Al elaborar esta columna prácticamente era oficial la renuncia del procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, responsable en los últimos días de intensas críticas y cuestionamientos a su labor, principalmente por los casos del desafuero y la acción penal en contra del jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, por las acusaciones del caso Nahum Acosta, ex jefe de giras presidenciales que exoneró un juez federal, y los señalamientos del fiscal Ignacio Carrillo Prieto sobre la manipulación de los expedientes en la PGR.

Por si eso fuera poco en el entorno político judicial, está la acusación de TV Azteca en contra del secretario más poderoso del régimen foxista, Francisco Gil Díaz, a quien esa empresa televisora acusó ante la PGR de amenazas, chantaje y violación a la libertad de prensa.

En medio de ese clima crispado están los resultados de las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación echas al manejo presupuestal de la PGR y en donde se asegura hay irregularidades y daños patrimoniales.

Sobre este último caso en las dos últimas columnas informamos de esas supuestas anomalías descubiertas por la ASF en la administración de recursos públicos de la PGR correspondientes al ejercicio fiscal de 2003, en donde según ese órgano de fiscalización del Congreso hay probables daños patrimoniales, por lo que el oficial mayor Germán Gallegos y los directores generales de Recursos Humanos y Materiales de la PGR, Lino Díaz Acosta y Julián Solares, respectivamente, así como el responsable de la Unidad de Supervisión Interna (USI), Jorge García Lozano, explicaron como una de las presuntas irregularidades al destinar recursos a otras áreas asignadas dentro del mismo capítulo 1000, es decir de servicios personales, no es tal porque se hizo con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de ellos hay los oficios correspondientes.

Los funcionarios explicaron que los recursos transferidos estaban destinados al pago de salarios de 2 mil trabajadores (de las ocho mil plazas que tiene la Agencia Federal de Investigaciones) que se encuentran suspendidos por haber cometido algún delito o falta administrativa, y de no haberse empleado ese dinero se hubiera incurrido en un subejercicio de recursos que también es sancionado por los órganos de control y vigilancia.

“La Secretaría de Hacienda me da el presupuesto de los ocho mil trabajadores, pero no le puedo pagar a los dos mil que están suspendidos, entonces qué hago con ese recurso, pues dentro del mismo capítulo 1000, del que tiene mucha necesidad la Procuraduría, le asigno recursos a todas y cada una de las unidades”, expuso Lino Díaz Acosta, quien argumentó que “no salió ni un quinto del capítulo 1000, porque Hacienda no autoriza ninguna transferencia a otros capítulos, y no se trata de una irregularidad porque esto está normado y regulado, no puedo erogar ni un quinto si Hacienda no me lo autoriza”.

En una extensa charla con seis funcionarios de la PGR, el oficial mayor Germán Gallegos Gutiérrez aseguró que “la utilización que se hizo de esos recursos está perfectamente bien autorizado; hay oficios que lo demuestran, firmados por la Secretaría de Hacienda. Qué es lo que pasó con esta observación, pues que la ASF solicitó conocer dónde estaba el recurso, pero hace un par de semanas solventamos documentalmente esta situación”.

Para evitar las complicaciones que representan la transferencias de recursos entre diversas áreas de la dependencia, Lino Díaz señala que “para este año vamos a tratar que se le asigne a la AFI el presupuesto que realmente puede gastar, porque no se va a gastar lo de los 2 mil trabajadores suspendidos; por eso lo estamos etiquetando en otras partidas”.

Las Supuestas Irregularidades

En el ejercicio fiscal 2003, la ASF detectó algunas irregularidades que comprometen recursos por un millón 322 mil 700 pesos, supuestamente efectuadas en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), dependiente de la PGR.

Estas anomalías van desde la transferencia del presupuesto de la AFI hacia otras áreas de la PGR, hasta el pago indebido de salarios a personal dado de baja o la contratación de prestadores de servicios por honorarios para funciones cubiertas por personal de planta.

Según señala el informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2003, en el capítulo 1000 correspondiente a servicios personales, se detectaron traspasos por 433 millones 767 mil pesos.

Para el máximo órgano de fiscalización del Congreso de la Unión, el presupuesto reportado bajo esta partida en la Cuenta de la Hacienda Pública 2003, que ascendió a mil 391 millones 798 mil pesos, no corresponde a lo que realmente ejecutó la AFI.

“De acuerdo con las nóminas, se ejercieron recursos por 91 millones 455 mil pesos con cargo a esta unidad, para sufragar gastos de otras unidades administrativas (entre las que se encuentran las delegaciones estatales de Guerrero y Jalisco).”

La ASF agrega que “se observó que la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH) utilizó los recursos considerados como parte del presupuesto de la AFI, por plazas no ocupadas, por 342 millones 312 mil pesos”. Este dinero se utilizó para sufragar gastos de otras unidades administrativas de la PGR, como nóminas, aportaciones patronales, terceros institucionales y prestaciones al personal.

La transferencia de fondos fue más allá, pues el informe advierte que se realizó una segunda triangulación de recursos de la DGRH a la AFI. “Se determinó que se ejecutaron recursos por 94 millones 690 mil pesos con cargo a la DGRH para el pago de erogaciones de la AFI.”

El órgano de vigilancia considera que, aunque los recursos desviados debieron afectarse al presupuesto de las unidades responsables que realmente devengaron el gasto, la DGRH no realizó las adecuaciones presupuestarias correspondientes a fin de darle suficiencia presupuestal a las unidades que lo requerían, por lo que dichos recursos quedaron reportados como ejercidos en el presupuesto de la AFI.

