Ante la inminente salida del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n, Alejandro Luna Ramos, se ha desatado una pugna interna entre los seis magistrados para decidir qui\u00e9n lo relevar\u00e1 en el cargo y, hasta ahora, la ventaja la lleva el doctor Salvador Olimpo Nava Gomar.Aparejado a esta sucesi\u00f3n inminente, en el m\u00e1ximo \u00f3rgano judicial electoral del pa\u00eds hay un nuevo esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n, abuso de poder y violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de varios trabajadores. Es tal la arbitrariedad que se vive en ese Tribunal, que el caso deber\u00eda ser investigado por el presidente de la Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos, el doctor Ra\u00fal Plascencia Villanueva, pues la responsabilidad apunta al mismo magistrado presidente, a quien varios empleados acusan de violar sus derechos humanos y laborales el pasado 18 de septiembre, cuando sin justificaci\u00f3n ni investigaci\u00f3n alguna, fueron suspendidos y despedidos por el mismo Luna Ramos.<\/p>\n
Todo empez\u00f3 la ma\u00f1ana del 18 de septiembre, cuando el doctor Luna Ramos cit\u00f3 a reuni\u00f3n urgente en la sala de juntas de la Presidencia al magistrado Salvador Nava; al contralor Jos\u00e9 Izc\u00f3atl; al coordinador de Recursos Humanos, Rafael Elizondo; al oficial mayor, C\u00e9sar Silva; al director general de Adquisiciones, Fernando Verduzco; a los subdirectores Juan Ochoa y Alfredo Chavarr\u00eda, y a Jorge Ch\u00f3n, este \u00faltimo del equipo del magistrado Nava.<\/p>\n
Ah\u00ed, sin prueba alguna y aconsejado por su secretario particular Jorge Mata y su coordinador de asesores Felipe de la Mata, el presidente magistrado arremeti\u00f3 en contra de varios de los presentes y los acus\u00f3 de integrar una red de corrupci\u00f3n al interior del Tribunal, al realizar compras con sobreprecios de hasta 500 por ciento, afectar el patrimonio p\u00fablico y traficar con influencias para despedir y poner personal a modo en las \u00e1reas de compras y adquisiciones.<\/p>\n
Por la tarde de ese mismo martes 18 de septiembre y despu\u00e9s de sostener una larga pl\u00e1tica con su secretario particular y con su coordinador de asesores, el doctor Luna Ramos baj\u00f3 hasta las oficinas de los acusados y los suspendi\u00f3 de sus labores y los oblig\u00f3 mediante la fuerza a abandonar su centro de trabajo.<\/p>\n
Quienes presenciaron la escena, cuentan que sorpresivamente el presidente magistrado se apareci\u00f3 en las oficinas administrativas y, sin m\u00e1s, estall\u00f3 en gritos y manoteos en contra de varios trabajadores que, desconcertados y sin saber el motivo de lo que le suced\u00eda al magistrado, fueron rega\u00f1ados por varios minutos, hasta que empezaron los despedidos de unos y las suspensiones para otros. Todo de manera verbal, pues no hab\u00eda hasta ese momento alguna explicaci\u00f3n ni investigaci\u00f3n de parte del \u00f3rgano interno de control que justificara la actitud del doctor Luna Ramos.<\/p>\n
Eran tales los exabruptos del presidente del Tribunal Electoral en contra de varios trabajadores, que algunos de ellos llegaron a pensar que se trataba s\u00f3lo de que a Luna Ramos se le hab\u00edan pasado las copas, una vez m\u00e1s. Si el titular de la CNDH considera abrir una investigaci\u00f3n por violaci\u00f3n a los derechos humanos de varios empleados de mandos intermedios de ese \u00f3rgano judicial, podr\u00eda pedir revisar las im\u00e1genes del desaguisado del funcionario que fueron captadas por las c\u00e1maras de vigilancia que est\u00e1n esparcidas en todas las instalaciones.<\/p>\n
Adem\u00e1s del duro rega\u00f1o con insultos y amenazas, Luna Ramos oblig\u00f3 a los trabajadores a abandonaran su centro de trabajo sin mediar explicaci\u00f3n alguna. Para verificar que se cumplieran sus \u00f3rdenes, el presidente del Tribunal pidi\u00f3 al supervisor de seguridad, un almirante de apellido Cano, que acompa\u00f1ara hasta la puerta a varios empleados y los sacara de las instalaciones. Orden\u00f3 tambi\u00e9n al contralor interno, Jos\u00e9 Izc\u00f3atl, que respaldara los archivos de todas las computadoras y ordenadores del \u00e1rea administrativa, para evitar que alguien borrara alg\u00fan archivo.<\/p>\n
