En medio de la confusión política provocada por el desafuero del jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, habrá muchos actos más violatorios de la ley, por lo que hay que estar atentos y vigilantes de la actuación del gobierno federal, pues seguramente se presentarán casos que requieran de la protesta y el rechazo de la sociedad, con el propósito de evitar nuevos atropellos gubernamentales, más autoritarismos, negligencias, corruptelas, omisiones y los consabidos desvíos de fondos públicos.
En ese sentido, hace unos días apareció una nota periodística en donde el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, revive provocativamente un tema que preocupa por la enorme corrupción que significa: la temida Partida Secreta, rubro presupuestal que con autorización del Congreso se nutre con fondos públicos, es decir con impuestos que pagan todos los mexicanos, y que ahora el responsable de las finanzas públicas del país propone, a un año y medio de que concluya la administración foxista, reinstaurar dicha Partida Secreta para el uso discrecional del presidente de la República. Esto hace recordar al popularmente conocido “Año de Hidalgo”.
La Partida Secreta desapareció a finales del gobierno de Ernesto Zedillo, como un intento presidencial de borrar las huellas de la corrupción priista. Así, el entonces primer mandatario, aterrado de que fuera investigado por el desvío de dinero público que cometió, ordenó la extinción de esa partida, con lo que evitó su revisión. Sin embargo, cuando Vicente Fox llega a la Presidencia de la República, entre sus primeras acciones fue intentar revivir ese oneroso gasto presupuestal, por lo que en aquellos años solicitó al Congreso aprobar ese rubro, y para evitar las protestas de los pobres mexicanos, el “gobierno del cambio” le cambió el nombre y la llamó Partida de Gastos Confidenciales, con lo que pretendía engañar a la población, pero, en uno de los pocos aciertos del Congreso, los diputados, alertados por la prensa, se dieron cuenta de la maniobra presidencial, pues la pareja del mismo nombre pretendía que le asignaran un rubro presupuestal para realizar “algunos gastitos” confidenciales, ya que bajo el sello de la inviolable seguridad nacional, nadie, ningún órgano de control y vigilancia del presupuesto público, podría revisar y muchos menos sancionar ese desvío de recursos de la nación.
Así, en una entrevista que le hicieron a Gil Díaz los reporteros José Manuel Arteaga y Verónica Reynold, para el diario El Economista, el polémico secretario de Hacienda abordó discretamente el tema: “Gil Díaz considera necesaria la Partida Secreta para el Presidente, porque hay elementos de seguridad nacional que en ocasiones exigen una acción pronta y confidencial”, escribieron los reporteros el 4 de abril, y añadieron:
«Todos los países tienen partidas de ese tipo, la forma como lo está planteando el Congreso permite y establece la fiscalización de la partida por parte de la Auditoría Superior de la Federación, muy distinto a como en algunas épocas se usó, que no era realmente objeto de una revisión». De esta manera el secretario de Hacienda pretende convencernos de las “bondades” de la Partida Secreta.
Seguramente en el próximo presupuesto público federal podría haber alguna Partida Secreta o con algún otro nombre, que le permita a Vicente Fox gastar recursos públicos bajo la premisa de la seguridad nacional y, a diferencia de lo declarado por Gil Díaz, baste decir que cualquier gasto que lleva la clasificación de seguridad nacional, es simplemente inviolable para ser sometido a revisión de los órganos de control y mucho menos al escrutinio público.
Algo de historia de la Partida Secreta
Antes de que las autoridades de Suiza delegaran al gobierno mexicano la responsabilidad de las investigaciones sobre el origen del dinero asegurado en ese país helvético a Raúl Salinas de Gortari, superior a los cien millones de dólares, la Procuraduría General de la República mantenía abierto un expediente, el 028, a cargo de la entonces subprocuradora María de la Luz Lima Malvado, aquella que renunció después de confesar que había fumado marihuana y que era una abierta persecutora de todo lo que oliera a la izquierda política, para indagar los registros bancarios manejados por el hermano del expresidente en el extranjero y su presunta vinculación con las cuentas bancarias manejadas desde Los Pinos mediante la Partida Secreta del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos.
Después de que el gobierno suizo se declaró incompetente para resolver el caso Salinas, la PGR del general Rafael Macedo de la Concha le solicitó mantener aseguradas las cuentas bancarias del hermano incómodo, hasta que concluyeran las indagaciones sobre el origen de los fondos y que podrían permitir fincarle acusaciones penales por el delito de peculado al exmandatario Carlos Salinas de Gortari.