De acuerdo con la ASF, esta situación contravino los artículos 13 y 40 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 49 fracción I, y 83, de su Reglamento; 5 fracciones I y II, del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal; así como los numerales 7, 8 y 11 del apartado “Aspectos Generales” y el numeral 117 del apartado “Pago de Prestaciones Económicas” del Manual de Normas para el Ejercicio y Control del Presupuesto autorizado, emitido por la Oficialía Mayor de la PGR el 11 de abril de 2003, mediante el oficio circular OM/009/2003.

Pago de salarios a personal suspendido

Otra irregularidad detectada por el órgano de fiscalización superior corresponde al pago de salarios a 22 trabajadores dados de baja, por un promedio que va entre una quincena y 4 meses y medio posteriores a la fecha estipulada en su renuncia.

“Se pagaron percepciones brutas en demasía por 549 mil 100 pesos, de los cuales, 379 mil 100 pesos se pagaron directamente al trabajador y 169 mil 900 pesos correspondieron a los enteros efectuados a terceros institucionales, en contravención de los artículos 44, fracción I, y 59, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal”, apunta la ASF.

Y agrega que, como parte de las pruebas que solventan esta observación, la DGRH informó mediante una tarjeta informativa, fechada el 4 de noviembre de 2004, que “con motivo de los resultados obtenidos por el Órgano Interno de Control de la PGR, en su revisión 01/04, en la cual también determinó pagos indebidos, la dirección asumió compromisos al interior de sus áreas que participan en la gestión y trámite de los movimientos de baja y/o suspensión temporal o definitiva del sueldo, que están enfocados a disminuir la comisión de un cobro indebido.

“A estos compromisos internos, le siguió la emisión de las circulares 065/04, DGRH/013/04 y DGRH/014/04, de fechas 2 y 5 de marzo y 22 de octubre de 2004, respectivamente, en las cuales se precisan nuevas acciones que inciden directamente en la disminución de cobros indebidos. En algunos casos, la DGRH ha iniciado las gestiones correspondientes a fin de recuperar los pagos en demasía”, precisa el informe.

Por estos hechos, la ASF solicitó a la PGR presentar la evidencia del reintegro por 549 mil 100 pesos correspondientes a las percepciones brutas de 22 empleados que habían causado baja durante el ejercicio de 2003 y que se pagaron en demasía.

Contratación injustificada

Entre las observaciones hechas en el informe a la Agencia Federal de Investigaciones, destaca la contratación de 84 prestadores de servicios por honorarios, por un millón 614 mil 900 pesos, pues para la Auditoría Superior de la Federación, el personal contratado realizó funciones equivalentes a las de plaza presupuestal, sin contar con la autorización expresa de la Secretaría de Hacienda.

Por la importancia del monto involucrado, la ASF concluye que “se presumen hechos de los que podrían desprenderse responsabilidades administrativas de servidores públicos en ejercicio de sus funciones”. Por esta razón, solicita al Órgano Interno de Control investigue los hechos.

“Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77 fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la ASF solicita al OIC en la Procuraduría General de la República que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión.”

Aclaraciones sobre las irregularidades

En días pasados, Oficio de papel dio a conocer diversas irregularidades que la ASF detectó en la Procuraduría General de la República durante el ejercicio fiscal 2003; entre éstas, presumibles daños patrimoniales y la asignación irregular de contratos millonarios.

De acuerdo con el informe de la Auditoría, las anomalías se advirtieron en la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA), e implican un presunto daño patrimonial superior a los 12 millones de pesos.

Al respecto, el oficial Mayor de la PGR, Germán Gallegos, asegura que desde 2001 a la fecha, la dependencia no ha registrado ningún daño patrimonial y que las observaciones de la ASF ya fueron solventadas. “Voy a puntualizar, no solamente esa área (DGSA) era muy proclive a la corrupción, había otra área que era sinónimo de corrupción, la Dirección General de Bienes Asegurados, pues hoy no tiene ni una sola observación, ni una, no tiene observación de los tres niveles de auditoría, integrados por el Órgano Interno de Control, la Secretaría de la Función Pública y la ASF”, pero este fenómeno ya no se da, explica.

Jorge García Solano, asesor de la Oficialía Mayor, precisa que en los ejercicios del 2001 al 2004, “no hemos tenido un solo daño patrimonial, es más, a ningún servidor público se le ha fincado responsabilidad por este delito”.

Otra de las irregularidades advertidas en el informe, fue la asignación directa de un contrato por un millón 229 mil 100 dólares que, según la ASF debió otorgarse vía licitación pública.

“El contrato del millón de dólares efectivamente se adjudicó directamente; sin embargo, esto se hizo porque sólo hay dos proveedores en el mundo registrados por la FAA y por la Dirección General de Aeronáutica Civil; entonces el pedido se le fincó a uno de los dos, al que tuvo más la disponibilidad de tiempo, pero invitamos a los dos, uno de ellos nos dijo que no podía cumplir en el tiempo”, señala Julián Solares, director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la PGR.

Agrega que “las adjudicaciones directas no son ninguna desviación de la ley. La propia Ley de Adquisiciones nos permite tres tipos de adjudicación, la directa, la invitación a cuando menos tres y la licitación pública, y el reglamento de presupuesto nos indica los parámetros económicos que, en el caso de nuestra institución, desde el primer día de gestiones disminuimos los parámetros de lo que el Reglamento de Presupuesto nos indica, por debajo de lo que la ley nos marca”.

El oficial Mayor, Germán Gallegos Gutiérrez, puntualiza “que el trabajo de transparencia y el trabajo de rendición de cuentas se viene haciendo desde que el señor procurador General de la República tomó posesión de la institución. En este sentido, el señor procurador Rafael Macedo de la Concha nos exigió un manejo totalmente transparente y una rendición de cuentas permanente sobre los manejos de los recursos en la institución”.