Ante la ineficiencia y complicidad de los órganos de control del gobierno foxista para proteger a funcionarios que han hecho negocios desde sus cargos públicos y que con ello han incrementado su patrimonio, diversas comisiones de la Cámara de Diputados, así como la Auditoría Superior de la Federación, llevan a cabo investigaciones y auditorías en contra de funcionarios corruptos para evitar que en el último año del gobierno panista se incremente el desvío de fondos públicos.

Por ello la semana pasada la comisión camaral que investiga la entrega de permisos para juegos y sorteos anunció que para este jueves están citados al Congreso los miembros del Consejo Consultivo de la Secretaría de Gobernación para que expliquen las concesiones otorgadas por el ex secretario Santiago Creel y su sucesor Carlos Abascal. Entre los funcionarios que tendrán que acudir a declarar están Arturo Chávez Chávez, subsecretario de Gobierno y presidente del Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos; Manuel I. Fierro Evans, titular de la Unidad de Gobierno; Marco Antonio Herrera, titular del Órgano Interno de Control e invitado permanente en dicho Consejo, y Alfredo Gómez Barrera, director general adjunto de Juegos y Sorteos.

Todos recordamos las concesiones otorgadas días antes de que Santiago Creel renunciara a la Secretaría de Gobernación en busca de la candidatura panista a la Presidencia de la República y que entre los principales beneficiados con dichos permisos destaca el Grupo Televisa, de Emilio Azcárraga.

Pues bien, un dato que deben preguntar los legisladores el próximo jueves 26 a los burócratas de Gobernación, es quién autorizó a Televisa para realizar una auditoría a la empresa gubernamental Pronósticos para la Asistencia Pública, que dirige Eduardo González González, bajo el pretexto de que dicha entidad dedicada a juegos y sorteos se pondría a la venta antes de que concluyera el gobierno de Vicente Fox por algo así como 700 millones de dólares. Hasta ahora todo apunta que el supuesto responsable de tal autorización para revisar los libros y la operación de Pronósticos fue directamente el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

Pero el problema no termina allí, sino que dicha auditoría a Pronósticos habría sido sólo una simulación para permitirle a Televisa revisar con lujo de detalle todos los movimientos financieros de la empresa pública y aprendiera el manejo de juegos y sorteos para crear otra empresa privada que los pudiera reproducir una vez que la Secretaría de Gobernación le otorgara los permisos y con ello el negocio le saldría prácticamente regalado en lugar de pagar los 700 millones de dólares que el gobierno cobraría por la firma Pronósticos.

De confirmarse lo anterior por parte de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, estaríamos ante un tráfico de influencias de dos secretarios de Estado: uno de Gobernación, Santiago Creel, que renunció el año pasado, y otro el titular de Hacienda, Francisco Gil Díaz, que le habrían allanado el camino a sus amigos de Televisa para que puedan competir deslealmente en contra de la empresa del Estado, como es Pronósticos para la Asistencia Pública.

Para nosotros no es extraña ni nueva la complicidad de Creel y Gil Díaz en negocios sucios, basta recordar que los dos siniestros personajes son los responsables de la constitución en 1993 del Fideicomiso Aduanas I y de la empresa privada ISOSA (Integradota de Servicios Operativos S.A.), a través de los cuales se cobró ilegalmente el Derecho de Trámite Aduanero (DTA) a todos los importadores y exportadores de la República Mexicana y de cuyos fondos aún se guardan 8 mil millones de pesos en un fideicomiso privado abierto en Nacional Financiera.

Pero volvamos al negocio sucio de los permisos para juegos y sorteos entregados desde los sótanos de Gobernación. Resulta que por estos días el Grupo Televisa abrirá en Puebla su primer centro de apuestas con bingo, videolotería y melate, como una manera de competencia desleal en contra de las empresas Pronósticos y Lotería Nacional, pues al parecer buscarán incluso instalar las casas de juego al lado de las de Pronósticos. Es decir, el plan Creel-Gil Díaz se cumplió para beneficiar a la empresa Televisa, aunque todavía no se sabe a cambio de qué.

Lotería: ex monopolio de los sorteos

A finales del año pasado, una buena nota de la reportera Elizabeth Velasco, publicada en el diario La Jornada, daba cuenta de que la empresa de origen holandés Novamedia se convierte en la principal competidora de la Lotería Nacional, gracias al permiso que le otorgó la Secretaría de Gobernación, según una denuncia que hacía el dirigente de la agrupación Di no a los casinos, Daniel Olivares Villagómez.

Según la información, dicho permiso había sido autorizado por el propio Carlos Abascal, titular de Gobernación, y consistía en permitir esquemas de juego muy similares a los de la Lotería Nacional. De confirmarse todo lo anterior, estaríamos ante un desmantelamiento de las pocas empresas, en este caso de juegos y sorteos, que le dejan dividendos al gobierno federal y que antes de que concluya su gobierno, Vicente Fox pretende deshacerse de ellas para evitar que un gobierno distinto al PAN pueda operarlas y con ello obtener mayores recursos para su operación.

Así, considerada hasta hace poco el monopolio de los sorteos, la Lotería Nacional vive ahora una creciente competencia que le merman sus finanzas y su operación. A 235 años de su constitución, la Lotenal enfrenta un nuevo escenario que le resta competitividad en el mercado que, paradójicamente y al menos en el terreno formal, monopolizó por más de dos centenarios.

El director general de la Lotería, Tomás Ruiz González, reconoce que desde el punto de vista administrativo, la institución se encuentra en una situación muy complicada porque se ha enfrentado a una mayor competencia. “La Lotería, que originalmente tuvo el monopolio de los sorteos en México y de los recursos para la asistencia pública, tiene que enfrentar mayor competencia tanto de particulares como de opciones que ni siquiera son legales, de sorteos y de juegos que se manejan de manera clandestina e ilegal en el país.”

El funcionario explica que entre los principales competidores que se apropian del mercado destacan las loterías instantáneas, como los famosos rascaditos privados, que operan con y sin autorizaciones, además de los juegos clandestinos que se practican en algunos estados de la República, sobre todo en ferias errantes.

Ante la pérdida de competitividad, la institución creada en 1770 bajo el nombre de Real Lotería General de la Nueva España, ya genera estrategias para recobrar participación en el mercado. “Estamos tratando de modernizar a la institución en algunos aspectos donde venía muy rezagada para que esté en mejores condiciones de enfrentar la competencia que vemos en el mercado, y más ahora con las nuevas autorizaciones a otros particulares para poder llevar a cabo distintas formas de juegos y sorteos, pues la Lotería tiene que actualizarse”, dice Tomás Ruiz, quien también fuera subsecretario de Hacienda.

Ruiz González agrega que para ello se ha revisado la estructura de los sorteos. “Estamos buscando nuevos productos que puedan ser más atractivos para universos de gente más joven que está en busca de otras alternativas de juegos y sorteos, hemos cambiado la imagen y el diseño de los billetes y hemos buscado modernizarnos en esta parte para competir mejor.”

Transforma México

En julio del año pasado, Tomás Ruiz fue convocado por Vicente Fox para asumir la dirección de la Lotería Nacional. Su llegada se dio en medio de severas acusaciones en contra de su predecesora Laura Valdez, ha quien se le relacionaba con supuestos desvíos de recursos públicos a favor de la fundación Vamos México, presidida por su amiga y esposa del presidente, Marta Sahagún.

En aquélla época se especulaba que la ex directora había utilizado de manera irregular los recursos captados por el fideicomiso Transforma México. Ruiz González recuerda: “se trataba de un momento complicado porque políticamente se habían hecho cuestionamientos importantes, sobre todo en relación con el destino de los recursos que recauda la Lotería para la asistencia social, se había cuestionado la figura del fideicomiso Transforma México.”

El funcionario señala que desde que asumió el cargo “hemos trabajado precisamente para transparentar y aclarar cómo se habían utilizado los recursos para la asistencia social durante los primeros cuatro años de este gobierno.”

Y sobre la transparencia a la que está obligado el organismo asegura: “Durante este año hemos hecho una tarea a fondo por transparentar a la institución, para ello hemos atendido una serie de auditorías muy exhaustivas en la Lotería, tanto por la propia Secretaría de la Función Pública como por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). De hecho todavía seguimos en el proceso de aclaración, pero afortunadamente en sus últimas etapas.”

El director de la Lotería destaca que ya se han logrado avances muy importantes en el informe que presentó el Auditor Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública del año 2003. “Ya tuvimos un primer resultado positivo para la institución en el que se aclaró que del fideicomiso de la Lotería no se desviaron recursos para la organización Vamos México, no hay ningún desvío en este sentido, ni desvíos que pudieran tener un contenido político para apoyar a parientes o a personas relacionadas con la familia del presidente”, precisa Tomás Ruiz.

Sin embargo, en su más reciente informe sobre la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2003, la ASF determinó que en la operación del fideicomiso Transforma México se registraron anomalías por más de 31 millones 900 mil pesos.

Al respecto, Tomás Ruiz advierte que las observaciones de la ASF se refieren a “errores administrativos” de las organizaciones beneficiadas y de la propia institución. “La Auditoría Superior fue hasta el detalle de ver incluso cómo habían operado los programas, se fue a los lugares para ver la obra específica y descubrió irregularidades pequeñas pero no en el destino de los recursos, sino en el cumplimiento de los tiempos.”

Aclara que “no se trata de desvíos de recursos, a excepción del caso de Provida, pero en el grueso de las organizaciones se comprobó que el destino de los recursos estaba cumplido, sin embargo se habla de faltas al contrato que ascienden a un monto cercano a los 30 millones, porque o no se hizo la comprobación en tiempo o se pidió una prórroga que se atendió fuera de tiempo.”

No obstante, para el funcionario “hay casos desafortunados en los que tenemos que ser muy claros en descalificar como el caso de Provida, porque hasta donde tenemos conocimiento si hubo un incumplimiento del contrato y por eso está actuando la Lotería y el fideicomiso, en particular, con todo el rigor para obtener la devolución de los recursos con todo y sus intereses y para perseguir a los responsables presentando las denuncias penales, porque éste si es un caso de desvío de recursos por 3 millones 400 mil pesos.”

Tomás Ruiz reconoce que el fideicomiso fue una “buena idea” pero detalla que presentó errores de instrumentación. “Lo que buscaba el fideicomiso era precisamente darle transparencia a algo que durante muchos decenios había sido una caja negra: los recursos de la Lotería; todo el mundo se preguntaba a dónde iban los recursos que recauda la Lotería y en esta administración se intentó dar transparencia y de una figura donde además del gobierno participen organizaciones de la sociedad dedicadas a la asistencia social, por eso el Comité Técnico del fideicomiso estaba representado por organizaciones civiles dedicadas a la beneficencia. Pero aunque el propósito era dar transparencia, desafortunadamente no se logró y se convirtió en lo contrario, en un problema político porque no se supo manejar de manera más abierta.”

El gobierno de Vicente Fox cierra su penúltimo año de gobierno con algunos pendientes, entre los cuales destaca el Fideicomiso 954-8, coloquialmente conocido como Aduanas I, cuyo patrimonio asciende a casi 20 mil millones de pesos y que por más de una década sus fondos han sido utilizados de forma discrecional por servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, entre ellos su creador Francisco Gil Díaz, quien en 1993, en su calidad de subsecretario de Ingresos lo constituyó con carácter de privado para evitar así regulación alguna, aunque en sus arcas guarde recursos públicos.

Pues resulta que la oscura historia del fideicomiso Aduanas I, que incluye daños patrimoniales en contra del erario público por 9 mil 347 millones de pesos –según lo documenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF)–, parece llegar a su fin. Y es que desde hace un par de semanas en la oficina del procurador fiscal Luis Felipe Mancera Arrigunaga –subordinado de Gil Díaz– se discuten los últimos detalles sobre el futuro de este fideicomiso.

Fuentes de primer nivel del Servicio de Administración Tributaria (SAT) señalan que Hacienda se encuentra en la última etapa del proceso de “transparencia” que ordenó el presidente Vicente Fox Quesada en diciembre de 2003. Según los informantes el análisis versa sobre la pertinencia de transformar esta figura jurídica en pública o de proceder a su extinción.

La resolución en manos del procurador fiscal se tomará a más tardar el 31 de diciembre de este año, con lo que se espera quede concluida la oscura historia de los fideicomisos privados Aduanas I y Aduanas II y de las empresas Integradora de Servicios Operativos S.A. (ISOSA) e Integradora de Activos S.A. (IASA), todos constituidos por Gil Díaz como privados a pesar de recibir recursos públicos.

Documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda obtenidos a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental revelan que los fideicomisos fueron creados hace más de una década por el propio secretario de Hacienda, bajo la asesoría jurídica del panista Santiago Creel Miranda, ex secretario de Gobernación y fallido aspirante a la Presidencia de la República.

Guardadito multimillonario

De acuerdo con el balance general correspondiente al primer trimestre de 2005 y cuya copia está en poder de esta columna, este fideicomiso acumula un patrimonio de 19 mil 523 millones 753 mil pesos.

La información integrada por la fiduciaria Nacional Financiera (Nafin), que fue proporcionada por el SAT después de un complejo proceso entablado ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), detalla que el activo resguardado sólo en el contrato Aduanas I se contabiliza hasta marzo de 2005 en 7 mil 263 millones 63 mil pesos.

En lo que podría considerarse como un revés para el secretario de Hacienda, principal promotor del secreto fiduciario, se prevé que la decisión ordene que, antes de que concluya este año, la millonaria suma se reintegre al erario público.

Según el SAT, el análisis que prepara el procurador fiscal sobre Aduanas I determinará la manera en que se restituirán los recursos que durante 12 años fueron destinados “irregularmente” al fideicomiso privado, en donde la SHCP participa como fideicomitente y fideicomisaria, mientras que Nafin participa como fiduciaria.

Pero la decisión que Mancera Arrigunaga tomará en las próximas semanas no es sencilla, pues el contrato del Fideicomiso 954-8 fue modificado en dos ocasiones por los sucesores de Gil Díaz en la Subsecretaría de Ingresos: Ismael Gómez Gordillo y Tomás Ruiz, este último actual director de la Lotería Nacional.

