Los rumores que había entre el personal de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la corrupción que hay en la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA), fueron confirmados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano de fiscalización y control del Congreso.

En su informe de la Cuenta Pública de 2003, la ASF descubrió que en la DGSA, cuyo titular es el general Víctor Manuel Noble Contreras, las irregularidades descubiertas involucran la asignación irregular de contratos, gastos en viáticos sin solventar, pésima administración de seguros contra siniestros, reparaciones de aviones sin realizar, complicidad de la Aseguradora Inbursa, facturas apócrifas y aeronaves perdidas, entre otras anomalías.

Así, esta historia de corrupción se va tejiendo en la administración de diversas áreas de la PGR y que involucra varios millones de pesos supuestamente defraudados al erario público, según denuncia la Auditoría Superior de la Federación, la cual sostiene con base en las auditorías que hay un presunto daño patrimonial superior a los 12 millones de pesos.

Ayer dimos cuenta en este espacio de otro supuesto desfalco en las finanzas de la PGR cometido también en la Dirección General de Servicios Aéreos, por un monto presumible a los 5 millones 846 mil pesos, correspondientes a la partida presupuestal 2301; pero las pesquisas de la ASF indican que hay una segunda defraudación por otros 6 millones 180 mil 382 pesos, de la partida 3503.

A este millonario daño patrimonial hay que sumar otras anomalías como la asignación irregular de un par de contratos que involucró un monto total por un millón 467 mil 800 dólares, los gastos de viáticos no solventados y la mala administración de los seguros contra siniestros.

Los daños patrimoniales

Según revela el informe de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2003, en la partida presupuestal 3503, relacionada al mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, con cargo a la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA), se cometió un daño patrimonial total por 6 millones 279 mil 733 pesos.

Así, el máximo órgano de vigilancia dependiente del Congreso de la Unión revela que “con la revisión de las facturas y los documentos denominados presupuestos técnico-económicos, oficios de autorización de reportes técnico-económicos, pases de salida y cuadros comparativos por proveedor que tiene establecido la Subdirección Administrativa de Control de Almacenes Sector PGR como registro y control para revisar que la recepción de refacciones y componentes reparados correspondan a las partidas autorizadas, no se localizaron en ningún caso los presupuestos técnico-económicos por 2 millones 143 mil 300 dólares correspondientes a ocho contratos.

“Asimismo, se constató que recepciones de refacciones y componentes reparados asentados en las facturas y cuadros comparativos no contaron con los oficios de autorización de reportes técnico-económicos por 947 mil 200 dólares, con los cuales las áreas usuarias autorizan dichas reparaciones. Además, no se pudo constatar que las refacciones y componentes reparados, según cinco facturas, por 554 mil 300 dólares, hayan entrado en el almacén.”

Por los montos involucrados, la Auditoría Superior de la Federación integró un pliego de observaciones, en el que manifiesta que “se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de la entidad fiscalizada por un monto de 554 mil 359 dólares, equivalentes a 6 millones 180 mil 382 pesos por no poder constatar que las refacciones y componentes reparados entraron en el almacén.”

La ASF señala además que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 fracción XIV, y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará dicho pliego con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes.

El segundo daño patrimonial consignado por la Auditoría, corresponde al contrato 278/2003, cuyo monto ascendió a 228 mil 500 dólares, como pago por las reparaciones de partes aéreas; en este caso, advierte la ASF, aunque se registró un retraso de 13 días no se tiene evidencia que la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales haya aplicado las penas convencionales por 8 mil 900 dólares.

Por este motivo se giró otro pliego de observaciones que manifiesta: “como resultado de la revisión, se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de la entidad fiscalizada por un monto de 8 mil 911 dólares, equivalentes a 99 mil 351 pesos, por penas convencionales no aplicadas por la entrega extemporánea de mantenimiento y conservación de maquinaria y quipo”.

Otra irregularidad detectada en este capítulo correspondió al pago de servicios de mantenimiento de componentes y partes aéreas, por un total de 122 mil 700 dólares, correspondientes al ejercicio de 2002, pero con presupuesto de 2003, en contravención de los artículos 42 fracción III y 44 fracción I, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

El informe de la Auditoría notifica que “hasta la fecha de la auditoría, noviembre de 2004, no se proporcionaron las bitácoras de mantenimiento de las partes aéreas y componentes correspondientes a los contratos 247, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 y 281, del ejercicio 2003, así como evidencia de la recepción a entera satisfacción de dichos servicios”.

Ante estas faltas, la ASF emitió una recomendación para que la PGR fortalezca los mecanismos de control que garanticen que, en todos los casos se cuente con los presupuestos técnico-económicos y sus correspondientes oficios de autorización; exija a los proveedores la entrega oportuna de la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas y, en su caso, aplique las penas convencionales correspondientes; para que en todos los casos exista evidencia de la entrega de los bienes en el almacén.

Viáticos no solventados

Por si fuera poco, también en la Dirección General de Servicios Aéreos se detectaron anomalías en los viáticos erogados por la dependencia. Según informa la ASF, en la partida 3817, correspondiente a viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales, la entidad no solventó la cantidad de 5 millones 667 mil 600 pesos.

