La Procuraduría General de la República tiene un expediente archivado que, de abrirlo, podría poner en aprietos a los hermanos Raúl y Carlos Salinas de Gortari. Se trata de todas las declaraciones de testigos protegidos por la justicia en Estados Unidos y en México (en donde hay testimonios de narcotraficantes colombianos, chilenos, mexicanos, panameños y cubanos), quienes en sus declaraciones aseguran que cuando Carlos Salinas fue presidente de México, su hermano Raúl daba protección a las bandas del narcotráfico que operaban en el país, algo así como una verdadera federación comandada desde las altas esferas del poder político gubernamental.

Con su liberación al declararlo inocente después de 10 años de prisión por el homicidio de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu, el hermano del expresidente Carlos Salinas ha iniciado un proceso de lavado de imagen y para ello recorre los distintos medios de comunicación, por lo que sería importante que la PGR se pronunciara sobre el expediente que entregó la exprocuradora suiza Carla del Ponte a su homólogo mexicano y en donde se incluyen más de 80 testimonios de testigos protegidos que, en algunos casos, aseguran haber trabajado directamente con Raúl Salinas para evadir la acción de la justicia en territorio nacional.

Además de esos testimonios incluidos en el expediente suizo, hay testimonios en México que ponen en aprietos a los hermanos Salinas, como la declaración de Michael Roger Batista Bebe, excadete en Estados Unidos y nieto del dictador cubano Fulgencio Batista, y quien es uno de los principales testigos protegidos por la Procuraduría General de la República para poder acusar a Raúl Salinas de Gortari por los delitos de encubrimiento, asociación delictuosa con bandas del narcotráfico y “lavado” de dinero producto del tráfico de drogas, pues según el testimonio de Batista, los cárteles colombianos de Cali y de Medellín entregaron 150 millones de dólares al hermano del expresidente mexicano.

A finales del sexenio de Ernesto Zedillo, el gobierno federal buscaba reunir evidencias para mantener en prisión a Raúl Salinas en caso de que fuera liberado por el delito del homicidio de Ruiz Massieu y también enfrentar al expresidente Carlos Salinas con la justicia mexicana por el delito de protección a bandas del narcotráfico. Para lograrlo, un grupo de agentes de la Policía Judicial Federal y ministerios públicos asignados al entonces subprocurador José Luis Ramos Rivera se trasladaron a la ciudad de La Paz, Baja California Sur, para sacar de la cárcel a Roger Batista, para ofrecerle los beneficios de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y convertirlo en testigo protegido, a cambio de que revelara la protección que recibió de Raúl Salinas de Gortari para traficar cocaína procedente de Colombia por territorio mexicano.

Hijo de Nilo María Batista Ocampo, informante de la DEA y la CIA y quien fuera asesinado en Panamá en 1994, Roger Batista declaró a la PGR en diciembre de 1998 haber viajado en varias ocasiones junto con su padre a Colombia, en el barco “Proud Lady”, para recoger cocaína y transportarla a Estados Unidos.

Para cruzar sin contratiempos aguas mexicanas, los Batista pagaban protección a Raúl Salinas de Gortari, a quien según las declaraciones ministeriales también le entregaron dinero para apoyar las campaña presidencial de su hermano Carlos Salinas.

Según Roger Batista, Raúl Salinas recibió 150 millones de dólares de los jefes de los cárteles de Cali y de Medellín, Pablo Escobar Gaviria y los hermanos Rodríguez Orejuela, para apoyar al candidato priísta a la presidencia de la República en México, con la garantía de que una vez que Carlos Salinas de Gortari asumiera el cargo se ampliarían las rutas por territorio y aguas mexicanas para la transportación de cargamentos de cocaína.

Al expediente abierto en 1998 por el entonces subprocurador Ramos Rivera en contra de Raúl Salinas por los delitos de narcotráfico y “lavado” de dinero, se incorporó la declaración de Roger Batista, quien sostiene que la protección a los bandas colombianas incluían el aterrizaje de aeronaves en México a cambio de 300 mil dólares por cargamento de cocaína que tenía como destino los Estados Unidos.

