Recluida 7 años en una prisión de alta seguridad, acusada por delitos de delincuencia organizada (liderar una banda del narcotráfico) y lavado de dinero producto del tráfico de drogas, Sandra Ávila Beltrán, alias la Reina del Pacífico, recuperó su libertad hace 2 años después de que un magistrado la absolviera por “falta de pruebas”; sin embargo, jueces y banqueros impiden ahora que recupere todos sus derechos ciudadanos por el estigma social de que es “una persona muy peligrosa” y que su dinero proviene de la relación con cárteles de la droga.
Primero, la presidencia de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros (Conducef), a cargo de Mario Di Costanzo, recibió el año pasado una queja “por discriminación de la banca”, al negarle a la empresaria Sandra Ávila la prestación de servicios financieros. El abogado que entregó dicho recurso acreditó ser el representante legal de la llamada Reina del Pacífico.
Pero las instituciones financieras que insisten en negarle a Ávila Beltrán servicios como apertura de cuentas, expedición de chequeras y hasta el uso de tarjetas de crédito y débito, argumentan que de aceptarle realizar operaciones financieras podrían recibir alguna sanción de las autoridades fiscalizadoras del país, que en este caso serían la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera; además, organismos internacionales como la OFAC (Oficina Federal para el Control de Activos del Tesoro estadunidense) han advertido a los bancos que deben fiscalizar a sus clientes a fin de evitar el blanqueo de capitales. Según Ávila Beltrán, el dinero en su poder es lícito, producto de actividades empresariales.
Un segundo caso en contra de Ávila Beltrán ocurrió apenas hace unos días, cuando el juez cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México negó liberar sus cuentas bancarias bajo el argumento de que “no acreditó ser la titular de las mismas”.
Por supuesto que ésta no sería la primera vez en donde la banca, en colusión con miembros del Poder Judicial, impiden a propietarios de cuentas bancarias retirar bienes y recursos que dejan a resguardo de organismos financieros, con el propósito de apoderarse de ellos. Hay muchas historias de corrupción y abuso por parte de la banca, y cuando hay un cliente polémico como Sandra Ávila Beltrán, quien a pesar de haber sido absuelta tiene que enfrentar el estigma de la incriminación, pues las condiciones son aprovechadas para abusar de ella.
De acuerdo con la resolución judicial, en más de 1 año Ávila Beltrán no exhibió el contrato bancario que la acredite como titular de las cuentas. Además advierte que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no notificaron a Sandra Ávila las respuestas a sus solicitudes sobre la liberación de las cuentas. Lo que hace parecer entonces una chicana legaloide para evitar que esta mujer recupere sus recursos.
Han habido muchos casos documentados por la prensa sobre abusos y maltratos de la banca a los clientes, pues es común que los servicios financieros también sean negados a quienes aparecen en las listas de las personas políticamente expuestas (Ppes), elaboradas por las autoridades financieras.
Lo preocupante de estas acciones es que las autoridades poco o nada hacen para solucionar estos abusos de las instituciones financieras, las cuales además de dar un pésimo servicio a la población, se arrogan el derecho de rechazar a quienes las autoridades hacendarias consideran como Ppes, de tal manera que gobierno y banca abusan de los usuarios en lugar de perseguir en realidad a los verdaderos blanqueadores de dinero sucio, que en la mayoría de los casos son los propios prestadores de servicios financieros, quienes ocultan y protegen las cuentas bancarias que son abultadas con dinero del narcotráfico, de la corrupción gubernamental y de los grandes fraudes financieros.
Nos cuentan que el abogado de Ávila Beltrán que interpuso la queja en la presidencia de la Conducef señala a varios bancos, pero el principal es Citibanamex. La pregunta es si la banca tiene el derecho o las bases legales para negarle el servicio a una empresaria que ya fue exonerada por la autoridad judicial, y aún más considerarla como “un riesgo” y una “publicidad negativa” para aquel que se atreva a prestarle servicios financieros.
Puntos suspensivos… A menos de 2 años del próximo cambio de gobierno, Enrique Peña Nieto mueve sus piezas en busca del próximo aspirante a la Presidencia de la República. Eso explicaría la petición que hizo al gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, para que se mantenga en el cargo hasta noviembre próximo. En esos cambios comentados en los pasillos del poder, se consideraría al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para sustituir a Carstens. La razón es que el funcionario no tiene la militancia priísta y se le vincula más con grupos panistas, aunque ha demostrado su lealtad a Peña Nieto y al canciller Luis Videgaray. Si este movimiento se da en el gabinete, Meade quedaría fuera de la carrera presidencial y dejaría la vía libre al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para convertirse en el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Para sustituir a Meade en el manejo de las finanzas públicas, el presidente estaría considerando a José Antonio Fernández, desmantelador general de Pemex, y en su lugar al frente de la exparaestatal se ha pensado en el actual director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola. El problema que tiene Peña y su partido es la falta de un buen candidato que, además de ser popular y conocido por sus buenas acciones, pueda mantener el poder para el próximo sexenio; pues hasta ahora es el candidato de Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, quien va arriba de todas las encuestas, con los aspirantes panistas en segundo lugar y hasta el tercero, el PRI.
Miguel Badillo
[Oficio de papel]
Contralínea 528 / del 26 de Febrero al 04 de Marzo 2017