Además, el procurador fiscal deberá corregir la “aberración” jurídica empleada por la Secretaría de Hacienda para justificar su participación en la creación y operación de Aduanas I, bajo el argumento de que lo hizo como “gestor de negocios privados” de los importadores y exportadores y no como entidad pública, según descubrió el IFAI durante la revisión de los recursos 906/05 y 685/05 interpuestos en contra del SAT.

Proceso “limpieza”

A petición del secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, a finales de 2003 se realizó una reunión privada en la residencia oficial de Los Pinos. En esa ocasión, el presidente Vicente Fox ordenó a Francisco Gil Díaz transparentar y devolver los miles de millones de pesos manejados discrecionalmente a través de los fideicomisos aduaneros.

Como lo documentó esta columna, en ese acto el secretario de Hacienda aceptó reintegrar los recursos a las finanzas públicas y se comprometió a desaparecer a la brevedad dichos mandatos jurídicos y a transparentar, mediante licitaciones públicas, la contratación de empresas para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos de las aduanas de todo el país, hasta ese momento concesionados a ISOSA e IASA.

A partir de entonces, Gil Díaz inició el procedimiento de “legalización” de los fideicomisos y de las empresas relacionadas con éstos. El proceso no ha sido fácil y, a dos años de aquella reunión, aún se evalúan los mecanismos para evadir las repercusiones judiciales que se pudieran derivar de la decisión final.

Documentos oficiales del SAT revelan los primeros ajustes hechos por la SHCP en esta materia. Entre las medidas adoptadas por la dependencia destaca la creación de un fideicomiso público que sustituye a los privados Aduanas I y Consorcios de Comercio Exterior, conocido como Aduanas II.

La nueva figura jurídica se dio a conocer el 22 de julio de 2004 con la publicación de las modificaciones a la regla 1.3.5 en el Diario Oficial de la Federación. Dicha regla está relacionada con el cobro del Derecho de Trámite Aduanero y con las contraprestaciones generadas por el servicio de procesamiento electrónico de datos, ambos pagos previstos en el artículo 16 de la Ley Aduanera.

El fideicomiso identificado con el número 80380 fue constituido en Nafin con el carácter de “público” y, según refieren las fuentes informativas del Servicio de Administración Tributaria consultadas sobre la creación del nuevo contrato, éste sustituye al fideicomiso Aduanas I.

Sin embargo, la propia regla descubre que el fideicomiso público también suplanta al Aduanas II, pues detalla que el pago a las empresas que prestan los servicios de apoyo y control del despacho aduanero, relativos al servicio del segundo reconocimiento –antes administrado por el fideicomiso de los Consorcios–, también se hace con los recursos depositados en el recién creado contrato.

Según indica el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, realizado por la Secretaría de Hacienda, el fideicomiso 80380 se creó para administrar la contraprestación del artículo 16 de la Ley Aduanera. El documento puntualiza que, al tercer semestre de 2005, dicho contrato compromete recursos por 3 mil 156 millones 910 mil pesos.

La constitución y operación del contrato 80380 evidencia que la Secretaría de Hacienda reconoce la naturaleza “pública” de los recursos que integran las contraprestaciones relacionadas con el artículo 16, y que hasta julio del año pasado eran destinados a los fideicomisos operados al margen de la ley, según advierte la ASF.

Pese a esto, el SAT insiste en la versión de que los recursos correspondientes a dichas contraprestaciones son “privados”. De acuerdo con el análisis del recurso de revisión 685/05, integrado por el comisionado del IFAI, Alonso Lujambio Irazábal, el órgano encabezado por José María Zubiría considera que “el fin del Fideicomiso Aduanas I es el de percibir y administrar recursos provenientes exclusivamente de las contraprestaciones a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, que son recursos de índole privada, y no recursos del derecho de trámite aduanero ni algún tipo de recursos públicos”.

Al respecto, la regla 1.3.5 señala la nueva ruta de los recursos: las instituciones de crédito autorizadas para el cobro de las contribuciones de comercio exterior concentrarán a la Tesofe la totalidad de los recursos obtenidos por las operaciones de comercio exterior, incluidas las “contraprestaciones” y el DTA. Posteriormente, el SAT está obligado a reportar el monto total a la Tesorería y esta última a transferir los recursos al fideicomiso.

ISOSA en manos de Nafin

El mismo día que se dio a conocer la creación del fideicomiso 80380, también se ratificó la participación mayoritaria del Estado, a través de Nafin, en las empresas ISOSA e IASA. Sin embargo, ambas son consideradas como privadas.

De acuerdo con los títulos de propiedad firmados el 22 de julio del año pasado, Nafin, en su carácter de fiduciaria del fideicomiso 954-8, refrenda la propiedad de 999 mil 999 acciones representativas del capital fijo de ISOSA, y de 999 mil 998 acciones de IASA. Dichos documentos revelan que Nacional Financiera es dueña mayoritaria de ambas empresas, pues éstas constan de un millón de acciones cada una.

El vínculo entre ISOSA, IASA y Aduanas I no es reciente, se estableció desde hace más de una década. Según reveló el SAT durante el proceso jurídico correspondiente al recurso de revisión 906/05, tutelado por la presidenta del IFAI, María Marván Laborde, el fideicomiso referido es responsable de la contratación de esas compañías para prestar el servicio de procesamiento electrónico de datos y del apoyo y control de los despachos aduaneros en todo el país.

“Entre Aduanas I y el SAT la relación es en virtud de una autorización, es decir, al fideicomiso denominado Aduanas I se le autorizó para prestar un servicio, entonces quien contrató con ISOSA es Aduanas I y no el órgano desconcentrado, autorización que constituye un acto unilateral del Estado”, argumentó el SAT en su defensa, aunque omitió decir que desde 1993 Nafin es dueña de ésta.

La afirmación del órgano desconcentrado, que por primera vez rindió un informe formal sobre su participación en la constitución y operación de los fideicomisos aduaneros, descubre que la SHCP permitió que la empresa prestara sus servicios por más de una década sin mediar licitación alguna y sin rendir cuentas a nadie. Situación que también se reprodujo con la empresa IASA.

Actualmente el complejo escenario relacionado con el fideicomiso Aduanas I es analizado por el procurador fiscal. Así, en las próximas semanas Mancera Arrigunaga deberá presentar a Francisco Gil Díaz –principal implicado en la creación y operación de estas figuras, y quien incluso fungió en 1993 como presidente de los comités técnicos de ambos fideicomisos– el esquema modificatorio del Aduanas I. Y según se espera, éste deberá “cubrir” las irregularidades relacionadas con el manejo de los millonarios recursos públicos que aún se resguardan en el fideicomiso 954-8, y que ascienden a más de 7 mil millones de pesos.

Durante dos sexenios el llamado fiscal de hierro, Francisco Gil Díaz, ha tejido una amplia red de complicidades al más alto nivel que le han permitido manejar al margen de la ley miles de millones de pesos a través de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II. Como se ha informado en esta columna, ambas figuras jurídicas protegidas por el derecho fiduciario concentran indebidamente el producto del cobro del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), lo que ha implicado daños patrimoniales de por lo menos 9 mil millones de pesos durante la administración de Vicente Fox.

En las filas de “encubridores” destaca el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, quien al igual que su antecesor Francisco Barrio Terrazas ha solapado el saqueo al erario público. Pero no sólo eso, sino que ahora el responsable de sancionar los abusos y la corrupción en el Poder Ejecutivo se dedica a idear la forma de legalizar las irregularidades, a pesar de que en el Órgano Interno de Control (OIC) de Nacional Financiera (Nafin) –fiduciaria del Aduanas I y II– obran sendos expedientes que detallan las anomalías en las que ha incurrido el secretario de Hacienda desde 1993, e incluso involucran al precandidato presidencial panista Santiago Creel Miranda, quien asesoró en la constitución privada de los fideicomisos.

El pasado lunes 12 de septiembre, durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Cámara de Diputados por la glosa del V Informe de Gobierno del presidente Fox, Romero Ramos alardeaba sobre el penoso papel de cómplice que ha ejercido en este caso. Sin ningún pudor, el funcionario dijo a los reporteros de la fuente que las investigaciones en proceso sobre supuestas irregularidades en los fideicomisos y empresas, no necesariamente implicarían sanciones y responsabilidades contra servidores públicos. Con este espaldarazo, el secretario de Hacienda se asegura un lugar en la impunidad.

Al abordar el tema ante los legisladores, Romero Ramos señaló como uno de los pendientes de su administración la legalización de las innumerables irregularidades: “nos queda el debate del fideicomiso Aduanas I. Éste sigue siendo motivo de discusión. Ya se constituyó un fideicomiso público (Fidemica) a donde se están yendo todos los recursos, de agosto del año pasado a la fecha, y venimos discutiendo la liquidación del Aduanas I y de (la empresa) ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.) con el SAT (Servicio de Administración Tributaria.”

Sin embargo, fuentes cercanas al proceso señalan que, hasta ahora, el Fidemica no ha recibido ni un solo centavo del producto del DTA y que los recursos del Aduanas I, superiores a los 10 mi millones de pesos, fueron transferidos al Aduanas II, fideicomiso que se mantiene como privado y del que ni siquiera se discute su naturaleza.

Así, Romero Ramos ha abandonado su papel fiscalizador por el de simple asesor y “guardaespaldas” de Gil Díaz. El mismo lunes se le escuchaba decir que “en una última contrapropuesta el SAT nos ha planteado la posibilidad de simplemente transformar su fideicomiso Aduanas I y la empresa ISOSA en entidades públicas. Estamos trabajando en esto y tenemos un ofrecimiento de sacar este proyecto a fin de año.”

Pero en su afán por encubrir las irregularidades y por tratar de justificar la tibieza de su actuación, el secretario de la Función Pública tropezó con su propio discurso y explicó que “tenemos ahí una auditoría realizada conforme a reglas ordinarias de negocios, porque ISOSA nunca fue una paraestatal o una entidad pública funcionando conforme a las reglas, que ésta era una de las resistencias muy fuertes de hacer público el manejo de este fideicomiso y de esta sociedad ISOSA.”

Además detalló que el SAT ha pagado 5.8 millones de pesos al despacho Price Water House por concepto de honorarios de auditorías practicadas al fideicomiso Aduanas I y a la empresa ISOSA que están por revelar sus conclusiones.

IFAI: omisión con “dolo”

Pero las complicidades en la Secretaría de la Función Pública a favor de Gil Díaz van más allá, pues según ha analizado el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), a partir del recurso de revisión 1059/05, la dependencia encabezada por Romero Ramos ha ocultado “dolosamente” los expedientes de investigación relacionados con los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II.

En su repuesta a la solicitud de información 414, presentada el 10 de mayo de este año, la SFP señaló que la información relativa al Fideicomiso Aduanas I está protegida por el secreto fiduciario previsto por el Artículo 118 de la Ley de Instituciones de Crédito y por la Controversia Constitucional que se ventila sobre la naturaleza de dicho fideicomiso. En cuanto a la información del Aduanas II, determinó que es inexistente.

Pero por segunda ocasión en este mes, la maquinaria de la impunidad sufrió un duro revés el pasado miércoles 14 de septiembre, cuando el pleno del IFAI resolvió por unanimidad que la información solicitada es de carácter público e instruyó a las autoridades de la SFP a investigar y sancionar a los responsables de haber declarado inexistente la información que obra en sus archivos.

Entrevistado al finalizar la sesión del pleno, el comisionado ponente del recurso de revisión, Juan Pablo Guerrero Amaprán, explicó que “con relación al llamado fideicomiso Aduanas II, la SFP declaró la inexistencia, (señalaron) que no hay auditorías, pero este Instituto por el trabajo que ha hecho, sobre todo con las ponencias de María (Marván) y de (Alonso) Lujambio, sabe que es muy posible y de hecho en la resolución mostramos la evidencia de que existe una auditoría al Aduanas II, por lo que no aceptamos la declaración de inexistencia e insistimos a que se haga una búsqueda exhaustiva, les damos la evidencia para que se encuentre la información que también tiene carácter público.”

El comisionado del IFAI agregó que “el pleno se pronunció en forma unánime por revocar la decisión de no dar acceso a la información. Se trata de la actuación de servidores públicos adscritos al OIC de Nafin sobre documentos que son documentos públicos. En lo que se refiere a lo que conocemos como el fideicomiso Aduanas I se hace una revocación para que se dé el expediente con la auditoría. Nosotros tuvimos audiencia con la SFP y tuvimos acceso a la información solicitada a lo largo del proceso de sustanciación y sobre ese tema hemos resuelto que la información es pública.”

Guerrero Amparán estimó que “Esta resolución completa la declaración de publicidad que establecimos hace 8 días, ahora es el lado del vigilante, con esta resolución tendremos la película completa.” Como se informó en esta columna, el miércoles 7 de septiembre el pleno del IFAI ordenó, por unanimidad, al SAT hacer públicos todos los contratos firmados con éstas figuras, así como los estados financieros y balances generales del Aduanas I.

El comisionado agregó que “la trascendencia de la resolución consiste en abrir, ahora por el lado del OIC, el ejercicio de esos recursos en el que hubo muchos actores, también la Función Pública, pues actuó como auditor. Entonces es importante conocer qué tiene que decir la SFP, qué dijo en su momento, es un elemento que aporta al pleno conocimiento público de la administración de esos dos fideicomisos, que por la falta de transparencia se han generado muchas suspicacias.”

La resolución

Doce días antes de que el pleno del IFAI instruyera a la SFP a entregar la información solicitada e investigara y sancionara a los servidores públicos que declararon inexistente los expedientes que sí obran en sus archivos, la dependencia dirigida por Romero Ramos intentó frenar el proceso jurídico.

Según consta en la resolución del recurso de revisión con número de folio 1059/05, el 2 de septiembre el IFAI recibió el oficio número CI-SFP-1157/2005 de misma fecha, en el que se solicitó al instituto encabezado por María Marván Laborde que sobreseyera el caso. En dicho documento la SFP señaló que en los términos que marca la Ley de Transparencia se dio cumplimiento al facilitar al peticionario una versión pública de una auditoría practicada en 2003 al fideicomiso Aduanas I.

Pese a estas presiones, el pleno del IFAI se pronunció a favor de la transparencia y la rendición de cuentas y revocó la clasificación de la información de la auditoría del fideicomiso conocido como Aduanas I, bajo el argumento de que la Ley de Instituciones de Crédito, en la que se fundamentó la reserva, no aplica a dependencias y entidades.