Los trabajadores despedidos y suspendidos de sus labores por \u00f3rdenes del presidente del Tribunal son Jos\u00e9 Alfredo Chavarr\u00eda, subdirector de Adquisiciones; Jorge Ch\u00f3n, jefe de la Unidad de Adquisiciones; Juan Ochoa, subdirector de Compras; Fernando Verduzco, director General de Adquisiciones, y Mara Tafoaya, del \u00e1rea de Compras. De esta \u00faltima persona el doctor Luna Ramos se refiri\u00f3 ofensiva y despectivamente al comentar que: \u201cpor cierto, ya no es se\u00f1orita, pues s\u00e9 muy bien que anda con Jorge Ch\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Despu\u00e9s de la acometida del funcionario en contra de los trabajadores (primero sanciono y luego investigo), orden\u00f3 al contralor abrir un procedimiento de investigaci\u00f3n en contra de los acusados.<\/p>\n
En medio de este esc\u00e1ndalo, al interior del Tribunal aseguran que hay un \u201ccomplot\u201d para obligar a Luna Ramos a presentar su renuncia irrevocable y permitir que alg\u00fan magistrado m\u00e1s joven tome las riendas del m\u00e1ximo \u00f3rgano de procuraci\u00f3n de justicia electoral. Y si para ello tienen que acusarlo de malos manejos administrativos, pues dicen que est\u00e1n dispuestos a todo.<\/p>\n
Abusos del Tribunal<\/strong><\/p>\n En esta columna hemos dado cuenta de los constantes abusos en el manejo del dinero p\u00fablico del Tribunal. Por ejemplo, tres d\u00edas antes de las elecciones federales, los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n recibieron, cada uno, un bono de casi 500 mil pesos. En su defensa, el titular Luna Ramos asegur\u00f3 que ese bono lo reciben cada a\u00f1o y que, adem\u00e1s de ser legal, no tuvo nada que ver con el periodo electoral.<\/p>\n Los beneficios econ\u00f3micos para quienes validaron las elecciones presidenciales no acaban ah\u00ed: sus sueldos alcanzan los 250 mil pesos mensuales, cuentan con seguros de vida y de gastos m\u00e9dicos mayores y bonos de productividad, entre otros. De enero a mayo, el Tribunal gast\u00f3 m\u00e1s de 80 millones de pesos en el Programa Espec\u00edfico del Proceso Electoral Federal.<\/p>\n Apenas tres d\u00edas antes de que se celebraran las elecciones presidenciales, los magistrados Jos\u00e9 Alejandro Luna Ramos, Mar\u00eda del Carmen Alan\u00eds Figueroa, Manuel Gonz\u00e1lez Oropeza, Constancio Carrasco Daza, Salvador Olimpo Nava Gomar, Flavio Galv\u00e1n Rivera y Pedro Esteban Penagos L\u00f3pez obtuvieron un bono de 488 mil 799 pesos, cada uno. El dinero ingres\u00f3 a las cuentas bancarias de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n el pasado 28 de junio.<\/p>\n Fuentes allegadas a la instituci\u00f3n aseguran que se trata del bono de riesgo; y que, en la semana del 18 al 24 de junio, los magistrados habr\u00edan votado en su sesi\u00f3n ordinaria para autoasignarse dicha prestaci\u00f3n.<\/p>\n Espionaje en el TEPJF<\/strong><\/p>\n El Tribunal va de esc\u00e1ndalo en esc\u00e1ndalo. A principios de septiembre, comentamos como antes de dar el fallo sobre la elecci\u00f3n presidencial de julio pasado, los magistrados del TEPJF fueron objeto de espionaje. El caso involucraba a servidores p\u00fablicos del propio Tribunal en colusi\u00f3n con funcionarios de la Secretar\u00eda de Comunicaciones y Transportes (SCT), que comanda Dionisio P\u00e9rez-J\u00e1come Friscione. Esta es otra prueba del \u201ccomplot\u201d orquestado por alg\u00fan magistrado en contra del presidente Luna Ramos.<\/p>\n Seg\u00fan la informaci\u00f3n interna, una camioneta con el logotipo de la SCT se apost\u00f3 a las afueras de la Sala Superior (ubicada en Carlota Armero, 5000, colonia CTM, en la zona de Culhuac\u00e1n, Distrito Federal), donde sesionaban los siete magistrados, y con aparatos sofisticados registr\u00f3 ilegalmente las llamadas telef\u00f3nicas, as\u00ed como las discusiones del pleno sobre el expediente llamado \u201cjuicio madre\u201d, presentado por el candidato de las izquierdas Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador.<\/p>\n El prop\u00f3sito era saber si alg\u00fan magistrado estaba en contra de la \u201clegalidad\u201d del proceso, y el recurso que se analizaba entonces es aquel con el que los partidos de la Revoluci\u00f3n Democr\u00e1tica, del Trabajo y Movimiento Ciudadano exig\u00edan la anulaci\u00f3n y reposici\u00f3n de los comicios presidenciales, y que puso muy nerviosos a varios pol\u00edticos.