Para seguir con la \u201csospecha\u201d presidencial de que se acabaron los pobres de este pa\u00eds, al Instituto Nacional de Estad\u00edstica Geograf\u00eda e Inform\u00e1tica (INEGI) se le ocurri\u00f3 cancelar definitivamente el Censo Nacional Agropecuario, lo que anula la posibilidad de contar con datos m\u00e1s cercanos a la realidad sobre la lacerante pobreza que hay en el campo mexicano y permite que las autoridades gubernamentales puedan especular con las estad\u00edsticas agropecuarias, pues seg\u00fan cifras oficiales la pobreza ha disminuido en el campo, pero no porque millones de campesinos hayan mejorado sus niveles de vida, sino porque los mexicanos ya no tendremos informaci\u00f3n fidedigna para conocer la cruda realidad.<\/p>\n
As\u00ed, el presidente del INEGI, Gilberto Calvillo Vives, se reuni\u00f3 hace unas semanas con el diputado Miguel Luna Hern\u00e1ndez, presidente de la Comisi\u00f3n de Desarrollo Rural de la C\u00e1mara de Diputados, para informarle que ese Instituto hab\u00eda decidido que no realizar\u00edan el Octavo Censo Nacional Agropecuario, lo que significa que la administraci\u00f3n de Vicente Fox terminar\u00e1 sin tener informaci\u00f3n estad\u00edstica actualizada del sector agropecuario, cuya antig\u00fcedad se extiende ya por m\u00e1s de 14 a\u00f1os. <\/p>\n
Todo empez\u00f3 cuando a finales del a\u00f1o pasado la C\u00e1mara de Diputados autoriz\u00f3 819 millones de pesos, que corresponden al 50 por ciento del presupuesto solicitado por el INEGI, para realizar el Octavo Censo Agropecuario, pendiente desde 2001, con el inicio del gobierno del cambio, por lo que los legisladores de la C\u00e1mara baja propusieron al principal centro de estad\u00edstica del pa\u00eds realizarlo con personal de servicio social para reducir la inversi\u00f3n en n\u00f3mina.<\/p>\n
Sin embargo, desde diciembre pasado el INEGI preve\u00eda que el Censo Nacional Agropecuario podr\u00eda estar en peligro de no realizarse debido a la falta de recursos, luego de que para el presupuesto del 2004 se hab\u00edan solicitado mil 600 millones de pesos. <\/p>\n
El motivo de fondo para cancelar dicho instrumento estad\u00edstico que deber\u00eda servir para la planeaci\u00f3n de las prioridades en este pa\u00eds, es que la Junta de Gobierno del INEGI, que preside el secretario de Hacienda, Francisco Gil D\u00edaz, decidi\u00f3 unilateralmente que el censo para el campo no era prioritario, lo que seg\u00fan el diputado Miguel Luna Hern\u00e1ndez es un grave error.<\/p>\n
As\u00ed, a menos de dos a\u00f1os de que inicie la apertura plena del sector agropecuario con motivo del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos y Canad\u00e1, M\u00e9xico no contar\u00e1 con informaci\u00f3n estad\u00edstica actualizada sobre este importante sector y, de acuerdo con Luna
\nHern\u00e1ndez se obstaculizar\u00e1 los esfuerzos y proyectos para reducir el volumen de inversiones agroalimentarias. <\/p>\n
Por ello, el presidente de la Comisi\u00f3n de Desarrollo Rural de la C\u00e1mara de Diputados inform\u00f3 que este mi\u00e9rcoles 9 la mesa directiva de la Comisi\u00f3n que encabeza cit\u00f3 a la Comisi\u00f3n Intersecretarial que preside el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, para que explique la cancelaci\u00f3n de este Censo Nacional Agropecuario.<\/p>\n
Sin duda que la pol\u00edtica econ\u00f3mica de Vicente Fox sigue tratando de ignorar la pobreza que hay en el campo mexicano, aunque para ello s\u00f3lo cierren los ojos. <\/p>\n
El rescate de los bancos<\/strong><\/p>\n En una entrega anterior hab\u00edamos hecho referencia a un amplio an\u00e1lisis sobre el Fobaproa y el IPAB, en donde el asesor financiero Mario di Costanzo sostiene que el convenio firmado entre la Secretar\u00eda de Hacienda y la banca para sustituir los pagar\u00e9s del Fobaproa por pagar\u00e9s del IPAB, fin de aceptar \u00e9stos como deuda p\u00fablica, \u201cviola el procedimiento establecido por el Congreso\u201d, por lo que demanda frenar esta arbitrariedad.<\/p>\n En la segunda parte de la investigaci\u00f3n, se refiere al Informe Mackey, en donde se se\u00f1ala que el Fobaproa no era un instrumento dise\u00f1ado para \u201crescatar bancos\u201d, ni contaba con los recursos t\u00e9cnicos ni financieros necesarios para enfrentar una crisis sist\u00e9mica, y menos a\u00fan al no haberse establecido reglas de operaci\u00f3n como establec\u00eda su mandato de ley.<\/p>\n As\u00ed, el Fobaproa instrument\u00f3 programas de apoyo a deudores y bancos. Tanto en el Procapte como en el Programa de Ventanilla de Liquidez las instituciones debieron garantizar los apoyos con acciones propias, siendo estos apoyos en su mayor\u00eda pr\u00e9stamos de corto plazo que las instituciones bancarias liquidaron con excepci\u00f3n de Inverlat.