• Ordena Gil Díaz modificar el régimen de Aduanas I y II
• Los fideicomisos privados serán convertidos en públicos
• De 200 millones la nómina anual de directivos en el IPAB

Un tema que preocupa al secretario de Hacienda es cómo explicar a los mexicanos la operación irregular con fondos públicos de los fideicomisos privados Aduanas I y Aduanas II, sobre todo porque el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, está muy cerca de las huellas de corrupción dejadas por la constitución y operación de esos fideicomisos que han sido utilizados para recaudar impuestos por el Derecho de Trámite Aduanal (DTA) y que, sin rendir cuentas a nadie sobre el manejo y gasto de dichos recursos, aún acumulan en sus cuentas 8 mil millones de pesos.

Hasta hace poco tiempo el Fideicomiso Aduanas I se nutría de fondos recaudados por el cobro que se hacía por el DTA, pero como el Tratado de Libre Comercio prohíbe esos cobros aduanales por la importación y exportación de mercancías, la Secretaría de Hacienda planeó el cobro por el Derecho de Procesamiento Electrónico, desde donde continúan las transferencias de recursos públicos hacia ese fideicomiso privado, sin que la Secretaría de la Función Pública ni la Auditoría Superior de la Federación puedan hacer algo para detener estas operaciones financieras irregulares.

Pues este caso que en ocasiones quita el sueño al secretario Francisco Gil Díaz, funcionario que hace 12 años (cuando se desempeñaba como subsecretario de Hacienda en el sexenio salinista) planeó y constituyó el fideicomiso Aduanas I para recabar fondos y poder gastarlos sin autorización y vigilancia del Congreso, está a punto de cerrarse con el solo hecho de convertir en públicos los dos fideicomisos aduaneros que hasta ahora son privados.

Así, el secretario Gil Díaz pretende que una vez convertidos en públicos los dos fideicomisos aduaneros, la Auditoría Superior de la Federación se desista de sus investigaciones sobre el enorme desvío de fondos públicos y la corrupción latente sobre el gasto de casi 20 mil millones de pesos cometido impunemente durante más de 12 años.

Funcionarios de la Secretaría de Hacienda confirmaron que será en este mes de agosto cuando dichos fideicomisos privados Aduanas I y Aduanas II, pasen a formar parte del erario federal, aunque con lo cual podrán ser investigados por los órganos de control del Congreso y por la Secretaría de la Función Pública, a fin de determinar si hubo delito de peculado y, de proceder, sancionar a los responsables, pues es un secreto a voces en el gobierno foxista que la Secretaría de Hacienda creo esa figura de fideicomisos privados para disponer de recursos públicos sin rendir cuentas a nadie y, sobre todo, sin concursar obras y servicios con empresas nacionales y extranjeras, en donde lo menos que ha ocurrido es el cobro irregular de comisiones por contratos asignados.

Audaz y astuto, Gil Díaz ha dispuesto desparecer dichos fideicomisos privados antes de que concluya el gobierno de Vicente Fox, de tal manera que los dos años que restan al “gobierno del cambio” se dedicarán a limpiar y transparentar cualquier irregularidad en que hubiera incurrido como secretario de Hacienda con la operación de los fideicomisos de Aduanas, en donde es corresponsable en su constitución el actual secretario de Gobernación y aspirante panista a la candidatura presidencial, Santiago Creel Miranda.

Así, de llegar un nuevo gobierno a la Presidencia de la República en el 2006, pero de filiación partidista distinta a la del PAN, ya no tendría nada que investigar porque la Secretaría de la Función Pública habría hecho el trabajo sucio de limpiar los expedientes de todas las irregularidades cometidas con el dinero público; además de que estos fideicomisos son privados y eso impediría investigar su pasado, de tal forma que sólo estarían disponibles los archivos correspondientes a los dos últimos años, cuando ya sean fideicomisos públicos y se haya transparentado su operación.

Queja de un dictaminador aduanero

Sobre el tema del Segundo Reconocimiento Aduanero, un dictaminador aduanal envió a Oficio de papel la petición de publicar la siguiente carta sobre supuestas irregularidades en Aduanas:

“La situación de los dictaminadores aduaneros se torna cada día más crítica. De nuevo esta quincena (15 de julio de 2004) no nos pagaron nuestro salario y ya suman tres las quincenas de atraso. Tampoco no dan aumento de salario ni reparto de utilidades. Los problemas iniciaron el 30 de abril de 2003, cuando nos dejaron de pagar dos quincenas, bajo el argumento de que la Secretaria de Hacienda le debía ocho meses a la empresa OGASA, responsable del manejo del Segundo Reconocimiento Aduanero, y fue hasta el 25 de mayo de 2003 cuando nos pagaron. Pero el 15 de febrero de 2004 volvieron los problemas de pago y hasta la fecha. Realmente no sabemos que está pasando, aunque nos hemos enterado de muchas cosas y de todas las irregularidades que hay gracias a sus publicaciones y las de otros periodistas. No sabemos si lo que nos dicen en OGASA es verdad o no. Curiosamente quienes al parecer tienen el problema más grande es ISOSA, pero allí al personal jamás le han dejado de pagar. Nosotros pensamos que entre OGASA y los consorcios aduaneros se quedan con el dinero. La gente de OGASA tiene todas la prerrogativas y a nosotros nos tratan con la punta del pie, bajo el argumento de que tenemos muy buenos sueldos, tenemos que aguantar toda la soberbia y prepotencia de la mayoría de la gente que trabaja en OGASA, si efectivamente ganamos bien, pero así lo desquitamos y nos están pagando para ser honestos, y esto en la actualidad y en este medio no es nada fácil, aun sin embargo lo somos, y creo que somos los únicos honestos en este proyecto.

