«Sólo hay alguien peor que quien rompe la ley, alguien que al romper|a cree que hace lo correcto. Por el bien de todos, respetemos la ley»: Secretaría de Gobernación.

Así, con ese eslogan arrancó una campaña en medios electrónicos, pagada con dinero público, el gobierno de Vicente Fox para argumenta su supuesta defensa al Estado de Derecho, al cumplimiento de las leyes y en contra de la corrupción; aunque, por supuesto, ese mensaje a la población tiene en la mira al jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador.

Pero, ¿qué pasa cuando los que rompen la ley son miembros de primer nivel del gobierno foxista? Sobre todo, cuando se trata de evidentes casos de corrupción con dinero público y cuyas investigaciones han sido elaboradas por la propia Secretaría de la Función Pública dependiente del Presidente de la República.

De lo anterior hay muchos ejemplos de cómo el gobierno foxista ha encubierto irregularidades y actos de corrupción en su administración, pero como involucran a secretarios de Estado, subsecretarios y directores de paraestatales, las autoridades responsables de vigilar el buen desempeño en la función pública los han protegido y han sido omisas y negligentes hasta el grado de encubrir desvíos de dinero público, lo cual está documentado en amplios expedientes y hasta ahora nadie ha podido responder a ello. Entonces ¿cuál Estado de Derecho?

Sólo dos ejemplos que involucran a tres secretarios de Estado del gabinete foxista revelan como el “gobierno del cambio”, que se dice defensor del cumplimiento de las leyes, ha sido omiso para sancionar a funcionarios quienes, por el contrario, han sido protegidos al archivar sus expedientes y al negar información pública sobre esos casos.

Silencio cómplice en el Gobierno

Si se aplicara con rigor la tan citada Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo menos un secretario de Estado, un subsecretario y un oficial mayor hubieran tenido que renunciar, pero por el contrario se les encubrió desde Los Pinos y en la Secretaría de la Función Pública se archivo su expediente (número V/00/2002) para evitar sancionarlos y obligarlos a renunciar.

En dicha investigación clasificada en Función Pública con el número 230/01, hay suficientes evidencias de la responsabilidad del secretario de Agricultura, Javier Usabiaga Arroyo; del subsecretario de Desarrollo Rural, Antonio Ruiz García, y del oficial mayor Xavier Ponce de León Andrade, por el desvío de 11.3 millones pesos en la contratación de una Fundación Mexicana de Desarrollo Rural, en donde Ruiz García se desempeñó durante 17 años como director general, y ahora dicha Fundación era contramatada por el propio subsecretario para elaborar un estudio sobre el café, el cual de haberse realizado tampoco hubiera costado más de medio millón de pesos.

Y una prueba del encubrimiento fue que el mismo Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública inició una investigación en contra de funcionarios de la Dirección General de Responsabilidades que, por negligencia, impidieron que se sancionara a los tres funcionarios de la Sagarpa por los delitos de peculado, al desviar 11.3 millones de pesos del erario federal, y conflicto de intereses, además de haber dispuesto de fondos públicos producto de un subejercicio, cuando debieron entregarse a la Secretaría de Hacienda.

Esta historia de corrupción arrancó el 13 de febrero del 2002 cuando el entonces secretario de la Contraloría, Francisco Barrio Terrazas, actual aspirante por el PAN para sustituir a Vicente Fox, envió un oficio (SP/100/0204/2002) a la Dirección General de Responsabilidades para que ésta se hiciera cargo de la investigación en contra de los funcionarios de la Sagarpa, cuyo expediente (DAGV/DV/073/2003) era llevado hasta ese momento en el Órgano Interno de Control.

El caso era tan delicado por implicar al secretario Javier Usabiaga y a un subsecretario y al oficial mayor, que el mismo contralor Barrio advertía en un oficio: «Considerando el nivel jerárquico de los servidores públicos presuntos responsables y el monto de los recursos aplicados indebidamente, los hechos mencionados podrían constituir infracciones graves o responsabilidades mayores respecto de las cuales debe conocer directamente esta Secretaría».

Para confirmar la impunidad y la parcialidad con que aplica la ley el gobierno foxista, su Secretaría de la Función Pública elaboró el oficio DG/DGAV/DV/311/0187/2003 en donde con cinismo revela que: «Se determinó archivar el asunto como totalmente concluido, toda vez que las facultades sancionadoras de esta Secretaría prescribieron, ordenándose dar vista a la Contraloría Interna de esta Secretaría».

