El gobierno de Vicente Fox cierra su penúltimo año de gobierno con algunos pendientes, entre los cuales destaca el Fideicomiso 954-8, coloquialmente conocido como Aduanas I, cuyo patrimonio asciende a casi 20 mil millones de pesos y que por más de una década sus fondos han sido utilizados de forma discrecional por servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, entre ellos su creador Francisco Gil Díaz, quien en 1993, en su calidad de subsecretario de Ingresos lo constituyó con carácter de privado para evitar así regulación alguna, aunque en sus arcas guarde recursos públicos.

Pues resulta que la oscura historia del fideicomiso Aduanas I, que incluye daños patrimoniales en contra del erario público por 9 mil 347 millones de pesos –según lo documenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF)–, parece llegar a su fin. Y es que desde hace un par de semanas en la oficina del procurador fiscal Luis Felipe Mancera Arrigunaga –subordinado de Gil Díaz– se discuten los últimos detalles sobre el futuro de este fideicomiso.

Fuentes de primer nivel del Servicio de Administración Tributaria (SAT) señalan que Hacienda se encuentra en la última etapa del proceso de “transparencia” que ordenó el presidente Vicente Fox Quesada en diciembre de 2003. Según los informantes el análisis versa sobre la pertinencia de transformar esta figura jurídica en pública o de proceder a su extinción.

La resolución en manos del procurador fiscal se tomará a más tardar el 31 de diciembre de este año, con lo que se espera quede concluida la oscura historia de los fideicomisos privados Aduanas I y Aduanas II y de las empresas Integradora de Servicios Operativos S.A. (ISOSA) e Integradora de Activos S.A. (IASA), todos constituidos por Gil Díaz como privados a pesar de recibir recursos públicos.

Documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda obtenidos a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental revelan que los fideicomisos fueron creados hace más de una década por el propio secretario de Hacienda, bajo la asesoría jurídica del panista Santiago Creel Miranda, ex secretario de Gobernación y fallido aspirante a la Presidencia de la República.

Guardadito multimillonario

De acuerdo con el balance general correspondiente al primer trimestre de 2005 y cuya copia está en poder de esta columna, este fideicomiso acumula un patrimonio de 19 mil 523 millones 753 mil pesos.

La información integrada por la fiduciaria Nacional Financiera (Nafin), que fue proporcionada por el SAT después de un complejo proceso entablado ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), detalla que el activo resguardado sólo en el contrato Aduanas I se contabiliza hasta marzo de 2005 en 7 mil 263 millones 63 mil pesos.

En lo que podría considerarse como un revés para el secretario de Hacienda, principal promotor del secreto fiduciario, se prevé que la decisión ordene que, antes de que concluya este año, la millonaria suma se reintegre al erario público.

Según el SAT, el análisis que prepara el procurador fiscal sobre Aduanas I determinará la manera en que se restituirán los recursos que durante 12 años fueron destinados “irregularmente” al fideicomiso privado, en donde la SHCP participa como fideicomitente y fideicomisaria, mientras que Nafin participa como fiduciaria.

Pero la decisión que Mancera Arrigunaga tomará en las próximas semanas no es sencilla, pues el contrato del Fideicomiso 954-8 fue modificado en dos ocasiones por los sucesores de Gil Díaz en la Subsecretaría de Ingresos: Ismael Gómez Gordillo y Tomás Ruiz, este último actual director de la Lotería Nacional.

Además, el procurador fiscal deberá corregir la “aberración” jurídica empleada por la Secretaría de Hacienda para justificar su participación en la creación y operación de Aduanas I, bajo el argumento de que lo hizo como “gestor de negocios privados” de los importadores y exportadores y no como entidad pública, según descubrió el IFAI durante la revisión de los recursos 906/05 y 685/05 interpuestos en contra del SAT.

Proceso “limpieza”

A petición del secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, a finales de 2003 se realizó una reunión privada en la residencia oficial de Los Pinos. En esa ocasión, el presidente Vicente Fox ordenó a Francisco Gil Díaz transparentar y devolver los miles de millones de pesos manejados discrecionalmente a través de los fideicomisos aduaneros.

Como lo documentó esta columna, en ese acto el secretario de Hacienda aceptó reintegrar los recursos a las finanzas públicas y se comprometió a desaparecer a la brevedad dichos mandatos jurídicos y a transparentar, mediante licitaciones públicas, la contratación de empresas para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos de las aduanas de todo el país, hasta ese momento concesionados a ISOSA e IASA.

A partir de entonces, Gil Díaz inició el procedimiento de “legalización” de los fideicomisos y de las empresas relacionadas con éstos. El proceso no ha sido fácil y, a dos años de aquella reunión, aún se evalúan los mecanismos para evadir las repercusiones judiciales que se pudieran derivar de la decisión final.

Documentos oficiales del SAT revelan los primeros ajustes hechos por la SHCP en esta materia. Entre las medidas adoptadas por la dependencia destaca la creación de un fideicomiso público que sustituye a los privados Aduanas I y Consorcios de Comercio Exterior, conocido como Aduanas II.

