Con una orden de restricci\u00f3n territorial y bajo vigilancia satelital para impedir que huya y abandone la capital del pa\u00eds, el exalcalde perredista de Canc\u00fan y excandidato a la gubernatura de Quintana Roo, Gregorio S\u00e1nchez, dej\u00f3 hace unos d\u00edas la prisi\u00f3n de El Rinc\u00f3n, en Tepic, Nayarit, en donde se encontraba preso por delitos vcontra la salud y lavado de dinero.<\/p>\n
El fallo de un juez a favor de Greg S\u00e1nchez se suma a la cadena de pifias en las que han incurrido la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica y el gobierno de Felipe Calder\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de justicia y cumplimiento de la ley, pero tambi\u00e9n confirma la corrupci\u00f3n que envuelve al Ministerio P\u00fablico Federal \u2013al integrar mal las averiguaciones previas– y al Poder Judicial \u2013en donde muchos de sus jueces reciben dinero a cambio de sentencias manipuladas–, as\u00ed como el uso faccioso de los \u00f3rganos de procuraci\u00f3n de justicia para realizar persecuciones pol\u00edticas en contra de opositores.<\/p>\n
Despu\u00e9s de que varios jueces declararon su incompetencia en el caso de Greg S\u00e1nchez, un tribunal federal pudo ordenar en el inicio del oportuno periodo vacacional la liberaci\u00f3n de S\u00e1nchez, quien ahora \u2013 y hasta nuevo aviso \u2013 seguir\u00e1 su caso en libertad. As\u00ed, mientras un Tribunal Colegiado resuelve el conflicto de competencias entre el juez del estado de Quintana Roo y el juez de Nayarit que se declararon incompetentes, Greg S\u00e1nchez permanecer\u00e1 en libertad con tres averiguaciones previas en su contra \u2013 una de ellas por lavado de dinero \u2013 y un brazalete electr\u00f3nico en la mu\u00f1eca que lo vigila minuto a minuto.<\/p>\n
Las acusaciones contra Greg S\u00e1nchez no son menores: lavado de dinero y tr\u00e1fico de indocumentados. Las pruebas tampoco son escasas: testigos protegidos que declaran sobre su participaci\u00f3n en el negocio del tr\u00e1fico de personas, un abultado expediente integrado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, en el que se confirman dep\u00f3sitos y operaciones financieras por m\u00e1s de 9.4 millones pesos y 1.5 millones de d\u00f3lares. Esos recursos provendr\u00edan de supuestos pagos que recibi\u00f3 el excalde de Canc\u00fan de parte de bandas del narcotr\u00e1fico, como la de los hermanos Beltr\u00e1n Leyva y la de Los Zetas. El problema para las autoridades judiciales ser\u00e1 determinar qu\u00e9 juez de distrito es el que se encarga de demostrar los delitos de los que se acusa a Greg S\u00e1nchez y que, finalmente, se le consigne por ellos.<\/p>\n
De acuerdo con los expedientes financieros elaborados por la UIF y que fueron procesados por la Unidad Especializada en Investigaci\u00f3n de Delitos Contra la Salud de la PGR, Greg s\u00f3lo report\u00f3 ante el fisco haber acumulado ingresos durante seis a\u00f1os (entre 2002 y 2008) por apenas 2 millones 383 mil 311 pesos, lo que deja sin sustento los 27 millones de pesos restantes en monedas nacional y extranjera. Esto explica porque el exedil de Canc\u00fan ha sido tan cauto en sus declaraciones a la prensa y ha preferido refugiarse en sus creencias religiosas para evitar explicar el origen de esos millones de pesos.<\/p>\n
Las instituciones financieras utilizadas por el candidato perredista al gobierno de Quintana Roo para guardar el dinero supuestamente il\u00edcito son: GMAC Mexicana Sociedad Financiera de Objeto Limitado, en Monterrey, Nuevo Le\u00f3n, cuenta 84080018392800; HSBC en Canc\u00fan, Quintana Roo, cuenta 4035427160; American Express Bank del Distrito Federal, cuenta 0376672390141002; Banco Mercantil del Norte, Grupo Financiero Banorte, cuentas 198975522 y 739009634; Banco Nacional de M\u00e9xico, cuenta 3432239; Scotiabank Inverlat, cuenta 1153544.<\/p>\n
Fue en mayo de 2010 cuando Greg S\u00e1nchez, en medio de su campa\u00f1a para contender por la gubernatura al estado de Quintana Roo, fue detenido luego de que la PGR asegur\u00f3 que contaba con pruebas que lo vinculaban con el Cartel de Sinaloa y con organizaciones de sicarios dedicadas al tr\u00e1fico de personas.<\/p>\n
