En los últimos años la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano de fiscalización creado por el Congreso, se había convertido en un ente sumamente incómodo para el gobierno federal. Bajo la dirección de Arturo González de Aragón, la ASF es el único órgano con poder y facultades reales para vigilar y controlar el gasto público, lo que le permitió auditar a la Presidencia de la República y descubrir, por ejemplo, los onerosos gastos de la primera dama Marta Sahagún en viajes, vestuario, joyas y otros souvenir; los desvíos de fondos públicos en secretarías de Estado; los contratos irregulares en empresas paraestatales como Pemex; el despilfarro de servidores públicos en gastos personales y familiares, y el mal uso de miles de millones de pesos a través de lo que ya se prevé como el mayor fraude del gobierno en la historia: los fideicomisos públicos.

De todas esas anomalías en el gobierno federal, otro órgano que debería ser útil para combatir la corrupción es la mal llamada Secretaría de la Función Pública, presidida por Eduardo Romero Ramos, la cual contraria a su creación se ha convertido en una tapadera de todas las irregularidades y corruptelas que se cometen al amparo del presupuesto público y la razón de ello es muy simple, su titular está bajo la subordinación directa del presidente de la República y del grupo en el poder que éste representa: el PAN, de tal manera que sólo cumple órdenes de encubrir la corrupción de panistas y de empresarios convertidos a servidores públicos por Vicente Fox. Ante esta farsa que representa la operación de la Secretaría de la Función Pública, el próximo gobierno debería revisar seriamente su desaparición por el oneroso gasto que significa a las finanzas públicas y los pésimos resultados sobre la vigilancia del gasto público.

Así las cosas, el trabajo de la ASF se vuelve imprescindible y aunque avanza a paso lento y en medio de protestas e inconformidades por casi todos los funcionarios públicos que son sujetos a investigación, es necesario fortalecer la auditoria a todas las entidades que reciban recursos de la nación, simplemente porque es dinero de todos los mexicanos, para comprobar que su gasto sea eficiente, honesto y transparente.

Pero además de los obstáculos que ha tenido que librar la ASF, ahora se ha topado con un poder indestructible: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo órgano de impartir justicia que, cuando se trata de transparentar sus cuentas públicas, inicia un boicot en contra de la Auditoria Superior de la Federación e impide que este órgano de fiscalización avance en sus indagaciones para transparentar el gasto público que, en el caso de los ministros de la Corte es oscuro, abusivo y despilfarrador.

Por ello los 11 ministros de la Corte, según el doctor en Derecho Constitucional y Ciencia Política y especialista en control de la constitucionalidad, Miguel Covián Andrade, incurren en excesos al asignarse salarios y prestaciones millonarios; han constituido fideicomisos secretos fuera del escrutinio público; reciben pensiones de escándalo cuando se retiran y, por si lo anterior fuera poco, su trabajo es tan deficiente por las carencias profesionales e intelectuales que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que recibir denuncias sobre casos bien documentados que evidencian fallos a modo de la Suprema Corte.

Por lo anterior se entiende la última pifia de la Corte ocurrida la semana pasada, en donde ocho ministros contra tres impusieron mayoría para frenar las investigaciones de la Auditoria Superior de la Federación bajo el argumento de que invadió la esfera de responsabilidades del Poder Ejecutivo, al exigir al IPAB y a la Secretaría de Hacienda mediante 32 oficios, que revisaran las irregularidades cometidas por la banca al otorgar créditos que al final se convirtieron en deuda pública.

Los Excesos de la Suprema Corte

A partir de que la ASF investigó a la Suprema Corte y le encontró múltiples irregularidades en su gasto público como excesos salariales, falta de transparencia y oposición a ser auditada, el máximo órgano de justicia del país ha cobrado venganza y no está dispuesto a que vuelvan a hurgarle entre las faldas y los birretes de los ministros, por lo que empezó a cerrarle al camino de la fiscalización y vigilancia a la Auditoría Superior de la Federación, y para ello ha utilizado una controversia interpuesta por el Ejecutivo sobre el escandaloso caso de los pagarés de la banca que serán convertidos en breve en deuda pública , de tal manera que es la Corte la que en lugar de hacer justicia limita, bloquea, acota y restringe las funciones de la ASF para evitar que audite a fondo el mal uso de recursos públicos.

En ese sentido, es destacable la crítica que hizo al pleno de la Corte su expresidente y actual ministro Genaro Góngora Pimentel, quien en clara alusión a sus ocho colegas, todos serviles al Ejecutivo, han impedido a la ASF realizar con eficacia su trabajo: “los poderes y los niveles de gobierno se sienten agredidos con la actuación de la Auditoria (Superior de la Federación); no existe la costumbre ni la cultura de que la administración de los recursos públicos sea controlada; la opacidad se niega a ceder terreno a la transparencia y al pleno control de cuentas”.

Ejemplos de lo que dijo Góngora Pimentel son muchos, pues mientras que informes de la Suprema Corte de Justicia, publicados en su página de Internet, afirman que los sueldos de los 11 ministros son del orden de los 300 mil pesos mensuales, las investigaciones de la Auditoria Superior de la Federación revelan que dichos salarios son abusivos para un servidor público, al ascender en realidad al doble de esos recursos, es decir 600 mil pesos por mes. Sólo los gatos personales representan más del 50 por ciento de los egresos anuales, con mil 763 millones 967 mil 396 pesos, de los 3 mil 118 millones del presupuesto que tiene asignada la Suprema Corte para el ejercicio de 2005.