La nueva figura jurídica se dio a conocer el 22 de julio de 2004 con la publicación de las modificaciones a la regla 1.3.5 en el Diario Oficial de la Federación. Dicha regla está relacionada con el cobro del Derecho de Trámite Aduanero y con las contraprestaciones generadas por el servicio de procesamiento electrónico de datos, ambos pagos previstos en el artículo 16 de la Ley Aduanera.

El fideicomiso identificado con el número 80380 fue constituido en Nafin con el carácter de “público” y, según refieren las fuentes informativas del Servicio de Administración Tributaria consultadas sobre la creación del nuevo contrato, éste sustituye al fideicomiso Aduanas I.

Sin embargo, la propia regla descubre que el fideicomiso público también suplanta al Aduanas II, pues detalla que el pago a las empresas que prestan los servicios de apoyo y control del despacho aduanero, relativos al servicio del segundo reconocimiento –antes administrado por el fideicomiso de los Consorcios–, también se hace con los recursos depositados en el recién creado contrato.

Según indica el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, realizado por la Secretaría de Hacienda, el fideicomiso 80380 se creó para administrar la contraprestación del artículo 16 de la Ley Aduanera. El documento puntualiza que, al tercer semestre de 2005, dicho contrato compromete recursos por 3 mil 156 millones 910 mil pesos.

La constitución y operación del contrato 80380 evidencia que la Secretaría de Hacienda reconoce la naturaleza “pública” de los recursos que integran las contraprestaciones relacionadas con el artículo 16, y que hasta julio del año pasado eran destinados a los fideicomisos operados al margen de la ley, según advierte la ASF.

Pese a esto, el SAT insiste en la versión de que los recursos correspondientes a dichas contraprestaciones son “privados”. De acuerdo con el análisis del recurso de revisión 685/05, integrado por el comisionado del IFAI, Alonso Lujambio Irazábal, el órgano encabezado por José María Zubiría considera que “el fin del Fideicomiso Aduanas I es el de percibir y administrar recursos provenientes exclusivamente de las contraprestaciones a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, que son recursos de índole privada, y no recursos del derecho de trámite aduanero ni algún tipo de recursos públicos”.

Al respecto, la regla 1.3.5 señala la nueva ruta de los recursos: las instituciones de crédito autorizadas para el cobro de las contribuciones de comercio exterior concentrarán a la Tesofe la totalidad de los recursos obtenidos por las operaciones de comercio exterior, incluidas las “contraprestaciones” y el DTA. Posteriormente, el SAT está obligado a reportar el monto total a la Tesorería y esta última a transferir los recursos al fideicomiso.

ISOSA en manos de Nafin

El mismo día que se dio a conocer la creación del fideicomiso 80380, también se ratificó la participación mayoritaria del Estado, a través de Nafin, en las empresas ISOSA e IASA. Sin embargo, ambas son consideradas como privadas.

De acuerdo con los títulos de propiedad firmados el 22 de julio del año pasado, Nafin, en su carácter de fiduciaria del fideicomiso 954-8, refrenda la propiedad de 999 mil 999 acciones representativas del capital fijo de ISOSA, y de 999 mil 998 acciones de IASA. Dichos documentos revelan que Nacional Financiera es dueña mayoritaria de ambas empresas, pues éstas constan de un millón de acciones cada una.

El vínculo entre ISOSA, IASA y Aduanas I no es reciente, se estableció desde hace más de una década. Según reveló el SAT durante el proceso jurídico correspondiente al recurso de revisión 906/05, tutelado por la presidenta del IFAI, María Marván Laborde, el fideicomiso referido es responsable de la contratación de esas compañías para prestar el servicio de procesamiento electrónico de datos y del apoyo y control de los despachos aduaneros en todo el país.

“Entre Aduanas I y el SAT la relación es en virtud de una autorización, es decir, al fideicomiso denominado Aduanas I se le autorizó para prestar un servicio, entonces quien contrató con ISOSA es Aduanas I y no el órgano desconcentrado, autorización que constituye un acto unilateral del Estado”, argumentó el SAT en su defensa, aunque omitió decir que desde 1993 Nafin es dueña de ésta.

La afirmación del órgano desconcentrado, que por primera vez rindió un informe formal sobre su participación en la constitución y operación de los fideicomisos aduaneros, descubre que la SHCP permitió que la empresa prestara sus servicios por más de una década sin mediar licitación alguna y sin rendir cuentas a nadie. Situación que también se reprodujo con la empresa IASA.

Actualmente el complejo escenario relacionado con el fideicomiso Aduanas I es analizado por el procurador fiscal. Así, en las próximas semanas Mancera Arrigunaga deberá presentar a Francisco Gil Díaz –principal implicado en la creación y operación de estas figuras, y quien incluso fungió en 1993 como presidente de los comités técnicos de ambos fideicomisos– el esquema modificatorio del Aduanas I. Y según se espera, éste deberá “cubrir” las irregularidades relacionadas con el manejo de los millonarios recursos públicos que aún se resguardan en el fideicomiso 954-8, y que ascienden a más de 7 mil millones de pesos.