En una carta enviada a este espacio la exdirectora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, Lilia Cortés García, hace la siguiente denuncia:

“A lo largo de 44 meses he llevado a las esferas más altas del derecho, de la justicia y de la rendición de cuentas de nuestro país, las múltiples violaciones de mis derechos y garantías más incipientes que he sufrido desde el mes de agosto de 2002, a manos de la doctora Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, quien se ostentó como Directora General de Programación y Presupuesto A de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que increíblemente el 11 de mayo del año pasado fue nombrada Oficial Mayor de la Procuraduría General de la República, por lo que he sido víctima de una gran cantidad de injusticias y múltiples delitos graves maquinados por la citada doctora Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, delitos que no solo me lastiman a mí como víctima directa, sino que en por lo menos 18 delitos federales denunciados de manera inevitable perjudican y hieren a la Nación, a la Administración Pública y al Presidente de la República”.

Con esta acusación a la oficial de mayor de la PGR, la exfuncionaria de Hacienda también entregó copia de una denuncia presentada el 28 de marzo en la PGR y dirigida al procurador Daniel Cabeza de Vaca, en donde dice que por debajo de la puerta de su domicilio recibió un sobre cerrado sin remitente que contenía dos hojas en copia fotostática de pólizas de pago de esa Procuraduría con cargo a nómina confidencial por diversos montos a favor de el doctor José Luis Soberánes Fernández, presidente de la CNDH, y de Eduardo Romero Ramos, secretario de la Función Pública, así como de otros ocho servidores públicos.

En su acusación, Lilia Cortés García asegura que “dichos funcionarios han intervenido directamente en la substanciación, integración y resolución de las múltiples quejas y averiguaciones previas derivadas de las denuncias que he realizado precisamente en esas instancias normativas y órganos de gobierno, y que se deduce que dichas asignaciones presupuestales fueron autorizadas por la C. Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, quien se desempeña desde el pasado 11 de mayo de 2005 como Oficial Mayor de esa Procuraduría General de la República a su digno cargo, siendo esta funcionaria la misma persona a quien he denunciado ante 47 instancias normativas nacionales y 9 internacionales por la comisión de innumerables delitos federales, entre los que se encuentran:

“Tráfico de influencias; usurpación de funciones; falsedad de declaraciones; abuso de autoridad; robo; desvío de recursos federales; corrupción; peculado; violación a la Constitución y leyes que de ella emanan en materia administrativa, presupuestal, laboral, transparencia en la función pública; violación a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; violación flagrante de las garantías individuales, derechos humanos, civiles, laborales y de género; acoso; hostigamiento; amenazas; violencia moral; promoción de conductas ilícitas; intimidación; uso indebido de recursos públicos; violencia psicológica; delincuencia organizada en el manejo de recursos federales y lo que resulte.”

Las supuestas pólizas de la PGR

El secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, y el presidente de la CNDH, doctor José Luis Soberanes Fernández, son acusados junto con otros ocho funcionarios de recibir presuntos sobornos por más de 16 millones de pesos de manos de la oficial mayor de la PGR con el propósito de frenar las investigaciones en su contra que acumula por diversos delitos.

Las supuestas evidencias de corrupción que tiene en su poder Lilia Cortés son dos documentos “oficiales”, uno de los cuales en su parte superior tiene las siglas de la PGR y la leyenda con mayúsculas “PÓLIZA DE PAGO CON CARGO A NÓMINA CONFIDENCIAL POR APOYO A INVESTIGACIÓN Y/O ASIGNACIÓN DE REMUNERACIONES OFICIALÍA MAYOR 73540434”.

Con fecha del 12 de agosto de 2006, esta póliza tiene la firma presuntamente de la oficial mayor de la PGR, Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, y detalla movimientos financieros justificados bajo el capítulo 1000, clave de pago 91OM0096459, tipo de movimiento “Extraordinario”, antecedente No. 18634, No. Póliza OM/127465/05, Partida 1509, Región Centro, Zona 009, Clasificación 001, Prioridad “URGENTE”, acceso 215/05, egreso 564/05, actividad apoyo institucional, justificación O Superior, Dependencia Expedidora Dir. P.

De acuerdo con el documento y con la adscripción de “Investigación”, cuatro funcionarios de mandos superiores de la Secretaría de la Función Pública, encabezados por su titular Eduardo Romero Ramos, habrían recibido 10.05 millones de pesos extraídos del erario por parte de la oficial mayor Cecilia Barra y Gómez Ortigoza.

Según la supuesta póliza, la Oficialía Mayor destinó 5 millones de pesos al secretario Romero Ramos; otros 2.5 millones fueron para la titular del Órgano Interno de Control de la SFP, Aída Amanda Córdoba Chávez, aunque el documento tiene el error de los apellidos invertidos: Chávez Córdoba, y otros dos servidores públicos: Dora Alicia Rodríguez López, con un monto de 2.5 millones, y Gabriel Antonio Fararoni Rodríguez, sólo con 50 mil pesos.

Esta póliza con carácter de “URGENTE” tiene sellos de revisión y registro 27465, de recibido con fecha 12 de agosto de 2005, un sello de “PAGADO”, la firma de visto bueno de un director general y las siglas de instituciones bancarias: HSBC, Banamex y Banejército, de las cuales los recursos para el presunto soborno habrían salido de HSBC.

Estos supuestos documentos oficiales fueron mostrados a la funcionaria de la PGR directamente involucrada, la oficial mayor Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, quien rechazó categórica haberlos elaborado y mucho menos firmado, y dijo que se trata de una “mala falsificación” de su rúbrica y de las pólizas que se utilizan en la Procuraduría.

