hablar oficialmente del tema. Ambas entidades gubernamentales han preferido no hablar y el problema es que hasta ahora el proyecto no ofrece los resultados esperados ni programados que Hacienda tiene que reportar al Banco Mundial, formalmente el responsable del financiamiento.

Primero fue el gobierno corrupto de Carlos Salinas de Gortari el creador y operador de la empresa ISOSA; después Ernesto Zedillo mantuvo el saqueo de recursos públicos por el cobro del cobro del Derecho de Trámite Aduanal; para el gobierno de Vicente Fox y el regreso de Gil Díaz a la administración pública, se incrementó el desvío de recursos que, sólo en ese sexenio, ascendió a 150 mil millones de pesos. Ahora, a principios del gobierno de Felipe Calderón, se han dado de cuenta del barril sin fondo que representa ISOSA y están dispuestos a utilizar a esa empresa privada que administra el gobierno federal para desviar recursos y cubrir la sangría financiera que han dejado los errores en torno a la aplicación de la Plataforma Integral del SAT, cuya principal falla consiste en que los módulos no se comunican entre sí.

El llamado “periodo de estabilización” de la Solución Integral vive un momento de agudización de fallas e irregularidades. Aún más grave, los contribuyentes enfrentan problemas cuando pretenden realizar trámites para pagar sus impuestos, mientras que el periodo de declaraciones anuales y trimestrales enfrenta conflictos nunca antes vistos.

El responsable directo de las irregularidades es Zubiría Maqueo, como explicamos en esta columna la semana pasada, por haber contratado a la compañía estadunidense Oracle como la encargada de construir y operar la nueva plataforma tecnológica, pues además de tener un retraso de siete meses, hay incumplimientos del contratista extranjero sobre el programa tecnológico más ambicioso y cargo del gobierno federal.

Con el sistema desarrollado por Oracle, se pretendía eliminar el uso de papel. Es cierto que en noviembre de 2006 ya no era necesario presentar fotocopias de los documentos solicitados para trámites como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Ahora, sin embargo, la guía de trámites del SAT publicada a través de Internet volvió a incluir la obligación para el contribuyente de presentar originales y fotocopias. ¿La razón? El sistema de escaneo de documentos que incluye la plataforma tecnológica de Oracle dejó de funcionar.

Otra irregularidad es que Oracle, el contratista del SAT para desarrollar el sistema prometido que ayudaría a la recaudación de impuestos, subcontrato el sistema de escaneo de documentos, conocido como Documentum. Para los trabajadores del organismo fiscalizador, el uso de este sistema ha convertido los procesos de integración de documentos en una verdadera y riesgosa pesadilla. La contigencia de perder información valiosa del contribuyente está presente a cada momento.

José María Zubiría, presidente del SAT, recibió en su momento la advertencia de que el sistema de escaneo no funcionaba; sin embargo, aseguró que se trataba del paquete para la plataforma que había vendido y recomendado Oracle, y que correspondía a las más avanzadas prácticas internacionales. Además, los recursos no han faltado y tampoco se han limitado a los 82 millones de dólares previstos originalmente para el proyecto.

Los fideicomisos que aún controlan las operaciones de las aduanas y de ISOSA cuentan con recursos de sobra que no serán auditados por los organismos de fiscalización y rendición de cuentas. Por cada pedimento aduanero se pagan 161 pesos, de los cuales el SAT se queda con 125. Son más de 7.5 millones de pedimentos al año, lo que representa ingresos por 937.5 millones de pesos anuales. La SHCP habría dado instrucciones de invertir más de 350 millones de dólares, provenientes de las aduanas, en compras de actualización tecnológica, servidores y servicios de consultoría.

Silencio cómplice

Hasta ahora la autoridad tributaria no ha ofrecido una explicación convincente sobre el retraso de más de siete meses que presenta la nueva plataforma tecnológica, cuya construcción y operación se contrató con la compañía estadunidense Oracle.

El SAT mantiene silencio total sobre los incumplimientos en los que ha incurrido el contratista extranjero, cuyos directivos se limitan a remitir a las autoridades hacendarias todas las preguntas sobre los problemas para poner en marcha el proyecto tecnológico más ambicioso y caro del gobierno federal.

Consta en documentos del propio SAT que, sin haber concluido ni siquiera el 50 por ciento del proyecto, la dependencia ejerció casi por completo el presupuesto de 82 millones dólares, obtenido a partir del crédito con el Banco Mundial.

Aún más, en sus libros blancos e informes sobre rendición de cuentas, el SAT no reconoce los problemas con Oracle, los cuales ya eran evidentes desde 2004. En cambio, sí informa brevemente sobre la modificación al contrato original con esa empresa extranjera para justificar cómo mediante la suscripción de un tercer convenio modificatorio, avalado a finales de 2005 con la “no–objeción” del Banco Mundial, y que incluyó el documento denominado “Estatus del Proyecto”, los recursos erogados en este acuerdo, sin precisar el monto, se destinaron principalmente al pago de compromisos contractuales de este subproyecto.

A pesar de las evidencias de irregularidades, el responsable de SAT declaró ante un grupo de legisladores y la prensa, que aunque el gobierno mexicano podría revocar el contrato con Oracle, han decidido no hacerlo para evitar mayores sobrecostos.

