A través de la figura de fideicomisos, el gobierno federal ha manejado y dispendiado miles de millones de pesos sin control ni vigilancia algunos, lo que ha significado para el país uno de los capítulos más oscuros de la administración pública federal y, lo más probable, es que sigan en la impunidad.

Entre algunos legisladores la preocupación ha llegado a tal grado que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar investigaciones especiales sobre esta dilapidación de recursos públicos.

A pesar de las reservas derivadas del secreto fiduciario, en el informe de la revisión de la cuenta pública 2003, la ASF consiguió documentar la operación de mil 353 fideicomisos, mandatos y contratos análogos, cuyos activos ascienden a 662 mil 700 millones 326 mil pesos.

Según el sistema de registro de fideicomisos, mandatos y contratos análogos de la Administración Pública Federal, coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al cierre del ejercicio 2003 el gobierno federal mantiene constituidos 934 fideicomisos; 174 mandatos y 245 contratos análogos.

Para la ASF “estas cifras denotan que el fideicomiso es una figura jurídica utilizada en forma importante por la administración federal, no suficientemente normado y que se presta a la utilización discrecional de recursos públicos, ya que los fideicomisos que no cuentan con estructura, no tienen regulación.

“Por otra parte, no existen disposiciones que prohíban o limiten el uso de esta figura jurídica y tampoco existen normas para regular la constitución de fideicomisos por parte de los poderes Legislativo y Judicial y los órgano autónomos.”

Esta situación, advierte el órgano de fiscalización, propicia la utilización de la figura jurídica del fideicomiso para manejar recursos al margen de los controles que se establecen en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento.

Al referirse al secreto fiduciario, el amplio informe señala que éste “contribuye a la opacidad de los recursos públicos que se manejan a través de fideicomisos, en virtud del cual las instituciones fiduciarias se niegan a proporcionar datos relativos a las actividades que se realizan con los recursos fiduciarios, lo que impide su evaluación por parte de los órganos fiscalizadores”.

El análisis de las Auditoría revela que algunos fideicomisos constituidos por el gobierno federal con recursos públicos, se consideran como fideicomisos privados, como los Aduanas I y Aduanas II, por parte de la Secretaría de Hacienda, por lo que la entidad gubernamental que los constituye alega esta situación para impedir su fiscalización y la rendición de cuentas.

Las Irregularidades al Descubierto

El órgano de vigilancia del Congreso de la Unión indica que “en términos generales se observó que no se cuenta con un adecuado control y seguimiento global de los recursos federales aportados a estos instrumentos, así como de su adecuado reintegro cuando son extinguidos o cancelados”.

Claro ejemplo de esta irregularidad es el fideicomiso Fondo Mixto del Estado de Michoacán, constituido por la Secretaría de Turismo y extinto en junio de 2003; pero que fue hasta el 20 de octubre de ese año cuando la SHCP dio de baja la clave de registro presupuestario correspondiente a dicho contrato.

En esa fecha, explica el informe, los recursos remanentes del fideicomiso aún no eran enterados a la Tesorería de la Federación. “El entero de dichos recursos, que ascienden a un millón 286 mil 400 pesos, incluyendo intereses, se realizó en diciembre de 2004 y febrero de 2005, con motivo de la auditoría practicada por la ASF”.

El órgano de vigilancia advierte que de los mil 353 fideicomisos, 552 ya no son vigentes por baja definitiva, por extinción o por proceso de terminación. El informe agrega que, de los 801 fideicomisos vigentes al cierre de 2003, 680 tienen vigencia indefinida, debido a que la normatividad presupuestaria no establece plazos de vigencia, situación que contraviene su propia naturaleza.

El informe de la Auditoría revela que de los 81 expedientes de fideicomisos revisados, en 26 casos (32.1 por ciento) se autorizó la renovación o actualización de su clave de registro presupuestario, sin haber contado previamente con todos los documentos básicos requeridos –estado de resultados, estado de situación financiera, fines u objetivos y metas alcanzadas–.

Asimismo, indica que de 25 fideicomisos sectorizados en la Secretaría de Hacienda, cuatro de ellos incumplieron lo establecido en las normas respectivas, ya que la solicitud para la renovación de su clave de registro presupuestario mostró un desfase de 60 días.

Otros 12 fideicomisos coordinados por la SHCP y un fideicomiso coordinado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitaron su inscripción en el Sistema de Registro correspondiente después del plazo establecido.

La Secretaría de Agricultura tampoco se salva de estas anomalías, pues de los 37 fideicomisos a los cuales esta dependencia aportó recursos, 33 de ellos no están inscritos en el Sistema de Registro.