Sin embargo, la exdirectora de asuntos jurídicos de la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, Lilia Cortés García, afirma que las pólizas salieron de la Oficialía Mayor de la PGR y acusa directamente a Barra y Gómez Ortigoza de realizar esos sobornos y cohechos para comprar impunidad sobre los procesos y expedientes abiertos en su contra en la Secretaría de la Función Pública y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Por lo que respecta a la PGR, también ha habido reparto de dinero interno para frenar las averiguaciones previas en su contra y lograr que se les dé carpetazo”, agrega Cortés García.

Para verificar y confrontar la información que menciona directamente al titular de la Función Pública, se buscó entrevistar al secretario Eduardo Romero, pero ni en su oficina ni en la Dirección General de Comunicación Social aceptaron responder las constantes llamadas telefónicas hechas desde hace más de un mes.

De la segunda póliza relativa al supuesto pago de PGR por 6 millones de pesos para “comisiones de investigación” a seis funcionarios de la CNDH, el documento tiene la fecha del 27 de octubre de 2005, el logotipo de la PGR y la misma leyenda “POLIZA DE PAGO CON CARGO A NÓMINA CONFIDENCIAL POR APOYO A INVESTIGACIÓN Y/O ASIGNACIÓN DE REMUNERACIONES OFICIALÍA MAYOR”.

El capítulo presupuestal de donde habrían salido las partidas de dinero corresponde al número 1000, la partida 1509, la clave de pago es 91OM0101079, el tipo de movimiento es “Extraordinario”, el antecedente tiene el número 19755, la póliza número OM/1998/05, la región Centro, la Zona 009, la clasificación 001, prioridad “URGENTE”, el acceso 36905 y el egreso 882/05, la actividad de “Apoyo institucional”, la justificación O Superior, la dependencia Expedidora Di. P.

En la lista de asignaciones de recursos de la póliza 5 millones de pesos corresponden al doctor José Luis Soberanes Fernández, presidente de la CNDH; Susana Talía Pedroza de la Llave, 2ª Visitadora General, 500 mil pesos; Fernando Batista Jiménez, director general de la 2ª Visitaduría, 250 mil pesos; Arturo González Piñón, director de Área de la 2ª Visitaduría, 100 mil pesos; Salvador Arias Ruelas (en el documento tiene como error el segundo apellido: Ramírez), director de Área de 2ª Visitaduría, 100 mil pesos, y Rodolfo Rueda Martínez, visitador adjunto, sólo 50 mil pesos.

Igual que la primera póliza, ésta tiene la supuesta firma de Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, cuenta con sellos de codificación, de recibido y de “PAGADO”. Además las siglas de la institución bancaria de donde habrían salido los fondos: HSBC.

Igual como se hizo con la Secretaría de la Función Pública, se buscó entrevistar al ombudsman José Luis Soberanes para que diera su opinión sobre esta póliza que le acredita supuestos pagos de PGR para investigaciones por 5 millones de pesos, pero sólo recibió el documento y en la CNDH informaron que harían una investigación al respecto.

La investigación de la CNDH

En un escrito de dos cuartillas, la CNDH afirma sobre dichas pólizas que son un “libelo acusatorio contra servidores públicos de la CNDH”, y añade que “al tener conocimiento de la existencia de un libelo surgido aparentemente de archivos de la propia PGR, se solicitó indagar el origen del mismo y determinar pericialmente las características de las firmas, sellos, logotipos y otros elementos que aparecen en éste, con la finalidad de hacer evidente su carácter apócrifo y complementar así las acciones legales iniciadas contra quien (es) resulte (n) responsable (s) del mismo”.

En cuanto al caso de Lilia Cortés que revisó la CNDH, esta informa que el 15 de febrero de 2005 el Senado de la República emitió un punto de acuerdo en el que se solicita al presidente de la CNDH iniciar una investigación formal en torno a la presunta violación de los derechos humanos, laborales y civiles de Lilia Cortés. Por ello, personal de la Segunda Visitaduría General se reunió con la quejosa y se abrió el expediente por presuntas violaciones.

La Comisión solicitó de inmediato información a la PGR, al Órgano Interno de Control de la SHCP, a la SFP y al TFCA, autoridades señaladas por Lilia Cortés como responsables. También se revisaron los procedimientos administrativos del Órgano Interno de Control, del expediente del juicio laboral y de las averiguaciones previas en las que Lilia Cortés era parte denunciante y probable víctima del delito, diligencias a las que acudió la propia quejosa con el personal de la CNDH y de las cuales se levantaron las correspondientes actas circunstanciadas.

En este expediente, previa vista que se dio a la quejosa de los informes rendidos a la CNDH por las autoridades presuntamente responsables, a efecto de que aportara elementos de convicción para acreditar su pretensión, “no se acreditaron violaciones a derechos humanos en perjuicio de la señora Cortés por parte del OIC de la SHCP, de la SFP ni del TFCA”.

Sí en cambio, la CNDH encontró “diversas anomalías en la integración de una averiguación previa de la PGR, por lo que mediante procedimiento conciliatorio se determinó que se vulneraron – en perjuicio de la C. Lilia Cortés – los derechos fundamentales contenidos en los artículos 20 y 21 constitucionales, por lo cual se solicitó dar vista al Órgano Interno de Control para que iniciara el procedimiento de responsabilidades correspondiente, lo cual la PGR aceptó e inició el expediente administrativo respectivo en contra de los servidores públicos responsables de la integración de la indagatoria de mérito”.