Por tercer año consecutivo, la Auditoría Superior de la Federación encontró y denunció graves irregularidades en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), relacionadas con la operación del Fideicomiso Aduanas I y su relación con la empresa privada Integradora de Servicios Operativos S.A. de C.V. (ISOSA), lo que se traduce en daños patrimoniales cercanos a los 10 mil millones de pesos para los ejercicios fiscales 2001, 2002 y 2003.

En este espacio se han denunciado las irregularidades cometidas desde las oficinas de la Secretaría de Hacienda con en el manejo de los fondos públicos recaudados por el Derecho de Trámite Aduanero y desviados a fideicomisos aduaneros y a empresas creadas para ello.

Así, en el reciente Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2003, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se advierte que sólo en el ejercicio fiscal del erario público correspondiente a 2003 se tuvo una afectación de 2 mil 585 millones 918 mil pesos; y que de esta cantidad ISOSA se benefició con más de mil 500 millones.

En el amplio análisis sustentado en auditorías realizadas por la ASF, se documenta que el SAT no enteró a la Tesorería de la Federación (Tesofe) dicha suma millonaria, derivada del cobro del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), “en infracción de los artículos 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental”.

El análisis del órgano de fiscalización, dependiente de la Cámara de Diputados, señala que la cifra se registró como “ingresos ajenos del DTA”, distribuidos de la siguiente manera: mil 577 millones 434 mil pesos para el pago de la contraprestación por el procesamiento electrónico de datos, y mil ocho millones 484 mil pesos para los servicios de apoyo y control del despacho aduanero.

No obstante, para la ASF “los 2 mil 585 millones 918 mil pesos debieron consignarse como Ingresos Ley, ya que los derechos son contribuciones de carácter federal; además, estos recursos no se registraron en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2003”.

Según indica el Tomo III del informe, “como resultado de las auditorías practicadas al DTA, en las cuentas públicas de 1999, 2001 y 2002 se detectó que una parte importante de los ingresos de este derecho no se enteró a la Tesofe, ya que se canalizó al Fideicomiso Aduanas I, número 954-8, para el pago de la contraprestación por los servicios del procesamiento electrónico de datos y de apoyo y control del despacho aduanero”.

La ASF estima que al 31 de diciembre de 2003, el Fideicomiso Aduanas I contaba con un saldo de siete mil 400 millones de pesos. “Al 30 de junio de 2003, el Órgano Interno de Control en Nacional Financiera, S.N.C. reportó un saldo de 6 mil 374 millones 800 mil pesos”. Documento dado a conocer por Oficio de papel.

El manejo de los recursos

La amplia investigación advierte que, en ese ejercicio fiscal, el cobro del DTA captado por las 48 aduanas del país contabilizó un ingreso de 2 mil 990 millones 599 mil pesos, de los cuales sólo el 13.05 por ciento (404 millones 626 mil pesos) se enteró a la Tesofe.

Ante las irregularidades detectadas, la ASF realizó varios cuestionamientos al SAT, por lo que esta última dependencia giró el oficio 327-SAT-II-7-0022, fechado el 4 de enero de 2005, en el que informa la distribución porcentual de los recursos.

“53.04 por ciento (mil 577 millones 434 mil pesos) se destinó al pago por la contraprestación de servicios de procesamiento electrónico de datos; 33.91 por ciento (mil ocho millones 484 mil pesos) se orientó a la provisión por el pago de los servicios de apoyo y control del despacho aduanero, y el 13.05 por ciento se enteró como Derecho de Trámite Aduanero a la Tesorería de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Aduanera y la regla 1.3.5 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, publicadas en el diario oficial de fecha 17 de abril del 2003.”

De esta manera, el informe revela que más del 50 por ciento de los ingresos obtenidos por el DTA se transfirieron a ISOSA, empresa constituida por Francisco Gil Díaz cuando era subsecretario de Hacienda, con asesoría jurídica de Santiago Creel Miranda, actual secretario de Gobernación, y de lo cual ninguno de los dos quieren recordar.

Pues según detalla la investigación fiscal, las operaciones contratadas en el 2003 por el SAT, para los servicios de procesamiento electrónico de datos -proporcionados por ISOSA-, fueron autorizadas por la SHCP al Fideicomiso Aduanas I.

Al cuestionar estos contratos a los actores involucrados, la empresa que aún opera Gil Díaz refirió a la ASF que no estaba obligada a transparentar los procesos. “Mediante el oficio AU-0208/2004 de fecha 12 de noviembre de 2004, el administrador único de ISOSA negó la información solicitada.”

En ese comunicado, ISOSA informó que “se confirma el contenido del diverso DG-0364/2002, de fecha 19 de diciembre, emitido por esta empresa a ese Órgano Fiscalizador, en el que se estableció que Integradora de Servicios Operativos es una sociedad constituida bajo la legislación vigente en la República Mexicana y bajo la forma de Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual maneja exclusivamente recursos privados. ISOSA no tiene celebrado contrato alguno con entidades que pertenecen al Gobierno Federal”.