La ASF observa que esta situación no había sido detectada por la SHCP porque no cuenta con un control adecuado sobre las aportaciones que las dependencias realizan directamente a los fideicomisos y que involucran recursos públicos federales.

La Regulación de los Fideicomisos

La diputada Marcela Guerra considera que “en estos grandes hoyos negros que son los fideicomisos del gobierno federal, ya empieza a haber una pequeña luz con la publicación por parte del presidente de la reforma al artículo 2 fracción sexta de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, para facultar a la ASF en materia del secreto bancario y fiduciario”.

La reforma fue aprobada por el Senado de la República desde marzo de 2004, pero se publicó hasta el pasado 4 de abril en el Diario Oficial de la Federación.

Dicha modificación sentencia que las “entidades fiscalizadas: los poderes de la Unión, los entes públicos federales, las entidades federativas y municipios que ejerzan recursos públicos federales; los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra figura análoga, así como el mandato o fideicomiso público o privado que administren, cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales”.

También la SHCP y la Secretaría de la Función Pública realizaron un pacto para transparentar este uso discrecional de los recursos. El 6 de septiembre de 2003 se publicó en el diario Oficial de la Federación el Acuerdo que establece los lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para el control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo transparentes de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos análogos.

El lineamiento segundo de dicho Acuerdo establece que “corresponderá al fiduciario por instrucciones expresas del fideicomitente, del mandante o de quien celebre el contrato análogo, dar cumplimiento a los requerimientos de información solicitados por la SHCP, la SFP y la ASF, relativos al manejo y destino de los recursos públicos federales”.

En el numeral quinto, señala que “los titulares de las dependencias y entidades que coordinen la operación de los fideicomisos, mandatos o contratos análogos, deberán realizar los actos necesarios a fin de que se autorice a la fiduciaria, a que atienda los requerimientos de información”.

Pero, ¿a dónde fue a parar todo el dinero público desviado a través de los fideicomisos?

Envía el INM 61 Oficios a Aerolíneas

Ayer informamos que 61 líneas aéreas mexicanas y extranjeras dejaron de pagar impuestos por derechos de servicios migratorios y aeroportuarios por 145.7 millones de pesos, lo que le generó un daño a la Hacienda Pública, por lo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó al Instituto Nacional de Migración, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, solicitar dichos trámites a las aerolíneas para que entreguen esos recursos a la Tesorería de la Federación..

De acuerdo con los auditores la Coordinación de Administración del INM no contó con un padrón de las aerolíneas obligadas a enterar los derechos por servicios de no inmigrante y no vigiló que las aerolíneas efectuaran los pagos en tiempo y forma, por tanto la ASF determinó que se dejaron de cubrir 100 millones 109.5 mil pesos por derechos y 45 millones 674.1 mil pesos por actualizaciones y recargos, lo que generó una recomendación a la comisionada Magdalena Carral para que instruya a quien corresponda para aplicar las multas y sanciones, así como fortalecer los controles de registro.

La respuesta que dio el INM a la Auditoría Superior de la Federación fue que se “presentaron diversas problemáticas, ya que, como se comentó en diversas ocasiones, el objetivo primordial del Instituto no consiste en recaudar ingresos, sino en facilitar los flujos de personas que favorezcan el desarrollo económico, social y cultural del país, así como coadyuvar de manera efectiva en la salvaguarda de la seguridad y soberanía nacionales, con estricto apego a la ley y pleno respeto a los derechos humanos migrantes, por lo tanto la recaudación de ingresos no podía ser vista como el objetivo primordial, sino como una consecuencia del trabajo sustantivo del Instituto”.

Además de lo anterior, nos enteramos de que el INM ya giró 61 oficios a igual número de aerolíneas para exigirles el pago a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las diferencias por un monto de 162 millones de pesos, de acuerdo con los controles que maneja esa entidad pública.

De acuerdo con la Ley General de Derechos, los extranjeros que ingresan al país deben pagar un derecho de no inmigrante de 210 pesos por persona, el cual lo cobran las aerolíneas al momento de expedir los boletos y dicho impuesto es enterado a la Secretaría de Hacienda mediante el formato SAT 5, para que a finales de cada mes las empresas aéreas entreguen al INM las copias de dichos formatos que son enviados a la Secretaría de Gobernación y ésta a su vez los canaliza a Hacienda, en donde se valida y autoriza los importes para devolverla a la Segob y a través del INM se pasan a la Tesorería de la Federación para solicitar los depósitos respectivos.

El seguimiento al derecho de no inmigrante por parte del INM ha permitido incrementar 60 por ciento la captación de impuestos durante la administración de Magdalena Carral, al pasar de mil 61 millones a mil 600 millones de pesos.