Además, determinó que los expedientes son de naturaleza pública “porque se revelan aspectos importantes sobre las actividades y facultades de servidores públicos y porque este Instituto determinó al resolver el recurso 685/05, que es de naturaleza pública la información referente a los estados y balances financieros del fideicomiso Aduanas I, y falló que es posible que sí exista una auditoría del fideicomiso conocido como Aduanas II.”

Por primera vez en la oscura historia de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, así como las empresas Integradora de Servicios Operativos S.A. (ISOSA), Integradora de Activos S.A. (IASA), Integradora de Servicios S.A. (ISSA) y Controladora de Servicios Integrales S.A. (COSISA), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aceptó su participación directa en la constitución y operación de estas organizaciones privadas que han servido para saquear las finanzas públicas, al omitir enterar a la Tesorería de la Federación más de 9 mil millones de pesos derivados del cobro del Derecho de Trámite Aduanero (DTA).

La revelación se hizo durante un exhaustivo proceso jurídico atendido por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), que duró cinco meses y concluyó el miércoles pasado con un duro revés para las autoridades de la SHCP, entre ellas el propio secretario Francisco Gil Díaz, quien junto con el precandidato presidencial panista Santiago Creel Miranda, constituyó hace más una década dichos fideicomisos y empresas como privados a pesar de que reciben recursos públicos.

Hasta ahora la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha denunciado que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha cometido daños patrimoniales, a través del fideicomiso Aduanas I, por 9 mil 347.518 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: en 2001 por 4 mil 561.1 millones, en 2002 por 2 mil 200.5 millones y en 2003 por 2 mil 585.9 millones de pesos, y si le sumamos lo desfalcado en 2004 y 2005 estaríamos en cifras cercanas a os 20 mil millones de pesos.

Pero aun con la resistencia del secretario de Hacienda para que se conozca toda la información sobre el manejo y operación de los fondos públicos a través del Fideicomiso Aduanas II y de la empresa ISOSA, el IFAI ordenó por unanimidad el pasado miércoles 7 de septiembre que el SAT tiene que dar a conocer a la opinión pública todos los contratos firmados con los fideicomisos de Aduanas y las empresas privadas que se constituyeron por decisión de Hacienda para recaudar, triangular y ocultar los recursos públicos, así como los estados financieros y los balances generales del Aduanas I.

Como se ha informado en esta columna, hace seis meses el órgano desconcentrado de Hacienda declaró la inexistencia de la información bajo el argumento de que se trata de entidades de carácter privado, lo que motivó la presentación de los recursos de revisión 906/05 y 685/05 para revocar la negativa de la dependencia.

Resulta que en su afán por mantener oculta la información de los fideicomisos y las empresas privadas, los funcionarios del Comité de Transparencia del SAT fueron revelando la participación de la dependencia en el manejo de los millonarios recursos a través de los fideicomisos.

Obligadas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las autoridades del SAT comparecieron en varias ocasiones ante los consejeros del IFAI, María Marván Laborde y Alonso Lujambio Irazábal, para determinar la publicidad de los contratos y estados financieros de los fideicomisos y empresas; pero en sus alegatos de defensa los funcionarios descubrieron paulatinamente los complejos mecanismos que ha urdido Hacienda por instrucciones de su titular Francisco Gil Díaz, para operar al margen de la ley durante más de 12 años, lo que motivó que el pleno del IFAI considerar obligatorio que Hacienda entregue la información y deje de mentir y defraudar a la nación ocultando más de 8 mil millones de pesos en el Fideicomiso Aduanas II, abierto en Nacional Financiera y que Gil Díaz se niega a devolver dichos recursos a la Tesorería de la Federación.

De acuerdo con la resolución del IFAI al recurso 685/05, a cargo del consejero Lujambio Irazábal, del que Oficio de Papel tiene copia, el SAT admite a través de un oficio sin fecha, sin número y sin firma que “la SHCP sí tuvo intervención en la creación del fideicomiso de mérito (Aduanas I)”.

El órgano desconcentrado señala además que la participación “no fue en el carácter de fideicomitente único de la Administración Pública Federal que le atribuye la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sino en términos del artículo 1896 del Código Civil, respecto de las personas que pagan las contraprestaciones aludidas, esto es como gestor (privado) de negocios de importadores y exportadores.”

Hacienda gestora de negocios privados

Al amparar su actuación en el Código Civil y asumirse como gestor de negocios privados, la Secretaría de Hacienda abrió un nuevo debate. Durante su ponencia, el consejero Alonso Lujambio cuestionó: “no es claro para este Instituto (IFAI) cuál es el ‘negocio’ de los importadores y exportadores que la SHCP ‘gestiona’ a través del Fideicomiso Aduanas I.”

Para este consejero del IFAI “si el fideicomitente y fideicomisario de un fideicomiso es una dependencia pública (como lo es el SAT en Aduanas I) que se asume unilateralmente como ‘gestor de negocios’ de entes privados –importadores y exportadores–, es inconcuso que el despliegue de sus actividades debe estar sujeto a escrutinio público.”

Entrevistado durante el receso, Lujambio Irazábal explicó que “la SHCP fundó su actuación en el Código Civil para asumirse como gestor de negocios y poder seguir dando el servicio aduanero. Se entiende que se está asumiendo como gestor de negocios de los importadores y exportadores, y ahí el punto central, dado que no podemos establecer si había o no facultades de la dependencia para asumirse como gestor de negocios de los importadores y exportadores, porque no somos un tribunal de legalidad de los actos de Hacienda, lo cierto es que el despliegue de esa conducta le permitió seguir dando el servicio, en consecuencia, dado que Hacienda es fideicomitente y fideicomisario en Aduanas I la conducta que despliega como gestor de negocios tiene que ser pública.”

El consejero puntualizó que “nosotros no vamos a juzgar si fue legal o no la conducta de Hacienda para asumirse como gestor de negocios, lo que tenemos claro es que para efectos de transparencia, si Hacienda se asumió como gestor de negocios tiene que dar cuenta de sus actos porque el interés de Hacienda es el público y no los privados, en consecuencia ordenamos que se abra la información.”

Al respecto, el consejero Horacio Aguilar Álvarez estimó que el fideicomiso Aduanas I se utiliza “como gestor oficioso para realizar tareas de carácter público y hay una persona que se ostenta la gestión oficiosa de todos los importadores y exportadores de la República Mexicana, estos importadores y exportadores jamás confirmaron la gestión de negocios hecha a su favor, con lo cual ya la gestión de negocios tiene de suyo una marcada irregularidad.”

La discusión del IFAI

A pesar de las múltiples denuncias hechas por la ASF sobre la naturaleza pública de los recursos depositados en los fideicomisos Aduanas I y II, en sus alegatos de defensa el Comité de Transparencia del SAT argumentó que el dinero que allí se maneja es de carácter privado.

Tentados a debatir sobre esta materia, los cinco consejeros del IFAI deslizaron algunas consideraciones que revelan la complejidad del manejo de recursos públicos que se convierten en privados al pasar por las figuras jurídicas que operan bajo el amparo del secreto fiduciario.

Durante la discusión, el consejero Horacio Aguilar explicó que “la historia (de estos fideicomisos y empresas) está plagada de un montón de incidencias y no pocas irregularidades, pues hay una mezcla de figuras del derecho privado para operar cuestiones de carácter público.”

Aguilar Álvarez señaló tajante: “me queda claro que los famosísimos DTA’s son recursos públicos y por lo tanto tienen que estar perfectamente supervisados, registrados, y toda la ruta del dinero perfectamente establecida. Ciertamente que la solicitud y la litis no dan para mucho más, pero históricamente es importante dejar mención, para efectos de registro a la posteridad, de esta circunstancia.” Para el consejero “invocar que no hay recursos públicos en estas figuras es como decir que los Verificentros no cobran derechos que corresponden al Estado.”

Al respecto María Marván, presidenta del IFAI y consejera ponente del recurso 906/05, acotó que “tanto el comisionado Alonso Lujambio (ponente del recurso 685/05) y yo comentamos la pertinencia y no necesidad de que este instituto se pronuncie sobre la naturaleza pública de estos recursos, no porque no estemos convencidos que el Derecho de Trámite Aduanero al convertirse en contraprestación es en esencia público, sino porque, dado que existe la controversia 84/2004 en la Suprema Corte, nuestra preocupación fue centrarnos en la naturaleza de la información más que de los recursos y creemos que hay elementos suficientes para declarar que la gran mayoría de la información es de carácter público, y por tanto tiene que entregarse.”

Durante la ponencia, Marván Laborde precisó que sobre la consideración que hace el SAT sobre si se trata de recursos públicos o privados, este instituto quiere decir que tenemos conocimiento de la controversia constitucional 84/2004 promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la que se solicita la invalidez del documento denominado pliego de observaciones emitido por la ASF en la cual parte fundamental de la litis versa sobre la naturaleza privada de los recursos provenientes de las contraprestaciones a las que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, dado que existe esta controversia y que no necesita el instituto pronunciarse sobre el origen o la naturaleza de los recursos en disputa, este instituto no se pronunciara sobre la naturaleza pública o privada de los recursos con los que operan los Fideicomisos Aduanas I y II en tanto su resolución corresponde a la esfera jurisdiccional al máximo tribunal de la nación.”

Como observamos, este velo de corrupción y mentiras que Francisco Gil Díaz ha tendido con todo el poder que ostenta sobre los fideicomisos Aduanas I, Aduanas II y varias empresas privadas creadas para desviar fondos públicos, empieza a recorrerse y será el próximo gobierno, del origen que sea, el que tendrá que hacer justicia y llevar a la cárcel a los responsables de este cuantioso desfalco que por ahora todavía gozan de poder e impunidad.

Bajo advertencia de ser acusado penalmente si “me paso de la raya”, me referiré al tema de los centros de apuestas y sorteos que operan en el país y a los permisos que para ello otorga la Secretaría de Gobernación, principal responsable de regularlos y de cuidar el cumplimiento de la ley en la materia; con el temor adelantado de que procuraré no causarle daño moral ni difamación a Santiago Creel, actual precandidato presidencial por el PAN y quien durante casi cinco años fue el responsable, como titular de Gobernación, de vigilar los juegos y sorteos en todo el país, además de entregar los nuevos permisos a Televisa y otras empresas.

Lo que preocupa es que sea hasta ahora, cuando está a punto de concluir la administración del gobierno foxista, que se inicia una investigación sobre los permisos que otorga la Secretaría de Gobernación para instalar más centros de apuestas en el país, pues son conocidas las múltiples irregularidades y complicidades que la Dirección General de Juegos y Sorteos ha adquirido con los empresarios y políticos beneficiados con dichos permisos.

Pero esta decisión de investigar los permisos tiene su origen en que Santiago Creel como secretario de Gobernación benefició a una empresa filial de Televisa para que pueda instalar 65 centros de apuestas, en momentos en que el precandidato panista requiere de una cobertura informativa amplia de su campaña, pues es de todos conocida su caída en las encuestas ante dos de sus principales rivales de oposición Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo Pintado, y aún más, también de acuerdo con los muestreos de opinión el aspirante Creel ha perdido terreno ante sus compañeros de partido que también buscan la candidatura presidencial panista. Esto es lo que realmente preocupa a Santiago, haber renunciado a la Secretaría de Gobernación y quedar fuera de la contienda electoral, por eso ahora amenaza con demandar a quien dañe su imagen por comentar los permisos concedidos a Televisa, actitud que sólo revela el dictadorcito que Creel lleva dentro y que cada día su autoritarismo reprimido está a flor de piel.

Pero volvamos a la investigación que dice Carlos Abascal ordenó en Gobernación y que de principio debería estar a cargo del Órgano Interno de Control, dependiente de la Secretaría de la Función Pública y cuyo titular Eduardo Romero Ramos debe ser muy escrupuloso e imparcial con en el resultado, pues de lo contrario estaríamos otra vez ante una simulación más del gobierno del cambio para proteger al candidato de Los Pinos. Quien dude esto recuerdo los fallos del Tribunal Electoral del Distrito Federal sobre el caso Creel.

Los Reyes de las Apuestas

Bajo este título, el reportero Zoísmo Camacho publicó en Contralínea una amplia y bien documentada investigación sobre los políticos y empresarios que actualmente controlan los centros de apuestas en todo el país y que, muy pronto, a ellos se sumará Emilio Azcárraga junior.

Actualmente operan en México 130 establecimientos de apuestas y sorteos bajo el control de seis empresarios gratificados con permisos para juegos de azar por los gobiernos priistas y que en este sexenio el gobierno foxista consintió. Entre esos beneficiados el rey del juego es el polémico Jorge Hank Rhon, quien controla casi el 60 por ciento de las apuestas en todo el país y el resto lo manejan el exregente Ramón Aguirre Velásquez, José María Guardia, Carlos Riva Palacio, Alejandro Soberón y Jorge Buelna.

Antes de que estallara el escándalo de los permisos otorgados a Televisa, el diputado priista Héctor Gutiérrez de la Garza informó al reportero Zoísmo Camacho que el exsecretario de Gobernación, Santiago Creel, había otorgado pocos días antes de su salida cientos de nuevos permisos para casas de apuestas y sorteos, aunque para entonces todavía no se conocía a los beneficiados, pues hasta el 6 de abril de 2005 los beneficiarios de los controvertidos negocios eran los mismos de la administración anterior, a los que el foxismo no sólo no molestaba sino que ha protegido con la promulgación del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

De acuerdo con información de la Segob proporcionada a Contralínea través del Instituto Federal de Acceso a la Información, hay 14 empresas con permisos para operar 120 centros de apuestas remotas (sport books o libros foráneos), 77 salas de sorteos de números (bingos o yaks), cuatro hipódromos, cuatro galgódromos y un frontón. La mayoría de los establecimientos ofrecen dos o más de estos “servicios”.

Según la propia Secretaría, los mexicanos gastan en estos centros más de 17 mil 500 millones de pesos al año. Cifra que no incluye la derrama de apuestas por Internet y teléfono que ofrecen estos negocios, y de las 14 empresas que operan en el país, ocho pertenecen al actual presidente municipal de Tijuana, Jorge Hank Rhon, hijo menor del profesor Carlos Hank González.

