Extrañamente, el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, habría ordenado el año pasado archivar un expediente por supuesta corrupción en Pemex Petroquímica, que involucraba a servidores públicos y políticos panistas en violaciones constitucionales, omisiones y daño patrimonial a Petróleos Mexicanos por más de 200 millones de pesos.

Un documento clasificado como “confidencial” por el Órgano Interno de Control en Pemex Petroquímica y reservado sin fecha de apertura, explica la maquinación de un cuantioso fraude cometido en esa paraestatal por quien fuera abogado general de Pemex, el panista José César Nava Vázquez, en colusión con el exalcalde de de Coatzacoalcos, Veracruz, Marcelo Montiel, actual legislador panista en el Congreso local. El abogado Nava Sánchez fue despedido de Pemex después de ser el artífice de la elaboración del escandaloso convenio laboral que firmó el exdirector general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, con el sindicato petrolero y en donde se había autorizado la entrega de cuantiosos recursos al líder Carlos Romero Deschamps para su manejo discrecional.

Una investigación de la reportera Ana Lilia Pérez da cuenta de cómo este fraude en contra del erario público se maquinó por funcionarios petroleros aprovechando el fracaso privatizador de plantas petroquímicas de Pemex. En agosto de 1997, a petición del corporativo de Pemex, la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz elaboró un informe sobre la situación de la paraestatal en el estado para que fiscal y administrativamente se pudiera dividir y transformar cada filial en una sociedad anónima de capital variable.

Pero el informe concluyó que aún como sociedad anónima, las filiales continuaban como empresas del dominio privado de la Federación, por el hecho de que Pemex corporativo era el principal accionista, con el 95 por ciento de las acciones totales, es decir; por tanto, el gobierno de Veracruz, a cargo en ese entonces del priista Patricio Chirinos, determinó que ninguna filial petroquímica era sujeta de impuesto alguno por traslado de dominio, ya que al momento de constituirse como sociedad anónima lo hacían con el capital del gobierno federal y seguían dentro del patrimonio de la nación, con lo cual quedaban exentas de todo gravamen.

Dicha notificación fue hecha por Miguel Álvarez de Asco en su carácter de director general de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, a Mario González Petrikowsky, subdirector de Administración y Finanzas de Petroquímica, a través del oficio número DGI/DATEF/SU8/000066/97, fechado el 14 de agosto de 1997.

El documento detalla que de acuerdo con el artículo 90 constitucional, la desincorporación de bienes de dominio público y su posterior aportación inmobiliaria a las sociedades mercantiles de naturaleza paraestatal, constitucionalmente no pierden su naturaleza de patrimonio nacional.

Por tanto, se determinó que “no son sujetos obligados al pago de dicho gravamen las filiales de Pemex-Petroquímica, Petroquímica Cangrejera, SA de CV, Petroquímica Morelos, SA de CV, Petroquímica Pajaritos SA de CV, Petroquímica Cosoleacaque SA de CV, y Petroquímica Escolín, SA de CV, de conformidad con lo estipulado en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º fracción II, y 46 fracción II inciso a) de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal…”.

Así quedaron legalmente constituidas las empresas de la petroquímica mexicana como sociedades anónimas de capital variable, aunque posteriormente el gobierno federal nunca pudo colocar las acciones, como se tenía planeado, pero en abril de 2002, el actual diputado veracruzano Marcelo Montiel, entonces alcalde de Coatzacoalcos, hizo pública en reunión de cabildo que demandaría a Pemex los impuestos acumulados desde 1997 por el traslado de dominio que, según sus cálculos, ascendían a 713 millones de pesos.

Aunque la idea no había sido del alcalde, sino que respondía a un plan orquestado por los mismos abogados de Pemex, Marcelo Montiel contrató los servicios del bufete jurídico Asociados y Abogados Internacionales S.C., cuyo representante legal es Jesús Antonio Macías Yazegey, quien se desempeñaría como tesorero de la campaña del actual gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.

Pues dicho despacho Asociados y Abogados Internacionales, S.C., con domicilios fiscales en la calle Carlos Pereyra N.82, colonia Viaducto Piedad, en el Distrito Federal, y en avenida Mariano Abasolo N.1107, colonia María de la Piedad, en Coatzacoalcos, Veracruz, de acuerdo con registros notariales este último había sido constituido apenas un par de meses antes de que el alcalde lo contratara para llevar la demanda en contra de Pemex, por la cual Montiel les pagó honorarios por 44 millones 268 mil 958 pesos por una demanda que finalmente consistió en dos notificaciones, un embargo y un posterior cobro.

El caso se encargó a Rogelio Martínez Hernández, un abogado que se desempeñó como jefe de la Unidad Jurídica de Petroquímica Cosoleacaque y representante legal de dicha filial, y luego como coordinador del Área Contenciosa de la Unidad Jurídica en Pemex Petroquímica, lo que podría haber incurrido en el delito de prevaricato.

El Delito de Prevaricato de los Abogados

El área jurídica de Pemex designó al abogado Ernesto Ordaz Moreno, adscrito a la Unidad Jurídica de Petroquímica Cosoleacaque, pero al momento de defender los intereses de la paraestatal también trabajaba en el bufete privado Orbes, Servicios Legales Internacionales, la cual tenía la misma dirección que el despacho demandante Asociados y Abogados Internacionales. Lo anterior se confirma con la documentación oficial utilizada por ambos bufetes, en donde se inscribe la misma dirección postal.