<\/p>\n Derivado de esta situaci\u00f3n y a menos de 4 a\u00f1os de su privatizaci\u00f3n, Di Costanzo sostiene que de acuerdo con informaci\u00f3n de Hacienda y de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores entregada al Congreso de la Uni\u00f3n, seis bancos mexicanos hab\u00edan recibido para ese entonces, apoyos directos del gobierno federal a trav\u00e9s del Fobaproa por un monto de 45 mil 350 millones de pesos: Banco Uni\u00f3n 16 mil 753 millones; Banca Cremi 6 mil 987 millones; Banpa\u00eds 10 mil 483 millones; Banco Obrero mil 187 millones; Banorie 2 mil 657 millones, e Inverlat 7 mil 283 millones.<\/p>\n El Programa de Intervenci\u00f3n y Saneamiento buscaba solucionar los problemas de liquidez y descapitalizaci\u00f3n a trav\u00e9s de aportaciones de capital contra la participaci\u00f3n accionaria, al asumir la CNVB el control de las instituciones, lo cual estaba previsto en la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito. As\u00ed, durante el periodo de 1994-1998, la CNVB intervino 12 instituciones financieras, primero Banco Uni\u00f3n el 1\u00ba de septiembre de 1994 y la \u00faltima Banca Conf\u00eda en agosto de 1997. M\u00e1s tarde, en 1999, el IPAB tomar\u00eda el control de Serfin y Bancreser.<\/p>\n Paralelamente se llevaron a cabo procesos de saneamiento de los bancos que consist\u00edan en el otorgamiento de l\u00edneas de cr\u00e9dito para que estos pudiesen cumplir con sus obligaciones; ser rehabilitados y posteriormente vendidos, los bancos que fueron objeto de apoyos tendientes a sanearlos fueron: Serfin 79 mil millones, Atl\u00e1ntico 22 mil millones, Del Centro 19 mil millones, Promex 7 mil 800 millones, BBV 5 mil 900 millones y Santander 29 mil 500 millones. A Inverlat le aportaron recursos superiores a 45 mil millones de pesos. <\/p>\n El analista considera que la CNBV mantuvo la intervenci\u00f3n en algunos de los bancos intervenidos por m\u00e1s de 5 a\u00f1os, pero parad\u00f3jicamente y contraviniendo el art\u00edculo 7\u00ba transitorio de la LIPAB, el IPAB asumi\u00f3 los pasivos de los bancos intervenidos sin que se cumplieran las condiciones precedentes establecidas en dicho precepto y sin asumir la administraci\u00f3n de ellas. Lo anterior elev\u00f3 el costo fiscal del rescate bancario y permiti\u00f3 que los interventores \u201cocultaran muchas irregularidades cometidas\u201d.<\/p>\n Es importante mencionar que el costo fiscal derivado de los Programas de Intervenci\u00f3n y Saneamiento es mayor que los originados por los Programas de Capitalizaci\u00f3n y Compra de Cartera, sin embargo su costo es definitivo para el gobierno, sin haberse fincado hasta la fecha responsabilidad alguna a funcionarios o banqueros de dichas instituciones.<\/p>\n Programa de Capitalizaci\u00f3n y Compra de Cartera <\/strong><\/p>\n Contin\u00faa el an\u00e1lisis de Di Costanzo: ante la severidad de la crisis y enfrentando un mal diagn\u00f3stico de origen, el Comit\u00e9 T\u00e9cnico del Fobaproa decidi\u00f3 aplicar el denominado Programa de Capitalizaci\u00f3n y Compra de Cartera (PCCC), cuyo prop\u00f3sito era que los bancos incrementaran su capital mediante una f\u00f3rmula que incentivaba a los accionistas a inyectar capital fresco a cambio de la compra por parte del Fobaproa de activos financieros acordados entre las partes. Esto dio por resultado la emisi\u00f3n de los famosos pagar\u00e9s Fobaproa (inconstitucionalmente avalados por algunos funcionarios p\u00fablicos, lo que constituye una de las fases de mayor ilegalidad del rescate bancario), pretendi\u00e9ndose a espaldas del Congreso la aceptaci\u00f3n de una nueva y onerosa carga fiscal. Es este acto soberbio y bochornoso el origen de la discusi\u00f3n sobre la legalidad y legitimidad de las obligaciones del PCCC. <\/p>\n El mecanismo de este programa consist\u00eda en que los accionistas de los bancos a cambio de la compra (pagada con un pagar\u00e9 emitido por Fobaproa) de los flujos de una cartera crediticia acordada, los accionistas aportar\u00edan un monto de capital \u201cfresco\u201d equivalente al 50 por ciento del monto del pagar\u00e9. El pagar\u00e9 de referencia generar\u00eda intereses capitalizables en base a una tasa de Cetes decreciente y con un plazo de 10 a\u00f1os. La discrecionalidad con que se aplic\u00f3 este programa queda evidenciada con el hecho de que en el caso de Serfin el acuerdo fue de seis pesos de cartera por un peso de capital fresco.<\/p>\n La cartera que fue adquirida estaba compuesta por cr\u00e9ditos superiores a los 200 mil pesos calificados y provicionados de acuerdo con su riesgo crediticio, los cr\u00e9ditos eran seleccionados por los propios bancos y revisados por un auditor y validados por la CNBV. En caso de que los flujos recuperados no fuesen suficientes para saldar el pagar\u00e9, los bancos absorber\u00edan en promedio el 25 por ciento de la perdida y el 75 por ciento ser\u00eda asumido por los contribuyentes a trav\u00e9s del gobierno, a este mecanismo se le llam\u00f3 perdida compartida. La inoperancia, discrecionalidad e ilegalidad de estos programas qued\u00f3 as\u00ed de manifiesto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u00b7\tCancelan el Censo Nacional Agropecuario
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