En La verdad sea dicha, programa televisivo que conduce Andrés Manuel López Obrador en Tv Azteca, su oficial mayor cuando ocupó la jefatura de gobierno del Distrito Federal y actual “secretario para la honestidad y austeridad republicana del gobierno legítimo”, Octavio Romero Oropeza, acusó de tráfico de influencias a Felipe Calderón, a su secretario particular César Nava y a Emilio Baños Urquijo, esposo de Cecilia Romero, comisionada del Instituto Nacional de Migración y suegra de César Nava, por su supuesta intervención en un litigio entre Petróleos Mexicanos y el municipio de Coatzacoalcos para la construcción de un túnel en ese puerto y que generó pérdidas a esa empresa petrolera por 220 millones de pesos y por 400 millones a Banobras cuando Felipe Calderón fue su director general.

La información relatada por Romero Oropesa fue reproducida en el noticiero radiofónico que conduce la periodista Carmen Aristegui y también por el diario La Jornada, lo que motivó una respuesta del secretario particular del presidente de la República, en donde César Nava rechaza las acusaciones que se le hacen cuando era responsable del área jurídica de Pemex: niega que Pemex haya contratado un despacho de abogados para enfrentar un juicio derivado de un adeudo producto de la omisión del pago del impuesto de traslación de dominio, con motivo de la constitución de las cuatro empresas filiales de Pemex Petroquímica ubicadas en los municipios de Coatzacoalcos y Cosoleacaque.

Pero la historia de esta información se remonta a 2005, cuando en los meses de junio y julio de ese año las revistas Contralínea y Fortuna dieron a conocer por primera vez la denuncia presentada a la Secretaría de la Función Pública por el abogado Rogelio Martínez Hernández, apoderado legal de Petroquímica Cosoleacaque, lo que motivó que se abriera un expediente, pues ningún funcionario imaginaba en ese entonces que dos años después Calderón llegaría a la Presidencia de la República y César Nava sería su secretario particular.

El caso se mantuvo abierto uno meses, hasta que el contralor interno de Pemex Petroquímica determinó cerrarlo bajo argumentos de que no había elementos para proceder en contra de los involucrados, según se relata en un oficio enviado en 2005 por Función Pública al abogado que presentó la queja y cuya copia está en poder de Contralínea.

La publicación de esa investigación periodística de Contralínea motivó a miembros del equipo de López Obrador a solicitar dichas ediciones con el compromiso de que si la hacían pública darían el crédito correspondiente a las revistas, sin embargo el secretario de la “honestidad” olvidó de dónde sustrajo la información y sin prueba alguna, porque la documentación oficial en poder de Contralínea no les ha sido proporcionada hasta ahora, se lanzó junto con López Obrador a hacer acusaciones en contra de los panistas que ocupan la residencia oficial de Los Pinos.

La historia completa 

Esta es una de las dos informaciones que la reportera Ana Lilia Pérez escribió a mediados de 2005 en Contralínea y Fortuna:

Con nuevos datos que prueban que Vicente Fox conoció el fraude a los embargos de Petroquímica, Contralínea enriquece la información sobre el señalamiento contra César Nava Vázquez, ex abogado general de Pemex y yerno de la senadora panista Cecilia Romero, por los delitos de fraude, prevaricato y daño patrimonial.

Abogados de Pemex coludidos con Marcelo Montiel Montiel, ex alcalde de Coatzacolacos, Veracruz, fraguaron un fraude a Pemex Petroquímica para demandarle un millonario pago de impuestos ilegales que implicó el embargo y paralización de las plantas productoras, con daños económicos aún no cuantificados, además de un pago ilegal de 220 millones de pesos, cuyo destino se desconoce.

Antes de que concluyera el proceso fraudulento, uno de los abogados que participaron en él, Rogelio Martínez Hernández –entonces apoderado legal de Petroquímica Cosoleacaque–, reportó el asunto a Francisco Barrio Terrazas, titular de la Secodam (hoy Secretaría de la Función Pública), y posteriormente al presidente Vicente Fox Quesada.

Cuando Eduardo Romero Ramos relevó en la Contraloría a Barrio, fue el responsable de archivar el expediente por tiempo indefinido apenas cuatro meses después de que Rogelio Martínez Hernández denunciara al panista César Nava ante el mandatario mexicano.

Como se describe en Contralínea, el 7 de junio de 2005 el entonces alcalde de Coatzacolacos, Marcelo Montiel Montiel –hoy diputado priista del Congreso veracruzano– presentó una denuncia contra Pemex Petroquímica para demandar el pago de impuestos predial y de traslado de dominio desde 1997 a esa fecha en todas las instalaciones de la paraestatal al estado.

La denuncia era improcedente, pues al ser instalaciones de una paraestatal, ninguna de Petroquímica estaba sujeta a gravamen alguno. De ello conocían tanto las autoridades estatales como los funcionarios de Pemex, ya que en 1997 el gobierno de Veracruz emitió un documento en que se exime a la empresa de todo gravamen.

En el oficio número DGI/DATEF/SU8/000066/97 del 14 de agosto de 1997, el director general de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, Miguel Álvarez de Asco, notificó a Mario González Petrikowsky, subdirector de Administración y Finanzas de Petroquímica que:

“No son sujetos obligados al pago de dicho gravamen las filiales de Pemex–Petroquímica, Petroquímica Cangrejera, SA de CV, Petroquímica Morelos, SA de CV, Petroquímica Pajaritos SA de CV, Petroquímica Cosoleacaque SA de CV, y Petroquímica Escolín, SA de CV, de conformidad con lo estipulado en los artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º fracción II, y 46 fracción II inciso a) de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal…”.

