Las compañías cigarreras –Philip Morris y British American Tobacoo- y la Secretaría de Salud deberán dar a conocer la información y documentación que respaldan el Fideicomiso del Sistema de Protección Social de Salud, constituido en 2004 en Banobras para recibir los donativos de un peso por cajetilla vendida en el mercado mexicano.

De acuerdo con el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, Juan Pablo Guerrero, la Secretaría de Salud no puede apelar a la Ley de Instituciones de Crédito y al secreto fiduciario para negar a la opinión pública el acceso al acta constitutiva del fideicomiso cigarrero, así como a la información financiera que respalda el monto de las aportaciones hechas por estas compañías.

Sin embargo, una consulta de información a la Secretaría de Salud sobre el contrato del fideicomiso del Sistema de Protección Social de Salud, puso en evidencia la decisión de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Salud de mantener en secreto los pormenores del acuerdo firmado con las compañías cigarreras del país, para exentarlas del pago de impuestos a cambio de los “donativos” para poner en operación el Seguro Popular, una de los principales programas impulsados por Vicente Fox en la última parte de su gobierno.

Desde agosto pasado, bajo el folio de solicitud 0001200074405, la Secretaría de Salud recibió la solicitud de entregar copia del contrato y acta constitutiva del Fideicomiso del Sistema de Protección Social de Salud, así como el saldo neto de aportaciones realizadas por las empresas cigarreras que aportan recursos desde julio de 2004.

Se informó que el fideicomiso es administrado por Banobras y se justificó ante la Comisión de Acceso a la Información de la Secretaría de Salud que resultaba relevante conocer las bases jurídicas bajo las cuales se estructuró y constituyó dicho fideicomiso, pues involucra el compromiso del gobierno federal de exentar del cobro de impuestos a las compañías cigarreras.

Para la Secretaría de Salud no fueron suficientes los 20 días hábiles que contempla la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 44 para responder la solicitud; por ello, solicitó una prórroga para que su Comité de Información se allegara de mayores elementos para decidir si la dependencia que encabeza Julio Frenk entregaba o no la información que desde ese momento se consideró reservada durante 12 años por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

En cambio, la Secretaría de Salud se limitó a informar que el saldo neto de dicho fideicomiso contaba con recursos por 699 millones 239 mil 224.8 pesos, por concepto de aportaciones de la industria tabacalera al 1 de agosto de 2005.

Después de la prórroga, la dependencia refrendó su decisión de mantener reservada esta información, pues no puede ser entregada por tratarse de un secreto fiduciario.

De esta forma, la Secretaría de Salud argumentó que la Ley de Instituciones de Crédito impide a Banobras entregar dicho contrato, pues se lo impide la Ley de Instituciones de Crédito que, incluso, contempla responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de las responsabilidades penales procedentes. De esta forma, la Secretaría de Salud asegura que aunque se encuentra dispuesta a transparentar la gestión pública, está imposibilitada para entregar dicho documento.

Por ello, el pasado 12 de octubre de 2005, en el expediente 1981/05, se abrió ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública un recurso de revisión e impugnación ante la decisión de la Secretaría de Salud de declarar reservada la información sobre el fideicomiso constituido para beneficiar a las cigarreras.

El comisionado a cargo del proceso, Juan Pablo Guerrero, consideró que la Secretaría de Salud no podía apelar al artículo 118 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues no se trata de un banco, además asegura que el IFAI ya se ha pronunciado sobre la necesidad de transparentar la administración del gobierno federal que se ejerce a través de fideicomisos públicos.

Sin embargo, la dependencia recordó al IFAI las consideraciones sobre el daño que podría causar a los intereses que se protegen con los artículos establecidos en la Ley de Instituciones de Crédito.