Los establecimientos de apuestas se concentran en Baja California, en donde hay 21y sólo en la ciudad de Tijuana se concentran 18; el Estado de México con 15 y el Distrito Federal con 20. Metrópolis como Ciudad Juárez y Guadalajara cuentan con cinco y Monterrey y Acapulco con cuatro cada una.

El Emporio de Jorge Hank

El reportaje de Zoísmo Camacho señala que las empresas de Jorge Hank son: Hipódromo Agua Caliente, Libros Foráneos, Operadora de Apuestas Caliente, Espectáculos Latinoamericanos Deportivos, Operadora de Espectáculos Deportivos, Grupo Océano Haman, Operadora Cantabria e Impulsora Géminis. En 2004, después de darse a conocer un adeudo del emporio con Gobernación por casi 20 millones de pesos, esa secretaría terminó por condonarle la mitad de la deuda para que sus centros de juego siguieran funcionando. Esto también valdría la pena que fuera investigado por el contralor Eduardo Romero.

Las casas de juego que controla Hank con sus ocho empresas suman 74, las cuales representan el 57 por ciento del total de establecimientos reconocidos por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Segob. Mientras, el número de permisos para operar centros de apuestas remotas, salas de sorteos de números, hipódromo y galgódromo ascienden a 117, y también representa el 57 por ciento del total.

De las empresas del alcalde priista de Tijuana, Operadora Cantabria es la que más permisos posee: 38. Con 21 establecimientos, se encuentra en el Distrito Federal y los estados de México, Nuevo León, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua y Yucatán. Todos los permisos datan del último trimestre de 1993.

Hipódromo de Agua Caliente también cuenta con 21 establecimientos. Todos se encuentran en Baja California, mayoritariamente en Tijuana. Cuenta con 35 permisos para salas de sorteo, centros de apuestas e hipódromo y galgódromo. Sus autorizaciones datan de agosto de 1973, las cuales fueron renovadas durante el sexenio de Ernesto Zedillo antes de que caducaran y ante la inminente llegada de un gobierno distinto al del PRI.

Libros Foráneos es la tercera empresa en importancia del conglomerado de Jorge Hank. Opera 12 establecimientos con 14 permisos para centros de apuestas y salas de sorteos. Aunque tiene casas de juego en Baja California, donde un permiso le sirve para operar en cinco direcciones distintas de Tijuana, esta empresa extiende el emporio de Hank hacia otros estados del norte y centro de la República: Nuevo León, Chihuahua, Sonora y Aguascalientes.

Operadora de Apuestas Caliente, Espectáculos Latinoamericanos Deportivos, Operadora de Espectáculos Deportivos, Grupo Océano Haman e Impulsora Géminis operan 20 establecimientos con igual número de permisos para centros de apuestas remotas y para 10 salas de sorteos de números. Se encuentran en Quintana Roo, Puebla, Morelos Yucatán, Querétaro, Tabasco, Sinaloa y el Estado de México.

Sin embargo, no hace falta más que estar frente a una computadora para apostar, desde cualquier parte de la República, a través de la página del Grupo Caliente que aglutina a estas empresas. Incluso también ofrece la modalidad de apuestas vía telefónica.

A este emporio de juegos de azar que ha constituido Jorge Hank Rhon se enfrentará el Grupo Televisa y que, sin duda alguna de su éxito empresarial, aumentará el gasto de los mexicanos en las casas de apuestas que cada día suman más gracias a los permisos otorgados por Gobernación cuando Creel estaba al frente.

Puntos suspensivos…

1. Y ya que hablamos de Santiago Creel, quien está dispuesto a que lo investiguen porque al fin de cuentas dice que es honesto y que su administración fue transparente durante su breve paso por el sector público, tal vez sea buen momento para que aclare también cuál fue su participación directa en la creación de fideicomisos de Aduanas hace poco más de 10 años, cuando fue contratado como abogado del despacho Noriega Escobedo por el entonces subsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para constituir dicho fideicomiso que se creó como privado a pesar de recibir recursos públicos por el cobro del Derecho de Trámite Aduanero que hacían importadores y exportadores de todo el país.

2. Como es sabido, la gestión del gobernador veracruzano Fidel Herrera heredó una enorme deuda pública de su antecesor Miguel Alemán, a quien sólo le preocupaba la marcha del equipo de fútbol Los Tiburones, por lo que nadie quiere hacerse responsable de los 5 mil millones de pesos que se deben. Parece que la parálisis del gobierno fidelista también obedece a otro tipo de incapacidades, pero lo que es un hecho que no tienen como pagar los mil 500 millones de pesos de adeudan a proveedores, contratistas y hasta el pago de aguinaldo de 2004, así como los otros 3 mil 500 millones de pesos que antes de irse endeudó con la banca privada Miguel Alemán. Cuentan que de lejos se escuchan los gritos de Fidel Herrera en palacio para mentársela a quién lo metió allí.

3. Esta semana concluyó el diplomado de estrategias de comunicación prospectiva para un nuevo periodismo, que se llevó a cabo en las instalaciones de la prestigiada escuela de la UDLA en el Distrito Federal y que coordinó el colega Alejandro Ramos, director editorial de El Financiero. Entre los profesores destacan los periodistas Jenaro Villamil y Margarita Campuzano.

Cuando Vicente Fox habla de transparencia, honestidad y combate a la corrupción en su gobierno, pareciera que ignora cómo se administran las finanzas públicas por las múltiples irregularidades que allí se cometen; sin embargo, el presidente de la República no puede ser ajeno a lo que hace su gabinete con el manejo del erario público, sobre todo cuando el órgano de vigilancia y fiscalización del Congreso, que es la Auditoría Superior de Federación, lo ha alertado con las auditorías de la enorme corrupción y el desvío de los fondos públicos.

Un de los peores saqueos de recursos se da a través de los fideicomisos, esas figuras financieras que por el secreto fiduciario y bancario se impedía a los órganos de vigilancia y control revisar su operación y el destino del dinero, lo que permitió durante muchos sexenios, incluido el foxista, que importantes partidas presupuestales fueran desviadas para el uso discrecional de secretarios de Estado y de directores de paraestatales.

Por ello cuando se solicita información pública al gobierno de Vicente Fox a través de los mecanismos legales aprobados por el Congreso, como es el Instituto Federal de Acceso a la Información, el actual gobierno siga empecinado en bloquear y encubrir cualquier información relacionada con el manejo irregular de fondos públicos a través de los fideicomisos.

Una prueba de ello es la cínica respuesta que acaba de entregar después de tres meses de echa la solicitud, la Unidad de Enlace del Servicio de Administración Tributaria (SAT), al que se le pidió informara de los contratos y del manejo y operación de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, constituidos por instrucciones de Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda, así como de la empresa ISOSA, creada para triangular los recursos federales.

La respuesta del SAT a esa petición de información fue que “con fundamento en el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información solicitada no existe en los archivos de esta dependencia o entidad.

“Nos permitimos comunicarle que de 1993 y hasta la fecha el SAT no tiene contratos firmados con las empresas: Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), Integradora de Activos, SA, Controladora de Servicios Integrales SA. y de los fideicomisos Aduanas I y II. No omitimos mencionarle que la inexistencia de la información, fue ratificada por el Comité de Información del SAT en su reunión del día 8 de junio de 2005. En el SAT nuestra misión es servirle.”

Para esta respuesta de negativa el SAT empleó todo el tiempo que le otorga la citada ley, a fin de no proporcionar los datos públicos solicitados. Pero cuando algún servidor público trata de ocultar información que es pública, como es el caso de los fideicomisos Aduanas I y II, los cuales se ha documentado que se constituyeron bajo las órdenes de Francisco Gil Díaz y Santiago Creel Miranda, cuando el primero era subsecretario de Ingresos en 1993 y el segundo era socio de un prestigiado despacho de abogados.

Además, de acuerdo con uno de los muchos documentos oficiales en poder de Oficio de papel, se confirma que esos fideicomisos se manejan actualmente desde las oficinas del secretario de Hacienda, e inclusive la firma del propio Gil Díaz aparece en muchos documentos.

Un ejemplo es un oficio signado por Gil Díaz y enviado a Lorenzo Hernández, a quien el entonces subsecretario lo nombró director general del Fideicomiso SHCP-Aduanas I.

El oficio dice textualmente: “Por medio de la presente comunico a usted que su percepción neta mensual como director general del Fideicomiso SHCP-Aduanas I, después del pago del impuesto sobre la renta y cuotas al Seguro Social, a partir del 1 de agosto de 1993 es de N$35,000.00 (treinta y cinco mil nuevos pesos 00/100 MN).” Es decir, Gil Díaz nombra a los directores del fideicomiso y les asigna personalmente su salario.

Otra prueba de que el SAT miente al afirmar que no cuenta con archivos sobre los contratos de los fideicomisos y de la empresa privada ISOSA, situación que tendrá que investigar y resolver el IFAI, es que dicha empresa privada opera en las mismas oficinas del SAT y su director general es nombrado por el secretario de Hacienda.

Ya en otros momentos hemos dado a conocer un documento del Órgano Interno de Control en Nacional Financiera, institución en donde fueron constituidos los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, este último identificado también como “Fideicomiso Consorcios de Comercio Exterior II”, en donde después de una acuciosa investigación se descubrió el desvío de recursos públicos a través de esos fideicomisos para comprar vehículos de lujo y entregarlos a funcionarios del SAT, sin autorización alguna por parte de los Congreso.

Estas irregularidades son las que impiden al SAT entregar esa información, bajo el argumento de que no cuenta con los archivos respectivos, para evitar que se descubra la corrupción que brota de ese cáncer gubernamental. Habrá que esperar el recurso de revisión a través del IFAI para intentar abrir esa maquinaria de corrupción que durante 12 años ha sangrado las finanzas públicas del país.

Descubren 33 Fideicomisos Irregularidades

Y para continuar con el tema de corrupción en fideicomisos públicos, la Auditoría Superior de la Federación descubrió que en el sector agropecuario, en donde el titular de la Secretaría de Agricultura es el empresario Javier Usabiaga, operan 33 fideicomisos que no fueron registrados ante la Secretaría de Hacienda y que a pesar de recibir recursos federales, fueron constituidos como privados en instituciones bancarias.

Por ese motivo, la ASF promovió un recurso ante la Secretaría de Hacienda para que ésta explique cómo ha permitido la operación de esos fideicomisos sin tenerlos registrados en su sistema, por lo que esa dependencia tiene 45 días hábiles para aclarar este caso.

De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública al ejercicio del presupuesto público de 2003, la ASF tiene previstas dos auditorías más al sector agropecuario, para determinar cuantos millones de pesos se manejaron del erario federal a través de los 33 fideicomisos, en donde supuestamente uno de ellos estaría presidido por el mismo secretario Javier Usabiaga, según reveló el diputado Miguel Luna Hernández, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural.

Otra investigación que lleva a cabo la misma ASF es con relación al proceso de extinción de la empresa estatal Productora Nacional de Semillas (Pronase) y sus órganos encargados de administración, custodia e informe.

El único problema que hay con los informes de la ASF, es que corresponden a 2003, de tal manera que para conocer las irregularidades cometidas por el gobierno foxista en 2004 y 2005, será prácticamente hasta el siguiente sexenio, mientras que la Secretaría de la Función Pública que está facultada para operar e investigar en tiempo real todas las corruptelas que se cometen en el gobierno federal, prácticamente es omisa cuando se trata de funcionarios del gabinete de Vicente Fox.

Autoritarismo en el ITAM

En estos momentos de incertidumbre económica, política y social, lo que nos faltaba es la intolerancia universitaria y un nutrido grupo de reporteros fue víctima de profesores y autoridades del ITAM. Esta es la carta enviada por tres periodistas:

A quien corresponda
México DF a 15 de junio de 2005.

A inicios de febrero de 2005, los reporteros de la fuente financiera de diversos medios de comunicación, recibimos la invitación para participar en el “Diplomado de Temas Económicos y de Negocios para Periodistas”, impartido por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y patrocinado por empresas como IBM, General Electric, Coca Cola, Altos Hornos de México, Procter&Gamble y Aeroméxico.

Convencidos de que la profesionalización en la labor informativa es fundamental para garantizar la vida democrática de nuestro país, 33 periodistas aceptamos con responsabilidad el reto de regresar a las aulas. Es importante destacar que, pese a las arduas jornadas de un reportero –quien empieza su día laboral muy de mañana y nunca sabe a qué hora termina–, los más de 30 alumnos nos mantuvimos férreos a la academia.

Como nunca, patrocinadores, medios informativos (Televisa, Canal 11, Reforma, El Financiero, El Economista, El Universal, Diario Monitor y las revistas Expansión, Contralínea y Alto Nivel, así como la agencia gubernamental Notimex,), reporteros y trabajadores de las empresas de IBM y Contacto en Medios, sumamos esfuerzos para aprovechar esta oportunidad de capacitación, cuyo costo económico real ascendió a 50 mil pesos por alumno, que multiplicado por 33 da más de millón y medio.

Por ese esfuerzo realizado, lamentamos que en esta cadena de colaboraciones el único que haya fallado y lucrado con el diplomado sea precisamente el ITAM. Universidad que, lejos de contribuir a nuestra formación académica, nos ha demostrado que el prestigio se pierde en la defensa a ultranza de la intolerancia y el racismo, actitudes que obviamente disienten de la pedagogía.

Y es que en el ITAM no sólo nos han coartado nuestra libertad de expresión, sino que nos han sancionado por manifestar nuestras ideas, hasta el punto de amenazar a varios compañeros con iniciar demandas en nuestra contra por, supuestamente, “sentirse agredidos”, pese a que la Constitución Mexicana nos garantiza el derecho y la libertad de expresión.

Pues para esa institución de gran prestigio académico, los periodistas que asistimos al diplomado estábamos “obligados” a permanecer sentados, atender a los profesores y jamás, bajo ninguna circunstancia, poder manifestar nuestras opiniones y generar debate.

Tras las severas amenazas, el pasado 14 de junio un grupo de compañeros del diplomado se reunieron con la directora de Extensión Universitaria del ITAM, Mónica Sacristán, con la convicción de llegar a un acuerdo. Pero, contrario a esto, la funcionaria se dedicó a desmentir a los reporteros pues, según ella, “todos los periodistas acostumbran mentir”.

