<\/p>\n
Las elecciones intermedias de este domingo 4 de julio son s\u00f3lo el comienzo del juicio contra Felipe Calder\u00f3n. El riesgo para el segundo panista en el poder va m\u00e1s all\u00e1 de la temida declaratoria de un Estado fallido. Calder\u00f3n podr\u00eda convertirse en el gran represor de grupos de ciudadanos mexicanos que perdieron la vida en cr\u00edmenes de Estado, castigados por sus ideas pol\u00edticas, luchas sociales y no por pertenecer al crimen organizado. El debate ya est\u00e1 sobre la mesa y la Comisi\u00f3n Nacional de Derechos Humanos (CNDH), m\u00e1s all\u00e1 de las cr\u00edticas sobre su gesti\u00f3n, tiene un papel protag\u00f3nico en esta etapa, pero sobre todo una gran responsabilidad social.<\/p>\n
El problema al que se enfrentar\u00e1n los defensores de los derechos humanos es que la administraci\u00f3n de Calder\u00f3n se ha esforzado por garantizar la impunidad de los militares que asesinan civiles o les violan sus derechos humanos. De acuerdo con Human Rights Watch, \u201cel sistema de justicia militar mexicano est\u00e1 muy lejos de cumplir con su obligaci\u00f3n de impartir justicia en casos de abusos militares contra civiles\u201d.
\nLa organizaci\u00f3n internacional se\u00f1ala, en su reporte Impunidad uniformada, que \u201clas investigaciones militares sobre violaciones graves de derechos humanos, cometidas por militares contra civiles durante las \u00faltimas d\u00e9cadas, no han concluido con sanciones de los responsables y han reforzado una cultura de impunidad\u201d.
\nCita como ejemplo que, en enero de 2009, funcionarios de alto rango de la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional dijeron a sus representantes que eran \u201cmuchas\u201d las imposiciones de condenas penales contra personal militar por delitos cometidos contra civiles. \u201cNo obstante, s\u00f3lo pudieron recordar un \u00fanico caso de 1998\u201d.
\nEn la \u201cguerra\u201d contra el narcotr\u00e1fico de Calder\u00f3n, los ciudadanos han sido las v\u00edctimas y su administraci\u00f3n el ejecutor de una nueva edici\u00f3n de la guerra sucia que entre 1960 y 1970 caracterizaron los peores a\u00f1os del autoritarismo priista.<\/p>\n
En la etapa final de su administraci\u00f3n, el saldo arroja n\u00fameros preocupantes que colocan a M\u00e9xico en total incumplimiento de los acuerdos multilaterales para vigilar y respetar la defensa de los derechos humanos.<\/p>\n
Una investigaci\u00f3n de la revista Contral\u00ednea en su edici\u00f3n 189 as\u00ed lo confirma: al menos un centenar de activistas, periodistas y pol\u00edticos han sido ejecutados en el gobierno de Calder\u00f3n Hinojosa.<\/p>\n
En este mismo periodo, la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) admite tener conocimiento de 35 cr\u00edmenes de lesa humanidad, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de informaci\u00f3n 00017000150309 hecha por este semanario.<\/p>\n
Adem\u00e1s, mientras la estrategia militar antinarc\u00f3ticos incluye caravanas de la muerte, el Estado mexicano se ve implicado en miles de ejecuciones extrajudiciales de civiles y supuestos delincuentes.<\/p>\n
Esta nueva guerra sucia se encubre en la supuesta lucha contra las drogas que patrocina Estados Unidos y consuma el gobierno del panista Felipe de Jes\u00fas Calder\u00f3n Hinojosa, con 94 mil 540 militares en las calles.
\nComo en las d\u00e9cadas de 1960, 1970 y principios de la de 1980, luchadores, l\u00edderes sociales, defensores de los derechos humanos, pol\u00edticos y periodistas son victimados a mansalva, escribe la reportera Nancy Flores.
\nDe esta forma, la \u201cguerra\u201d contra el narcotr\u00e1fico es en realidad una guerra social que busca prop\u00f3sitos no confesados, se\u00f1ala el polit\u00f3logo y antrop\u00f3logo Gilberto L\u00f3pez y Rivas, investigador del Instituto Nacional de Antropolog\u00eda e Historia-Morelos, consultado entre las fuentes del reportaje \u201cCalder\u00f3n reedita la guerra sucia\u201d.
\nSe trata de un proceso de militarizaci\u00f3n y de criminalizaci\u00f3n de las luchas sociales, en donde se ve la mano de un Estado autoritario dispuesto a usar la violencia selectiva.
\nComo lo hizo en el pasado, a trav\u00e9s de la guerra sucia de d\u00e9cadas pasadas con desapariciones forzadas, la diferencia es que ahora Calder\u00f3n lo hace con la impunidad en el terreno represivo, supuestamente, en contra de los c\u00e1rteles de las drogas.
\nLos n\u00fameros lo confirma, en lo que va de la administraci\u00f3n federal, m\u00e1s de 23 mil civiles han sido ejecutados extrajudicialmente. De \u00e9stos, al menos 55 eran activistas; 33, periodistas, y 20, pol\u00edticos, revela una investigaci\u00f3n hemerogr\u00e1fica porque evidentemente el ninguna dependencia del gobierno federal ofrece cifras sobre el fen\u00f3meno.
