¿Quién pide perdón por los casos de tortura que no fueron grabados?
Es reconocida socialmente la labor de las fuerzas armadas en momentos de desastres naturales, cuando soldados y marinos arriesgan sus vidas para auxiliar y salvar a la población en momentos de inundaciones, temblores, erupciones volcánicas y otros fenómenos que la misma naturaleza cobra para ajustar el daño ocasionado por la contaminación y la destrucción ambiental. Estas acciones acercan, sin duda, a los efectivos militares con la sociedad, la cual califica al Ejército y a la Marina como las instituciones más confiables de todo el gobierno federal, incluida la misma Presidencia de la República.
Sin embargo, es distinto para algunos sectores sociales que observan como un error y hasta una violación constitucional, la intervención del Ejército y la Marina en la lucha contra las drogas, el narcotráfico y las bandas criminales, que se han apoderado de grandes regiones del país y en algunos casos controlan la vida y las instituciones en varios estados, como por ejemplo Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Colima y otros.
Esa intervención de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico por órdenes presidenciales, en acciones que por ley corresponden a corporaciones policiales, ha provocado precisamente un aumento en la violación de los derechos humanos por parte de efectivos militares, quienes se han visto involucrados en ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, allanamientos y hasta en una amenaza constante para la población.
Uno de los casos que se ha hecho público recientemente, es la tortura de una joven mujer a principios de 2015 a manos de miembros del Ejército y de la Policía Federal, cuyo video circuló en redes sociales y fue reproducido en los medios de comunicación. Esta víctima, que terminó presa en un penal de alta seguridad acusada de vínculos con una banda criminal dedicada al narcotráfico, “confesó su responsabilidad” después de ser asfixiada con una bolsa de plástico en la cabeza y amenazada con un fusil que le apuntaba a la frente. Esta violación a los derechos humanos sin duda pondrá en libertad a esta joven, aunque algunos todavía piensen que es culpable y que no debería ser liberada.
Esta grave violación al estado de derecho, cometida precisamente por quienes tienen por encargo vigilar el cumplimiento de la ley y proteger a la población de abusos y violaciones a sus derechos ha llevado por primera vez a los titulares del Ejército Mexicano, general Salvador Cienfuegos, y de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, a reconocer que entre sus efectivos hay torturadores y violadores de los derechos humanos, algo que la sociedad ya sabía pero que ellos como autoridad se negaban a reconocerlo. El mismo general Cienfuegos se ha quejado de las críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos, de asociaciones civiles, de políticos de oposición, de líderes sociales, de periodistas y de la población en general que los critica por esas prácticas autoritarias que rayan en el fascismo.
Por ese video difundido profusamente, el secretario de la Defensa y el comisionado se vieron obligados a pedir perdón a la víctima y a ofrecer disculpas a la población por el comportamiento de sus soldados y policías, pues aseguraron que ningún efectivo militar o policía ha sido instruido para violentar los derechos universales. Pero hace falta más que un perdón y una disculpa pública, las fuerzas armadas y los cuerpos policiales tendrán que recuperar la confianza de la población, que los observa como organismos opacos de seguridad nacional y seguridad pública que han sido penetrados por el crimen organizado; que se han corrompido ante los sobornos del crimen organizado; que operan sin transparencia los miles de millones de pesos que reciben del presupuesto público; además de ser los únicos sectores del gobierno que en plena crisis económica han visto incrementados sus recursos presupuestales.
Alianza Coparmex-Ejército y Marina
Decíamos líneas arriba de la necesidad que tienen los miembros de las fuerzas armadas de acercarse más a la población, de volverse a ganar su confianza ante hechos brutales que han violentado el Estado de Derecho. Pues bien, el Ejército y la Marina han decidido la conveniencia de estrechar alianzas con uno de los sectores más reaccionarios de la sociedad, con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coprmex), que incorpora a los hombres más ricos del país.
Los militares no ha hecho alianza con el ciudadano de a pie, aquel que todos los días se levanta muy temprano para dirigirse a su trabajo en la fábrica, en el campo, en las oficinas públicas, en las empresas o en las universidades; ha empezado a estrechar sus relaciones con los hombres más acaudalados, que representan uno de los poderes fácticos que hoy en día deciden el rumbo económico y político de este país.
En una investigación del reportero Zósimo Camacho, publicada en Contralínea en febrero pasado, se da cuenta de esa alianza firmada por los secretarios de la Defensa y de Marina, general Salvador Cienfuegos y almirante Vidal Francisco Soberón, como un “convenio general de colaboración” con el ala más dura del sector empresarial, la Coparmex.
De acuerdo con los documentos obtenidos por el reportero, esa confederación empresarial se asume como un “sindicato patronal” que tiene como objeto “representar y defender los intereses generales y comunes del empresariado” para promover su participación en la “construcción del orden social” e “impulsar las reformas estructurales”. Por si alguien dudaba de la injerencia empresarial en la toma de decisiones políticas.
Miguel Badillo