Mónica Sacristán fue más allá al afirmar que, de acuerdo con la política académica del ITAM, los estudiantes sólo asisten a la escuela para atender al profesor y no para debatir, y mucho menos disentir de los planteamientos neoliberales de los catedráticos, por lo que los reporteros allí reunidos habían incumplido con esa exigida pasividad monacal y, merecidamente, se habían hecho acreedores de la sanción.

Resulta incomprensible que una institución universitaria mantenga como política académica el autoritarismo y niegue a sus estudiantes la posibilidad de debatir y enriquecer el aprendizaje académico con el diálogo y el debate.

Al margen de estos problemas, debemos agradecer a los profesores Edgar Hernández, Tom Toralek, Benito Revah e Ignacio Ania, quienes demostraron su amplio criterio y su capacidad pedagógica, contrario a lo ocurrido con los profesores Félix Varela y Héctor Garmendia, ampliamente denunciados ante las sordas, arbitrarias e intolerantes autoridades del ITAM representadas por quien se dice directora de Extensión Universitaria.

Atentamente

Zósimo Camacho
Nancy Flores
Ana Lilia Pérez
Reporteros de la revista Contralínea

Ante la insistencia de investigar el manejo irregular de los fideicomisos públicos, hace varios meses me llamaron de la Presidencia de la República para informar que por instrucciones de Vicente Fox el gobierno federal llevaba a cabo una revisión exhaustiva sobre la administración de los fideicomisos que reciben recursos del erario federal y que fueron constituidos por instrucciones de secretarías de Estado, de direcciones de empresas paraestatales, de organismos descentralizados y de institutos públicos, pues según Los Pinos había preocupación en el presidente por la falta de transparencia y el presunto desvío de recursos públicos a través de dichos instrumentos financieros.

Sin embargo, a poco más de un año de que Fox termine su gobierno, es claro que lo que menos preocupa al presidente es transparentar la operación de los fideicomisos y mucho menos que sean sujetos a investigación por los órganos de control y vigilancia como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, aunque esta última se haya esmerado por todos los medios legales para tratar de abrir la información sobre el gasto de miles de millones de pesos que han sido desviados del erario federal vía los fideicomisos.

Y precisamente entre los cientos de fideicomisos creados por el gobierno federal para operar recursos públicos sin rendir cuentas a nadie, destacan dos que fueron creados como privados por la Secretaría de Hacienda desde la época de mayor corrupción del priismo, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y que el actual gobierno foxista los ha mantenido vigentes para poder disponer de más de 7 mil millones de pesos fuera del presupuesto. Se trata de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, constituidos por Francisco Gil Díaz en 1993 cuando era subsecretario en Hacienda.

Recuerdo ahora esta información porque el jueves de la semana pasada el subsecretario de Egresos, Carlos Hurtado, y el procurador fiscal Luis Felipe Mancera trataron de engañar a los senadores cuando les informaron que la Secretaría de Hacienda no se opone a proporcionar toda la información sobre los fideicomisos que reciben fondos públicos, pero dijeron verse impedidos por las normas de transparencia y de secrecía de las leyes.

En la comparecencia de dichos funcionarios ante una comisión del Senado, acusaron a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de impedir que se entregara la información de 24 fideicomisos de más de 700 que hay.

Pero en el caso de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la Secretaría de Hacienda, rechazó también proporcionar cualquier información porque supuestamente se trata de fideicomisos privados, creados por particulares. Sin embargo, hay que aclarar que ambos fideicomisos se han nutrido durante más de 12 años de fondos públicos por los cobros a exportadores e importadores del Derecho de Trámite Aduanero (DTA). Además, los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II fueron creados por instrucciones de Francisco Gil Díaz, se operan desde las oficinas de la Secretaría de Hacienda y sus directivos son servidores públicos. ¿Quieren más pruebas?

Las Mentiras de la Secretaría de Hacienda

A las declaraciones del subsecretario Hurtado y del procurador fiscal Mancera, de inmediato vino la respuesta del Instituto Federal de Acceso a la Información para demostrar que los funcionarios de Hacienda mienten, pues su propósito es encubrir el manejo irregular de los fideicomisos.

En su comunicado el IFAI precisó que “no existe conflicto entre la Ley de Transparencia y la Ley de Instituciones de Crédito respecto a la apertura de información de fideicomisos públicos”, por lo que ha ordenado su apertura, pues el secreto fiduciario no puede ser invocado por Hacienda cuando se trata de fideicomisos públicos, y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, contrario a lo que dice Hacienda, garantiza a particulares el acceso a la información gubernamental que permita el escrutinio ciudadano de los recursos públicos federales.

Y explica que la protección que otorga la Ley de Instituciones de Crédito por el secreto fiduciario, se refiere exclusivamente a las propias instituciones bancarias y fiduciarias, en virtud de que la información que poseen corresponde a un tercero, pero como la Secretaría de Hacienda tiene intervención en los fideicomisos públicos del gobierno federal en su carácter de fideicomitente, es decir titular de la información, entonces no tiene impedimento legal alguno para otorgar acceso a cualquier documento relacionado con dichos fideicomisos públicos.

Así, en virtud de que las responsabilidades a que alude la Ley de Instituciones de Crédito están única y exclusivamente referidas a la institución fiduciaria y a sus integrantes, según artículo 118 de dicha Ley, los servidores públicos de Hacienda no incurren en responsabilidad alguna al hacer del conocimiento público la información relacionada con operaciones fiduciarias; por lo que la Secretaría de Hacienda no viola el secreto fiduciario al dar a conocer información relacionada con los fideicomisos.

Por lo anterior es importante que alguien le informe a Vicente Fox de que la Secretaría de Hacienda se resiste a abrir los fideicomisos públicos por temor a que los mexicanos conozcan a detalle las corruptelas y el desvío de recursos que se cometen desde las oficinas del gobierno federal.

Bien por el IFAI al responder de inmediato a las declaraciones de funcionarios mentirosos y poner en su lugar a la Secretaría de Hacienda como la institución con menor credibilidad y nula transparencia de todo el gobierno federal.

Se Ahonda el Sospechosismo de Creel

El “Caso Creel”, como fue conocido el proceso en que se vio envuelto el secretario de Gobernación y aspirante a la candidatura presidencial por el PAN, Santiago Creel, al rebasar el tope de gastos de campaña fijado para las elecciones a la jefatura de gobierno del Distrito Federal en 2000, es sólo un ejemplo de como instituciones que se creían serias y respetables como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), han entrado en ese proceso de sumisión y negociación en donde lo único importante ya no es la legalidad, sino contribuir a ese supuesto clima de distensión para evitar confrontaciones políticas y estallidos sociales.

El argumento para eximir de toda responsabilidad al todavía secretario de Gobernación y evitar así que se vieran comprometidos sus derechos político-electorales para el 2006, es por demás cuestionable: que el partido impugnante había presentado argumentos inentendibles y que, por tanto, no correspondía al máximo órgano de justicia electoral del país solventar esa deficiencia en su impugnación; es decir, no entendieron lo que el PRD solicitaba y por ello prefirieron exonerar a Creel de cualquier posible delito electoral, a pesar de que las pruebas documentales muestren lo contrario.

Con ello recuerdo el caso de la elección de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el 2000 y que también fue controvertido por el mismo medio, esto es, a través del juicio de revisión constitucional. En aquella ocasión, el PRD impugnó la determinación de la autoridad electoral local de otorgarle la mayoría de diputados de ese órgano legislativo a la Alianza por el Cambio, conformada por el PAN y el PVEM, pues a juicio del partido dicha mayoría le correspondía a él. En esa ocasión la Sala Superior del TEPJF al resolver el asunto fue más allá de lo que le solicitaba el PRD y resolvió que ni al PRD ni a la Alianza por el Cambio les correspondía tal mayoría, y determinó que las curules de representación proporcional debían asignarse de manera proporcional al número de votos obtenidos, con lo que se benefició al PRI, partido que ni recurso había promovido.

En esa ocasión los magistrados, de acuerdo con la propia ley, adoptaron una decisión que iba más allá, sin importar lo que específicamente se solicitaba. Con esta muestra podemos entonces concluir que la decisión no sólo del TEPJF sino de las autoridades electorales locales, fue política y no jurídica.

Ahora el sospechisismo al estilo Creel, lejos de concluir con esta resolución amañada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ahonda más y pone en riesgo a las instituciones del país bajo la justificación de las candidaturas hacia el 2006.

Bancos Trasladan Riegos a Inversionistas

Apenas unos meses antes de que inicie la cuenta regresiva para que el gobierno federal liquide los pagarés por más de 220 mil 420 millones de pesos comprometidos con Citibank-Banamex, BBVA Bancomer, HSBC y Banorte, algunas instituciones de crédito buscan poner a salvo este capital de todo tipo de litigios, sobretodo aquellos que ante la Suprema Corte de Justicia (Juicio de Amparo 650/2003) pretenden aplicar descuentos significativos al hacer efectivas no sólo los resultados de las auditorias de Michael Mackey, sino las conclusiones del ex contralor interno del IPAB, Fortunato Alvarez.

De los 16 pagarés en poder de Banamex, HSBC, BBVA-Bancomer y Banorte, cinco de ellos se vencen entre septiembre y diciembre de 2005 y once tienen vencimiento entre enero y diciembre de 2006.

Sin embargo, la novedad es que Banamex y Banorte han realizado emisiones de certificados bursátiles sustentados en la bursatilización de las garantías de pago de los bonos del IPAB. En otras palabras, adelantaron la amortización de los pagarés gracias a la emisión de deuda colocada entre el público inversionista que, tal vez sin saberlo, ya cuentan con estos controvertidos instrumentos en sus fondos de inversión. El riesgo ahora es para los inversionistas.

Aunque esta deuda ofrece un rendimiento superior al de los CETES y las más alta calificación por parte de Standard & Poor´s y de la agencia Fitch Ratings, la bursatilización de activos del IPAB por parte de Banamex y Banorte permitió a estos dos bancos sacar de sus balances estos bonos. ¿Por qué deshacerse de documentos tan seguros y prometedores?

Aún más, Banamex solicitó al despacho White & Case, en donde por cierto es socio Vicente Corta, ex director del IPAB, un documento que respalde la legalidad de la emisión. Alberto Sepúlveda Cosío, otro de los socios de la firma, señala en el documento: “la emisión y colocación de los valores cumple con las leyes y demás disposiciones legales aplicables. Asimismo, manifiesta que no tiene conocimiento de información jurídica relevante que haya sido omitida y falseada”.

En efecto, Banamex tuvo la precaución de iniciar la bursatilización de pagarés del IPAB con los bonos Fobaproa que Citibank obtuvo al adquirir los activos de Banca Confía, lo cuales no son materia del litigio ante la Suprema Corte de Justicia y que involucra a las ya famosas auditorias de Gestión, Existencial y Legalidad (GEL). Sin embargo, el camino está abierto para nuevas emisiones.

Las que si decidieron desmarcarse de cualquier conflicto con la emisión, fueron las agencias calificadoras, y establecieron que en cualquier situación en la que el IPAB no pueda hacer frente al pago de estas obligaciones, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley del IPAB, será el Congreso de la Unión el que dictará las medidas que juzgue convenientes para el pago de las obligaciones garantizadas y los financiamientos.

En diciembre pasado, Banorte realizó una bursatilización de los pagarés de IPAB por 48 mil millones de pesos. Un mes después, Banamex lanzó al mercado un programa de certificados bursátiles por un total de 28 mil 959.9 millones de pesos, siendo JP Morgan el agente colocador a través de su división fiduciaria y teniendo como garantía los derechos derivados de un contrato de adquisición de pagarés IPAB y con vencimiento al 20 de noviembre de 2010. La emisión de Certificados paga a los inversionistas rendimientos mensuales de TIIE a 28 días.

El informe que rindió hace un par de semanas la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la fiscalización de la cuenta pública 2003, debería de ser un gran festín para los paladines de la legalidad y el estado de derecho en México, es decir los panistas y priistas, pues evidencia graves irregularidades que involucran miles de millones de pesos y no sólo “chocolatitos” como a los que apela Secretaría de Gobernación en su campaña publicitaria.

Tal es el caso de los fideicomisos cuyos operadores –funcionarios de primer nivel del gobierno federal– aún no son llamados a cuentas, pese a que hasta hace dos años las erogaciones por este concepto ascendían a 662 mil 700 millones 326 mil pesos, como lo dio a conocer Oficio de papel la semana pasada.

Y es que, amparados en el secreto fiduciario, los servidores públicos no sólo cancelan la vitoreada rendición de cuentas y niegan información sobre el destino final de estos recursos públicos, sino que además abonan su propia impunidad.

Para la ASF, uno de los casos más relevantes de las irregularidades cometidas en materia de fideicomisos es el de la Secretaría de Agricultura, encabezada por Javier Usabiaga Arroyo, pues de los fideicomisos revisados, a los cuales la dependencia les otorgó recursos, 33 de ellos no están inscritos en el Sistema de registro de fideicomisos, mandatos y contratos análogos de la administración pública federal.

Esta situación, señala el máximo órgano de fiscalización del Congreso, se da porque la Secretaría de Hacienda “no cuenta con un control adecuado sobre las aportaciones que las dependencias realizan directamente a los fideicomisos y que involucran recursos públicos federales”.

Las Irregularidades en Sagarpa

Según el informe de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2003, la Sagarpa sólo reportó en el sistema de registro 16 figuras jurídicas, cuyos activos ascendieron a mil 334 millones 51 mil pesos. De estos, 10 son mandatos (tres vigentes, uno en condición de baja y 6 extintos) y seis son fideicomisos (cuatro vigentes y dos en condición de baja).

“Al comparar los contratos que reportó el sistema de registro con el listado de fideicomisos a los que la Sagarpa aportó recursos públicos federales en 2003, se encontró que 33 fideicomisos no estaban inscritos, por lo que se infringió lo señalado en el artículo 184 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, vigente en 2003”, advierte la ASF.

Estos fideicomisos que operan al margen de la ley y a nadie rinden cuentas, según señala la Auditoría, corresponden a los denominados fondos de fomento agropecuario que favorecen a cada uno de los 31 estados y al Distrito Federal. Y también se encuentra en la lista el Fondo de Estabilización Cafetalero.

