Hace nueve meses, en agosto del a\u00f1o pasado, el secretario Salvador Vega Casillas orden\u00f3 el cese fulminante del director de Formulaci\u00f3n y Seguimiento de Denuncias en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito y P\u00fablico, Adri\u00e1n Fajardo Castellanos, por burlar una sanci\u00f3n proveniente de la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica e incurrir en desacato a una inhabilitaci\u00f3n que por seis meses aplic\u00f3 esa dependencia bajo acusaciones de \u201cnegligencia administrativa\u201d.<\/p>\n
Lo que m\u00e1s molest\u00f3 al contralor Vega Casillas, fue que Fajardo Castellanos sigui\u00f3 en funciones en la Direcci\u00f3n de Formulaci\u00f3n y Seguimiento de Denuncias de la UIF por casi mes y medio en un \u00f3rgano de inteligencia, como responsable de firmar todas las denuncias penales en contra de presuntos defraudadores financieros, narcotraficantes, terroristas, delincuentes de cuello blanco y lavadores de dinero, ante las procuradur\u00edas General de la Rep\u00fablica y Fiscal de la Federaci\u00f3n, lo que signific\u00f3 que durante varias semanas, antes de ser descubierto y cesado, comprometi\u00f3 las investigaciones de toda esa Unidad de Inteligencia y puso en jaque al sistema financiero.<\/p>\n
De acuerdo con el expediente de la Funci\u00f3n P\u00fablica, Fajardo Castellanos es uno de los siete funcionarios involucrados en un fraude por 4.8 millones de pesos en la venta de una planta vitivin\u00edcola en Caborca, Sonora, propiedad del gobierno federal, de nombre Denosa.<\/p>\n
Bajo el expediente R\/SAE\/001\/2010, la SFP resolvi\u00f3, el 30 de junio pasado, inhabilitar por seis meses a Fajardo Castellanos por \u201cnegligencia administrativa\u201d. Dicha sanci\u00f3n imped\u00eda al funcionario trabajar en cualquier dependencia del gobierno federal desde el 1 de julio hasta el 27 de diciembre de 2010.<\/p>\n
Pero Fajardo Castellanos hizo caso omiso a la sanci\u00f3n y se mantuvo en el cargo por mes y medio m\u00e1s, hasta que Funci\u00f3n P\u00fablica lo ces\u00f3 y resolvi\u00f3 abrirle un nuevo proceso administrativo por delito grave, que lo llevar\u00eda, seg\u00fan el secretario Vega Casillas, a una inhabilitaci\u00f3n de por lo menos 10 a\u00f1os para laborar en el sector p\u00fablico federal. Adem\u00e1s de enfrentar acciones penales en su contra de parte de la Secretar\u00eda.<\/p>\n
Fajardo Castellanos ahora enfrenta una nueva investigaci\u00f3n bajo el expediente DE-57\/2010-T-73 abierto en la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica, tal y como lo advirti\u00f3 el secretario Salvador Vega Casillas, quien espera aplicar la justicia en ese caso de evidente corrupci\u00f3n y colusi\u00f3n de funcionarios.<\/p>\n
Los \u201camigos\u201d del SAE<\/p>\n
Para sorpresa del secretario de la Funci\u00f3n P\u00fablica, el director general del Servicio de Administraci\u00f3n y Enajenaci\u00f3n de Bienes (SAE), Sergio Hidalgo Monroy Portillo, quien presume la protecci\u00f3n de Los Pinos, contrat\u00f3 hace apenas unos meses a su amigo Fajardo Castellanos y para protegerlo lo nombr\u00f3 coordinador jur\u00eddico de Bienes de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Bienes Inmuebles del SAE, sin importar que hubiera violado una inhabilitaci\u00f3n por \u201cnegligencia administrativa\u201d cuando se desempe\u00f1\u00f3 como apoderado del mismo SAE.<\/p>\n
Antes de esa inhabilitaci\u00f3n por 6 meses y ordenada en julio del a\u00f1o pasado, Fajardo Castellanos hab\u00eda sido investigado por otras acciones administrativas en la venta de bienes inmuebles del SAE.<\/p>\n
En 2005, la SFP investig\u00f3 a los dos amigos (Fajardo Castellanos y Monroy Portillo) y ahora compa\u00f1eros en el SAE, por la venta de un terreno de 2 mil metros cuadrados y un edificio en la ciudad de Tlaxcala. Dicha solicitud de adquisici\u00f3n la hizo el gobierno de ese estado, sin embargo a la firma del contrato de compra-venta, el inmueble se le otorg\u00f3 a un particular y no al gobierno tlaxcaltense, como estaba previsto.<\/p>\n
Cuando se hizo aquella operaci\u00f3n irregular, Monroy Portillo se desempe\u00f1aba como director corporativo del SAE. Despu\u00e9s, como \u201cpremio\u201d a su labor, fue designado por el secretario de Hacienda como oficial mayor de esta dependencia, cargo que ocup\u00f3 hasta junio de 2010.<\/p>\n