El IFAI replicó que ha sido el propio titular de la Secretaría de Salud, Julio Frenk, quien ha difundido información sobre el fideicomiso cigarrero, al dar a conocer que en 2004 se anunció un nuevo acuerdo con la industria, que entre otras medidas agregaría un peso al precio de cada cajetilla de 20 cigarrillos para aportarlo al Fideicomiso de Protección Social en Salud a fin de compensar, así fuera parcialmente, los enormes costos en que incurre el sistema de salud al atender las graves consecuencias del tabaquismo. Además, destacó que en 2006 se tendrían más de 3 mil 920 millones de pesos, una “aportación extraordinaria” que se está usando para ampliar lo que el presidente Fox ha llamado la cobertura vertical del Seguro Popular.

Así, el IFAI concluye que las aportaciones al Fideicomiso 2089 provienen del incremento de un peso al monto que pagan los consumidores por cada cajetilla de cigarros; y que el gobierno federal estima que ese fideicomiso recaudará alrededor de 3 mil 920 millones de pesos para finales de 2006.

Por tanto, es posible observar que el propio secretario de Salud ha hecho pública información relativa a los montos estimados de las aportaciones citadas al fideicomiso, hasta finales del 2006. Así que la Secretaría de Salud deberá justificar, sin apelar a La Ley de Instituciones de Crédito, si entrega o no la información solicitada sobre el acuerdo con las cigarreras.

Feudos en el IMSS

Un caso preocupante es lo que sucede en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entidad pública que cuenta con una estructura de alrededor de 380 mil empleados y que por su bajo presupuesto tiene graves deficiencias en atención pública. Entre los muchos problemas que enfrenta el IMSS está la inhabilitación que la Secretaría de la Función Pública le impuso por tres meses a Luis Miguel Chong, director de Innovación y Desarrollo Tecnológico, a quien se le vincula con diversas irregularidades en la evolución de su declaración patrimonial, es decir hay un enriquecimiento desmedido que difícilmente podrá ser explicado con dinero lícito, además de que tiene varios señalamientos de corrupción como responsable de la adquisición de bienes informáticos.

Otro de los graves problemas que se dio con el relevo en la Dirección General del Instituto, fue cuando a finales del año pasado renunció Santiago Levy y el presidente Fox designó como sustituto a Fernando Flores, un funcionario que llega sin fuerza al cargo y que ha permitido los excesos del director de Administración, el químico Sergio Salazar, quien determina los programas y las acciones que se ejecutan en áreas estratégicas del IMSS.

Lo que le valió a Salazar para ocupar ese importante cargo dentro del IMSS fue su estrecha relación que mantiene con el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien ha mandado a varios de sus compinches a las áreas administrativas y financieras de varias entidades públicas para controlar el manejo del dinero, los contratos de obras y servicios y las relaciones laborales.

En el caso del IMSS se ha designado también como director de Tecnologías de la Innovación al economista Igor Roseta, quien viene de la Oficialía Mayor de Hacienda y que ahora tendrá que resolver el caos informático en el que está envuelto ese Instituto. Por ejemplo, entre los problemas en esa área destaca el equipo informático que con un valor de 26 millones de dólares se mantiene subtulizado en las bodegas del IMSS. Otro caso para resolver es que el sistema informático no esta correlacionado y los miles de millones de pesos que se han invertido en estos programas prácticamente han quedado inservibles.

La población derechohabiente del IMSS, calculada en unos 55 millones de personas, sufre las consecuencias de este enorme rompecabezas y desorden administrativo e informático al que ha sometido Fox a esta institución médica popular, al grado que la operación de la base de datos personales de cada uno de los mexicanos que tienen el Instituto o algún esquema de seguridad social, es manejado por la empresa privada Procesar, que manipula a placer el dinero del sistema de ahorro para el retiro y los datos confidenciales de más del 85 por ciento de los mexicanos.

Por lo anterior, es previsible que el IMSS sea una de las instituciones públicas que en el próximo gobierno sea sujeto a una revisión exhaustiva para determinar el elevado grado de corrupción, los conflictos de interés y el desvío de fondos públicos en que se ha visto envuelto.