El órgano superior de vigilancia del Congreso aclara que esta investigación aún no concluye, pues “los incumplimientos a la normativa en la inscripción de fideicomisos, obliga a la ASF a realizar auditorías directas a los fideicomisos de los sectores que se seleccionen en las revisiones de las próximas cuentas públicas”.

Hasta ahora, las irregularidades detectadas generaron dos recomendaciones. La primera fue para Hacienda, que deberá evaluar la pertinencia de que la normativa para el ejercicio del gasto público establezca que las dependencias y entidades no otorguen recursos públicos federales a los fideicomisos, mandatos y contratos análogos constituidos, que no estén inscritos en el sistema de registro, con la finalidad de mejorar el control y transparentar el ejercicio del gasto.

Mientras que la segunda estuvo destinada a la Sagarpa, “para que promueva la inscripción con los fideicomitentes o mandantes de los 33 fideicomisos a los que aportó recursos en 2003, con la finalidad de cumplir lo señalado en el artículo 184 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal”.

Pese a las evidencias documentadas, la ASF aclara que “en relación con los recursos que el gobierno federal ha destinado a los fideicomisos que involucran recursos públicos federales sectorizados en la Sagarpa, se abstiene de emitir opinión, ya que la Secretaría de Hacienda no lleva a cabo el seguimiento global de los recursos aportados a los fideicomisos, mandatos y contratos análogos, en incumplimiento del artículo 62, fracción XIII, del Reglamento Interior de la SHCP, vigente en 2003”.

Más Irregularidades en Fideicomisos

Pero el dispendio de recursos en la Secretaría de Agricultura a través de la controvertida figura del fideicomiso no sólo se da en esos 33 contratos, sino que hay otros cuatro que puntualmente reciben dinero público y que no rinden cuentas claras.

Se trata del Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), del Fidemar y del Fideicomiso de Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Colegio de Postgraduados.

Al referirse a estos cuatro fideicomisos, la ASF señala que aunque las cifras de los estados de situación financiera que remitieron los cuatro fideicomisos para renovar su clave de registro, reflejaron que los activos fueron superiores a los pasivos, no hay certeza de que la información presentada sea confiable, ya que no están dictaminados por auditores externos.

El informe especifica que “el endeudamiento de los cuatro fideicomisos arrojó un valor medio de 98 centavos de pasivo por cada peso de activo, dos fideicomisos no registraron pasivos, los pasivos de uno son casi iguales a sus activos y el último por cada peso de activo debe 79 centavos. La rentabilidad es nula, ya que los cuatro fideicomisos arrojaron un valor medio de un peso; en tres, los gastos fueron iguales o ligeramente superiores a sus ingresos, y en uno, sus ingresos fueron superiores a sus gastos en 23 centavos”.

Silencio del SAT Sobre Aduanas I

En materia de desvío de recursos públicos por medio de fideicomisos, los casos abundan. Como ya se ha informado en esta columna, durante los ejercicios fiscales de 2001, 2002 y 2003, el fideicomiso Aduanas I ha causado un daño patrimonial por casi 10 mil millones de pesos al erario federal.

Según el amplio análisis de la ASF, el SAT no enteró a la Tesorería de la Federación esta millonaria suma, derivada del cobro del Derecho de Trámite Aduanero, es decir los impuestos que se cobraron a exportadores e importadores por la entrada y salida de mercancías, en infracción de los artículos 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental.

A través del Instituto Federal de Acceso a la Información, Oficio de papel solicitó al SAT copia de los contratos de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, además de los balances generales y los estados financieros de ambos contratos, pero esa dependencia negó la información bajo los siguientes argumentos:

“Nos permitimos informarle que el Fideicomiso Aduanas I, está constituido con patrimonio de particulares, por lo que se trata de un fideicomiso de carácter privado, motivo por el cual el SAT no es competente para atender este requerimiento. También le hacemos del conocimiento que existe el Fideicomiso Consorcio de Comercio Exterior II, el cual es denominado coloquialmente con el nombre de Fideicomiso Aduanas II, mismo que está constituido con patrimonio de particulares, por lo que se trata de un fideicomiso de carácter privado, motivo por el cual el SAT no es competente para atender este requerimiento.

“Lo anterior con fundamento en los artículos 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el cual señala: Los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos. Así como el octavo de los lineamientos en materia de clasificación y desclaficación de información relativa a operaciones fiduciarias y bancarias, así como al cumplimiento de obligaciones fiscales realizadas con recursos públicos federales por las dependencias y entidades de la administración pública federal, el cual a la letra indica:

“En el caso de fideicomisos privados que involucren recursos públicos federales a los que se refiere el artículo 181 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal vigente, la dependencia o entidad que eroga las aportaciones federales, deberá otorgar acceso a la información relativa únicamente por lo que se refiere a la aplicación de los recursos públicos federales, de conformidad con el artículo 12 de la Ley. En el SAT nuestra misión es servirle.”

El problema de esta negativa de información y que tendrá que resolver el IFAI, es que dichos fideicomisos, que se operan desde las oficinas de la Secretaría de Hacienda, es que fueron constituidos precisamente por el actual secretario Francisco Gil Díaz y, al amparo del secreto fiduciario, creyeron que nunca se sabría de su existencia y mucho menos de los montos que maneja, pues también el SAT creó a la empresa Integradora de Servicios Operativos S.A. (ISOSA), la cual es privada y maneja recursos públicos, y también el director de la empresa trabaja físicamente en las oficinas de Hacienda.

La Ofensiva de Hacienda

Otra más de fideicomisos. Ayer nos enteramos que la SHCP abrió un nuevo flanco en contra de la transparencia en el manejo de recursos a través de estas figuras, pues según dieron a conocer los reporteros de La Jornada, Roberto Garduño y Enrique Méndez, la dependencia busca mantener las restricciones que impiden al Instituto Federal Electoral (IFE) y a la ASF, fiscalizar la operación y el destino de los recursos destinados a estas figuras jurídicas.

De consumarse esta pretensión, el gobierno federal permitirá que en el futuro proliferen casos similares al de “Amigos de Fox”, que operó por medio del Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia en México. Del que por cierto se han desprendido varios delitos electorales, entre ellos el rebase en los gastos de campaña por 2.1 millones de pesos durante la candidatura de Santiago Creel, por el gobierno del Distrito Federal, ampliamente comprobado por el Instituto Electoral del Distrito Federal.

Con esta medida, en el ámbito correspondiente a la Auditoría Superior de la Federación, se solaparía aún más el dispendio de los miles de millones de pesos exprimidos del erario y consignados a fideicomisos públicos y privados. Bienvenidos al México real de la corrupción foxista.

Por tercer año consecutivo, la Auditoría Superior de la Federación encontró y denunció graves irregularidades en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), relacionadas con la operación del Fideicomiso Aduanas I y su relación con la empresa privada Integradora de Servicios Operativos S.A. de C.V. (ISOSA), lo que se traduce en daños patrimoniales cercanos a los 10 mil millones de pesos para los ejercicios fiscales 2001, 2002 y 2003.

En este espacio se han denunciado las irregularidades cometidas desde las oficinas de la Secretaría de Hacienda con en el manejo de los fondos públicos recaudados por el Derecho de Trámite Aduanero y desviados a fideicomisos aduaneros y a empresas creadas para ello.

Así, en el reciente Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2003, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se advierte que sólo en el ejercicio fiscal del erario público correspondiente a 2003 se tuvo una afectación de 2 mil 585 millones 918 mil pesos; y que de esta cantidad ISOSA se benefició con más de mil 500 millones.

En el amplio análisis sustentado en auditorías realizadas por la ASF, se documenta que el SAT no enteró a la Tesorería de la Federación (Tesofe) dicha suma millonaria, derivada del cobro del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), “en infracción de los artículos 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental”.

El análisis del órgano de fiscalización, dependiente de la Cámara de Diputados, señala que la cifra se registró como “ingresos ajenos del DTA”, distribuidos de la siguiente manera: mil 577 millones 434 mil pesos para el pago de la contraprestación por el procesamiento electrónico de datos, y mil ocho millones 484 mil pesos para los servicios de apoyo y control del despacho aduanero.

No obstante, para la ASF “los 2 mil 585 millones 918 mil pesos debieron consignarse como Ingresos Ley, ya que los derechos son contribuciones de carácter federal; además, estos recursos no se registraron en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2003”.

Según indica el Tomo III del informe, “como resultado de las auditorías practicadas al DTA, en las cuentas públicas de 1999, 2001 y 2002 se detectó que una parte importante de los ingresos de este derecho no se enteró a la Tesofe, ya que se canalizó al Fideicomiso Aduanas I, número 954-8, para el pago de la contraprestación por los servicios del procesamiento electrónico de datos y de apoyo y control del despacho aduanero”.

La ASF estima que al 31 de diciembre de 2003, el Fideicomiso Aduanas I contaba con un saldo de siete mil 400 millones de pesos. “Al 30 de junio de 2003, el Órgano Interno de Control en Nacional Financiera, S.N.C. reportó un saldo de 6 mil 374 millones 800 mil pesos”. Documento dado a conocer por Oficio de papel.

El manejo de los recursos

La amplia investigación advierte que, en ese ejercicio fiscal, el cobro del DTA captado por las 48 aduanas del país contabilizó un ingreso de 2 mil 990 millones 599 mil pesos, de los cuales sólo el 13.05 por ciento (404 millones 626 mil pesos) se enteró a la Tesofe.

Ante las irregularidades detectadas, la ASF realizó varios cuestionamientos al SAT, por lo que esta última dependencia giró el oficio 327-SAT-II-7-0022, fechado el 4 de enero de 2005, en el que informa la distribución porcentual de los recursos.

“53.04 por ciento (mil 577 millones 434 mil pesos) se destinó al pago por la contraprestación de servicios de procesamiento electrónico de datos; 33.91 por ciento (mil ocho millones 484 mil pesos) se orientó a la provisión por el pago de los servicios de apoyo y control del despacho aduanero, y el 13.05 por ciento se enteró como Derecho de Trámite Aduanero a la Tesorería de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Aduanera y la regla 1.3.5 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, publicadas en el diario oficial de fecha 17 de abril del 2003.”

De esta manera, el informe revela que más del 50 por ciento de los ingresos obtenidos por el DTA se transfirieron a ISOSA, empresa constituida por Francisco Gil Díaz cuando era subsecretario de Hacienda, con asesoría jurídica de Santiago Creel Miranda, actual secretario de Gobernación, y de lo cual ninguno de los dos quieren recordar.

Pues según detalla la investigación fiscal, las operaciones contratadas en el 2003 por el SAT, para los servicios de procesamiento electrónico de datos -proporcionados por ISOSA-, fueron autorizadas por la SHCP al Fideicomiso Aduanas I.

Al cuestionar estos contratos a los actores involucrados, la empresa que aún opera Gil Díaz refirió a la ASF que no estaba obligada a transparentar los procesos. “Mediante el oficio AU-0208/2004 de fecha 12 de noviembre de 2004, el administrador único de ISOSA negó la información solicitada.”

En ese comunicado, ISOSA informó que “se confirma el contenido del diverso DG-0364/2002, de fecha 19 de diciembre, emitido por esta empresa a ese Órgano Fiscalizador, en el que se estableció que Integradora de Servicios Operativos es una sociedad constituida bajo la legislación vigente en la República Mexicana y bajo la forma de Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual maneja exclusivamente recursos privados. ISOSA no tiene celebrado contrato alguno con entidades que pertenecen al Gobierno Federal”.

Pero para la Auditoría, éste no fue el único impedimento, pues como consecuencia de la Controversia Constitucional 84/2004 que interpuso la SHCP ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 20 de agosto de 2004, en contra de la Cámara de Diputados y de la ASF, no se reiteraron las peticiones de información ni al SAT ni a ISOSA, “para evitar que se promuevan otros recursos de queja en contra de este órgano superior de fiscalización”. ¿Para qué se escudan en la Corte si no hay nada que esconder?

Aduanas I

El informe de la ASF también refiere que, aunque el 2 de junio de 1998 se celebró un convenio modificatorio al Contrato del Fideicomiso Aduanas I núm. 954-8, para promover cambios en diversas cláusulas del contrato referido, la SHCP creó un nuevo fideicomiso para legalizar la actuación del primero.

Entre las reformas hechas al fideicomiso Aduanas I, las más relevantes para la ASF son las efectuadas a la cláusula III Fines, pues “se precisa que el fideicomiso tiene como fin administrar, adquirir, recibir e invertir las cantidades que se cobren por concepto de contraprestaciones por los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados para llevar a cabo el despacho aduanero, y las demás operaciones que la Secretaría autorice en los términos del artículo 16 de la Ley Aduanera.

“En dicha cláusula se estipula que para el cumplimiento de los fines la fiduciaria deberá ‘Recibir de la TESOFE las cantidades que se señalan en el primer párrafo de la presente cláusula’.”

Para la Auditoría esto significa que a partir del 2 de junio de 1998, la totalidad del DTA debió concentrarse en la Tesorería de la Federación, que a su vez debió transferir los recursos correspondientes al fideicomiso. No obstante, señala, “al 19 de mayo de 2004 no se habían puesto en vigor las modificaciones referidas y se continúa infringiendo la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, su Reglamento y el contrato del Fideicomiso Aduanas 1 núm. 954-8”.

El órgano superior de fiscalización explica que con la creación del nuevo fideicomiso, la SHCP pretende transparentar las operaciones ilegales del Aduanas I, de lo cual se ha informado puntualmente en esta columna.

“El 20 de mayo de 2004 se firmó el contrato de un nuevo fideicomiso denominado Fideicomiso para Administrar la contraprestación del artículo 16 de la Ley Aduanera, cuyo fideicomitente es el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Fiduciaria es Nacional Financiera, S.N.C.

“De conformidad con el contrato, son fines del fideicomiso ‘recibir, invertir y administrar las cantidades que se cobren por concepto de contraprestaciones por los servicios a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, así como realizar el pago a terceros que sean necesarios para cumplir con los presentes fines y con el artículo 16 antes citado’”, reporta la Auditoría Superior de la Federación.

Otras irregularidades

En su informe, la ASF también detectó irregularidades relacionadas con los bancos recaudadores del DTA por 11 mil 279 millones 100 mil pesos. El análisis se deriva de los reportes diarios bancarios de la concentración y distribución de la recaudación de las contribuciones al comercio exterior y los formatos SIAC-Banxico de diciembre de 2003, proporcionados por el SAT.