<\/p>\n As\u00ed, todas las conversaciones sostenidas durante uno de los d\u00edas m\u00e1s intensos en el Tribunal fueron il\u00edcitamente grabadas y posteriormente analizadas por presuntos servidores p\u00fablicos de la Secretar\u00eda de Comunicaciones.<\/p>\n El caso no es ajeno para los magistrados, quienes habr\u00edan sido alertados por el aparato de seguridad que resguarda la Sala Superior. Los elementos de seguridad de ese \u00f3rgano judicial fueron quienes descubrieron la inusual conducta del veh\u00edculo de la SCT y, sobre todo, de una de las secretarias de un magistrado del Tribunal.<\/p>\n A lo largo del d\u00eda, la secretaria entraba y sal\u00eda de la Sala Superior. Su actitud despert\u00f3 las sospechas de los guardias, quienes sin que ella se diera cuenta, iniciaron un seguimiento. Descubrieron que, invariablemente, la funcionaria \u201cvisitaba\u201d la camioneta de la SCT, para interactuar con los sujetos que se encontraban en su interior.<\/p>\n A pesar de la gravedad del caso, los guardias se limitaron a improvisar un operativo de \u201crevisi\u00f3n\u201d. Al interior de la camioneta descubrieron un sofisticado equipo de telecomunicaciones para intercepci\u00f3n de mensajes y llamadas, as\u00ed como la escucha de micr\u00f3fonos que habr\u00edan sido ocultados al interior de la Sala Superior para grabar las discusiones privadas de los magistrados, por lo que tras unas llamadas a sus \u201cjefes\u201d, procedieron \u00fanicamente a \u201cdespejar\u201d la zona y evitar que se continuara con las labores de espionaje.<\/p>\n La orden que recibieron los vigilantes desde el Tribunal Electoral fue \u00e9sa: permitir que la camioneta de la SCT se fuera despu\u00e9s de varias horas de espiar a los magistrados. Adem\u00e1s, \u00e9stos decidieron no denunciar el hecho ante la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica como proced\u00eda, para no generar mayor tensi\u00f3n respecto del fallo que ya hab\u00eda sido tomado d\u00edas atr\u00e1s sobre la elecci\u00f3n presidencial.<\/p>\n En sigilo, el \u00f3rgano judicial separ\u00f3 de su cargo a la secretaria del magistrado que colabor\u00f3 con los esp\u00edas de Comunicaciones y Transportes. Pero tampoco procedi\u00f3 judicialmente en su contra. Todo en el Tribunal es un hermetismo, sobre todo por la inconformidad del fallo entre un importante sector de la poblaci\u00f3n, de tal manera que el espionaje presuntamente del gobierno federal sobre un \u00f3rgano del Poder Judicial lo mantuvieron en secreto.<\/p>\n Al interior del Tribunal Electoral es un secreto a voces que Alejandro Luna Ramos dejar\u00e1 la presidencia para que el verdadero grupo de poder de dicho \u00f3rgano judicial asuma abiertamente el control total. Cansado y agobiado por las presiones pol\u00edticas externas e internas, el presidente magistrado estar\u00eda de acuerdo en dejar su cargo y prepararse para incorporarse al pr\u00f3ximo gobierno priista.<\/p>\n Este Tribunal ha estado marcado por el abuso del dinero p\u00fablico. A su presidente Luna Ramos le asignaran para su servicio dos autom\u00f3viles con su respectivo gasto de gasolina; un ingreso mensual neto de 250 mil pesos, mientras que los otros seis magistrados ganan 230 mil; cuentan con un seguro de separaci\u00f3n individualizado contratado con la empresa Metlife, consistente en que el magistrado aporta 10 por ciento de sus ingresos y el Tribunal otro 10 por ciento de dinero p\u00fablico, y el total lo recibir\u00e1 cada magistrado cuando termine su gesti\u00f3n.<\/p>\n Adem\u00e1s, dicho \u00f3rgano de \u201cjusticia\u201d le otorga a los magistrados un seguro de vida y un seguro de gastos m\u00e9dicos mayores, con cero coaseguro, es decir, que cualquier gasto que genere su internamiento en alg\u00fan hospital de cinco estrellas, el magistrado no desembolsar\u00e1 un solo centavo de sus ingresos, pues todo estar\u00e1 cubierto por el seguro pagado con dinero p\u00fablico de los mexicanos. \u2022 Nuevo esc\u00e1ndalo en el Tribunal Electoral
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