Lunes 09 de Agosto de 2004

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. Zedillo negoció el contrato de la CLyFC para Unión Fenosa
. Se han pagado 15 millones de dólares a la empresa española
. 560 mil millones de pesos de salario a la burocracia federal

Hace dos semanas comentamos en este espacio como la Compañía de Luz y Fuerza del Centro otorgó en 1996, cuando transcurría el segundo año del gobierno del
priísta Ernesto Zedillo, un contrato sin licitación de por medio a la empresa española Unión Fenosa, por un monto de casi 20 millones de dólares para modernizar electrónicamente ese servicio mediante la computación, y que casi nueve años después de iniciado este
proyecto modernizador aún no concluye, a pesar de que se había pactado para un periodo de cuatro años.

Además, la CLyFC ya liquidó el 75 por ciento del contrato, es decir pagó a Unión Fenosa 15 millones de dólares y aún restan otros 5 millones que, según aseveran los directivos de la Compañía de Luz, serán liquidados a la empresa española hasta que ponga en
macha el proyecto.

Pues hay nueva información sobre este tema que en épocas de crisis económica como la que vive el país, resulta insultante de que el gobierno federal desembolse 15 millones de dólares por un proyecto mal planeado y que aún no se pone en marcha, cuando hay
otras necesidades sociales más apremiantes, como por ejemplo alimentación, educación y vivienda para más de 50 millones de mexicanos, nada más.

Aunque este expediente está clasificado por la Secretaría de la Función Pública como “reservado por 12 años” por tratarse de un asunto de seguridad nacional, es decir que no pueden conocerse a detalle las operaciones irregulares cometidas por el gobierno
zedillista al otorgar directamente este contrato millonario a una empresa extranjera, el titular del Órgano Interno de Control de la CLyFC, Manuel López Téllez, explicó a este reportero que se trató de un contrato negociado de gobierno a gobierno, es decir
pactado por el presidente Ernesto Zedillo con su homólogo español, lo que deja fuera de responsabilidad a los directores de esa paraestatal eléctrica a pesar de que fueron éstos quienes firmaron los nueve contratos que incluyen dicha inversión millonaria.

Con una claro reconocimiento al derecho que tienen los mexicanos a la información gubernamental, sobre todo cuando se trata de gasto público, el contralor interno
de Luz y Fuerza aceptó hablar del tema y aclarar muchas dudas que otras autoridades se han negado a resolver sobre el expediente de Unión Fenosa, del cual dijo “no está cerrado”, y aceptó que se han hecho observaciones al proyecto, aunque cuando éste se asignó sin licitación a la empresa extranjera, las condiciones del país y de las leyes lo permitían, por
lo cual en un análisis legal riguroso no se cometió alguna irregularidad por no concursar el proyecto, pero si éste se tuviera que asignar ahora sería bajo otras reglas.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación opina de distinta manera, y ha señalado que hay graves irregularidades de incumplimiento de contrato por parte de la empresa española y también de exfuncionarios de la CLyFC que fueron responsables por
negligencia y omisión al liquidar el 75 por ciento del proyecto sin que éste estuviera terminado y en operación.

López Tello explicó que la actual administración de la CLyFC no ha liquidado un solo peso a Unión Fenosa, y aseguró que sólo se pagarán los 5 millones de dólares restantes hasta que entre en operación la reestructuración de los sistemas informáticos.

Reconoció también que el retraso para concluir este proyecto no fue responsabilidad de la empresa española, sino por causas ajenas a su control, como el hecho de no haber involucrado desde un principio a los trabajadores afiliados en el Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME), ya que esto ocasionó inconformidad interna y rechazo de una parte de los sindicalizados, mientras que otros trabajadores aceptan la urgencia de modernizar el servicio de energía eléctrica en la capital del país.

El contralor informó que se han hecho pruebas de toda la estructura del proyecto de modernización del servicio y se ha comprobado su funcionamiento electrónico para sustituir todo lo que ahora se hace manualmente, como por ejemplo la toma de lectura del
consumo de luz en cada hogar, el cual hasta la fecha se hace manualmente, con los consecuentes errores que impiden mejorar el servicio.

Ningún funcionario responsable

A pesar de que en enero de 2002 la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría, a cargo entonces de Francisco Barrio Terrazas, actual coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, ordenó una auditoría a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro por los contratos otorgados a Unión Fenosa, y en dicha investigación determinó que fue indebida la adjudicación de los contratos, que hubo incumplimiento de los mismos y que funcionarios de Luz y Fuerza incurrieron en múltiples
irregularidades por los retrasos en el arranque del proyecto, pero que hasta la fecha no hay procedimiento administrativo en contra de algún funcionario o exdirectivo.

López Tello indica que la Contraloría Interna sólo ha encontrado irregularidades en algún proceso, pero eso es normal, de tal manera que el actual gobierno no podrá aplicar sanciones por el atraso de cinco años en el arranque de un proyecto otorgado a una empresa
extranjera que ha tenido todos los beneficios presidenciales y que aún no culmina su trabajo.

Queja contra Pemex Gas

La empresa Construcciones y Servicios Industriales de Tabasco envió la semana pasada una queja al secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, por las irregularidades y presunta corrupción en Pemex Gas y Petroquímica Básica, empresa a la que acusa de
incumplir un contrato al dejar de pagarle el importe por arrendamiento, así como otros gastos ocasionados por “negligencia, dolo y mala” fe del supervisor del servicio y el jefe de contratos del C.P.G. Nuevo Pemex.