“Respecto a las comisiones que llevó a cabo el personal de campaña con un costo de 7 millones 301 mil pesos, se constató que la DGSA no presentó la documentación justificativa (informe de comisión) y comprobatoria (liquidaciones o desglose pormenorizado de gastos) por un total de 3 millones 228 mil 500 pesos y 2 millones 439 mil 100 pesos, respectivamente, en infracción de las normas para la asignación de los viáticos y pasajes nacionales e internacionales.”

En lo referente a las comisiones del personal administrativo con un costo de 64 mil 300 pesos, el órgano de fiscalización indica que la DGSA no presentó la documentación justificativa (informe de comisión) y comprobatoria (facturas) por un total de 21 mil 100 pesos y 64 mil 300 pesos, respectivamente, en contravención de los puntos de estas mismas normas, así como de los artículos 44 fracción III, 82 y 102, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

En este sentido, la ASF recomienda a la PGR que fortalezca los mecanismos de control que garanticen que los gastos por concepto de viáticos nacionales se soporten en la documentación justificativa y comprobatoria, además de solicitarle la información de los gastos por más de 5 millones de pesos.

Seguros contra siniestros

Otra área afectada por los malos manejos administrativos correspondió al ámbito de los seguros. De acuerdo con el informe, la PGR no cuenta con el Programa de aseguramiento integral correspondiente al ejercicio fiscal 2003, por lo que se infringieron los artículos cuarto fracción I, quinto fracciones I a VIII, y octavo de los Lineamientos para la contratación de seguros sobre bienes patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 2 de mayo de 1994.

Esta situación se dio porque, mediante el oficio DG-308-A-1328 con fecha del 28 de octubre de 1994, la Secretaría de Hacienda autorizó a la PGR la exención de contratar un asesor externo de seguros; además, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios no designó un responsable interno, señala el órgano de fiscalización.

En este contexto, manifiesta la ASF, se observaron fallas de control interno en 15 expedientes de siniestros registrados en el ejercicio 2003, de los cuales cinco fueron por pérdida total y 10 por incidentes, y que corresponden a seguros contratados por concepto de todo bien, todo riesgo a primer riesgo contra terrorismo, parque vehicular, flota aérea, de transportes y de embarcaciones y lanchas.

Para la Auditoría, el origen de las irregularidades se ubica desde la estipulación en las bases de la licitación, en el contrato y en las pólizas de seguros, ya que no se establece un periodo de atención, por parte de la PGR y de la aseguradora, entre el reclamo y la presentación de la documentación.

Tampoco se fijan tiempos entre la presentación de la documentación y el convenio o finiquito; ni entre esta última y la transferencia de recursos correspondientes a siniestros totales y la recepción de los servicios por parte de los prestadores de servicios.

La ASF considera que “esta situación trajo como consecuencia que la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales presentara para la integración y envío de los expedientes a la aseguradora con retrasos importantes que impactaron la indemnización de los mismos, ya que se transfirieron recursos a diversos talleres y prestadores de servicios a través del ejecutivo de cuenta de aseguradora Inbursa por un importe de 8 millones 231 mil 700 dólares”.

La Auditoría agrega que se constató que seis de los 15 casos, que comprometían recursos por un millón 991 mil 600 dólares, recibieron los servicios en un promedio de 14 días a 14 meses posteriores a la transferencia de los recursos.

La situación de los nueve casos restantes, cuyo monto ascendió a 6 millones 240 mil 100 dólares, es mucho peor, pues según revela el informe, hasta noviembre de 2004 no se habían recibido las aeronaves reparadas, ni se habían repuesto aquéllas que registraron pérdida total, a pesar de que la transferencia de los recursos se realizó a los prestadores de servicios entre 15 a 18 meses a la fecha de la revisión.

En materia de siniestros parciales también se detectaron serias irregularidades como que en la elaboración del convenio o finiquito y transferencia de recursos por este concepto, éstos se cubrirían como máximo en 30 días naturales; sin embargo, en tres casos, por un millón 58 mil 300 dólares, se realizaron entre 6 y 68 días después de lo autorizado, en contravención de las propias bases de la licitación.

Los reclamos ante la aseguradora tampoco salieron limpios, pues aunque por normatividad se deben comunicar inmediatamente; la DGSA lo realizó entre 1 y 57 días después de ocurrido el siniestro. Para la ASF esta situación contravino la cláusula 16 del procedimiento en caso de siniestro establecida en la póliza de aeronaves.

Con respecto a la documentación que integra los expedientes de siniestros, el órgano fiscalizador señala que se constató que no se localizaron algunos documentos como: la licencia de piloto, certificado médico, bitácora, copias de las declaraciones del piloto ante la Dirección General de Aeronáutica Civil y, en ocho expedientes no se integró el presupuesto de reparación y listas de partes.

Por los montos involucrados en este capítulo, superiores a los 8 millones de dólares, la ASF emitió una recomendación para que la PGR fortalezca sus mecanismos de control que garanticen que se elabore el Programa de aseguramiento integral de bienes patrimoniales.

Asimismo, exhorta a la dependencia a que efectúe oportunamente los reclamos y transferencias de recursos que estipule en las bases de las licitaciones, contratos y pólizas de seguros los periodos de atención que deben cumplirse, desde el reclamo hasta el cabal cumplimiento de los servicios contratados; además de integrar los expedientes de los bienes siniestrados con los documentos requeridos por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.