Desde principios del gobierno foxista el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), dependiente de la Secretaría de Turismo, ha estado envuelto en irregularidades administrativas y manejos poco claros del presupuesto que, por su elevado monto, se ha convertido en la manzana de la discordia en el sector turístico. Ante las múltiples anomalías, desde la Presidencia de la República se han ordenado cambios de directivos y funcionarios menores en dicho Consejo Turístico, pero eso ha sido suficiente para sanear el organismo que en lugar de promover el turismo para que el país capte divisas, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el actual secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, y para su titular Francisco Ortiz.

A pesar de la importancia del CPTM para el gobierno foxista, en donde se envió para dirigirlo al amigo de todas las confianzas del presidente de la República, tampoco ha podido ordenar la administración que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, enfrenta muchas irregularidades en el manejo de los fondos públicos.

Lo más grave del caso es que desde hace cuatro años han llegado denuncias y acusaciones precisas a los órganos de control, primero ante la Secretaría de la Contraloría y después en la Secretaría de la Función Pública, en contra de diversos funcionarios del Consejo sin que hasta la fecha se conozca sanciones, inhabilitaciones o acusaciones penales por malos manejos en la promoción en el exterior de los destinos turísticos de México.

Por el diario La Jornada nos enteramos la semana pasada que nuevamente la Auditoría Superior de la Federación descubrió graves irregularidades en el manejo del presupuesto de dicho Consejo para favorecer a la empresa McCann-Erickson, pero esta situación no es nueva, pues los casos de corrupción han llevado a renunciar a varios directivos de ese organismo de participación estatal sin que hasta la fecha se les siga algún proceso administrativo ni penal.

Entre las múltiples anomalías encontradas en el CPTM está un expediente de julio de 2001 en donde se adjudicó un contrato por 400 millones de pesos para que la agencia McCann-Erickson, subsidiaria de Jafra, se hiciera cargo de la campaña publicitaria del Consejo que en ese año dirigía María Elena Mancha.

Desde ese entonces las compañías Mega Direct y Clemente Cámara y Asociados impugnaron el contrato otorgado a McCann-Erickson por incumplir no sólo con la normatividad, sino por violar varias cláusulas de la convocatoria, pero la Contraloría Interna de ese organismo decidió desechar las quejas, mantener el millonario contrato y archivar el expediente.

La desatención de la Contraloría a las quejas de corrupción en el Consejo provocó que en ese contrato otorgado a McCann-Erickson se registraran más de cinco convenios modificatorios ante los retrasos de la empresa y variaciones en sus metas, pues sin esos cambios dicha empresa de promoción turística hubiera sido penalizada; no obstante, la buena relación que mantenían los directivos de la transnacional con los funcionarios del Consejo permitió la firma de los convenios que, en algunos casos, fueron hasta posfechados para evadir cualquier sanción administrativa.

Al cierre del ejercicio 2001, los funcionarios del CPTM autorizaron también a McCann-Erickson el pago de facturas del 2002, situación que de acuerdo con la Auditoría Superior de la federación se ha vuelto a repetir en 2004, a pesar de que varios de sus mandos medios advirtieron de la irregularidad.

Sin embargo ésta no es la primera vez que se presentan anomalías en esta entidad, pues en octubre del mismo año la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) descubrió y sancionó irregularidades cometidas en la firma del contrato 027/2000 por un monto de 200 millones de pesos que mantenía el CPTM con la agencia publicitaria Yesawinch, Pepperdine & Brown L.L.P.

Otra historia negra

Otra historia negra del CPTM que involucra a la multinacional McCann-Erickson se refiere a los procesos de licitación para la asignación de los contratos dirigidos al desarrollo de estrategia de mercadotecnia. Documentos del Consejo de Promoción revelan que entre 2000 y 2002 McCann incumplió con la entrega de documentación que respaldara el ejercicio de los presupuestos ejercidos en convenios publicitarios en los cuales se involucraron las aportaciones de socios a los programas de promoción como Aeroméxico, Mexicana y el gobierno de Chiapas.

Por ello, en la relación de asuntos pendientes de la Subdirección General de Mercadotecnia del CPTM se registró que McCann recibió en varias ocasiones la solicitud del Consejo mediante el oficio DDC/001/03, con fecha al 27 de marzo de 2003, para que entregara la documentación vinculada con el convenio de Aeroméxico por 198 mil 912.20 dólares, y en el caso del contrato del gobierno de Chiapas se reportó la omisión en la entrega de documentación comprobatoria de las aportaciones hechas por esa entidad.

En enero de 2003, la Subdirección General de Mercadotecnia solicitó a la Subdirección General de Administración del CPTM la aplicación de penas convencionales en contra de McCann, proceso que nunca se concluyó. De hecho, la Secretaría de la Función Pública estuvo al tanto de los procesos e irregularidades al interior del CPTM, por lo que inició una investigación que tomó por sorpresa a Gabriel Moctezuma, quien fuera el responsable de la administración del Consejo y que fue retirado del cargo bajo sospechas de corrupción apenas dos semanas antes de que Francisco Ortiz asumiera la Dirección General del CPTM el 17 de septiembre de ese año.