En ese contexto, el salario del ministro presidente Mariano Azuela Güitrón, quien votó a favor de acotar el trabajo de vigilancia de la ASF, recibe casi 650 mil pesos mensuales; es decir, al año gana casi 8 millones de pesos, mientras que los otros 10 ministros perciben 536 mil 700 pesos, que representan 6 millones 432 mil pesos anuales para cada uno.

Estos altos sueldos y prestaciones como bonos, pagos especiales y partidas presupuestales que maneja a su antojo la Corte, son el pago que durante décadas han recibido los ministros por defender los intereses del presidente en turno y se derivan de una vieja práctica utilizada por el Ejecutivo para mantener el control del Poder Judicial.

Las Ineficiencias de los Ministros

El doctor en Derecho Constitucional y Ciencia Política, y especialista en control de la constitucionalidad, Miguel Covián Andrade, sostiene que la Suprema Corte debe ser garante del respeto a la Constitución y a las leyes mexicanas, pero en cambio sus ministros “se distingue por su ineptitud, subordinación al Poder Ejecutivo y el derroche de los recursos”.

Además, no obstante la reforma al Poder Judicial llevada a cabo en 1995, la Suprema Corte es incapaz de hacer cumplir la Constitución, pues se trata de un tribunal que debe ser por definición objetivo e imparcial, lo cual no cumple ese órgano judicial.

“La incompetencia de la Corte tiene su origen en la propia estructura jurídica del sistema político mexicano. Tanto la subordinación al Poder Ejecutivo que padece la Corte, como la ineptitud de los ministros y el dispendio de recursos sin rendir cuentas a nadie, sólo se erradicarán con una nueva reforma al Poder Judicial de la Federación”, sostiene el doctor Covián, y agrega que “los ministros de la Corte reúnen dos características muy negativas para el ejercicio de la competencia que tienen asignada: no conocen la materia constitucional, ni mucho menos la muy especializada de control de la constitucionalidad, y actúan en casos muy importantes conforme a los intereses del presidente de la República”.

Desde 1995, año en que se reformó el Poder Judicial, las resoluciones de la Suprema Corte procuran no importunar al Poder Ejecutivo, lo que explica que la Presidencia de la República nunca haya perdido una sola controversia.

En una amplia entrevista que le hizo el reportero Zósimo Cámacho al doctor Covián Andrade, éste afirmó que “la adhesión de los ministros a los intereses del presidente de la República, radica en que el cargo se lo deben al titular del Poder Ejecutivo, pues aunque los ministros son designados por la Cámara de Senadores, la terna de donde eligen al nuevo miembro de la Corte es designada por el primer mandatario, e incluso si después de 30 días de enviada la terna al Senado los legisladores no se ponen de acuerdo, el presidente de la República tiene facultad para nombrar al directamente el ministro”. Entonces así se entiende la sumisión de la Corte al Poder Ejecutivo.

Informe de un Auditor Independiente

Pero de vuelta al tema que dio motivo a la polémica por el fallo de la Corte de cerrarle el paso a la ASF para que deje de investigar los créditos irregulares da la banca que se tradujeron en pagarés del IPAB para convertirlos más adelante en deuda pública, hay una opinión de un auditor independiente, el despacho Salles, Sáinz-Grant Thornton, S.C., que con fecha del 4 de marzo entregó su informe a la Secretaría de la Función Pública y a la Junta de Gobierno del IPAB, en donde señala graves omisiones y pérdidas en el patrimonio hasta por 40 mil millones de pesos.

Así, al analizar los estados de activos y pasivos del IPAB al 31 de diciembre de 2004 y 2003, el auditor independiente encontró que en 11 fideicomisos “la opinión emitida por los auditores independientes para los años 2004 y 2003, reporta que tuvieron limitaciones al alcance de su trabajo, ya que no pudieron cerciorarse de la razonabilidad e integración de pérdida netas acumuladas registradas hasta 1999 en el patrimonio por 19 mil 898 millones de pesos y 19 mil 26 millones, respectivamente, no pudiendo determinar los ajustes, en caso que existieran, de haber sido contratados para auditar los años en que se originaron dichas pérdidas.

“Los estados financieros de los fideicomisos y sus notas adjuntas relevan que dichas pérdidas acumuladas incluyen los intereses que generaron los pagarés emitidos originalmente por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro y que posteriormente fueron sustituidos y asumidos por el IPAB; asimismo, incluyen entre otros conceptos, provisiones preventivas por calificación de cartera, quitas, quebrantos, condonaciones y castigos de los bienes.

“Dichos pagarés están registrados en los pasivos que reportan los estados financieros de los fideicomisos, de conformidad con las políticas contables que reguló y estableció la Comisión nacional Bancaria y de Valores desde las fechas en que se constituyeron los mismos. El efecto importante de dichas pérdidas deriva de los costos financieros generados por los pagarés mencionados; consecuentemente, consideramos que una porción no cuantificada de las pérdidas derivadas de las quitas, quebrantos, condonaciones y castigos de la cartera y de los bienes, podrían afectar los activos que el Instituto tiene registrados en los programas de saneamiento financiero”.