La CNDH Conoció el Caso

En 1991, el joven defensor de los derechos humanos José Luis Ramos Rivera se desempeñaba como primer visitador de la CNDH que presidía el polémico Jorge Carpizo, y le tocó investigar una denuncia en contra de la PGR en donde se acusaba a un grupo de agentes de esa corporación, encabezados por el entonces comandante Guillermo Robles Liceaga, de secuestrar y golpear a Nilo y Roger Batista cuando fueron capturados por transportar cocaína propiedad del cártel de Medellín, en un barco que pretendía hacer llegar a un puerto de Estados Unidos.

En aquella recomendación que elaboró el entonces defensor de los derechos humanos, con fecha de 16 de diciembre de 1991, Ramos Rivera concluyó que sí hubo violación a los derechos humanos de los Batista, por lo que envió una recomendación al procurador Enrique Alvarez del Castillo.

Cuando Ramos Rivera defendió los derechos humanos de esos dos narcotraficantes, nunca imaginó que seis años después, ya en su cargo de subprocurador general de la República, volvería a proteger a Roger Batista, pero esta vez para impedir que fuera asesinado en la cárcel de La Paz a manos de sicarios supuestamente enviados por Raúl Salinas de Gortari.

A cambio de acogerse a la figura de testigo protegido por la PGR, lo que le garantizaba ser liberado y cambiar de identidad, Roger Batista reveló las operaciones mafiosas que supuestamente dirigía Raúl salinas ante de ser capturado como presunto autor intelectual de la muerte de José Francisco Ruiz Massieu.

El padre de Roger Batista, Nilo María Batista Ocampo, fue liberado en 1994 a condición de que saliera del país, por lo que en ese año salió del país rumbo a Uruguay, para después trasladarse a Panamá y allí fue acribillado por grupos rivales de narcotraficantes.

La Recomendación de la CNDH

En 1991, el primer visitador de la CNDH, José Luis Ramos Rivera, recomendó a la PGR:

“Primero. Que ordene el inicio de la investigación administrativa que corresponda, a fin de determinar responsabilidad en que pudieron incurrir los agentes de la Policía Judicial federal, Alejandro Martínez Calzada, Jaime Montoya Escoto, Apolinar Pérez y Arturo Piña Pérez, así como el comandante Guillermo Robles Liceaga y, en su caso, dar vista del resultado al agente del Ministerio Público Federal investigador, para en caso de que integre la averiguación previa relativa a los hechos.

“Segundo. Que ordene el inicio de una investigación tendente al esclarecimiento de las circunstancias en tiempo y lugar en que fueron detenidos los quejosos Nilo María Batista Ocampo y Michael Roger Batista Bebe, así como la identidad de los agentes de la Policía Judicial Federal que llevaron a cabo dicha detención con el objeto de establecer las posibles responsabilidades en que los agentes policiacos hubieran incurrido.

“Tercero. De conformidad con el acuerdo 1/91 del Consejo de la Comisión nacional de los Derechos Humanos, solicito a usted que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, en su caso, le sea informada dentro del término de 15 días naturales, contados a partir de su notificación. Igualmente solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la misma se envíen a esta Comisión dentro de los 30 días naturales siguientes a esta notificación. La falta de presentación de estas pruebas dará lugar a que se interprete que la presente recomendación no fue aceptada, quedando la CNDH en libertad para hacer pública esta circunstancia”.

Otros Testimonios de Narcotraficantes

En los archivos policiacos estadounidenses de la DEA, el nombre de Nilo María Batista Ocampo aparece como excapitán de la Armada Uruguaya y exigente de la DEA y de la CIA, de donde habría sido expulsado por mantener vínculos con los cárteles de la droga de Colombia y Panamá, mientras que en México estuvo al servicio de Raúl Salinas de Gortari.

Con los testimonios de una pareja de narcotraficantes colombianos presos en Estados Unidos, Alex Ramos, alias “El Brujo”, y su esposa Luz Estela Salazar, se confirma que las mafias de Colombia entregaron cientos de millones de dólares a Nilo y Roger Batista como pago por la protección que les daba Raúl Salinas de Gortari para cruzar la droga por territorio mexicano, así como apoyo a la campaña presidencial de Carlos Salinas.

Con estos testimonios acumulados a finales del sexenio pasado por la PGR, y que coinciden con las declaraciones recabadas por la exprocuradora suiza Carla del Ponte, está en manos del nuevo procurador general de la República fincarle responsabilidades a los hermanos Salinas por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Ya veremos si la justicia mexicana sigue siendo sólo de papel.