En las investigaciones que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre fondos y fideicomisos que utilizan recursos públicos y que nadie sabe en qué se gastan porque se niegan a rendir cuentas ante el Congreso y la Secretaría de la Función Pública, se le ha pasado de largo al auditor Arturo González de Aragón revisar algunas entidades que manejan fondos del erario federal, como es el caso del Canal 11, este sistema de televisión cultural abierta que pertenece al Instituto Politécnico Nacional pero que se maneja de manera autónoma en su parte editorial e independiente en su parte financiera.

Por ese motivo sería importante que la ASF revisara el Fondo de Apoyo al Canal Once (FACO), el cual tiene el carácter de “privado” y desde administraciones anteriores se maneja con carácter de “confidencial” para evitar ser auditado por los órganos de control y vigilancia del gobierno federal y del propio Congreso, además que desde 1992 enfrenta indefiniciones jurídicas en su operación y motiva un manejo discrecional de recursos públicos por particulares.

Como todos sabemos el IPN depende de la Secretaría de Educación Pública y el Canal 11 es regulado por el gobierno federal, de tal manera que en esta administración panista se mantienen los mismos vicios que en los gobiernos priistas para ocultar el manejo del dinero en dicho canal de la televisora, el cual se nutre de subsidios, donativos, patrocinios y venta de programas al extranjero.

Como este gobierno foxista ha prohibido a directivos del Canal 11 hablar de presupuestos y fondos, los últimos datos que se pudieron encontrar sobre la administración de dicha televisora corresponden a 1999, cuando bajo la dirección de Alejandra Lajous Vargas el auditor externo del canal, Ramón Cordero, se negó a emitir opinión al dictamen presupuestal de la televisora y sólo reportó que los ingresos en ese año fueron de 78 millones de pesos y los gastos de 45.3 millones.

En aquel año el argumento de la negativa fue contundente: “los recursos generados por patrocinios, donativos, ventas al extranjero y otros ingresos que se han venido manejando en el fideicomiso privado Fondo de Apoyo al Canal Once, no han contado con la autorización de la SHCP para su captación y aplicación, por lo que no están reconocidos en el techo presupuestal y por lo tanto no se apegaron a los ordenamientos normativos presupuestales aplicables”.

Eran los últimos meses de los 70 años de dominio priista en el gobierno federal y el Politécnico era dirigido en 1999 por el polémico Diódoro Carrasco Altamirano, mientras que el canal 11 lo conducía Alejandra Lajous Vargas, quien al asumir Vicente Fox la Presidencia de la República fue sustituida en diciembre de 2000 por Julio Di Bella, ex colaborador de Vicente Fox cuando gobernó Guanajuato y persona muy cercana a Marta Sahagún.

Evidencias confidenciales

Una investigación de José Reyez publicada en Contralínea da cuenta de documentos confidenciales donde se revela que el 29 de junio del 2000 los delegados de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Alba Alicia Mora Castellanos y Enrique García Elizondo, presentaron ante la Comisión Interna de Administración del IPN la evaluación del informe de los estados financieros del Instituto Politécnico Nacional, correspondientes a 1999, en donde se incluye al Canal Once.

Para la elaboración del informe los auditores tomaron como base los dictámenes de los estados financieros, del presupuesto y del tercer reporte de seguimiento que emitió el Contador público Ramón Cordero Méndez, del Despacho Horacio Ojeda Paullada y Asociados S.C., auditor externo designado por la Secodam.

En la investigación contable los auditores encontraron fuertes diferencias entre ingresos y egresos que se explican porque “en la Cuenta Pública no se reconoce la captación y aplicación de los recursos del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Canal Once”.

El auditor informa que el registro del gasto de inversión no es congruente con la política contable del IPN, debido a que ésta debe ser reconocida dentro del estimado de ingresos y gastos, “y la del Canal Once sólo se reconoce como patrimonio y no se efectúa depreciación”, por lo que sugirió revisar ese procedimiento y hacer los ajustes.

Debido a que el presupuesto del Canal Once se aprueba por la Cámara de Diputados de forma independiente al del IPN, por contar con clave presupuestal distinta a la del instituto otorgada por la Secretaría de Hacienda, los dictámenes fueron realizados de manera separada y no consolidada como en los estados financieros.

Así, el informe precisa que de la evaluación y revisión del ejercicio del gasto autorizado al Canal Once, quedó claro “que no se observaron las disposiciones del programa de austeridad presupuestaria, al sobregirarse varias partidas con respecto a lo autorizado, y no se cumplió con lo estipulado en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas”.

Lo anterior se refiere al año de 1999, por lo que sería necesario conocer si en los más de cuatro años del gobierno panista el manejo presupuestal del Canal 11 obedece a los lineamientos de honestidad como lo ha pregonado Vicente Fox, aunque es un hecho que por lo menos no hay transparencia en su administración.

Desde el ejercicio de 1998 se incorporó dentro de los estados financieros del IPN la situación financiera de Canal Once, tanto de los recursos presupuestales como los recibidos y aplicados en el FACO.

A petición de la entonces directora Alejandra Lajous, señala el reporte de los delegados de la Secodam, también fue emitido dictamen financiero del Canal Once, donde el auditor externo señaló que se incluyen ingresos y gastos del FACO, que para 1999 representaron el 37.5 y el 23.3 por ciento del total de esos rubros y cuyos estados financieros fueron dictaminados por otros auditores externos”.