Aunque la demanda que presentó Marcelo Montiel era improcedente, se le dio trámite con la complicidad de los mismos empleados de Pemex. Entre demandante y demandado se registraron graves irregularidades para crear este fraude contra la paraestatal más importante del país.

Por parte del ayuntamiento por ejemplo, aunque el municipio cuenta con un departamento jurídico y de acuerdo con la Ley de Municipios a ellos compete atender la demanda, Marcelo Montiel Montiel contrató a un despacho de abogados propiedad del contador público Jesús Antonio Macías Yazegey a quienes pagó 44 millones de pesos por dos notificaciones notariales.

En Pemex las irregularidades alcanzaron al entonces abogado general de Petróleos Mexicanos, César Nava Vázquez y a un grupo de litigantes bajo su mando, entre ellos Héctor Durán Benítez, jefe de la Unida de Servicios Jurídicos en Petróleos Mexicanos; Juan Agustín López Huesca, jefe de la Unidad Jurídica de Pemex Petroquímica, y Rogelio Martínez Hernández, jefe de la Unidad Jurídica de Petroquímica Cosoleacaque. 

En abril de 2002 Marcelo Montiel presentó la denuncia contra Pemex Petroquímica y mientras se fraguaba el fraude, Rogelio Martínez Hernández denunció el ilícito, antes de que se pagaran los impuestos, ante la Presidencia de la Rpública y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.

Tales denuncias –cuya copia obran en poder de Contralínea– confirman la intención de los funcionarios federales panistas por proteger a César Nava.

El 24 de mayo de 2002 Martínez Hernández presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control de Petroquímica Cosoleacaque y fue turnada al Órgano Interno de Pemex Petroquímica. En ella se habla del posible daño patrimonial contra Pemex a través del cobro indebido de impuestos.

Luego, el 18 de junio de 2002, el entonces abogado general de Pemex ordenó a los abogados negociar antes de que el caso concluyera en tribunales. Esto mediante un dictamen que indica: “Se concluye que es conveniente negociar el pago de impuestos de traslación de dominio determinado por el Ayuntamiento de Coatzacoalcos”.

Y es que según Nava Vázquez “los bienes de las empresas filiales no son propiedad de la Federación”; es decir para el abogado Petroquímica no era parte de Pemex.

Los argumentos del ex abogado de Pemex, César Nava violan la Constitución y faltan a la Ley General de Bienes Nacionales que en su artículo primero establece que el patrimonio nacional se compone tanto de bienes de dominio público de la Federación y de bienes de dominio privado de la Federación.

Un mes después de que César Nava autorizara el ilegal pago de impuestos, el abogado Rogelio Martínez recibió el oficio número 18/578.1/338/02 adonde el órgano Interno de Control le notifica que se dio por concluida su denuncia y se “decidió archivar el asunto.”

Por esos mismos días, César Nava despidió al abogado Rogelio Martínez.

El 4 de agosto de 2002, Rogelio Martínez envió una carta a Francisco Barrio Terrazas, entonces titular de la Secodam, en la que le detallaba el fraude contra Pemex y que al denunciarlo ante los órganos internos de control fue despedido en represalia por el abogado general de la paraestatal.

El documento indica:

“Derivado de la denuncia que presenté, fui objeto de amenazas y represalias por mis superiores inmediatos desde esa propia fecha hasta llegar al grado de que, el 8 de mayo actual se me citó a una investigación que se llevaría a cabo al día siguiente a partir de las nueve de la mañana; y así ocurrió, que el nueve siguiente, después de una audiencia inquisitoria que duró casi 10 horas, en la cual se me dijo que regresara dos horas después a firmar la resolución que al efecto se iba a dictar (cuestión por demás extraña, porque luego de una diligencia tan larga, lo menos que se puede esperar es que se tome en cuenta lo allí expresado), en forma indebida y en franca violación a mis derechos laborales se me rescindió el contrato laboral que signé con Petroquímica Cosoleacaque, sin valorar las pruebas documentales ofrecidas en la investigación para mi defensa ni mis argumentos expresados, ya que sólo se me dijo que había línea ‘de arriba’ para perjudicarme por haber denunciado ante la SECODAM, los hechos mencionados”. 

Sin recibir respuesta de la Secodam, el abogado Rogelio Martínez envió un reporte a Vicente Fox Quesada de fecha 12 de junio de 2003.

Su informe fue respondido por Laura Carrera Lugo en su carácter de coordinadora de Atención Ciudadana (folio 1226997–30). Tal informe detalla, entre otros, los montos por los que se pretendía embargar toda el área Petroquímica en Veracruz, que ascienden a 857 millones de pesos.

Además describe todas las irregularidades en torno al caso y “con fundamento al artículo octavo de la Constitución”, el ex funcionario de Pemex solicitó una comisión especial que investigara los hechos reportados e incluso se ofreció como coadyuvante en las indagatorias. Sin embargo tampoco hubo respuesta.

En el afán por encubrir el ilícito de César Nava, cuya disposición dio lugar a delitos de omisión, prevaricato, fraude y daño patrimonial en contra de Petroquímica, además de daños materiales y económicos aún no cuantificados por el embargo en que se mantuvo a las plantas por varias semanas, el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, mandó archivar el expediente en octubre de 2003 por tiempo indefinido y con carácter de “confidencial”.