En el gobierno de Vicente Fox se ha incrementado la protecci\u00f3n de delincuentes que, amparados en la figura legal de \u201ctestigos protegidos\u201d, la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica les otorga el perd\u00f3n de sus delitos a cambio de una supuesta colaboraci\u00f3n para combatir a la delincuencia organizada. Pero adem\u00e1s de ese beneficio otorgado a mafiosos para no pisar la c\u00e1rcel, el gobierno federal les concede nuevas identidades y, por si eso fuera poco, les otorga un pago mensual como si se tratara de un salario fijo para que no se vuelvan a preocupar de la crisis econ\u00f3mica que vive el pa\u00eds.<\/p>\n
As\u00ed, de acuerdo con documentos oficiales de la PGR, despu\u00e9s de aprobada la ley que permite la protecci\u00f3n de delincuentes, en 1997 la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) de inmediato otorg\u00f3 beneficios legales a 19 mafiosos, quienes ese mismo a\u00f1o costaron al pa\u00eds un mill\u00f3n 8 mil 114 pesos; para 1998 el mismo n\u00famero de \u201ctestigos protegidos\u201d cost\u00f3 al erario p\u00fablico federal un mill\u00f3n 168 mil 230 pesos; para 1999 la cifra de esos testigos se elev\u00f3 a 30 y su gasto se mantuvo en un mill\u00f3n 146 millones 955 mil pesos, y para el a\u00f1o 2000, cuando Vicente Fox asume el poder, el n\u00famero de delincuentes protegidos se redujo a 27, pero el gasto se increment\u00f3 sin explicaci\u00f3n alguna hasta 2 millones 397 mil 621 pesos.<\/p>\n
En el primer a\u00f1o de la administraci\u00f3n foxista, 2001, los \u201ctestigos protegidos\u201d se elevaron a 35 y, misteriosamente, el gasto se elev\u00f3 considerablemente en casi un 200 por ciento, al pasar a 5 millones 823 mil 927 pesos. <\/p>\n
En el segundo a\u00f1o del gobierno de Vicente Fox, 2002, las cifras de la PGR revelan que el n\u00famero de \u201ctestigos protegidos\u201d aument\u00f3 a 41 y, peor a\u00fan, el gasto para mantenerlos con fondos p\u00fablicos se increment\u00f3 otra vez en m\u00e1s de un ciento por ciento, al pasar a 13 millones 370 mil 525 pesos.<\/p>\n
Para el tercer a\u00f1o, 2003, el n\u00famero de los \u201ctestigos protegidos\u201d se redujo a 39, pero el gasto que asegura la Subprocuradur\u00eda de Investigaciones Especializadas contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) se erog\u00f3 en ellos se mantuvo en 13.3 millones de pesos.<\/p>\n
Como esta informaci\u00f3n es clasificada como confidencial y de seguridad nacional, la cifra que se pudo obtener para 2004 es que el n\u00famero de \u201ctestigos protegidos\u201d se elev\u00f3 a 83, pero el gasto oficial para su manutenci\u00f3n no fue proporcionado, lo que de acuerdo con la tendencia debe ascender a unos 30 mil pesos mensuales para cada uno de esos delincuentes que fueron beneficiados por traicionar y delatar a sus c\u00f3mplices y ahora viven en el anonimato y con la comodidad que les da ser protegidos por la PGR.<\/p>\n
La relevancia de los \u201ctestigos protegidos\u201d<\/strong><\/p>\n Sobre este tema, en el n\u00famero m\u00e1s reciente de la revista Contral\u00ednea dedicado a los \u201ctestigos protegidos\u201d, elaborado por Nancy Flores, da cuenta de que el 80 por ciento de las investigaciones relacionadas en contra del crimen organizado se sustentan en las declaraciones de 83 delincuentes protegidos por la PGR que anualmente le costar\u00edan aproximadamente al erario p\u00fablico cerca de 30 millones de pesos, etiquetados bajo la partida 3823 del Presupuesto Federal,<\/p>\n En su investigaci\u00f3n la reportera encontr\u00f3 que a pesar de que en la actual administraci\u00f3n el discurso oficial enarbola la transparencia, el presupuesto destinado para este fin se opera discrecionalmente y sin rendir cuentas a nadie, pues la PGR lo cataloga como un gasto de \u201cseguridad nacional\u201d.