Los jueces <\/strong><\/p>\n En Nayarit, Laura Serrano Aldarete, jueza segundo de lo penal en Nayarit, decidi\u00f3 no resolver la orden de aprensi\u00f3n en contra de Greg S\u00e1nchez y envi\u00f3 el caso al juez quinto de distrito de Quintana Roo, Dar\u00edo Carlos Contreras Favila, quien tampoco acept\u00f3 el asunto, con lo que se inici\u00f3 un intercambio del expediente y la posibilidad de que Greg S\u00e1nchez no fuera consignado. Por tanto, el Primer Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Sexta Regi\u00f3n con sede en Chihuahua, a trav\u00e9s del magistrado Jos\u00e9 Avalos Cota, estim\u00f3 que no hab\u00eda pruebas en contra de Greg.<\/p>\n \u00c1valos Cota simplemente desestim\u00f3 la determinaci\u00f3n previa del juez segundo de distrito de Procesos Penales Federales en Nayarit, Carlos Alberto Elorza Amores, quien lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que las pruebas presentadas por el Ministerio P\u00fablico Federal eran suficientes para mantenerlo sujeto a proceso y en prisi\u00f3n durante m\u00e1s de un a\u00f1o.<\/p>\n Pero, seg\u00fan la prensa que sigue la actividad de los juzgados, la actuaci\u00f3n del magistrado ha generado muchas sospechas: en primer lugar \u00c1valos Cota esper\u00f3 hasta el \u00faltimo d\u00eda laborable en el sector judicial para emitir su resoluci\u00f3n, la cual, adem\u00e1s, no comunic\u00f3 de manera oficial sino por medio de fax e inclu\u00edda s\u00f3lo la orden de libertad y, por supuesto, dejaba fuera los argumentos que lo llevaron a concluir la inocencia de Greg S\u00e1nchez, lo que impidi\u00f3 a la PGR que presentara una respuesta para mantener al pol\u00edtico perredista tras las rejas.<\/p>\n La crisis en la aplicaci\u00f3n de justicia queda al descubierto con el caso de Greg S\u00e1nchez: jueces en reclusorios de m\u00e1xima seguridad que no aceptan los casos ante amenazas o corrupci\u00f3n y la falta de pericia de los ministeriores p\u00fablicos para integrar adecuadamente sus investigaciones que tambi\u00e9n est\u00e1n plagadas por la infiltraci\u00f3n de dinero sucio, mientras que los ministros de la Suprema Corte se mantienen en sus pedestales como semidioses sin hacer caso ni atender la corrupci\u00f3n que envuelve a todo el Poder Judicial.<\/p>\n El art\u00edculo 10, p\u00e1rrafo tercero, del C\u00f3digo Federal de Procedimientos Penales establece que los delincuentes de alta peligrosidad no deben estar en prisiones normales, sino en lugares de m\u00e1xima seguridad que garanticen que no escapen. Sin embargo, no deber\u00eda proceder que un juez declarara su incompetencia en un caso para enviarlo al juzgo adscrito a un penal de m\u00e1xima seguridad. Para no entorpecer el caso, deber\u00eda proceder al an\u00e1lisis de la orden de aprehensi\u00f3n. As\u00ed, para la PGR se ha convertido en un verdadero problema el hecho de que los jueces de procesos penales a nivel federal se declaren incompetentes y env\u00eden los casos a las autoridades adscritas a penales de m\u00e1xima seguridad. Para los delincuentes, en cambio, es una oportunidad perfecta para recuperar su libertad mientras los jueces se lavan las manos.<\/p>\n \u00c9ste parece ser el caso de Laura Serrano Aldrete, quien habiendo sido jueza tercero de distrito en el Reclusorio Norte del Distrito Federal fue trasladada a Nayarit para sustituir a Eduardo Elorza Amores, quien inici\u00f3 los juicios a los principales l\u00edderes de la \u201cFamilia Michoacana\u201d. Al parecer, Serrano Aldrete no quiere casos complicados en su juzgado o simplemente cumple \u00f3rdenes para declararse incompetente.<\/p>\n Serrano Alderete tiene varios casos interesantes entre sus expedientes vinculados con el crimen organizado: siendo jueza 12 de distrito en Baja California liber\u00f3 a Jes\u00fas Navarro Montes, acusado de tr\u00e1fico de indocumentados, pues estim\u00f3 que no quedaron satisfechos los requisitos para imputarle los cargos de violaci\u00f3n a la Ley General de Poblaci\u00f3n. Esa decisi\u00f3n le mereci\u00f3 a M\u00e9xico una severa cr\u00edtica por parte de Michael Chertoff, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Navarro Montes tambi\u00e9n fue acusado de haber asesinado el 19 de enero de 2008 al agente Luis Aguilar de la Patrulla Fronteriza.<\/p>\n Antes, Serrano Alderete, en el caso de Carlos Cabal Peniche, absolvi\u00f3 al art\u00edfice del fraude con Banco Uni\u00f3n y alguna vez calificado como el \u201cbanquero modelo\u201d de pagar m\u00e1s de 239 millones de pesos, y s\u00f3lo lo sancion\u00f3 con 90 d\u00edas de prisi\u00f3n por ser responsable de una defraudaci\u00f3n fiscal por 370 mil 625 pesos cometida en 1993 por su empresa San Carlos World Trade. Fue as\u00ed como Cabal Peniche logr\u00f3 vencer a la PGR en un caso que amerit\u00f3 su extradici\u00f3n y persecuci\u00f3n judicial y medi\u00e1tica.