A finales del año pasado dimos cuenta en esta columna de la confrontación que ya se preveía entre los gobiernos de México y de Estados Unidos con motivo del tráfico de drogas, de la lucha en contra de bandas de narcotraficantes y el problema de la migración. Comentábamos que las pugnas habían llegado a tal grado que desde julio del año pasado el embajador estadounidense Tony Garza había enviado una carta clasificada como “personal y confidencial” al procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, en donde lo exhortaba a replantear los ajustes promovidos al interior de la PGR para fortalecer al subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, pero como dicha advertencia promovida desde Washington nunca la entendió el notario convertido en procurador, las amenazas de la administración Bush van en aumento y en los últimos días hasta el presidente Vicente Fox ha tenido que salir al paso a las duras críticas del gobierno de Estados Unidos.

Sólo para recordar algunas de las medidas adoptadas en los últimos meses por la Casa Blanca para presionar a México en la relación bilateral, destacan el cierre temporal del consulado en Nuevo Laredo, Tamaulipas; la exhibición de la lista del Departamento del Tesoro sobre los supuestos lavadores de dinero del cártel de los Arellano Félix; los constantes regaños y amenazas del embajador Tony Garza al gobierno foxista; la construcción de un muro fronterizo para frenar el cruce de migrantes mexicanos, y la investigación de las autoridades estadounidenses por la supuesta participación de soldados mexicanos en el tráfico de drogas hacia el país vecino.

Pero volvamos al documento confidencial del embajador Garza enviado el 8 de julio de 2005 al procurador Cabeza de Vaca, en donde le precisa el malestar que hay al más alto nivel en Washington por la remoción de la titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, Luz María Núñez Camacho, asunto que preocupa sobremanera a Estados Unidos, pues en cuestión de dinero sucio ese país es el único autorizado por él mismo para manejar las cuantiosas sumas que los delincuentes mundiales buscan lavar.

Ante ello, en una clara y abierta ingerencia en asuntos internos de México, el diplomático estadounidense exige que se dé marcha atrás a los cambios de funcionarios en la PGR: “Con todo respeto quisiera solicitarle que la titular de la Unidad de Lavado de Dinero, licenciada Luz Núñez Camacho, permanezca como titular en la misma hasta que las investigaciones y operativos sensibles que están en proceso concluyan.”

Agrega la carta del embajador: “Le reitero que, de usted considerarlo necesario, estoy en la mejor disposición de reunirme con usted para ahondar sobre el tema.” En 38 líneas, Tony Garza explica a Cabeza de Vaca el particular interés del gobierno estadounidense, y sobre todo del procurador de los Estados Unidos, porque la ex funcionaria continúe al frente de dicha área dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, a cargo de Santiago Vasconcelos: el cambio en esa Unidad causaría el fracaso de las investigaciones y operativos sensibles que se llevan en conjunto, calificó el diplomático.

Además, el embajador prevé que tras la salida de Núñez Camacho no habrá continuidad, confianza y capacidad técnica, elementos indispensables para concluir los complejos y susceptibles trabajos, pues la administración estadounidense considera que la ex funcionaria es la “más apta y confiable” autoridad mexicana para conducir la relación bilateral encaminada a la lucha contra el blanqueo de capitales.

Según la carta diplomática, bajo el mando de Núñez Camacho la Unidad Contra el Lavado de Dinero ha logrado avances “nunca antes vistos en México”, como los operativos conjuntos con la Agregaduría de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Interna en materia de aseguramientos de dinero en ambos lados de la frontera, que resultó en el decomiso de aproximadamente 21 millones de dólares y la detención de 39 personas. “Investigaciones complejas y operativos de altísima importancia y sensibilidad para ambos países.”

El malestar de Washington se centra, según la carta del embajador, en tres asuntos importantes para Estados Unidos: la testificación con carácter oficial de Núñez Camacho en el juicio que se lleva a cabo en tribunales de Nueva York en contra del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva; el expediente abierto en contra de Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, acusado por la Procuraduría General de la República de transferir 30 millones de pesos a la ciudad de Las Vegas, Nevada, recursos que se presumen son de procedencia ilícita, y el expediente del financiero Jaime Ross Castillo, quien es señalado por una supuesta defraudación al Banco ScotiaBank por aproximadamente 5 millones de dólares, además de estar implicado en lavado de dinero a través de instituciones financieras en Estados Unidos y Suiza.

De acuerdo con el documento firmado por Tony Garza esos tres casos son atendidos con especial interés por el gobierno estadounidense, por lo que advierte que han sido puestos en riesgo por Cabeza de Vaca.

Avanza la colombianización

Aunque todas las entidades gubernamentales responsables de la seguridad nacional y de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico rechazan que México se esté colombianizando, es un hecho el descontrol que hay en el país por la actividad de las mafias para traficar drogas hacia Estados Unidos, principal consumidor mundial de estupefacientes.

Pero este grave problema puede complicarse aún más en estos tiempos electorales o tal vez habría que preguntar si el crimen organizado y las bandas de narcotraficantes han sido enviadas por alguien para desestabilizar el país en estos momentos del arranque formal de las campañas políticas rumbo a la Presidencia de la República, en donde el contendiente del PRD, Andrés Manuel López Obrador, lleva ventaja por más de 10 puntos porcentuales a los dos contrincantes más cercanos: Roberto Madrazo del PRI y Felipe Calderón del PAN.