Según esos reportes, “las contribuciones al comercio exterior captadas por las instituciones bancarias reportaron un total de 14 mil 884 millones 14 mil pesos -BBVA Bancomer, S.A. (3 mil 664 millones 42 mil pesos); Banco Nacional de México, S.A. (6 mil 18 millones 505 mil pesos); Bital (3 mil 732 millones 228 mil pesos); Santander Serfín, S.A. (120 millones 909 mil pesos), y Banco Mercantil del Norte, S.A. (mil 148 millones 329 mil pesos)”.

La ASF documenta que de los más de 14 mil millones de pesos, 43 millones 129 mil pesos correspondieron al DTA. “Se determinó que, en diciembre de 2003, los cinco bancos recaudaron un total de 330 millones 495 mil pesos del DTA”.

De estos, señala el informe, en ese mes se depositaron 287 millones 365 mil pesos en la cuenta 264-732-492-7 del Fideicomiso Aduanas I, 175 millones 294 mil pesos se destinaron al pago de las contraprestaciones del procesamiento electrónico de datos y 112 millones 70 mil pesos, a la cobertura de los servicios de apoyo y control del despacho aduanero. Y que los 43 millones 129 mil pesos restantes se enteraron a la Tesofe.

“De la revisión de la recaudación y del traspaso a las cuentas bancarias del Fideicomiso Aduanas I, así como de los pagos de diciembre de 2003 a la Tesorería de la Federación, se determinaron las irregularidades siguientes:

“1.- El 18 y 19 de diciembre de 2003 Santander Serfín y Bital no enteraron a la Tesofe 8 mil 400 y 55 mil 700 pesos, respectivamente, de las contribuciones al comercio exterior que incluyen también ingresos del DTA.

“2.- De acuerdo con los formatos SIAC-Banxico de BITAL, durante diciembre del mismo año no se depositaron en la cuenta 2280010000010 las contribuciones al comercio exterior, por 3 mil 732 millones 228 mil pesos, monto que incluyó 11 millones 215 mil pesos del DTA, dichos recursos se depositaron en la cuenta 2277000170000, la cual se desconoce el nombre del cuentahabiente al que pertenece.”

Pese a los montos involucrados, la Auditoría Superior de la Federación reconoce que “derivado de la Controversia Constitucional 84/2004 no se pudo cuestionar al SAT respecto de la omisión”.

El expediente ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.) y sus fideicomisos de Aduanas siguen acompañando a la administración foxista y todo hace creer que será hasta después del 2006, si el PAN pierde la Presidencia de la República, cuando sepamos los negocios privados y los manejos irregulares que durante 15 años hicieron los gobiernos federales del PRI y del PAN con los fondos públicos que triangularon hacia empresas privadas por órdenes de la Secretaría de Hacienda y que aún guardan poco más de 7 mil millones de pesos en el Fideicomiso Aduanas I abierto en Nacional Financiera.

Y esto viene a cuento porque en el dictamen realizado por el grupo especial de trabajo de la Cámara de Diputados a la Cuenta Pública del 2001 durante la administración panista, concluye que al revisar el cumplimiento de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de ese año, se determinó que la Secretaría de Hacienda infringió diversas disposiciones al no enterar a la Tesorería de la Federación (Tesofe) los ingresos provenientes del cobro de los Derechos por Trámite Aduanero, recursos que nutren a los fideicomisos Aduanas I y II, sin que hasta ahora pueda beneficiarse al erario federal con 4 mil 676.2 millones de pesos generados en el 2001.

Los efectos económicos de las auditorias a la Cuenta Pública que, por cierto, confirman las conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación que preside Arturo González de Aragón, suman más de 339 mil 456.2 millones de pesos, de los cuales no fue posible comprobar y solventar 26 mil 327.4 millones correspondientes al Fobaproa-IPAB; 4 mil 685.2 del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y 4 mil 676.2 millones por el Derecho de Trámite Aduanero (ISOSA).

Tan sólo la inobservancia de la normatividad en las entidades de la administración foxista provocó un costo de 75 mil 389.8 millones de pesos, un 22 por ciento del total. La lista de inconsistencias encontradas en las auditorias está conformada por la falta de autorización o justificación de erogaciones; omisión de reintegros a la Tesofe; capital de la banca de desarrollo; omisión de retenciones o enteros de impuestos, falta de comprobación del gasto; adjudicaciones fuera de norma; pagos improcedentes o en exceso; pagos sin contrato o fianza y falta de aplicación de penas o sanciones.

Entidades como el SAT, Pemex, Nafin y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron notificadas antes de que se presentara el informe de las auditorias a las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados. Estas paraestatales reconocieron y corrigieron en sus registros contables más de 218 mil millones de pesos, justificaron 84 mil 901.3 millones, con lo que se recuperaron recursos por mil 493.6 millones.

Sin embargo, no lograron comprobar, en línea con las diversas leyes de la administración pública, 35 mil millones de pesos.

Las fallas de Gil Díaz

La dependencia a cargo de Francisco Gil Díaz, según el informe que este martes fue aprobado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados con 16 votos a favor del PRI y PRD y ocho en contra del PAN, también falló en autorizar la contratación de deuda pública de algunas entidades. Los legisladores señalaron las inconsistencias en las declaraciones al cuarto trimestre del 2001 de las finanzas públicas, pues no se registran de manera adecuada los ingresos obtenidos por el aprovechamiento de rendimientos excedentes derivados de la venta del petróleo.

Otras de las dependencias con problemas para solventar la aplicación de sus presupuestos son la Comisión Nacional del Agua (Conagua); PMI Comercio Internacional; el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; Casa de Moneda, y Banobras. Por reducción de capital, las auditorías enlistan al IPN, IMSS, ISSSTE, SCT, Ramo 33, Lotería Nacional, INAH, Petroquímica Camargo, Petroquímica Morelos y Sedesol.

A más tardar el 30 de abril, el pleno de la Cámara de Diputado deberá avalar el análisis que señala cómo los órganos del gobierno foxista que registraron las mayores infracciones fueron las 14 entidades auditadas del sector energía, luego de que 12 ordenamientos jurídicos no fueron observados; en el sector de Comunicaciones y Transportes nueve entes auditados incurrieron en violaciones a nueve ordenamientos jurídicos. Otros sectores en donde se detectaron incumplimientos relevantes fueron: Salud, Hacienda, Desarrollo Social y entidades paraestatales no coordinadas sectorialmente.

Lo que sigue es que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) para sentar responsabilidad administrativa por el incumplimiento de disposiciones contenidas en leyes como las de Presupuesto, Ingresos, Adquisiciones y el decreto de Presupuesto de Egresos. Hasta ahora, los legisladores que participaron en esta comisión especial tienen información sobre las acciones que ya ha realizado la ASF para sentar las responsabilidades de funcionarios con presunta responsabilidad en las deficiencias que impidieron solventar el 11 por ciento de los 339 mil millones de pesos.

Las inconsistencias o excepciones al cumplimiento de los principios básicos de contabilidad fueron: registros extemporáneos de ingresos y gastos, realizados o devengados; deficiencias en el control físico y documental de los bienes existentes; estados financieros con información incompleta, al no reconocer el efecto de la inflación.

En las cuentas de activo no se registraron algunos bienes adquiridos y no se actualizaron los valores de los inmuebles de entidades paraestatales.

En materia de registro presupuestal no se observaron todas las disposiciones legales aplicables, así como las clasificaciones incorrectas de partidas presupuestales en el gasto ejercido. Registro incorrecto del pago de prestaciones al personal con plaza presupuestal y de honorarios. Registro contable incorrecto por adquisiciones de inmuebles, mobiliario y equipo.

La revisión de la Cuenta Pública del 2001, por parte del Congreso, constató que varias entidades del gobierno foxista presentaron sus estados financieros con información incompleta, por la omisión de la actualización de sus cifras; no efectuaron recuentos físicos de los bienes inventariables; no crearon las reservas de las obligaciones laborales; no cumplieron con la consistencia en el cálculo de la depreciación de los activos fijos; tienen activos excedidos respecto a su valor de recuperación y no consolidan ni valoran las inversiones a través del método de participación.

El dictamen realizado por un grupo de trabajo especial de la Cámara de Diputados concluyó que del total de las dependencias y entidades revisadas, en mayor o menor medida, no cumplieron de manera estricta con algunas de las disposiciones y normas jurídicas en materia de ingreso-gasto. De esta forma, no se cumplió cabalmente con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y su reglamento; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2001.

El PAN presiona al auditor

En los últimos meses el presidente Fox y su secretario de Gobernación, Santiago Creel, se han dedicado a pregonar la libertad para informar lo que sucede en el gobierno federal, así como la transparencia y rendición de cuentas de la administración foxista; sin embargo, esta campaña mediática gubernamental contrasta con las presiones que legisladores del PAN en la Cámara de Diputados ejercen para callar al auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, a quien pretende censurar para impedir que informe a los mexicanos, a través de los medios de comunicación, de los resultados de sus investigaciones al ejercicio presupuestal en el “gobierno del cambio”.

Por una buena nota de la reportera Alicia Salgado publicada en El Financiero, nos enteramos que “legisladores del PAN en la Cámara de Diputados presentaron una iniciativa que pretende prohibir al titular de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, la formulación de opiniones o comentarios a los medios de comunicación sobre los informes que elabora, aun cuando éstos tienen carácter público».

La reportera explica que los derechos legisladores panistas intentan hacerlo pese a que el Congreso de la Unión decidió promover una reforma constitucional para fortalecer las atribuciones de fiscalización de la ASF sobre los ingresos y egresos; manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos federales. Esto incluye a aquellos recursos ejercidos por las entidades federativas, municipios, partidos políticos, particulares y los transferidos a fideicomisos, fondos, mandatos o a cualquier figura análoga.

El autor de esta iniciativa mordaza es el diputado panista Rafael Sánchez Pérez y está suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF y presentada al pleno de la Cámara baja el 8 de febrero, precisa en su nota Alicia Salgado.

La iniciativa establece que una vez que el auditor superior de la Federación entrega el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta Pública, «formula opiniones, comentarios y juicios de valor sobre esos resultados a los medios de comunicación, lo cual en diversas ocasiones ha resultado perjudicial». El problema no son los medios de comunicación a los que se informa, pues éstos son sólo un vehículo para que la población esté plenamente informada de lo que hacen los servidores públicos, de tal manera que la iniciativa mordaza es para evitar que los mexicanos esté informados.

A pesar de la lentitud con la que se mueve la Cámara de Diputados, el proceso de investigación por parte de este órgano legislativo avanza en contra de las irregularidades cometidas con el manejo de fondos públicos correspondientes al cobro por el Derecho de Trámite Aduanero. Como esta columna ha dado cuenta puntualmente, se trata de la constitución de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, así como la creación de las empresas privadas ISOSA, COSISA e IASA, que fueron utilizados por la Secretaría de Hacienda para el uso de recursos públicos sin tener que rendir cuentas a nadie y sin la molesta supervisión de los órganos de control y fiscalización del Congreso y de la Secretaría de la Función Pública.

De acuerdo con el predictamen de la revisión de la Cuenta Pública de 2001, elaborado por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, con base en el informe de la Auditoría Superior de la Federación y que en los próximos días será discutido por los diputados, se establece que “en relación con la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2001, se determinó que se violaron diversos artículos, considerando que una de las entidades auditadas no enteró a la Tesorería de la Federación los ingresos provenientes del cobro de los derechos por trámite aduanero, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 11, primer párrafo, y 12”.

Dicho documento establece también que “en lo concerniente a la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, se determinó su infracción en dos entidades públicas; el caso más relevante se refiere a una entidad que no enteró parte de la recaudación por Derecho de Trámite Aduanero, en contravención de lo que estipula el artículo 30, párrafo primero de la referida Ley, y 26 de su Reglamento.

“Por lo descrito anteriormente, esta dictaminadora considera que si bien la administración pública federal atendió de manera general los preceptos jurídicos y normativos relacionados con la materia, de la revisión de la Cuenta Pública se desprende un numero significativo de incumplimientos que han constituido observaciones a su contenido, siendo procedente que la Auditoría Superior de la Federación, en el marco de sus atribuciones, dé puntualmente seguimiento a su solventación y finque las responsabilidades conducentes”.

Es decir, la Cámara de Diputados ordena a la Auditoría Superior de la Federación realizar las investigaciones correspondientes por diversas irregularidades descubiertas con el manejo de recursos procedentes del cobro fiscal por derechos aduaneros que se cobran a exportadores e importadores, así como el no enterar parte de la recaudación por el cobro del Derecho de Trámite Aduanero.

Pretenden Borrar las Huellas de Corrupción

En el seguimiento informativo de cómo el gobierno de Vicente Fox ha modificado su estrategia de operación en el manejo de recursos públicos para evitar que un nuevo gobierno en 2006 pueda investigar y fincar responsabilidades penales por el presunto delito de peculado, es decir desviación de fondos del erario federal, dimos cuenta el año pasado de que un tema que preocupa al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, es cómo explicar la operación irregular de los fideicomisos privados Aduanas I y Aduanas II, sobre todo porque el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, está muy cerca de las huellas de corrupción dejadas por la constitución y operación de dichos fideicomisos que han sido utilizados para recaudar impuestos por el Derecho de Trámite Aduanal (DTA) y que, sin rendir cuentas a nadie sobre el manejo y gasto de dichos recursos, aún acumulan 8 mil millones de pesos.

Hasta hace poco tiempo el Fideicomiso Aduanas I se nutría de fondos recaudados por el cobro que se hacía por el DTA, pero como el Tratado de Libre Comercio prohíbe esos cobros aduanales por la importación y exportación de mercancías, la Secretaría de Hacienda planeó el cobro por el Derecho de Procesamiento Electrónico, desde donde continúan las transferencias de recursos públicos hacia ese fideicomiso privado, sin que la Secretaría de la Función Pública ni la Auditoría Superior de la Federación puedan hacer algo para detener estas operaciones financieras irregulares.

Esta acumulación de recursos públicos que se manejan como cuentas privadas se inició hace 14 años, cuando Gil Díaz se desempeñaba como subsecretario de Hacienda en el sexenio salinista y planeó y constituyó el fideicomiso Aduanas I para recabar fondos y poder gastarlos sin autorización y vigilancia del Congreso.