<\/p>\n En el art\u00edculo 34 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, que data de 1996, se\u00f1ala que la PGR \u201cprestar\u00e1 apoyo y protecci\u00f3n cuando as\u00ed se requiera\u201d. Al respecto, Augusto S\u00e1nchez Sandoval, coordinador del Postgrado en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Acatl\u00e1n y autor de varios ensayos sobre la figura de \u201ctestigos protegidos\u201d, considera necesario que la legislaci\u00f3n debe definir el concepto del testigo protegido. \u201cDebe quedar claro si el testigo protegido es un sujeto infiltrado en las organizaciones delictivas o un miembro de la organizaci\u00f3n que se convierte en acusador de los hermanos o compa\u00f1eros\u201d, dijo en entrevista con Nancy Flores.<\/p>\n De 1996 a la fecha, esta figura ha permitido que algunos delincuentes relacionados con el crimen organizado se conviertan en delatores a cambio de la indulgencia de las autoridades judiciales, pero hasta la fecha se tienen muy pocos resultados.<\/p>\n Aclaraci\u00f3n a fraude en Pemex<\/strong><\/p>\n La semana pasada publicamos en este espacio un expediente que a\u00fan sigue abierto en la PGR porque hay \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n que no han sido ejecutadas y el da\u00f1o patrimonial por 140 millones de d\u00f3lares a petr\u00f3leos Mexicanos tampoco ha sido resarcido.<\/p>\n Dec\u00edamos en esa columna que la averiguaci\u00f3n previa involucra a las empresas Productos Ecol\u00f3gicos (Proesa) y Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) en la maquinaci\u00f3n de supuestos fraudes por 140 millones de d\u00f3lares, lo que motiv\u00f3 a un juez federal a girar el a\u00f1o pasado \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n por los delitos de fraude, estafa y peculado en contra Jaime Mario Willars Andrade, ex director general de Pemex-Refinaci\u00f3n, y al empresario Alfredo Miguel, ambos clasificados como pr\u00f3fugos en la ficha roja de Interpol para ser buscados por todo el mundo.<\/p>\n Esta historia judicial rese\u00f1a que mediante enga\u00f1os y simulaciones la familia Miguel fue indemnizada por Pemex con 140 millones de d\u00f3lares por una planta de productos petrol\u00edferos (MTB) que nunca se construy\u00f3. Para el gobierno federal es tan delicado y relevante este proceso penal que se convirti\u00f3 en un asunto de seguridad nacional, en donde en los \u00faltimos cuatro a\u00f1os han intervenido organismos e instituciones como Inteligencia Militar, el Centro de Investigaci\u00f3n y Seguridad Nacional (Cisen), la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO y ahora SIEDO), la Secretar\u00eda de la Contralor\u00eda, la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica y la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n. <\/p>\n De acuerdo con la averiguaci\u00f3n previa hay suficientes evidencias sobre la responsabilidad de Jaime Mario Willars Andrade, quien en el sexenio pasado ascendi\u00f3 como la espuma por su amistad con el entonces presidente Ernesto Zedillo, de quien fue compa\u00f1ero de escuela, raz\u00f3n por la cual durante su mandato presidencial lo protegi\u00f3 y lo promovi\u00f3 en distintos cargos en Pemex, en donde realiz\u00f3 negocios sucios que ahora lo llevan a enfrentar distintos procesos penales.<\/p>\n Pues con motivo de esa informaci\u00f3n, un ex contralor de Pemex, el ingeniero Marco A. D\u00edaz Tob\u00edas, a quien le toc\u00f3 investigar parte de ese desv\u00edo de fondos p\u00fablicos, nos envi\u00f3 una carta con la petici\u00f3n de reproducirla:<\/p>\n \u201cEn relaci\u00f3n a tu columna publicada el d\u00eda 8 de marzo, en la parte relativa a la confirmaci\u00f3n del fraude de PROESA-PEMEX, considero de suma importancia hacer las siguientes precisiones:<\/p>\n \u201cNo tengo el gusto de conocer al reportero Conrado Garc\u00eda Jam\u00edn, ni hice declaraci\u00f3n alguna al medio informativo que se menciona en la columna, no obstante, la informaci\u00f3n que se menciona en tu investigaci\u00f3n, efectivamente form\u00f3 parte de una serie de reportes que se formularon con motivo del caso que comentas, por diversas dependencias.