De ser cierto lo anterior, el país podría vivir la más cruel violencia en las calles que jamás hayan desatado las bandas del narcotráfico en todo el país, y por ahora hay varios indicios que así lo demuestran, como son las ejecuciones todos los días en las ciudades fronterizas del norte o el enfrentamiento ocurrido la semana pasada en el puerto de Acapulco y en el que intervinieron narcotraficantes, soldados, policías municipales y agentes de la AFI, lo que dejó varios muertos y heridos, así como el derribamiento de un helicóptero de la PGR.

Y un factor determinante para considerar que el crimen organizado ha tomado por asalto al país, es cuando los grupos criminales adquieren tal fuerza que enfrentan al Estado sin que los órganos de seguridad nacional puedan hacer gran cosa para evitarlo, tal y como ha sucedido en otros tiempos en países como Italia y Colombia.

Por ello suenan huecas las declaraciones del vocero presidencial y de los jefes policiales cuando afirman que la seguridad nacional del país no está en riesgo, mientras que los medios de comunicación nos informan todos los días de hechos criminales que demuestran lo contrario.

Contratos millonarios en Pemex a consultores

La Secretaría de la Función Pública revisa con atención la asignación directa de contratos millonarios a consultores externos en la paraestatal Petróleos Mexicanos y entre los presuntos involucrados están Juan José Suárez Coppel y el ex director de Pemex Exploración, Luis Ramírez Corzo, actual director general de la empresa petrolera del Estado. Un ejemplo es que en cuatro años adjudicaron más de 20 contratos por alrededor de 80 millones de dólares.

Una de las principales empresas beneficiadas por la subsidiaria de Pemex fue Dupont México, que encabeza Douglas Muzika, la cual fue contratada sin licitación pública, como establecen las leyes de Obra Pública y de Responsabilidades, supuestamente para realizar servicios de Fortalecimiento de Elementos de Seguridad y Protección Ambiental en Instalaciones de Ductos.

Otro contrato asignado por Ramírez Corzo fue en 2003, por 7 millones de pesos, para que Heasy Group instrumentara una estrategia interna de recursos humanos; uno más por 33 millones de pesos para que McKinsey & Company Inc México, de Manuel Mallen, diera asesoría para el mejoramiento operativo y económico a la Subdirección de Almacenamiento y Distribución.

Pero como la lista es larga, en el 2002 otorgó un contrato de manera directa por 8 millones de dólares para el Centro Dedicado de Interpretación Centro de Visualización, a fin de recibir un servicio de asesoría técnica de subsuelo para el Programa Estratégico de Gas.

Otros contratos fueron otorgados por Marcos Ramírez cuando era director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, al adjudicar durante 4 años contratos directos por más de 70 millones de dólares. La empresa favorecida por el actual director Corporativo de Operaciones fue SAP, de Miguel Cruz y Célis, quien sólo en 2003 recibió 24 millones de dólares para instrumentar módulos adicionales, mientras que la firma Charles River Asociates fue contratada por 5 millones de dólares para ofrecer servicios de consultoría para la innovación en producción. La lista es larga y ya volveremos al tema conforme avancen las indagaciones oficiales.

Privatización de servicios de la banca

Nacional Financiera dio a conocer las bases de una licitación para otorgar a una empresa privada contratos para la administración de los servicios de cómputo central de la banca de desarrollo, proceso que deberá concretarse antes de que concluya el año.

De acuerdo con las bases de licitación, la empresa que resulte ganadora del contrato que otorgará servicios de cómputo al Banco Nacional de Comercio Exterior, Banobras, el Fira y la Sociedad Hipotecaria Federal, deberá contratar a parte del personal de estos bancos de desarrollo que actualmente administra, monitorea y da soporte a la infraestructura y procesos tecnológicos.

La contratación de este personal no sólo busca reducir el impacto en cuanto a despido de trabajadores de la banca de desarrollo ante los procesos de reducción de costos que impulsa la Secretaría de Hacienda para este sector, sino “evitar riesgos derivados de la toma de control” de la compañía que administre a partir de enero los sistemas de la banca de segundo piso.

Así, se planea la recontratación de 75 personas, consideradas parte del recurso humano crítico para mantener el control sobre los sistemas de la banca de desarrollo.

Entre las compañías interesadas se encuentran Kyo Networks, de María Asunción Aramburuzabala; Avantel; Triara, de Carlos Slim; IBM; Hewlett Packard, y EDS.

El contrato de servicios de cómputo también involucra la responsabilidad de que la empresa ganadora adquiera todo tipo de equipo para esta área que necesiten los bancos de desarrollo. Además, podrá utilizar las instalaciones de cada uno de los bancos involucrados en este proyecto.

La propuesta que resulte ganadora será aquella que logre mejorar los presupuestos que cada banco había establecido para satisfacer sus necesidades de sistemas y cómputo.

Para los próximos cuatro años, Nafin necesitará 80.9 millones de pesos para financiar esta migración de sistemas; el Bancomext 136.8, Banobras 81.6, el Fira 74 millones y la Sociedad Hipotecaria Federal 70.7 millones.

Los recursos para ejercer estos contratos, sin embargo, estará sujetos a las partidas que asignen los presupuestos de los próximos cuatro años para la banca de desarrollo, así como al calendario de gastos que se les autorice.