Pero eso no es todo, durante la gestión de María Elena Manchaal frente del Consejo Turístico, McCann, junto con la agencia Young & Rubican, participó en una licitación para adjudicarse los contratos publicitarios destinados a promocionar los destinos turísticos de México en Europa y Norteamérica; sin embargo, en esa ocasión la suerte no favoreció a McCann, pues aunque participó junto con Young, el contrato sólo fue para esta empresa.

Ello motivó que McCann se inconformara, pero las revisiones administrativas ratificaron en dos ocasiones el resultado de la licitación a favor de Young & Rubican. Así, la relación de negocios entre McCann y el CTPM enfrentó un periodo de gran deterioro, pues además la primera solicitó el pago de 60 mil pesos para cubrir los supuestos honorarios del despacho de abogados a cargo de Juan Colín, pero el problema, una vez más, fue que los representantes de la multinacional no lograron comprobar la obligación del Consejo para cubrir esa factura, lo que dejó un mal antecedente contra McCann.

En la cadena de problemas de McCann con el CTPM, también se encuentra un contrato firmado con Televisa para promocionar en Europa los destinos turísticos de México, un asunto en el que por diversos incumplimientos debió intervenir el Órgano Interno de Control.

Lo extraño de toda esta historia es que desde hace cuatro años cuando McCann se apareció para ganar mediante concursos la mayoría de los contratos del Consejo de Promoción Turística de México, ha estado llena de irregularidades, acusaciones e investigaciones por los órganos de control, pero todo eso ha sido insuficiente para frenar a dicha empresa trasnacional que por lo visto tiene un fuerte padrino en el gobierno del cambio para que le sigan otorgando los millonarios contratos de promoción del turismo mexicano en el extranjero.

Las pensiones petroleras

Mientras el director general de Pemex asegura que sin inversiones anuales por 20 mil millones de pesos la paraestatal se convertirá en importadora de crudo, la situación de las pensiones de sus trabajadores se agrava a tal grado que la paraestatal busca mantener en secreto toda la información relacionada con la gravedad de este pasivo.

Resulta que la situación patrimonial del Fondo Laboral de Petróleos Mexicanos (Folape), en donde se administran los recursos para cubrir las pensiones y jubilaciones de sus trabajadores, se ha convertido para la paraestatal en una bomba de tiempo y en un asunto de “seguridad nacional”, pues su Comité de Información decidió reservar por 12 años todo tipo de información vinculada con este fideicomiso que administra BBVA Bancomer Servicios.

De acuerdo con documentos del Comité de Información de Pemex, en su sesión 17 del 13 de septiembre del 2004, se resolvió reservar por 12 años, el máximo plazo que contempla la Ley de Acceso a la Información, los detalles sobre el rendimiento de los recursos invertidos en el Fondo Laboral de Pemex (Folape), a pesar de que ese fondo ha recibido recursos excedentes del gobierno federal y que las aportaciones hechas durante los últimos dos años han determinado, en gran parte, el mayor peso de las pensiones del sector público sobre las finanzas públicas.

Sin embargo, diversa información exhibe que los intereses cobrados sobre valores bursátiles, en los que se han invertido los recursos del fondo laboral, sólo suman 418 millones 919 mil 950 pesos al cierre de septiembre pasado.

De hecho, entre 2003 y 2004 el rubro de pensiones del sector público se elevó 7.4 por ciento debido a las aportaciones al Folape y al aumento en el número de jubilados a que dio lugar la aplicación del Programa de Separación Voluntaria, el cual involucró un costo de 14 mil 929.2 millones de pesos al cancelar 42 mil 39 plazas, la mayor parte en la administración anterior a cargo de Raúl Muñoz Leos.

Así, en el Folape se encuentra la información que revela la rentabilidad de las inversiones a las que se ha dirigido el activo del fondo, así como el desglose de su patrimonio. Es decir, las aportaciones hechas por la paraestatal y el gobierno federal para cubrir las pensiones de sus trabajadores.

Y es que hasta octubre del 2004 los gastos de Pemex vinculados con sus pensiones y jubilaciones rebasaron las partidas destinadas a su nómina. Pemex, cabe recordar, tiene 2.4 trabajadores activos por cada jubilado. Sin embargo, el pasivo laboral de la paraestatal ha aumentado de manera significativa en los últimos cuatro años ante los programas de despidos y reingeniería de procesos impulsados por la paraestatal.

En 2003, Pemex necesitó recursos por 11 mil 907 millones de pesos, más 17 mil 75 millones de pesos que transfirió la Secretaría de Hacienda al Fondo Laboral de Pemex.