El 31 de mayo de este mismo a\u00f1o, Monroy Portillo hab\u00eda sido sancionado por la Funci\u00f3n P\u00fablica por \u201cviolar las leyes y normatividad presupuestal\u201d en la Secretar\u00eda de Hacienda. Pero ese antecedente negativo no import\u00f3 a Felipe Calder\u00f3n para nombrarlo a partir de julio del a\u00f1o pasado como director general del SAE, cargo desde el cual ha rescatado a Fajardo Castellanos y lo ha contratado como coordinador jur\u00eddico de Bienes, sin importar la sanci\u00f3n e investigaci\u00f3n en su contra que se mantiene abierta en Funci\u00f3n P\u00fablica.<\/p>\n
El motivo del inter\u00e9s de la Presidencia de la Rep\u00fablica parea controlar al SAE, es que este organismo es el responsable de administrar, operar, custodiar, liquidar y enajenar los bienes que est\u00e1n a disposici\u00f3n del gobierno federal, ni m\u00e1s ni menos. Es decir, opera cuantiosos vol\u00famenes de dinero y bienes que no est\u00e1n dentro del presupuesto p\u00fablico y eso lo convierte en una entidad envidiable para financiar cualquier cosa, incluidas hasta campa\u00f1as pol\u00edticas.<\/p>\n
El SAE defiende a Fajardo<\/p>\n
Consultado sobre el regreso de Fajardo al SAE a pesar de las investigaciones en su contra, este \u00f3rgano dependiente de la Secretar\u00eda de Hacienda defiende al funcionario:<\/p>\n
\u201cDe conformidad con la resoluci\u00f3n de fecha 30 de junio de 2010, emitida por el \u00d3rgano Interno de Control en el SAE, se impuso al C. Adri\u00e1n Fajardo Castellanos, una sanci\u00f3n consistente en la inhabilitaci\u00f3n por el per\u00edodo de seis meses, para el desempe\u00f1o de cualquier cargo p\u00fablico, y no obstante que esa resoluci\u00f3n se encuentra subj\u00fadice por estar impugnada, el C. Adri\u00e1n Fajardo Castellanos, cumpli\u00f3 con la sanci\u00f3n impuesta y no ejerci\u00f3 empleo, cargo o comisi\u00f3n en el Servicio P\u00fablico, por el periodo de seis meses ininterrumpidos, a partir de la fecha de su renuncia, raz\u00f3n por la cual fue contratado, por su amplia experiencia y conocimientos en materia inmobiliaria.<\/p>\n
\u201cEn efecto, se inform\u00f3 al C. Adri\u00e1n Fajardo Castellanos la resoluci\u00f3n citada, notificaci\u00f3n que se efectu\u00f3 conforme a lo se\u00f1alado en dicha resoluci\u00f3n administrativa. Adem\u00e1s de lo anterior, se tuvo conocimiento en esta instituci\u00f3n que el C. Adri\u00e1n Fajardo Castellanos, ha expresado en diversas instancias legales que:<\/p>\n
\u00abPor lo que hace al plazo del 5 de julio al 6 de agosto de 2010, no existi\u00f3 causa legal que le impidiera ejercer sus funciones de Director de Formulaci\u00f3n y Seguimiento de Denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, y ha reiterado y ofrecido las pruebas de su parte con las que pretende demostrar que en el periodo comprendido del 1\u00b0 de julio al 11 de agosto de 2010, en que present\u00f3 su renuncia voluntaria, no hubo ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n, por parte de la autoridad competente para tal efecto, y pretende demostrar tambi\u00e9n que la sanci\u00f3n de inhabilitaci\u00f3n impuesta en su contra fue contraria a derecho\u201d.<\/p>\n
Estas afirmaciones del SAE contradicen lo dicho por el secretario Salvador Vega Casillas, quien asegura que Fajardo Castellanos desacat\u00f3 una resoluci\u00f3n de la Funci\u00f3n P\u00fablica al seguir cobrando un salario en la Secretar\u00eda de Hacienda a pesar de estar inhabilitado, lo que motiv\u00f3 que se abriera una nueva investigaci\u00f3n en su contra que podr\u00eda derivar en una inhabilitaci\u00f3n por 10 a\u00f1os y enfrentar una acusaci\u00f3n penal ante la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica. Pero al director del SAE, Sergio Hidalgo Monroy Portillo, lo que menos le preocupa son las investigaciones de Vega Casillas, de quien ha probado que sus indagatorias le hacen lo que el viento a Ju\u00e1rez.<\/p>\n
La historia de Fajardo<\/p>\n
Fajardo Castellanos es uno de los funcionarios involucrados en la investigaci\u00f3n de en un fraude por 4.8 millones de pesos en la venta de una planta vitivin\u00edcola en Caborca, Sonora, propiedad del gobierno federal, de nombre Denosa. Esa investigaci\u00f3n deriv\u00f3 en que el 18 de agosto la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica presentara una denuncia penal contra siete servidores p\u00fablicos y tres particulares, ante la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR), por el delito de fraude.<\/p>\n
