A punto de dejar la presidencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ¿qué secreto guarda José María Zubiría Maqueo sobre las verdaderas causas del retraso por siete meses que presenta la nueva plataforma tecnológica, cuya construcción y operación se contrató con la compañía estadunidense Oracle?

¿Por qué, hasta ahora, el SAT mantiene un silencio cómplice sobre los incumplimientos en los que ha incurrido el contratista extranjero, cuyos directivos se limitan a remitir a las autoridades hacendarias –como si se tratara de sus voceros– todas las preguntas sobre los problemas para poner en marcha el proyecto tecnológico más ambicioso y caro del gobierno federal?

¿Por qué –como consta en documentos del propio SAT– sin haber concluido ni siquiera el 50 por ciento del proyecto se ejerció casi por completo el presupuesto de 52 millones dólares, obtenido a partir de un crédito con el Banco Mundial?

Aún más, en sus libros blancos e informes sobre rendición de cuentas, el SAT no reconoce los problemas con Oracle, los cuales ya eran evidentes desde 2004. En cambio, sí informa brevemente sobre la modificación al contrato original con Oracle, para justificar cómo mediante la suscripción de un tercer convenio modificatorio, avalado a finales de 2005 con la “no–objeción” del Banco Mundial y que incluyó el documento denominado “Estatus del Proyecto”, los recursos erogados en este acuerdo, sin precisar el monto, se destinaron principalmente al pago de compromisos contractuales de este subproyecto.

Entonces, ¿cómo es que el responsable de SAT se atreve a declarar ante la prensa y legisladores que aunque el gobierno mexicano podría revocar el contrato con Oracle, han decidido no hacerlo para evitar mayores sobrecostos? En esta historia alguien miente o, simplemente, ha decidido no contar a los contribuyentes la historia completa de cómo una vez más nos saquean empresas extranjeras con el beneplácito de funcionarios corruptos.

Las evidencias sólo sugieren que las causas del costoso retraso no son sólo atribuibles a Oracle y que, al interior del SAT, se encontraron problemas adicionales para echar andar el gigantesco proyecto en el que participaron la Administración General de Asistencia al Contribuyente, la Administración General de Innovación y Calidad que encabeza y la Administración General de Recaudación.

Está confirmado por funcionarios del organismo tributario que esta plataforma puso a temblar a los grupos de poder al interior del SAT. La transparencia en las operaciones de cada área pero sobretodo el acceso homogéneo a la administración de auditorias y a todo tipo de diligencias para lograr la recaudación o sancionar la evasión y la elusión, contribuirían a reducir las prácticas de corrupción.

La resistencia era previsible. Lo que no resulta lógico es que ante los supuestos incumplimientos, el SAT no sólo no dé a conocer las sanciones que debe aplicar a Oracle, sino que ahora se conozca que pactó con este proveedor modificaciones al contrato marco que incluye adquisiciones multianuales de equipo y servicios de outsourcing.

El Banco Mundial ya preveía ciertos factores de riesgo en el proyecto: la resistencia y posibles boicots de los trabajadores sindicalizados del SAT para aplicar el cambio tecnológico, la pérdida de documentos y el peligro de la reconstrucción total de bases de datos.

En tanto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó a la Contraloría Interna del SAT los documentos que  respaldan el contrato con Oracle, pero extrañamente la respuesta de las autoridades hacendarias ha sido negativa, como si esta entidad pública del gobierno mexicano tratara de encubrir las corruptelas extrajeras.

La única información con la que cuenta la ASF sobre la Plataforma Integral del SAT en proceso de construcción, es la del contrato SAT–CS–309–AD–M 027/04 CME firmado con People soft de México y Oracle, para la modernización e integración de los servicios informáticos, lo que representó en 2004 la erogación de 351.4 millones de pesos.

En total, entre 2003 y 2005 el SAT invirtió en la fallida plataforma 499.1 millones de pesos, unos 50 millones de dólares, casi el monto total del préstamo otorgado por el Banco Mundial y que firmó, por cierto, Agustín Carstens, en ese momento subsecretario. Aún falta definir si también ya se esfumaron los 30 millones de dólares que el gobierno mexicano se comprometió a invertir en este proyecto.

Nafin es la entidad responsable de la administración del crédito por 52 millones de dólares otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial. El banco de desarrollo que dirige Mario Laborín, también recibió el mandato de supervisar la ejecución del proyecto, así que podría ser llamado a cuentas por el Congreso.

Tiempo de pagar

Ahora, con muy pocos resultados, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, deberá decidir si paga el monto del principal del financiamiento contratado con el Banco Mundial o decide aplicar los cinco años de gracias contemplados en el contrato de financiamiento.

El pasado 30 de junio se venció el plazo para que el gobierno mexicano pague el préstamo a tres años, fecha que se acordó tomando en cuenta que, para ese momento, el gobierno mexicano ya se vería beneficiado de una mayor recaudación gracias a la nueva plataforma tecnológica. Ahora, el gobierno mexicano se enfrenta al peor de los mundos: endeudado y sin resultados, y con la Auditoría indagando las irregularidades. La más reciente temporada para presentar declaraciones anuales puede dar cuenta de ello.