Ahora lo que pretende el gobierno de Vicente Fox es cerrar dichos fideicomisos aduaneros convirtiéndolos en públicos y evitar que se investigue su pasado bajo el argumento de que anteriormente eran privados y que la Auditoría Superior de la Federación no tiene facultad para revisarlos.

Así, el secretario Gil Díaz pretende que una vez convertidos en públicos los dos fideicomisos aduaneros, la Auditoría Superior de la Federación se desista de sus investigaciones sobre el enorme desvío de fondos públicos y la corrupción latente sobre el gasto de casi 20 mil millones de pesos cometido impunemente durante más 14 años.

Audaz y astuto, Gil Díaz ha dispuesto desparecer dichos fideicomisos privados antes de que concluya el gobierno de Vicente Fox, de tal manera que los menos de dos años que restan al “gobierno del cambio” se dedicarán a limpiar y transparentar cualquier irregularidad en que se hubiera incurrido con la operación de los fideicomisos de Aduanas, en donde es corresponsable en su constitución el actual secretario de Gobernación y aspirante panista a la candidatura presidencial, Santiago Creel Miranda.

Así, de llegar un nuevo gobierno a la Presidencia de la República en el 2006, de filiación distinta al PAN, ya no tendría nada que investigar porque la Secretaría de la Función Pública habría hecho el trabajo sucio de limpiar los expedientes de todas las irregularidades cometidas con el dinero público; además de que estos fideicomisos son privados y eso impediría investigar su pasado, de tal forma que sólo estarían disponibles los archivos correspondientes a los dos últimos años, cuando ya sean fideicomisos públicos y se haya transparentado su operación.

La ASF Tiene en la Mira a Gil Díaz

En 2004 el auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, compareció ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados para escuchar las conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis al informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2002, y allí se refirió al caso de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, así como a la empresa privada Integradora de Servicios Operativos Sociedad Anónima (ISOSA), que hasta la fecha sigue bajo el control del secretario Francisco Gil Díaz, quien utiliza el secreto bancario y fiduciario para impedir una revisión exhaustiva a los miles de millones de pesos que se han gastado sin control alguno en la supuesta modernización de las aduanas en todo el país.

Como pocas veces el auditor se refiere públicamente a la enorme corrupción descubierta en la Secretaría de Hacienda, ahora recordamos cómo González de Aragón tuvo que justificar la investigación que realiza sobre el caso de los fideicomisos aduaneros: “la Auditoría Superior de la federación tiene como principal patrimonio la neutralidad, no trabaja con menú a la carta ni por consignas para favorece o aceptar intereses particulares o de grupo; no emite cheques en blanco a favor de nadie; toda la conciencia y la convicción es de que tiene un compromiso que trasciende a los intereses particulares y que se inscribe en el interés de México y la verdad”.

Al referirse a ISOSA comentó que “con la Ley Aduanera, que es un señalamiento puntual y preciso por parte de la Auditoría Superior, ya que fincaron pliegos de observaciones por 4 mil 500 millones de pesos en el caso de la Cuenta Pública 2001 y por 2 mil 2 millones de pesos en el caso de la Cuenta Pública 2002”, es decir, que Hacienda tiene que explicar el origen, operación y destino de casi 8 mil millones de pesos de fondos públicos triangulados a la empresa privada ISOSA y que han terminado en los fideicomisos privados Aduanas I y Aduanas II.

González de Aragón también habló del nuevo fideicomiso Fidemica (Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras), creado por instrucciones del secretario de Hacienda para encubrir las irregularidades descubiertas en los fideicomisos privados de Aduanas, y señaló que “debo informarles que recientemente fui informado de que el fideicomiso que se aducía que era privado ya se convirtió en público. Ya recibimos copia de este instrumento, lo cual acredita una vez más que estamos por el camino correcto, porque por lo menos estamos acotando algo que era irregular, de manera que en la constitución con base en recursos públicos, ya limitamos el efecto, ahora habrá que ver la respuesta y el proceso de los pliegos de observaciones que ya fincamos y notificamos y ver cuàles son las respuestas para actuar en consecuencia en uso de nuestras facultades y atribuciones”.

Al gobierno federal le hacen más daño las palabras que los hechos. Dos ejemplos ocurridos la semana pasada así lo prueban: el primero tiene que ver con el acertado discurso del doctor José Luis Soberanes, quien en un acto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y frente al presidente Vicente Fox, hizo una legítima crítica a los actores políticos por la polarización de sus posiciones y la falta de diálogo y negociación para resolver los problemas que agobian al país, mientras que la población sufre las consecuencias de ese radicalismo vergonzante. La respuesta a la crítica de Soberanes fue el enojo de Fox, quien con soberbia pretendió ignorar lo que decía, cuando el ombudsman no hizo más que advertir la estupidez de los políticos.

El segundo caso fue el escándalo que inició la Secretaría de Gobernación al responder al informe que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos hizo sobre México, en donde advierte de los riesgos por la descomposición política con miras a la sucesión presidencial del 2006. Aquí la respuesta fue del secretario de Gobernación, quien rechazo las declaraciones del director de la CIA, Porter Gross, por considerarlas una intromisión en los asuntos internos de México, como si esto fuera más grave que el espionaje permanente que realizan los organismos policiales estadounidenses a políticos mexicanos y luchadores sociales o las operaciones encubiertas que hacen todos los días en territorio nacional o la vigilancia del espacio aéreo, marítimo y terrestre del país o la persecución de supuestos delincuentes en territorio nacional o, y esto es lo más grave, las presiones continuas al gobierno foxista para que México se doblegue a los intereses económicos y políticos de Estados Unidos.

En realidad el único malestar del gobierno foxista es que su principal socio comercial haga una crítica pública a la descomposición económica, política y social que hay en el país por la pésima administración del gobierno de derecha que encabeza Vicente Fox, pues en los cuatro años de gobierno siempre ha cedido a los caprichos de su homólogo George Bush.

Sin embargo, el crítico informe de la CIA habla de los riesgos que representa para los intereses de Estados Unidos una grave crisis política, y aunque no va más allá, en México sí sabemos que ha sido generada por el vacío de poder, lo que ha incrementado la violencia como homicidios, secuestros y robos, desigualdad social, pobreza extrema, fortalecimiento de grupos armados y polarización de grupos políticos, todos estos problemas configuran un escenario ideal para los estallidos sociales y magnicidios como los ocurridos a finales del sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Pero al margen del análisis que hizo la CIA en su informe que preocupó tanto a funcionarios gubernamentales que encontraron en él un magnífico escaparate para envolverse en la bandera y salir a defender la patria, lo que en realidad debería preocuparles es la continua operación de las agencias policiales estadounidenses en territorio nacional. Por ello sorprende que Santiago Creel se preocupe más por un informe de la CIA sobre la realidad mexicana que por las operaciones de espionaje y la intervención de las comunicaciones privadas que realizan ésta en México.

Para nadie es un secreto la intervención de Estados Unidos en asuntos internos de México y en toda Latinoamérica mediante el espionaje, las intervenciones telefónicas, las persecuciones “en caliente” de aviones que cruzan el espacio mexicano, las detenciones ilegales, los cateos y hasta los secuestros para satisfacer la política intervencionista y extraterritorial instrumentada desde Washington en territorio mexicano.

Y esa imagen intervencionista de las agencias policiales estadounidenses (CIA, DEA, FBI y servicios de Aduanas) ha sido puesta en duda hasta por el propio Congreso de los Estados Unidos ante los pésimos resultados para resguardar los intereses de ese país y el ejemplo más contundente es que nada pudieron hacer para evitar la agresión que su población sufrió aquel 11 de septiembre.

Por ello el gobierno estadounidense ha manifestado reiteradamente que la estabilidad, la prosperidad y la paz social de México son de vital importancia para la seguridad nacional de su país, y con ese argumento mantienen bajo presión al gobierno mexicano y bajo vigilancia constante a la población.

Y mientras las autoridades policiales y militares de México aprovechan toda la información que los cuerpos de seguridad de los Estados Unidos les mandan, en la esfera política representa un escándalo cuando desde Washington se advierten los riesgos que representa México por sus crisis política, económica y social.

El espionaje de Estados Unidos

Habría que preguntarnos ahora en dónde estaba el secretario de Gobernación cuando Estados Unidos ordenó vigilar el transporte internacional de pasajeros que ingresaba o salía de territorio mexicano como una medida preventiva para la seguridad de los Estados Unidos ante posibles atentados terroristas. Acaso ese no era un acto de sumisión del gobierno mexicano al permitir que agentes estadounidenses vigilaran directamente aeropuertos y estaciones marítimas y terrestres del país.

En aquel entonces escribimos en Oficio de papel cómo la Secretaría de Hacienda había ordenado a la Administración General de Aduanas (AGA) acatar las disposiciones que sólo servían a los intereses de seguridad de Estados Unidos, a fin de que desde Washington se vigilara a mexicanos y extranjeros que ingresaban o salían de territorio nacional, mientras que la secretaría responsable del manejo de la política interna y de salvaguardar la seguridad de los mexicanos se mantenía en silencio ante un acto abiertamente injerencista del gobierno estadounidense.

Pero el gobierno de Vicente Fox no sólo acató las órdenes giradas por Washington, sino que la Secretaría de Hacienda tuvo que hacer modificaciones a las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, entre otros el capítulo 2.16, denominado «de la transmisión electrónica de información por las empresas aéreas que efectúen el transporte internacional de pasajeros», a fin de que se enviara electrónicamente a estados Unidos el registro de mexicanos que transitaban por el país.

Con esas modificaciones Hacienda obligaba a las empresas aéreas que efectuaban el transporte internacional de personas para que transmitieran a un sistema electrónico de la AGA toda la información detallada de los pasajeros y de la tripulación que ingresara o saliera del país. Dicha información, señalaba Hacienda, «se deberá transmitir electrónicamente utilizando el Formato Estándar para el Intercambio de Información Electrónica para la Administración, el Comercio y el Transporte de los Estados Unidos de América (US/EDIFACT), conforme los lineamientos que establezca la Administración Central de Informática de la AGA».

Así de burdo este gobierno hace cambios en leyes, reglamentos y disposiciones mexicanas para ponerlos al servicio de los intereses estadounidenses, los cuales exigen que la AGA recabe toda la información del tráfico de pasajeros en territorio nacional para enviarla inmediatamente a Washington como una medida preventiva para la seguridad de Estados Unidos.

Aquí sí cuando se ordenaron esas disposiciones el gobierno foxista vulneró la seguridad nacional, la soberanía y la libertad de los mexicanos al permitir la injerencia del país vecino sobre información personal, mientras que las secretarías de Hacienda y de Gobernación mantuvieron oculta la operación hasta que la prensa investigó y reveló toda la información.

El Departamento de «Blancos»

Clasificado entre las nuevas reglas de comercio exterior, la Administración General de Aduanas de México tiene la obligación de reportar las listas de pasajeros de los vuelos que entran y salen del país a un Departamento de Seguridad Interna del Gobierno de Estados Unidos conocido como «Blancos», en donde acumulan los datos de los principales «enemigos» de ese país.

Estas disposiciones fueron ordenadas desde Washington al gobierno foxista como una medida preventiva para evitar más atentados en contra de su territorio, y consiste en que la Administración General de Aduanas solicite a las líneas aéreas las listas de pasajeros que ingresan o salen del país.

Para ello, el gobierno estadounidense financió un sofisticado equipo en las oficinas centrales de Aduanas en México donde se recabará toda la información de las personas que llegan o salen del país para remitirla inmediatamente a Washington. Con esos datos, el Departamento de «Blancos» determina quiénes son sus enemigos y los pone en una «lista negra» que entrega al gobierno de México para que los organismos de seguridad nacional los persigan, los detengan y en su caso los extraditen.

El gobierno de EU entrega la «lista negra» a la Administración General de Aduanas y ésta la turna a los organismos mexicanos que participan en este proceso de análisis de información confidencial: Inteligencia Militar, Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Policía Federal Preventiva (PFP), Agencia Federal de Investigación (AFI), Migración, Procuraduría General de la República (PGR) y Procuraduría Fiscal, los cuales vigilan a esos «enemigos peligrosos» de Estados Unidos.

En esto que representa una extensión del «brazo justiciero antiterrorista» de EU en territorio mexicano, la información de pasajeros es enviada a Washington apenas «dentro de los 40 minutos posteriores a que la aeronave hubiera despegado del último aeropuerto en el extranjero con destino a territorio nacional o de éste hacia el extranjero».

Pero qué pasa con los derechos civiles y humanos de todos los mexicanos que viajen en avión para salir o entrar al país, pues simplemente son violados por el gobierno mexicano que dispone de sus datos personales para entregarlos al gobierno de Bush. La información confidencial de los pasajeros que se entrega a Estados Unidos contiene nombre completo, fecha de nacimiento, género, sexo y tipo de tránsito, qué pasaporte utiliza, visa o matrícula consular expedida por el gobierno mexicano, código del país, aeropuerto de origen, código de la línea aérea, número de vuelo, fecha y hora de salida y de llegada.

Puntos suspensivos…

El destacado historiador Enrique Krauze ha comparecido en varias oportunidades ante el Ministerio Público. Primero estuvo reticente y luego apapachado por las autoridades –resulta que don Renato Sales Gasque le ha repetido las pruebas de estimación con que lo distinguió Andrés Manuel López Obrador–, se despacho con la cuchara grande para declarar en el litigio que Clío, su empresa, tiene contra una exfuncionaria de esa negociación. El ingeniero Krauze precisó algunas situaciones que según él son suficientes para que Diana Roldán vaya a la cárcel. En sus declaraciones, el historiador hizo señalamientos muy puntuales sobre ética, verdad y derecho. Sin embargo, no fue lejos por la respuesta, Diana Roldán se presentó de inmediato ante la Procuraduría para subrayarle al procurador Bátiz que lo que manifestó su acusador tiene algunas aristas espinosas que debe tomar en cuenta. De aquí que Roldán también declara con mucha dureza, lo que anuncia que el pleito entre ellos está lejos de arreglarse. La adversaria del polémico intelectual asegura que ha faltado a la verdad, manipula la información y se comporta de manera engañosa con el propósito de integrar un expediente a toda costa. Vamos a ver quién tiene la razón.