El nombre de Fajardo Castellanos no apareci\u00f3 entre los inculpados directamente en el fraude, pero s\u00ed entre los funcionarios inhabilitados por su responsabilidad en no vigilar la operaci\u00f3n y as\u00ed lo dio a conocer la SFP.<\/p>\n
Al verse descubierto, Fajardo Castellanos tuvo que renunciar a la UIF, y bajo el expediente R\/SAE\/001\/2010, la SFP resolvi\u00f3, el 30 de junio pasado, inhabilitar por seis meses a Fajardo Castellanos por \u201cnegligencia administrativa\u201d.<\/p>\n
Dicha sanci\u00f3n imped\u00eda al funcionario trabajar en cualquier dependencia del gobierno federal desde el 1 de julio hasta el 27 de diciembre de 2010, cuando se cumplir\u00edan los seis meses de su inhabilitaci\u00f3n, de acuerdo con la resoluci\u00f3n publicada en la p\u00e1gina de internet de servidores p\u00fablicos sancionados por la SFP. Ahora regresa al sector p\u00fablico sin que se tome en cuenta el antecedente de su inhabilitaci\u00f3n y las causas de esa sanci\u00f3n.<\/p>\n
En este caso de corrupci\u00f3n administrativa, todas las acusaciones penales en contra de presuntos defraudadores financieros, narcotraficantes, terroristas o delincuentes de cuello blanco que haya firmado y presentado ante la PGR Fajardo Castellanos, durante los 45 d\u00edas posteriores a su inhabilitaci\u00f3n, pr\u00e1cticamente quedan invalidadas y anuladas, y las personas investigadas pudieron aprovechar esta circunstancia jur\u00eddica para eludir la acci\u00f3n de la justicia.<\/p>\n
Los otros funcionarios del SAE sancionados y acusados penalmente ante la PGR fueron el director corporativo de Mercadotecnia y Comercializaci\u00f3n, Jos\u00e9 Andr\u00e9s Casco Flores, con 10 a\u00f1os de inhabilitaci\u00f3n y una multa por 4 millones 828 mil 906.41 pesos; el director Ejecutivo de Mercadotecnia, Inteligencia de Mercado y Valuaci\u00f3n, Francisco Farf\u00e1n Bortolini, 10 a\u00f1os inhabilitado y multa por 4 millones 828 mil 906.41 pesos; el coordinador de Comercializaci\u00f3n de Bienes Inmuebles, Gerardo Govea Hern\u00e1ndez, 10 a\u00f1os inhabilitado y multa por 4 millones 828 mil 906.41 pesos; el director ejecutivo de Bienes Inmuebles, Salvador Morquecho de Beistegui, suspendido 90 d\u00edas, y otro apoderado legal del SAE, Fernando Guadalupe Salinas, fue suspendido 90 d\u00edas.<\/p>\n
La historia del fraude se remonta a una daci\u00f3n en pago que recibi\u00f3 Banrural por un adeudo de 14 millones de pesos, correspondiente a una planta vitivin\u00edcola en la ciudad de Caborca, Sonora.<\/p>\n
En la escritura que formaliz\u00f3 la operaci\u00f3n del inmueble se incluye un terreno de 6 hect\u00e1reas, otro terreno de 15 hect\u00e1reas (servidumbre de paso), una concesi\u00f3n de un pozo de agua y equipamiento industrial.<\/p>\n
Para enajenar el bien, el SAE convoc\u00f3 a una subasta p\u00fablica, pero \u201colvid\u00f3\u201d incluir dos conceptos que le daban un valor mayor al inmueble: el terreno de 15 hect\u00e1reas y la concesi\u00f3n del pozo de agua.<\/p>\n
Al realizar dicha subasta, el SAE recibi\u00f3 s\u00f3lo una propuesta de compra y el participante solicit\u00f3 escriturar el inmueble a una empresa constituida apenas 10 d\u00edas antes de la publicaci\u00f3n de la subasta. El acta de entrega s\u00f3lo formaliz\u00f3 lo que anunciaba se hab\u00eda vendido, es decir el terreno de 6 hect\u00e1reas y la construcci\u00f3n de inmueble, por lo que la empresa privada solicit\u00f3 al SAE le escriturara el predio en las condiciones en que se encontraba y como fue recibido por Banobras, lo cual inclu\u00eda las 15 hect\u00e1reas y la concesi\u00f3n del pozo.<\/p>\n
Los funcionarios del SAE atendieron de inmediato la petici\u00f3n de la empresa privada y le escritur\u00f3 el terreno como lo solicitaba, lo que signific\u00f3 para el gobierno federal dejar de recibir 4.8 millones de pesos.<\/p>\n
Al descubrir el fraude, la SFP present\u00f3 denuncia penal ante la PGR por el delito de administraci\u00f3n fraudulenta, que prev\u00e9 una sanci\u00f3n privativa de la libertad de tres a 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n, contra 10 personas (siete servidores p\u00fablicos y tres particulares \u2013Leticia Contreras Guajardo, abogada externa del SAE; Ana Rosa Mariscal Jim\u00e9nez, representante legal de Denosa; y Jos\u00e9 Rub\u00e9n Romero, administrador \u00fanico de Denosa).<\/p>\n
oficiodepapel@yahoo.com.mx<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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\n* La SFP va por Fajardo Castellanos
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