Lo anterior explica las gestiones que hizo el abogado Ordaz Moreno para simular la defensa de los intereses de Pemex, las cuales consistieron en un recurso de revocación que presentó sin firma y que por ese motivo le fue rechazado, y cuando incluyó la firma ya estaba fuera de tiempo, por lo que el recurso legal fue invalidado.

Para el 20 de abril de 2002, el Ayuntamiento de Coatzacoalcos embargaba las instalaciones y cuentas de Petroquímica Morelos y Petroquímica Pajaritos. La primera por 570 millones de pesos en bienes y cuentas bancarias, y la segunda por 72 millones de pesos. Con esto se paralizaba Petroquímica Morelos, la planta más rentable de la petroquímica mexicana. Lo anterior fue respaldado por el juez noveno del estado de Veracruz, Vicente Mariche Garza, quien también, según descubrió la Secretaría de la Función Pública, hizo gestiones con los abogados de la oficina de Jesús Antonio Macías Yazegey.

Hasta octubre de 2003, fecha en que según Eduardo Romero Ramos ordenó a los contralores archivar el caso, los auditores de la Secretaría de la Función Pública no tenían una cifra exacta de las pérdidas económicas y daños materiales por el embargo de las empresas Petroquímica Morelos y Petroquímica Pajaritos, pero en las notas de observaciones enviadas a Romero Ramos los auditores recalcan que la paralización de las plantas contribuyó a la quiebra técnica que hoy presenta la petroquímica nacional.

Al mismo tiempo, este conflicto con el municipio de Coatzacoalcos provocó que los deudores de Pemex congelaran sus pagos y la paraestatal detuvo los procesos de producción, pues no pudo vender ni cobrar adeudos pendientes. Luego seguiría la erogación millonaria para saldar una cuenta fantasma.

La Mano del PAN

La investigación de Ana Lilia Pérez revela cómo en aquellos días cuando el ayuntamiento mantenía embargadas las plantas petroquímicas, el alcalde Montiel declaró que el dinero que Pemex tenía que pagar serviría para construir el famoso túnel subterráneo, proyecto promovido por Emilio Baños Urquijo, director general de la Asociación Mexicana de Infraestructura Concesionada, A.C. y esposo de la senadora panista Cecilia Romero y suegro del abogado general de Pemex, José César Nava Vázquez.

Así, el 18 de junio de 2002 el abogado general de Pemex dio por perdido el caso antes de que se llevara adelante el juicio y decidió que lo mejor era “negociar el adeudo”. El documento donde César Nava Vázquez emite su dictamen como titular del área jurídica de Pemex señala: “Se concluye que es conveniente negociar el pago de impuesto de translación de dominio determinado por el Ayuntamiento de Coatzacoalcos a Petroquímica Cangrejera”.

Entre sus argumentaciones, Nava Vázquez cita que las filiales de Petroquímica son empresas de participación estatal mayoritaria que forman parte de la Administración Pública Federal, pero no de la industria petrolera y que las empresas filiales no forman parte de la Federación al gozar de una naturaleza jurídica distinta, que “los bienes de las empresas filiales no son propiedad de la Federación”.

Los argumentos del ex abogado de Pemex son además de violatorios a la Constitución, faltas a la Ley General de Bienes Nacionales, que en su artículo primero indica que el patrimonio nacional se compone tanto de bienes de dominio público de la Federación y de bienes de dominio privado de la Federación.

Pero en su momento, ningún funcionario de Pemex impugnó la decisión del abogado general, a pesar de que los órganos internos de control ya tenían los reportes de todas las irregularidades, principalmente de la relación entre el representante de Pemex en el litigio y su contraparte.

Por ello, Pemex tuvo que pagar al ayuntamiento de Coatzacoalcos a través de Asociados y Abogados Internacionales, 239 millones 757 mil 046 pesos en efectivo, además de una erogación de más de 2 millones de pesos al interventor de los bienes embargados, otro empleado del mismo despacho.

Este último pago fue gestionado por el despacho Asociados y Abogados Internacionales a Guillermo Jiménez Ibarra, director general de Petroquímica Morelos, SA de CV, depositario de los bienes inmuebles embargados a la paraestatal a través del oficio número AAI-COAT-PQM-020/2002, en el que se menciona la exigencia de pago por concepto de honorarios designados a Enrique Fuentes Constantito, depositario interventor de los bienes embargados a Petroquímica Morelos. En el mismo documento se menciona que el pago debe hacerse a través de un depósito bancario en una sucursal de banco Bital en Coatzacoalcos, a nombre de Asociados y Abogados Internacionales SC.

Ante este escandaloso caso de corrupción, un grupo de contralores inició una auditoría abierta y presentaron sus primeros reportes al titular del Órgano Interno de Control de Pemex Petroquímica, Felipe Barragán Alvidres, así como a la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Función Pública, a fin de que se fincaran responsabilidades penales en contra de los funcionarios involucrados.

Pero la respuesta contundente de las altas esferas del gobierno foxista fue despedir a estos auditores que se atrevieron a denunciar lo que encontraron y el expediente se mandó al archivo bajo reserva de tiempo indefinido.