Pero ¿cuál fue el motivo que llevó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a exonerar por el delito de corrupción a un secretario de Estado, a un subsecretario y a un oficial mayor? Pues resulta que transcurrió el tiempo que la Ley de Responsabilidades establece para que se sancione a los funcionarios involucrados, de tal manera que ni siquiera una amonestación pública tuvo en su contra el principal responsable de esa operación ilícita, el subsecretario Antonio Ruiz García, quien sigue despachando tranquilamente en la Subsecretaría de Desarrollo Rural.

«Sólo hay alguien peor que quien rompe la ley, alguien que al romper|a cree que hace lo correcto. Por el bien de todos, respetemos la ley»: Secretaría de Gobernación.

Fondos Públicos se Manejan Como Privados

Otro caso de impunidad y que ha sido muy difundido por la prensa, involucra al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, en el ocultamiento y desvío de fondos públicos ante la complacencia de la Presidencia de la República y de la Secretaría de la Función Pública.

Durante los últimos 12 años la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha manejado fuera del presupuesto federal tres empresas privadas Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), Integradora de Activos (IASA) y Cosisa, y dos fideicomisos constituidos en Nacional Financiera: Aduanas I y Aduanas II, los cuales todavía acumulan ingresos por 8 mil millones de pesos.

La investigación que estuvo a cargo del contralor de Nacional Financiera, Jorge Sánchez Baca, fue silenciada por instrucciones superiores a pesar de que éste denunció la adquisición irregular de 204 camionetas nuevas con un valor total por 41.7 millones de pesos, de las cuales cuatro fueron blindadas a un costo de 5 millones de pesos y destinadas a la oficina del secretario Gil Díaz, así como otros 59 vehículos en 2002, a un costo sin licitar por 14.5 millones, los cuales fueron “donados” a funcionarios del SAT.

De acuerdo con un documento del Órgano Interno de Control de Nafin, clasificado como Tarjeta No. C.I./S-117/2002 y con fecha 9 de septiembre de 2002, el entonces secretario de la Contraloría, Francisco Barrio, fue informado de la compra de esos vehículos y nunca hizo nada al respecto.

Entre otras de las múltiples adquisiciones realizadas con dicho fondos, destacan equipos móviles de rayos X asignados a las aduanas de Nuevo Laredo, Matamoros, Piedras Negras y Ciudad Juárez, con valor de 48.5 millones de pesos, y cuyos equipos de supervisión se utilizan para la revisión de carros de ferrocarril.

La Contraloría también ha identificado pagos con dinero de esos fideicomisos «privados» para obras de construcción efectuadas en algunos recintos aduanales, por el orden de 3.2 millones de pesos, sin la posibilidad de control alguno.

En las conclusiones de ese Órgano Interno de Control no se deja lugar a dudas de las irregularidades que se cometen en la Secretaría de Hacienda, al mantener en fideicomisos privados fondos que deberían de ser públicos, lo que impide un control estricto de esos miles de millones de pesos: «Los referidos fideicomisos han sido considerados por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta, dependiente de la SHCP, con el carácter de `privados`, cuando por la naturaleza de los recursos y la personalidad de las partes que los conforman y que toman decisiones sobre el uso y destino de los mismos, como lo es el SAT, desde nuestro punto de vista debieran ser `públicos`», sentencia el contralor Sánchez Baca.

En su dictamen, el contralor de Nafin añade que la Administración General de Aduanas, al margen del presupuesto que tiene aprobado por la Federación, «dispone de recursos extrapresupuestales para gasto de inversión que, en primera instancia, nadie le supervisa ni le pide cuenta y razón. Adicionalmente, mantiene excesiva liquidez que aparentemente le permitiría cubrir contingencias sin verse limitada a cumplir con los techos y calendarización presupuestal asignada, leyes, reglamentos, políticas y procedimientos presupuestales».

«Sólo hay alguien peor que quien rompe la ley, alguien que al romper|a cree que hace lo correcto. Por el bien de todos, respetemos la ley»: Secretaría de Gobernación.

Solicitan Investigar a La Presidencia

De acuerdo con el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2003, elaborado por el órgano de vigilancia y fiscalización del Congreso, se solicitó la intervención del Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República, para investigar tres expedientes por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos; además, se emitieron seis recomendaciones por violar normas y contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Pero de esto hablaremos mañana.