\nLo que es un hecho que las organizaciones no gubernamentales y la decisi\u00f3n de la sociedad comienza a manifestarse cada vez con m\u00e1s fuerza y el resultado de las elecciones de este domingo 4 de julio ser\u00e1 un claro reflejo de la inconformidad de la sociedad con un sistema autoritario y prepotente.
\nLos pol\u00edticos tampoco est\u00e1n libres de esta guerra sucia. La m\u00e1s reciente ejecuci\u00f3n es la ocurrida el 28 de junio pasado, la del candidato priista al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cant\u00fa, acribillado junto con tres personas m\u00e1s de su equipo en el municipio Soto La Marina.
\nAdem\u00e1s, de acuerdo con datos del Frente Democr\u00e1tico Oriental de M\u00e9xico, en este gobierno se cuentan 4 mil desapariciones forzadas por motivos pol\u00edticos y sociales. \u201cEl narcotr\u00e1fico \u2013 se confirma otra vez \u2013 se ha convertido en un pretexto del gobierno federal para convertir al Estado en patrullaje militar y fascismo opresor del pueblo\u201d, indican los representantes de esa asociaci\u00f3n.
\nTal es el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz S\u00e1nchez, militantes del Ej\u00e9rcito Popular Revolucionario, desaparecidos el 25 de mayo de 2007 tras ser detenidos por polic\u00edas federales.
\nLa Subprocuradur\u00eda de Derechos Humanos, Atenci\u00f3n a V\u00edctimas y Servicios a la Comunidad \u2013que depende de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica\u2013 admite conocer 35 cr\u00edmenes de lesa humanidad relacionados con desaparici\u00f3n forzada,
\nEl juicio a Calder\u00f3n
\nAunque el gobierno federal impulsa la creencia de que todas las personas ejecutadas y desaparecidas son v\u00edctimas de la delincuencia organizada, asociaciones civiles se\u00f1alaron en su momento que cada uno de los homicidios de los activistas fueron cr\u00edmenes de Estado.
\nLos asesinatos se caracterizan, en su mayor\u00eda, por sus victimarios: comandos armados no identificados, que acabaron con la vida de los luchadores sociales a balazos, incluyendo el tiro de gracia. Algunos activistas fueron previamente levantados y sus cuerpos presentaron huellas de tortura.
\nRespecto de la veintena de pol\u00edticos, sus muertes sucedieron en medio de procesos electorales. En total, m\u00e1s de un centenar encajan en la definici\u00f3n de cr\u00edmenes pol\u00edticos o de Estado.
\nUno de ellos, el que cobr\u00f3 la vida de Armando Villarreal Martha \u2013dirigente de la Organizaci\u00f3n Agrodin\u00e1mica Nacional, l\u00edder de productores y campesinos que exigen la revisi\u00f3n de tarifas el\u00e9ctricas para consumo agr\u00edcola y opositor al Tratado de Libre Comercio de Am\u00e9rica del Norte\u2013, perpetrado el 14 de marzo de 2008 por un comando armado.
\nTambi\u00e9n, el de Benjam\u00edn Franklin Le Bar\u00f3n Ray \u2013sucedido el 8 de julio de 2009\u2013, quien encabezaba un movimiento social en contra del secuestro en Chihuahua. Seg\u00fan su familia, 20 hombres armados y con vestimenta militar lo secuestraron en su casa, ubicada en el municipio de Galeana.
\nO el del comandante Ramiro, del Ej\u00e9rcito Revolucionario del Pueblo Insurgente. El 4 de noviembre de 2009, siete narcoparamilitares, liderados por el Cuche Blanco Palacios, le tendieron una emboscada en la comunidad de Palos Grandes, municipio de Ajuchitl\u00e1n, Guerrero.
\n\u2014Las violaciones a los derechos humanos seguir\u00e1n present\u00e1ndose mientras las Fuerzas Armadas est\u00e9n en la calle. Seguir\u00e1 latente, con justa raz\u00f3n, la percepci\u00f3n ciudadana de que el gobierno est\u00e1 reprimiendo a sus opositores, dirigentes sociales e inconformes que ya miran a la insurrecci\u00f3n ante las condiciones econ\u00f3micas, de inseguridad y de acoso \u2013se\u00f1ala el general brigadier en retiro Samuel Lara Villa.
\nAgrega: \u201cHay muchos casos en los que las autoridades aplican el disimulo y la impunidad a las corporaciones represoras. Asoma la guerrilla: el caso del comandante Ramiro, que preventivamente fue ejecutado por cometer el error de anunciar, de manera imprudente, la reactivaci\u00f3n de la lucha armada. La guerrilla asciende cada d\u00eda en el rango de las amenazas a la seguridad nacional\u201d.
\nEl Programa para la seguridad nacional (2009-2012) revela que, entre 2010 y 2012, el gobierno federal intensificar\u00e1 su proyecto castrense de \u201crecuperaci\u00f3n\u201d de territorios controlados no s\u00f3lo por el narcotr\u00e1fico, sino sobre todo por la guerrilla.