<\/p>\n Pero a la corrupci\u00f3n de los jueces tambi\u00e9n se suma la ineptitud de la PGR, que les permite encontrar ventanas de oportunidad para justificar sus pifias. Aparentemente, el uso de testigos protegidos ser\u00eda la prueba \u201cd\u00e9bil\u201d o \u201cno dura\u201d en el proceso en contra de Gregorio S\u00e1nchez que habr\u00eda posibilitado al magistrado \u00c1valos Cota dictar la liberaci\u00f3n del pol\u00edtico. Sin embargo, ser\u00e1 interesante observar los argumentos del funcionario judicial para saber hasta d\u00f3nde llegaron los favores a Greg S\u00e1nchez, sobre todo porque hay pruebas contundentes en el expediente sobre dep\u00f3sitos millonarios en efectivo que nunca pudo comprobar el pol\u00edtico perredista de la corriente de los chuchos.<\/p>\n La segunda evidencia de la acusaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General acerca de los presuntos v\u00ednculos de Greg con el crimen organizado, se basa en declaraciones de tres delincuentes miembros de las bandas de los Beltr\u00e1n Leyva y de Los Zetas, sujetos a los beneficios que otorga el gobierno dentro del Programa de Testigos Protegidos. \u00c9stos afirman que S\u00e1nchez Mart\u00ednez estaba en la n\u00f3mina del narcotr\u00e1fico y recib\u00eda mensualmente 60 mil pesos, adem\u00e1s de otras partidas de dinero por protecci\u00f3n y transportaci\u00f3n de drogas.<\/p>\n El exalcalde de Canc\u00fan tambi\u00e9n estuvo involucrado, seg\u00fan los testigos protegidos, en el tr\u00e1fico de indocumentados. En este il\u00edcito la autoridad tambi\u00e9n ha involucrado a su esposa cubana Silvia Ben\u00edtez Niurka Alba. Seg\u00fan los testigos, ambos cobraban por la transportaci\u00f3n e ingreso al pa\u00eds de cubanos, rusos y chinos, actividad por la cual los Beltr\u00e1n Leyva les pagaban una cantidad extra, adem\u00e1s de darles recursos para sobornar funcionarios del Instituto Nacional de Migraci\u00f3n y de gobierno.<\/p>\n La averiguaci\u00f3n previa PGR\/SIEDO\/UEIDCS\/315\/2009 da cuenta que el testigo con nombre clave Zajed rindi\u00f3 declaraci\u00f3n ministerial el 19 de enero de 2010. En ella explica que era el encargado del pago de \u201cla n\u00f3mina\u201d de la organizaci\u00f3n comandada por Arturo Beltr\u00e1n Leyva, para negociar y sobornar a funcionarios de todos los niveles de gobierno. Tambi\u00e9n se responsabilizaba de las relaciones con otras bandas criminales, como Los Zetas.<\/p>\n \u201cEste tr\u00e1fico de indocumentados es operado por hombres de confianza de Gregorio S\u00e1nchez Mart\u00ednez, su jefe de escoltas y Erik Ram\u00edrez Mart\u00ednez, quienes se encargan del trato directo con el jefe de la plaza de Los Zetas, as\u00ed como con los hermanos Beltr\u00e1n Leyva\u201d, declar\u00f3 el testigo Zajed.<\/p>\n Ahora, la PGR tendr\u00e1 que demostrar que Greg S\u00e1nchez s\u00ed incurri\u00f3 en lavado de dinero y ofrecerle al juez que se ocupe del caso que esos recursos de procedencia il\u00edcita proven\u00edan del tr\u00e1fico de indocumentados, acusaci\u00f3n de la que, al parecer, Greg S\u00e1nchez est\u00e1 siendo exculpado por un magistrado cuyas decisiones resultan por lo menos muy sospechosas. En este caso concreto el Consejo de la Judicatura federal deber\u00eda por lo menos abrir un expediente y cerciorarse de que no haya dinero del narcotr\u00e1fico en las decisiones judiciales.<\/p>\n En la historia quedar\u00e1 asentado que un magistrado no encontr\u00f3 pruebas suficientes para girar orden de aprensi\u00f3n contra un pol\u00edtico acusado de traficar con personas y lavar dinero, pero que en mayo de 2010 dict\u00f3 sin mayor problema o duda un auto de formal prisi\u00f3n \u2013 sin derecho a fianza – contra ind\u00edgenas cucap\u00e1, Emilio Hurtado Valenzuela y Juan Antonio Guerra, cuyo \u00fanico delito era pescar en la zona n\u00facleo de la Reserva de la Bi\u00f3sfera Alto Golfo de California-Delta del R\u00edo Colorado. As\u00ed se aplica la justicia en M\u00e9xico.<\/p>\n oficiodepapel@yahoo.com.mx<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" * Pifias judiciales en el caso Greg S\u00e1nchez
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