La queja, dice el administrador único de la empresa, Juan Carlos Rosique García, fue enviada por la Secretaría de la Función Pública al Órgano Interno de Control en Pemex Gas y Petroquímica Básica, sin embargo hasta ahora nada se ha hecho para solucionar el problema y se niegan a proporcionar información al respecto.

Según el administrador de Construcciones y Servicios
Industriales de Tabasco “es notoria la falta de ética, profesionalismo y la parcialidad con que se conduce el Órgano Interno de Control en Pemex Gas y Petroquímica Básica, pues pese a tener todos los elementos y pruebas de la actitud dolosa de los funcionarios denunciados, mismos que cuentan con antecedentes no muy gratos y sobretodo el hecho irrebatible de que hasta la presente fecha, a más de un año de haber realizado el servicio, aun no se nos paga ni existe la voluntad de hacerlo, y es precisamente por la protección que a todas luces les brinda el titular del Órgano Interno de Control, contrario a lo manifestado
por el presidente en materia de combate a la corrupción”.

Estas irregularidades, afirma el quejoso, son una muestra de los intereses que hay entre la subsidiaria Pemex Gas y Petroquímica Básica y su Órgano Interno de Control, basta con revisar el trabajo de auditoria que han realizado desde que asumieron sus cargos y los
pocos resultados alcanzados.

Rosique García pide al secretario de la Función Pública una respuesta para proceder por la vía legal y jurídica contra quien resulte responsable, pues considera que el Órgano Interno de Control de esa subsidiaria petrolera esta al servicio y protección de funcionarios corruptos.

Los salarios de burócratas

Para el presupuesto del 2005 se prevé un gasto de 560 mil millones de pesos en salarios a mandos superiores del sector público, por lo que el consultor financiero del PRD, Mario Di Costanzo, propone una urgente reingeniería administrativa y salarial.

En su análisis explica que aunque no se prevén incrementos saláriales para mandos medios y superiores en la Administración Pública para 1995, los elevados niveles que actualmente tienen provoca que los sueldos de la burocracia se hayan convertido en el principal
destino del gasto gubernamental.

Como el margen de reducción del gasto corriente es demasiado estrecho, agrega Di Costanzo, esto implica que la única manera para reducirlo es a través de una reingeniería de las plazas que hay en la administración pública, y de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2004, el número de plazas en el gobierno federal fue de 2 millones 914 mil 603 burócratas, quienes en conjunto representaron un gasto en sueldos y salarios de 525
mil millones de pesos.

De esta manera se espera que las erogaciones gubernamentales de este concepto para el próximo presupuesto de 2005, serán de cuando menos 560 mil millones de pesos, lo que representará la tercera parte del gasto total gubernamental y el 45 por ciento del gasto programable total.

A lo anterior, explica el analista financiero, se debe añadir las prestaciones adicionales que los funcionarios públicos de mayor nivel jerárquico reciben y que, además de ser difíciles de cuantificar, prácticamente han generado un sistema de “seguridad social” para esta elite gubernamental, a la que por obligación constitucional el Estado debe otorgarle a sus trabajadores.

Estos funcionarios de primer nivel en el gabinete foxista reciben también de manera especial varios seguros: de gastos médicos, retiro, gastos de alimentación, celulares y hasta dos automóviles.

Así por ejemplo, el director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, percibe una remuneración neta mensual sin prestaciones de 139 mil pesos, más 800 litros de
gasolina y 2 vehículos para su uso particular, además del seguro de gastos médicos mayores, fondo de ahorro, celular y gastos de alimentación.

En el caso del director del IMSS, Santiago Levi, paradójicamente también recibe un seguro de gastos médicos mayores, un salario de 142 mil 793 pesos al mes y un aguinaldo de 284 mil 254 pesos, que en suma representan una percepción anual de 2 millones 77 mil 641 pesos.

En el caso del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jonathan Davis, además del seguro médico tiene derecho a un fondo especial de jubilación, celular, gastos de alimentación, 2 automóviles y un sueldo mensual de 149 mil 323 pesos, que anualizado con aguinaldo asciende a 2 millones 15 mil 960 pesos.

En el caso del Servicio de Administración Tributaria

(SAT), a pesar de que este organismo tiene créditos fiscales irrecuperables por aproximadamente 100 mil millones de pesos, su director general percibe una remuneración anual de 1 millón 985 mil pesos, más celular, gastos de alimentos y 2 automóviles.

El salario del presidente de la República asciende a 158 mil 27 pesos, más otras prestaciones; un secretario de Estado gana al mes 163 mil 136 pesos; un subsecretario 151 mil 442 pesos; un oficial mayor 150 mil 13 pesos; un jefe de unidad 134 mil 16 pesos, y un
director general 105 mil 922 pesos. En el caso de los titulares de organismos paraestatales los salarios mensuales netos asciende al director de la CFE, 137 mil pesos; el director del ISSSTE, 148 mil 813 pesos; el presidente del INEGI, 120 mil 253 pesos; el presidente de la Condusef, 137 mil 104 pesos; el secretario ejecutivo del IPAB, 143 mil 415 pesos; el
presidente de la Consar, 121 mil 801 pesos, y el presidente de la Cofetel, 148 mil 658 pesos.

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