Pero para la Auditoría, éste no fue el único impedimento, pues como consecuencia de la Controversia Constitucional 84/2004 que interpuso la SHCP ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 20 de agosto de 2004, en contra de la Cámara de Diputados y de la ASF, no se reiteraron las peticiones de información ni al SAT ni a ISOSA, “para evitar que se promuevan otros recursos de queja en contra de este órgano superior de fiscalización”. ¿Para qué se escudan en la Corte si no hay nada que esconder?

Aduanas I

El informe de la ASF también refiere que, aunque el 2 de junio de 1998 se celebró un convenio modificatorio al Contrato del Fideicomiso Aduanas I núm. 954-8, para promover cambios en diversas cláusulas del contrato referido, la SHCP creó un nuevo fideicomiso para legalizar la actuación del primero.

Entre las reformas hechas al fideicomiso Aduanas I, las más relevantes para la ASF son las efectuadas a la cláusula III Fines, pues “se precisa que el fideicomiso tiene como fin administrar, adquirir, recibir e invertir las cantidades que se cobren por concepto de contraprestaciones por los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados para llevar a cabo el despacho aduanero, y las demás operaciones que la Secretaría autorice en los términos del artículo 16 de la Ley Aduanera.

“En dicha cláusula se estipula que para el cumplimiento de los fines la fiduciaria deberá ‘Recibir de la TESOFE las cantidades que se señalan en el primer párrafo de la presente cláusula’.”

Para la Auditoría esto significa que a partir del 2 de junio de 1998, la totalidad del DTA debió concentrarse en la Tesorería de la Federación, que a su vez debió transferir los recursos correspondientes al fideicomiso. No obstante, señala, “al 19 de mayo de 2004 no se habían puesto en vigor las modificaciones referidas y se continúa infringiendo la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, su Reglamento y el contrato del Fideicomiso Aduanas 1 núm. 954-8”.

El órgano superior de fiscalización explica que con la creación del nuevo fideicomiso, la SHCP pretende transparentar las operaciones ilegales del Aduanas I, de lo cual se ha informado puntualmente en esta columna.

“El 20 de mayo de 2004 se firmó el contrato de un nuevo fideicomiso denominado Fideicomiso para Administrar la contraprestación del artículo 16 de la Ley Aduanera, cuyo fideicomitente es el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Fiduciaria es Nacional Financiera, S.N.C.

“De conformidad con el contrato, son fines del fideicomiso ‘recibir, invertir y administrar las cantidades que se cobren por concepto de contraprestaciones por los servicios a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, así como realizar el pago a terceros que sean necesarios para cumplir con los presentes fines y con el artículo 16 antes citado’”, reporta la Auditoría Superior de la Federación.

Otras irregularidades

En su informe, la ASF también detectó irregularidades relacionadas con los bancos recaudadores del DTA por 11 mil 279 millones 100 mil pesos. El análisis se deriva de los reportes diarios bancarios de la concentración y distribución de la recaudación de las contribuciones al comercio exterior y los formatos SIAC-Banxico de diciembre de 2003, proporcionados por el SAT.

Según esos reportes, “las contribuciones al comercio exterior captadas por las instituciones bancarias reportaron un total de 14 mil 884 millones 14 mil pesos -BBVA Bancomer, S.A. (3 mil 664 millones 42 mil pesos); Banco Nacional de México, S.A. (6 mil 18 millones 505 mil pesos); Bital (3 mil 732 millones 228 mil pesos); Santander Serfín, S.A. (120 millones 909 mil pesos), y Banco Mercantil del Norte, S.A. (mil 148 millones 329 mil pesos)”.

La ASF documenta que de los más de 14 mil millones de pesos, 43 millones 129 mil pesos correspondieron al DTA. “Se determinó que, en diciembre de 2003, los cinco bancos recaudaron un total de 330 millones 495 mil pesos del DTA”.

De estos, señala el informe, en ese mes se depositaron 287 millones 365 mil pesos en la cuenta 264-732-492-7 del Fideicomiso Aduanas I, 175 millones 294 mil pesos se destinaron al pago de las contraprestaciones del procesamiento electrónico de datos y 112 millones 70 mil pesos, a la cobertura de los servicios de apoyo y control del despacho aduanero. Y que los 43 millones 129 mil pesos restantes se enteraron a la Tesofe.

“De la revisión de la recaudación y del traspaso a las cuentas bancarias del Fideicomiso Aduanas I, así como de los pagos de diciembre de 2003 a la Tesorería de la Federación, se determinaron las irregularidades siguientes:

“1.- El 18 y 19 de diciembre de 2003 Santander Serfín y Bital no enteraron a la Tesofe 8 mil 400 y 55 mil 700 pesos, respectivamente, de las contribuciones al comercio exterior que incluyen también ingresos del DTA.

“2.- De acuerdo con los formatos SIAC-Banxico de BITAL, durante diciembre del mismo año no se depositaron en la cuenta 2280010000010 las contribuciones al comercio exterior, por 3 mil 732 millones 228 mil pesos, monto que incluyó 11 millones 215 mil pesos del DTA, dichos recursos se depositaron en la cuenta 2277000170000, la cual se desconoce el nombre del cuentahabiente al que pertenece.”

Pese a los montos involucrados, la Auditoría Superior de la Federación reconoce que “derivado de la Controversia Constitucional 84/2004 no se pudo cuestionar al SAT respecto de la omisión”.