Para cualquier abogado litigante que se la vive en tribunales, es común identificar la terrible corrupción que se practica en juzgados para obtener beneficios al margen de la ley, a fin de alcanzar fallos favorables a sus clientes. Los togados aplican tarifas diferentes, según el cliente y el caso que juzguen. Los litigantes, por su parte, conocen muy bien esas tarifas de jueces y magistrados que se mueven en ese mercado de subastas en que han convertido la impartición de “justicia”.
Por ello sorprende que mientras la población padece en carne propia las injusticias y la corrupción del Poder Judicial, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, sostenga que es “una mala práctica descalificar a los jueces fuera del contexto en el que han juzgado”, y como parece desconocer la corrupción que se vive a diario en tribunales y por ello defiende la labor de los juzgadores, sería bueno que los visitara y hablara con los simples mortales que padecen a diario los fallos amañados de los jueces.
Es de todos conocido cómo la corrupción ha minado las estructuras sociales, los distintos órdenes de gobierno y todos los aparatos de justicia, razón que explica en gran parte la enorme desigualdad social, en donde de cada dos mexicanos uno está en situación de pobreza. A esa crítica circunstancia de la población, hay que agregar la también desigual impartición de justicia, en donde los dueños del dinero nunca pisan la cárcel, porque sus costosos despachos de abogados que los defienden siempre encuentran un resquicio legal que los salve o un juez o magistrado dispuesto a vender su dignidad y ponerle precio a la justicia.
Pero la corrupción y las injusticias no son los únicos problemas en el Poder Judicial, en donde familias enteras de algunos ministros, magistrados y jueces han encontrado un modus vivendi para satisfacer sus desmedidos apetitos económicos y, en muchos casos, hasta en practicantes de aviadurías se han convertido. Esto también es corrupción, señor ministro, y usted como también presidente del Consejo de la Judicatura Federal –algo así como juez y parte– es responsable de investigar y frenar ese nepotismo en que han convertido al Poder Judicial de la Federación.
A esas terribles prácticas de corrupción, hay que agregar también los salarios desmedidos de los ministros de la Corte, quienes en un país de 60 millones de pobres, la mitad de la población, los principales responsables de la justicia obtienen ingresos muy superiores a lo que gana el presidente de la República, cercanos al medio millón de pesos mensuales. A esto se suman los gastos de representación, choferes, secretarias, asistentes, asesores, ayudantes. También hay un fideicomiso que guarda miles de millones de pesos y que está a disposición de la Corte para lo que se les antoje y ocurra comprar.
Tienen tanto dinero presupuestal la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando se retiran los ministros, gozan de una pensión vitalicia de por lo menos 4 millones 100 mil pesos anuales para cada uno.
En una investigación de Nancy Flores en Contralínea, se revela que los haberes de retiro de los ministros incluyen el ciento por ciento de los ingresos que perciben al momento de su jubilación.
“Los haberes de retiro integran la totalidad de las percepciones que se les cubren a los ministros que han cumplido su tiempo de designación del cargo y pasan al retiro. Es necesario precisar que los señores ministros no tienen asignado en su haber de retiro compensaciones económicas por conceptos de ayudas, cajas de ahorro y fondos de ahorros”, indica la respuesta de la Corte.
No obstante, los ministros en retiro sí tienen derecho a otros ingresos, como gastos de alimentación, vehículos de lujo para su transportación, gasolina y aditivos, al igual que los ministros en activo. Además, cuentan con la asistencia de cinco personas pagadas por la Hacienda Pública: dos asistentes de mando superior, un profesional operativo y dos técnicos operativos. Todos pagados con fondos del erario público.
Actualmente un ministro percibe 193 mil 17 pesos como sueldo base mensual más prestaciones nominales por 66 mil 662 pesos; prima vacacional por 62 mil 412 pesos; aguinaldo por 381 mil 898 pesos y, por si lo anterior fuera poco, otros 539 mil 790 pesos que reciben anualmente por el llamado “pago por riesgo”, según el Manual que Regula las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero pasado.
Todo ese recurso se les paga a los ministros pensionados. Pero eso no es todo, si su cónyuge aún les sobrevive una vez que fallecen, éste hereda la pensión vitalicia también hasta su muerte.
Eso señor ministro presidente Luis María Aguilar es un abuso en un país de pobres, en donde el salario mínimo de los trabajadores apenas alcanza los 72 pesos diarios, algo así como 2 mil 200 pesos mensuales, contra los 500 mil pesos que ustedes ganan. De esta desigualdad señor ministro, también debería darnos una lección y volver a repetir que no debemos hablar de corrupción de jueces, magistrados y ministros.
Miguel Badillo