“Según dicen se va a publicar una regla de comercio exterior, en donde se va a establecer la nueva forma de pago para el Segundo Reconocimiento y que de ahí en 8 días hábiles les van a pagar y que enseguida nos van a pagar todo lo que nos deben, pero francamente ya no les creemos, nos hemos enterado que se va a volver a licitar el proyecto, y que en tanto esto sucede quién se va a hacer cargo del Segundo Reconocimiento es la administración del Segundo Reconocimiento que se creó recientemente en el SAT y que está conformada por los auditores que anteriormente se denominaban GAO, que viajaban por las aduanas supuestamente dando seguimiento a nuestro trabajo y al de la aduana, pagados por OGASA, pero con la crisis económica por la que se está pasando ya no les pudieron pagar, pero no hay nada oficial al respecto, yo francamente lo dudo, porque también detrás de OGASA está el secretario de Hacienda. Sabía usted que el director de Operaciones de OGASA, el dentista Alfonso Perches Treviño, es familiar por línea materna del secretario de Hacienda, así que ya se podrá imaginar todo lo que hay detrás de OGASA.”

En una segunda carta enviada la semana pasada a Oficio de papel, este dictaminador aduanero que se identifica pero pide el anonimato por temor a represalias, explica que ya se publicó una regla de comercio exterior, la 1.3.5 donde se establece la nueva forma de pago para las empresas del Segundo Reconocimiento, y en el artículo segundo de la resolución se establece cómo se pagará lo que se adeuda desde hace un año. Esto será en un plazo de 8 días hábiles a partir de la publicación de la regla. OGASA nos asegura que en cuanto reciban el pago nos pagarán todo lo que nos deben, pero esto no significa que nuestra situación de trabajo vaya a cambiar, pues al parecer la gente de OGASA va a continuar al frente de esto.

Elevados salarios en el IPAB

Un análisis del consultor financiero del PRD, Mario Di Costanzo, explica cómo en el Presupuesto de Egresos para 2005, la Cámara de Diputados deberá controlar y reducir la elevada nómina gubernamental, y para ello tendrá que revisar los elevados salarios que perciben los mandos medios y superiores en la mayoría de los organismos públicos paraestatales, desconcentrados y descentralizados como Pemex, CFE, IMSS, CNBV, INEGI, SAT y el IPAB.

De acuerdo con información publicada por el IPAB en su página de Internet, durante el presente año la nómina anual de los mandos medios y superiores en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario costará a los contribuyentes 196 millones 336 mil pesos, lo que significa que el costo anual promedio de cada funcionario del IPAB es de 670 mil pesos anuales.

Lo anterior se explica por elevadas percepciones que reciben mensualmente los funcionarios de este tipo de entes públicos, así por ejemplo cada uno de los 5 vocales que actualmente forman parte de la Junta de Gobierno del IPAB y el secretario ejecutivo perciben una remuneración neta mensual de 143 mil 415 pesos, más 2 mil 500 pesos para celular y 6 mil 500 pesos para gastos de alimentación, además de contar con un seguro para gastos médicos mayores, seguro de reparación, prima vacacional y automóvil.

En el caso de secretarios adjuntos, directores generales y adjuntos, el total neto que reciben mensualmente va de los 102 mil 816 pesos a 128 mil 630 pesos, mientras que un auxiliar administrativo percibe mensualmente 4 mil 700 pesos. Esto es lo que se llama salarios de miedo.

Puntos suspensivos…

1. Para seguir con el tema fiscal, quien está muy enojado con el secretario Francisco Gil Díaz es el senador panista Diego Fernández de Cevallos, a quien la Secretaría de Hacienda le pagó uno de los tantos juicios que este abogado del diablo le ha ganado al fisco, con certificados de impuesto a futuro, algo así como 400 millones de pesos en documentos fiscales, con lo cual podrá dejarse de preocupar de pagar impuestos con dinero en efectivo. El malestar entonces es porque a Fernández de Cevallos le gusta cobrar en efectivo y no en certificados fiscales.

2. Un trabajador aduanal escribió a Oficio de papel para quejarse de la corrupción, dice, hay en la Aduana de Reynosa, en donde asegura que realizaron un fraude millonario con un proyecto realizado por la empresa American Resources, presidida por Fernando Padres, sobrino del exadministrador de la Aduana de Tijuana, Jorge Rojo, quien implanto un sistema de aforo vehicular (el sistema que determina en la frontera norte la luz roja o verde para la revisión de los vehículos turísticos). En dicha aduana trataron de aplicar un sistema muy sofisticado y costoso para realizar las revisiones de los vehículos de pasajeros que cruzan la frontera, así como un sistema de circuito cerrado.

3. Desde París nos informan que el Estado de México será la sede del Informe de las Naciones Unidas Sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos, a efectuarse a finales de agosto o principios de septiembre y en el que participarán 34 países y 24 agencias regionales de la ONU establecidas en América Latina. El gobernador mexiquense Arturo Montiel Rojas logró obtener la sede de importante reunión en el marco de la gira de trabajo que realiza por Francia y España, y en su calidad de representante de la Asociación de Grandes Metrópolis ante la UNESCO.