<\/p>\n \u201cSin embargo los \u00faltimos p\u00e1rrafos no son correctos, no fue una pifia de la Secodam la incorporaci\u00f3n de Andr\u00e9s Conesa Labastida a la SHCP, ya que no les corresponde a \u00e9stos supervisar las contrataciones en otras dependencias del gobierno federal, esto en realidad acredita otra situaci\u00f3n, tampoco dicha contrataci\u00f3n demuestra que los mayores y m\u00e1s c\u00ednicos actos de corrupci\u00f3n fueron detectados y…….etc., ya que efectivamente del a\u00f1o 2000 a la fecha se detectaron y reportaron una serie de hallazgos de gran trascendencia, que no fueron desahogados y los auditores que intervinieron inexplicablemente fueron removidos, y estos fueron de igual o mayor trascendencia que el de la planta de MTBE (que se reporto a la Direcci\u00f3n de Auditoria Gubernamental en septiembre de 1999 y se investig\u00f3 en el a\u00f1o 2000, pero se desahogo para efectos de denuncias penales a fines de 2003 y principios de 2004). <\/p>\n \u201cEfectivamente desde mi \u00f3ptica, la Secretaria de la Funci\u00f3n P\u00fablica se ha constituido en una limitante para la fiscalizaci\u00f3n del ejercicio de los recursos p\u00fablicos, por el empirismo, la improvisaci\u00f3n, un gran desconocimiento de sus responsabilidades, un uso indiscriminado de las atribuciones y un gran poder decisi\u00f3n de algunos de los funcionarios que la dirigen, y digo algunos porque no conozco a todos, pero los que conozco son suficientes; tal parece que para efectos de fiscalizaci\u00f3n del gasto p\u00fablico, se requiere operar con un perfil muy bajo, para dar un amplio margen de maniobra a algunos funcionarios, y para dar la impresi\u00f3n de que la corrupci\u00f3n se esta reduciendo por decreto; si observas con detenimiento, la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica obtiene sus mayores hallazgos a trav\u00e9s de denuncias, es decir, siempre busca una justificaci\u00f3n externa para investigar y reportar, siendo que la forma de operar de una dependencia fiscalizadora gubernamental, aqu\u00ed y en China, est\u00e1 enfocada a identificar desviaciones, de una manera met\u00f3dica y sistem\u00e1tica, mediante auditor\u00edas programadas; adem\u00e1s de lo anterior, por regla general, los procesos derivados de un hallazgo relevante est\u00e1n plagados de una mara\u00f1a de tr\u00e1mites que diluyen el impacto y la posibilidad de llevar a cabo acciones ejemplares. Esta situaci\u00f3n permite afirmar que la SFP opera por consigna y con un amplio margen de discrecionalidad, por esto se pueden ver exoneraciones fast-track, sanciones draconianas e injustificadas, o como en el caso de 14 auditores de Pemex-Petroqu\u00edmica, remociones por no aceptar o comprender valores entendidos, si te pidieran, que en tu columna dejaras de escribir un hecho, y por otra parte te pidieran que afirmaras como cierta una mentira, posiblemente te negar\u00edas, y esto no lo har\u00edas por postura sino por principio, posiblemente porque nosotros, tus lectores, asumimos que lo que se manifiesta en tu columna refleja una investigaci\u00f3n seria y el deseo de formar objetivamente una opini\u00f3n, algo parecido les pas\u00f3 a los auditores que comento y a un servidor, pero en este caso, m\u00e1s que ventilar un tema con muchas aristas, s\u00f3lo quisiera que mis comentarios en el caso de Proesa se delimitaran en el contexto de un reporte, del que se obtuvo la informaci\u00f3n y no en el de una confrontaci\u00f3n asumida a t\u00edtulo personal con quienes en realidad han agraviado al gobierno federal, y ahora el gobierno federal en este tipo de fraudes act\u00faa como las mujeres maltratadas (que espero que cada d\u00eda sean menos), que agreden al que las defiende, protegiendo al que las maltrata, porque est\u00e1n acostumbradas al maltrato y no conocen otra forma de convivir con una pareja.<\/p>\n \u201cDe antemano te agradezco la atenci\u00f3n que te sirvas brindar a esta nota, reiter\u00e1ndome como un asiduo lector de tu columna y de la revista Contral\u00ednea, y desde luego, obligado incondicionalmente a apoyarte en tu enfoque vertical y objetivo\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u00b7\tEl Negocio de los \u201cTestigos Protegidos\u201d
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