\nEl antecedente inmediato a estas pr\u00e1cticas gubernamentales ocurri\u00f3 en las d\u00e9cadas de 1960 a 1980, cuando los gobiernos priistas emplearon la fuerza para acabar con la disidencia pol\u00edtica.
\nAhora, las prioridades de la administraci\u00f3n calderonista son: \u201cRecuperar el control pleno en territorios end\u00e9micamente afectados por las actividades delictivas\u201d y \u201crecuperar aquellos espacios que han sido cooptados de manera ileg\u00edtima por terceros, subvirtiendo el orden constitucional\u201d.
\nCaravanas de la muerte
\nEn esta nueva guerra sucia, la responsabilidad del gobierno federal mexicano no se reduce a los asesinatos pol\u00edticos y las desapariciones forzadas. Tambi\u00e9n alcanza a la llamada limpieza social: ejecuciones selectivas en contra de delincuentes, presuntos delincuentes, adictos, estudiantes, disidentes y civiles.
\nLa m\u00e1s reciente, ocurrida el pasado 26 de junio en el Centro de Rehabilitaci\u00f3n Fuerza para Vivir, AC, ubicado en G\u00f3mez Palacio, Durango. Ese d\u00eda, un comando armado, que arrib\u00f3 al lugar a bordo de varios veh\u00edculos, asesin\u00f3 a nueve personas e hiri\u00f3 de gravedad a otras ocho.
\nEntre las m\u00e1s dram\u00e1ticas ejecuciones colectivas, est\u00e1 tambi\u00e9n la de Villas de Salv\u00e1rcar, Ciudad Ju\u00e1rez, Chihuahua. El 1 de febrero de este a\u00f1o, un comando armado irrumpi\u00f3 en una fiesta estudiantil y asesin\u00f3 a 16 adolescentes. Adem\u00e1s, lesion\u00f3 a otros 12 muchachos.
\nRespecto de esta matanza, Calder\u00f3n afirm\u00f3 que se trataba de j\u00f3venes implicados en la delincuencia organizada. Ante la imposibilidad de probar su dicho, finalmente se retract\u00f3.
\nSeg\u00fan las autoridades federales, los comandos armados son parte de la base social del crimen organizado. No obstante, podr\u00edan ser las reeditadas caravanas de la muerte que financia la propia administraci\u00f3n calderonista.
\nComo lo inform\u00f3 la columna Oficio de Papel (el 29 de diciembre de 2008), el gobierno ha creado grupos clandestinos de elite militar similares a la Brigada Blanca (utilizada durante la Guerra Sucia para exterminar a las guerrillas rural y urbana).
\nInformantes de alto nivel del Ej\u00e9rcito Mexicano \u2013que solicitan el anonimato\u2013 afirman que los comandos militares operan en zonas territoriales espec\u00edficas del pa\u00eds, aunque no como parte de los operativos conjuntos que se han acordado entre el gobierno federal y los gobiernos estatales.
\nDesde mediados de 2008, las caravanas de la muerte estaban bajo las \u00f3rdenes del general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien fuera procesado por abuso, tortura y desaparici\u00f3n de por lo menos 143 personas supuestamente vinculadas a grupos subversivos de Guerrero, en la d\u00e9cada de 1970 y principios de 1980.
\n\u2014El Ej\u00e9rcito est\u00e1 actuando para detectar a luchadores sociales y cualquier foco de disidencia, a trav\u00e9s de los grupos de informaci\u00f3n de zona. El Ej\u00e9rcito tiene infiltrada a toda la sociedad a trav\u00e9s de esos grupos clandestinos, conocidos como Gizes. Una vez que son detectadas las personas que son inc\u00f3modas al Ej\u00e9rcito o al gobierno, las ejecutan. Aqu\u00ed no pasa nada: ejecutan, torturan, violan mujeres. Hay 3 mil 175 quejas en la Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos y no pasa nada \u2013indica el general brigadier Francisco Gallardo.
\nEl tambi\u00e9n acad\u00e9mico de la Facultad de Ciencias Pol\u00edticas y Sociales de la Universidad Nacional Aut\u00f3noma de M\u00e9xico explica que \u201clas Fuerzas Armadas se han dedicado a desarticular los movimientos sociales, a trav\u00e9s de ejecuciones contra objetivos seleccionados, como el caso de Ramiro en Guerrero, y de luchadores sociales en Chihuahua\u201d.
\nFelipe Calder\u00f3n se enfrentar\u00e1 ahora al juicio de la historia y no bastar\u00e1n los decretos presidenciales de \u00faltima hora para desaparecer parcialmente impuestos como la tenencia o reducir los tr\u00e1mites fiscales para el pago de impuestos. Ahora el clima de violencia e inconformidad es tal que ni siquiera la clase media lo reconocer\u00e1. Calder\u00f3n llegar\u00e1 s\u00f3lo a sus \u00faltimos d\u00edas de gobierno pero con la sentencia de hacer sido el autor de los a\u00f1os de la nueva guerra sucia en M\u00e9xico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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