En mayo de 1999, Lajous Vargas se dijo sorprendida de descubrir que durante los últimos ochos años el FACO “había funcionado de manera irregular y fuera de la normatividad; si al integrarse la información presupuestal supone la desaparición del fideicomiso privado; si eso creará incertidumbre y si los participantes del fideicomiso quieran retirarse y si en los hechos, el fideicomiso se convierta en público”.

En la segunda sesión ordinaria del Comité de Control del FACO, que presidió Lajous Vargas en esa fecha, los auditores externos y los delegados de la Secodam le aclararon que el dictamen presupuestal negativo obedecía a que las cifras del Fondo no estaban incorporadas a los estados presupuestales del Canal Once.

“Existe un problema presupuestal al violarse la normatividad, ya que los recursos que genera una institución pública son manejados por una persona moral privada. Lo anterior nunca ha dejado de existir, desde que hubo el mandato a Nacional Financiera para que por cuenta y orden del Politécnico facturara el FACO. Ello, no implica responsabilidad para quienes están en el fideicomiso privado (y) manejen recursos públicos por no ser servidores públicos”, explicó a Lajous la entonces presidente suplente del Comité de Control, Alba Alicia Mora Castellanos.

Las Bases de Desempeño

En aquel año de 1999, Lajous Vargas intentó regularizar la situación del FACO y presentó, vía oficio DG/066/99 girado a la Subsecretaría de Coordinación y Planeación de la SEP para su autorización, las “Bases de desempeño” (con anexos sobre planes estratégico y anual de trabajo 1999-2000, así como formatos y plan de contingencias).

El propósito de dichas bases consistía en fijar los lineamientos jurídicos de operación del Canal Once, a efecto de que la SHCP, SEP y Secodam “otorguen flexibilidad normativa” para administrar, planear y presupuestar los recursos autogenerados, “los cuales tendrían que estar reconocidos en el techo presupuestal del Canal Once y se otorgaría plena libertad al Comité Asesor para manejarlos a través del FACO”.

Mediante la instrumentación de dichas bases “se incorporarán para fines presupuestales los ingresos y gastos obtenidos a través del FACO, dentro de la clave de registro de Canal Once, previa autorización de las modificaciones presupuestarias respectivas”.

A partir del primero de diciembre de 2000, cuando Julio Di Bella tomó posesión del Canal Once, el destino de las Bases de desempeño es desconocido y en general el funcionamiento del FACO.

Con relación a los recursos autogenerados, Di Bella aceptó (según reporte del periódico Reforma 28/IV/04), que la televisora sigue la misma línea del gobierno federal de unir recursos públicos con privados. Así han recibido alrededor de 70 millones de pesos, a los que se suman los 198 millones del presupuesto anual que les destina la Secretaria de Educación Pública, pero el problema es saber cómo se gastan esos fondos para evitar desviaciones presupuestales.

“El canal no sólo tiene patrocinios sino que también hace producciones para cine, se renta la unidad móvil y vendemos nuestros programas, entre otros servicios, pero los recursos autogenerados los recibimos en un 85 por ciento en especie, es decir con espacios en otros medios o materiales, que van desde un uniforme hasta un carro”, explicó.

Vivir del fisco

Los fondos principales del Canal 11 corresponden a recursos fiscales. En 1999 ascendieron a 148 millones 828 mil pesos, frente a los recursos autogenerados, venta de patrocinios y de series al extranjero, que ascendieron ese mismo año a 37 millones 206 mil pesos.

Ese ingreso se distribuyó así: 54.1 por ciento en producción; 22 por ciento, adquisición de series foráneas; 10.4 por ciento, administración; 3.4 por ciento, equipamiento, y el resto en promoción e imagen, transmisión y ventas, según el informe anual 1999.

Los principales anunciantes del Once -que maneja en el rubro de ‘patrocinios’- en el primer semestre del 2000, fueron: Telmex, PRI, Gobierno del Distrito Federal, Grupo Modelo, Banamex, Avantel, Telcel, Apolo, Instituto Electoral del Distrito Federal, el Palacio de Hierro y Volkswagen.

Canal 11 llegó a la frontera digital, reconoce en el informe: “aunque la emisora cuenta con equipos digitales, no ha podido completar ni una sola unidad de producción o postproducción con esta tecnología, lo que, además de perjudicar su eficiencia, pronto impedirá que pueda exportar los programas que produce, o bien transmitir la programación extranjera más reciente”.

Reconoce un retraso considerable en su equipamiento, ya que desde 1995 en que invirtió 47 millones 878 mil pesos en estos insumos, el gasto por el mismo rubro bajó continuamente: 16 millones 627 mil pesos en 1996; 19 millones 950 mil pesos en 1997; 8 millones 640 mil en 1998, y 5 millones 982 mil pesos en 1999.

“Tanto la programación propia del Canal –sigue el informe– que llegó a un 54.1 por ciento del total en 1999, como la calidad de la misma, ha sido reconocida y premiada internacionalmente. Y ello se ve reflejado también en el aumento paulatino de la participación en el mercado, cuyo promedio anual llegó en 1999 a 3.1 por ciento, rebasando a los canales 22, 40 y 34.

“El público creció gracias a la nueva oferta y amplió la cobertura, pues se pusieron en funcionamiento retransmisoras en Cancún, Chetumal y Tijuana, con lo cual la señal abierta y gratuita cubre el 23 por ciento de los tele-hogares de la República las 24 horas”.

Los múltiples ‘patrocinadores’ cuyas marcas se observan a través de la pantalla del Once, hacen suponer que también crecieron considerablemente sus recursos autogenerados, aunque la cantidad exacta parece asunto privado.