Zubiría Maqueo también ha negado que renuncie al SAT, pues ahora acumula a sus metas la puesta en operación, si es que se aprueba en el Poder Legislativo, la reforma fiscal propuesta por Felipe Calderón.

Las evidencias sólo sugieren que las causas del costoso retraso no son sólo atribuibles a Oracle y que, al interior del SAT, se encontraron problemas adicionales para echar andar el gigantesco proyecto en el que participaron la Administración General de Asistencia al Contribuyente, la Administración General de Innovación y Calidad y la Administración General de Recaudación.

Está confirmado por funcionarios del organismo tributario que esta plataforma puso a temblar a los grupos de poder al interior del SAT. La transparencia en las operaciones de cada área, pero sobretodo el acceso homogéneo a la administración de auditorias y a todo tipo de diligencias para lograr la recaudación o sancionar la evasión y la elusión, contribuirían a reducir las prácticas de corrupción.

La resistencia era previsible. Lo que no resulta lógico es que ante los supuestos incumplimientos, el SAT no sólo no dé a conocer las sanciones que debe aplicar a Oracle, sino que ahora se conozca que pactó con este proveedor modificaciones al contrato marco que incluye adquisiciones multianuales de equipo y servicios de outsourcing.

El Banco Mundial ya preveía ciertos factores de riesgo en el proyecto: la resistencia y posibles boicots de los trabajadores sindicalizados del SAT para aplicar el cambio tecnológico, la pérdida de documentos y el peligro de la reconstrucción total de bases de datos.

En tanto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó a la Contraloría Interna del SAT los documentos que respaldan el contrato con Oracle, pero extrañamente la respuesta de las autoridades hacendarias ha sido negativa.

La única información con la que cuenta la ASF sobre la Plataforma Integral del SAT en proceso de construcción, es la del contrato SAT–CS–309–AD–M 027/04 CME, firmado con People soft de México y Oracle para la modernización e integración de los servicios informáticos, lo que representó en 2004 la erogación de 351.4 millones de pesos.

Los números “públicos”

Entre 2003 y 2005, el SAT invirtió en la fallida plataforma 499.1 millones de pesos, unos 50 millones de dólares, casi el monto total del préstamo otorgado por el Banco Mundial y que firmó, por cierto, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, en ese momento subsecretario de Ingresos. Aún falta definir si también ya se esfumaron los 30 millones de dólares que el gobierno mexicano se comprometió a invertir en este proyecto.

Nafin es la entidad responsable de la administración del crédito por 82 millones de dólares otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial. El banco de desarrollo que dirige Mario Laborín, también recibió el mandato de supervisar la ejecución del proyecto, así que podría ser llamado a cuentas por el Congreso.

Ahora, con muy pocos resultados, Agustín Carstens deberá decidir si paga el monto del principal del financiamiento contratado con el Banco Mundial o decide aplicar los cinco años de gracias contemplados en el contrato de financiamiento.

El pasado 30 de junio venció el plazo para que el gobierno mexicano pague el préstamo a tres años, fecha que se acordó tomando en cuenta que para ese momento, el gobierno mexicano ya se vería beneficiado de una mayor recaudación gracias a la nueva plataforma tecnológica. Ahora, el gobierno mexicano se enfrenta al peor de los mundos: endeudado y sin resultados, y con la Auditoría indagando las múltiples irregularidades. La más reciente temporada para presentar declaraciones anuales puede dar cuenta de ello.

Al interior del SAT, de acuerdo con informes proporcionados por funcionarios del propio organismo, se asegura que el proyecto tecnológico no sólo ha exigido de la inversión de 82 millones de dólares, sino que podría alcanzar más de 450 millones de dólares, lo que significaría que nos encontramos frente a uno de los robos más grandes a los contribuyentes.

Entre 2003 y 2006 el presupuesto anual promedio del SAT se ha ubicado en al menos 900 millones de dólares; el gasto en infraestructura no ha rebasado el uno por ciento por ejercicios, ya que más del 98 por ciento de los recursos que se asignan al SAT en el Presupuesto de Egresos, se dirigen a gasto corriente. Léase personal, consumibles, administración de la base tributaria y cobranza.

Así, en los últimos tres años, la inversión en infraestructura en el SAT habría alcanzado los 80 millones de dólares. Por ello, asegurar que la Plataforma Integral contratada con Oracle habría absorbido no el 3 por ciento sino el 30 por ciento, nos colocaría frente a un gran fraude que se perpetró con el Banco Mundial como testigo.

Por ello, es necesario mantener la atención sobre la enorme sangría que podría registrar el país una vez más. El problema crece cuando se analiza la infraestructura con la que ya contaba el SAT y que, prácticamente, se duplicó con la firma del contrato con Oracle.

Con el proyecto Cemex Way, la SHCP decidió concentrar todas las áreas informáticas del SAT en la Administración General de Comunicaciones y Tecnología de la Información (AGCTI) de la Información; por lo que, según las fuentes, el proyecto Plataforma de Solución Integral debió asignarse a esa área y no crear una nueva, a cargo de Jorge Luis Ibarra.