Al interior del SAT, de acuerdo con informes proporcionados, se asegura que el proyecto tecnológico no sólo ha exigido de la inversión de 82 millones de dólares, sino que podría alcanzar más de 450 millones de dólares, lo que significaría que nos encontramos frente a uno de los robos más grandes a los contribuyentes.

Pero vale la pena analizar dichas versiones: entre 2003 y 2006 el presupuesto anual promedio del SAT se ha ubicado en al menos 900 millones de dólares; el gasto en infraestructura no ha rebasado el uno por ciento por ejercicios, ya que más del 98 por ciento de los recursos que se asignan al SAT en el Presupuesto de Egresos, se dirigen a gasto corriente. Léase personal, consumibles, administración de la base tributaria y cobranza.

Así, en los últimos tres años, la inversión en infraestructura en el SAT habría alcanzado los 80 millones de dólares. Por ello, asegurar que la Plataforma Integral contratada con Oracle habría absorbido no el 3 por ciento sino el 30 por ciento, nos colocaría frente a un gran fraude que se perpetró con el Banco Mundial como testigo.

Por ello, es necesario mantener la atención sobre la enorme sangría que podría registrar el país una vez más. En el SAT además campean todo tipo de versiones sobre la relación de Oracle con la empresa Hildebrando, de Diego Hildebrando Zavala, cuñado del presidente Felipe Calderón. Esta compañía recibió varios contratos del SAT para el diseño del Sistema Júpiter versión 2, los cuales, según reporta el organismo, si reportaron observaciones en su proceso de ejecución.

Se trata, sin embargo, de información que deberá confirmarse, pero que ocupa la atención de los trabajadores del SAT, quienes con azoro observan cómo los contratos de terciarización de servicios de Oracle no sólo ocupan la infraestructura del SAT sino los salarios de 150 personas.

Además señalan que la contratación de Peoplesoft, ahora Oracle, no tuvo razón de ser: en 2004, el SAT ya contaba con una plataforma tecnológica denominada Cemex Way, desarrollada por Neoris, filial de la cementera de Lorenzo Zambrano (Contralínea 80).

Con el proyecto Cemex Way, la SHCP decidió concentrar todas las áreas informáticas del SAT en la Administración General de Comunicaciones y Tecnología de la Información (AGCTI) de la Información; por lo que, según las fuentes, el proyecto Plataforma de Solución Integral debió asignarse a esa área y no crear una nueva, a cargo de Jorge Luis Ibarra.

Zubiría pretendió ignorar que algo andaba mal con el proyecto. Antes del 31 de diciembre del año pasado, cuando concluyó el plazo formal de ejecución, todos los lunes en la tarde se reunían el presidente del SAT y los administradores generales de Recaudación, Asistencia al Contribuyente, Grandes Contribuyentes, Tecnología de la Información, Innovación y Calidad, Jurídico, así como el encargado de la plataforma y el titular del Órgano Interno de Control, Jorge Camarena.

En esas juntas se ventilaban los problemas del proyecto, pero sin repercusión alguna para la empresa y los servidores públicos responsables de los retrasos. Allí se tomaron decisiones incorrectas, como la reducción del alcance y la disminución de pruebas. Aún más, antes de la adquisición ni siquiera se hicieron pruebas o benchmarking. Para muestra basta un botón, la plataforma DARIO: en 1995, la  Subsecretaría de Ingresos impulsó dicho proyecto, que es muy similar a Solución Integral, y fue un fracaso. El personal de Administración General de Comunicaciones y Tecnología de la Información tardó años en estabilizar las fallas. Creado en 1995 el proyecto SIF, habría sido otro fraude similar. En su momento, las autoridades culparon a los proveedores por incumplimiento.

Detienen a financiero

Claudio Visintini Freschi fue aprehendido por la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República al ejecutarse la orden de aprehensión en las puertas de su lujosa residencia en las Lomas de Chapultepec. La orden de captura la dictó en su contra el Juez Décimo Primero de Distrito en Naucalpan. Su encarcelamiento duró sólo 36 horas después de pagar una pequeña fianza e 15 mil pesos.

El financiero Visintini ha burlado la acción de la justicia –ya que tiene dictada en su contra otra orden de aprehensión de fraude por el Juez Segundo de Distrito del Reclusorio Norte– y para evitar ser sometido a las autoridades judiciales ha recurrido de manera abusiva y fraudulenta a la interposición de numerosos amparos en diversos estados de la República Mexicana; con el propósito de darle intervención a los diferentes jueces federales de provincia, Claudio Visintini miente y omite intencionalmente la información a la que lo obliga la ley y al obtener engañosamente la suspensión de las órdenes de aprehensión, de acuerdo con las leyes vigentes, se incurre en una infracción caracterizada como un delito. 

Como consecuencia de la discusión a nivel nacional del régimen penal de la suspensión provisional en los juicios de amparo a que dio lugar el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, las autoridades legislativas, judiciales y de el Ejecutivo enfocaron su atención sobre el ejercicio abusivo del amparo, que de ser un instrumento de legalidad y adecuación constitucional de los actos de las autoridades en el país, se ha transformado en un medio del que abusan litigantes de mala fe para obtener privilegios injustificados a sus clientes entonces el amparo se convierte en un método de impunidad que acarrea graves problemas sociales como viene sucediendo en casos notables relacionados con el crimen organizado.