Pues en esos expedientes hay testimonios y evidencias de que parte del origen de los fondos provenía del tráfico de drogas, del blanqueo de capitales, del enriquecimiento ilícito y del desvío de fondos públicos (peculado) al recibir Raúl Salinas dinero de la Partida Secreta cuando su hermano Carlos Salinas era el mandamás en este país.
Pues en aquellos años, en una entrevista con la subprocuradora Lima Malvado, habló de los avances de las investigaciones en contra de los hermanos Salinas: «nosotros ya investigamos las cuentas y los alias. Sí encontramos que uno de los cheques (a favor de Raúl Salinas) proviene de la Partida Secreta; entonces, lo vincularemos al titular de las cuentas manejadas desde Los Pinos (Ernesto Sentíes, exadministrador de la Presidencia), pero como esta persona ya murió, entonces se buscaría al titular directo, en este caso Carlos Salinas de Gortari, para saber si estaba enterado del destino del dinero de la Partida Secreta, y sería responsable».
Tres años después de esas declaraciones nos preguntamos ¿qué pasó con ese expediente de la PGR?
El expediente judicial de Carlos Salinas
Pero ante aquella voluntad de la doctora Lima Malvido para procesar a Carlos Salinas por el delito de peculado, al comprobar que desvió recursos públicos del Ramo 23 para enriquecer a su familia y otros cómplices, había dos argumentos legales que ahora es preciso considerar: el primero tiene que ver con que a la Partida Secreta , tal y como fue aprobada por el Congreso de la Unión, nunca se le asignó destino final para los fondos que recibía, por lo que Carlos Salinas, y como ahora lo quiere hacer Vicente Fox, consideró que ese dinero público que el Congreso asignaba para la Partida Secreta podría regalarlo a sus hermanos y amigos, y con ello, según él, no cometía delito alguno.
Pero el otro argumento, que en aquel entonces esgrimían el procurador Rafael Macedo de la Concha y la subprocuradora Lima Malvado, por supuesto antes de que López Obrador revelara la relación entre Fox y Salinas, es que sí había delito que perseguir porque el dinero manejado ilícitamente con la Partida Secreta, pues en lugar de destinarse para actos de gobierno, como debía de ser, se utilizaba como la “caja grande” del presidente en turno. Así hay que entender al “gobierno del cambio” que antes de irse quiera su Partida Secreta.
Otro argumento que utilizó en aquellos días Carlos Salinas para que lo dejara de molestar la PGR, es que al presidente de la República sólo se le puede juzgar por dos cosas: una por traición a la patria y otra por delitos graves. Es decir, que a pesar de comprobarse que durante su gestión como titular del Poder Ejecutivo desvió cheques del presupuesto del Ramo 23 para incrementar la fortuna de sus hermanos, especialmente del preso de Almoloyita, el delito cometido sería peculado y en la época que ocurrió (1988-1994) la desviación de recursos públicos era considerada como «delito no grave», razón suficiente para impedir procesar al exmandatario mexicano.
El Prian podría aprobar la Partida Secreta
Pero regresemos a la insistente propuesta de Gil Díaz. Es decir, que mientras que la PGR sostiene que Carlos Salinas es responsable del delito de peculado al desviar fondos públicos de la Partida Secreta, el secretario de Hacienda pretende que el Congreso apruebe el uso de una Partida de Gastos Confidenciales con la pantalla de discrecionalidad, que dice necesitar para que su gobierno atienda asuntos de seguridad nacional.
¿Habrá algún diputado, incluidos los panistas, que crean este engaño de Fox y Gil? ¿Acaso no fue suficiente el saqueo de fondos públicos cometido por los últimos presidentes priistas? O, como lo hicieron con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, ¿PRI y PAN seguirán aliados para aprobarle a Fox en el Congreso su Partida Secreta?
Hace unos años Carlos Hurtado, subsecretario de Egresos en Hacienda, decía: hay gastos del Estado, concretamente los relacionados a la seguridad pública o nacional, que podrían requerir cierta confidencialidad para su ejercicio, como por ejemplo crimen organizado, narcotráfico y acciones para salvaguardar la soberanía nacional, por lo cual ese funcionario enviado por Gil Díaz advertía a los legisladores que debían aprobar la Partida Secreta. Sólo que en aquellos años la alianza Prian no estaba consolidada y afortunadamente se rechazó la propuesta de Hacienda en la Cámara de Diputados, pero ahora ante la perversidad evidente que han mostrado los partidos hermanos, podría ser parte del acuerdo macro del PRI y del PAN aprobarle a Vicente Fox su Partida de Gastos Confidenciales. ¡Viva el Año de Hidalgo, Ca…!
