Un observador que presenció aquella mañana de finales del año pasado la salida de Rosario Robles de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) nos comenta el fuerte enojo de la funcionaria experredista porque el presidente Enrique Peña Nieto la cambió a la Secretaría de Desarrollo Agrario. Enfurecida por la decisión presidencial, Robles ordenó vaciar la oficina que ocupó hasta ese 28 de agosto y cuando llegó su sustituto, José Antonio Meade, no había una silla donde sentarse ni tampoco un escritorio que le permitiera despachar en su primer día como titular de la Sedesol.
La situación causó gracia al nuevo secretario de Desarrollo Social, quien sonrió por el hecho chusco de llegar a una oficina vacía (Meade también ha sido secretario de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores), pero ni eso fue motivo para que sus empleados no lo vieran feliz en su despacho, porque el nuevo nombramiento lo convierte en un fuerte aspirante a la Presidencia.
La verdadera respuesta del secretario al berrinche de Rosario Robles se decidió ese mismo día. Meade ordenó investigar con lupa todos los contratos autorizados por la funcionaria “en beneficio de los millones de pobres de este país”. La sorpresa fue inmediata, a las pocas semanas el equipo de sabuesos del nuevo titular de la Sedesol descubrió escandalosos desvíos de recursos públicos que el Congreso había ordenado se destinaran para la atención de más de 50 millones de mexicanos en pobreza.
Según el informante, en la auditoría a los primeros 3 años de gestión que Robles estuvo al frente de la Sedesol (como lo comente en esta columna el 4 de diciembre pasado), el reporte que recibió Meade señalaba irregularidades “delicadas” en varios contratos por cientos de millones de pesos asignados injustificadamente a empresas y universidades para la realización de estudios sobre la pobreza, mismos que habrían sido pagados anticipadamente para beneficiar a varias empresas y universidades, pero la sorpresa mayor es que dichos trabajos y análisis nunca se realizaron y tampoco fueron entregados, ante lo cual los nuevos responsables de la Sedesol nunca los encontraron a pesar de buscarlos por todos lados. Probablemente el equipo cercano a Rosario Robles también se llevó dichos estudios, como ocurrió con el mobiliario de la oficina de la Secretaría, o simplemente nunca se hicieron aunque sí fueron cobrados, con lo que habrían incurrido en varios delitos como desvío de recursos públicos, fraude y abuso de poder.
Aunque en las semanas posteriores al descubrimiento de dicho daño patrimonial se esperaba una reacción legal inmediata de parte del equipo del secretario Meade, como por ejemplo presentar la denuncia penal respectiva ante la Procuraduría General de la República y una petición a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para investigar y abrir un expediente por el desvío de recursos y el mal manejo presupuestal de parte del grupo cercano a Rosario Robles, nada pasó, o al menos eso se revela cuando tuvo que ser la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la que apenas informara el miércoles 17 de febrero de las irregularidades encontradas en esa Secretaría de Estado sólo para el ejercicio correspondiente a 2014.
Estamos, una vez más, ante un caso de impunidad, abuso, despilfarro, fraude y desvío de recursos públicos, que debería llevar a prisión a varios servidores públicos que simularon, falsearon y triangularon dinero público a empresas que no tenían la capacidad de realizar los trabajos solicitados a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Uaemor), la cual las subcontrató sin razón alguna. Así que a nadie en el gabinete de Enrique Peña Nieto le importa que ocurran estas irregularidades, mismas que seguramente serán encubiertas o borradas, como si sólo fuera un caso más de corrupción millonaria en toda esa estructura impune creada en el aparato de gobierno y aceptada y justificada por todos los órganos federales encargados de vigilar el buen uso del presupuesto, como sería concretamente la SFP.
En el dictamen de 22 páginas de la ASF, se confirma aquella denuncia que el informante hizo de cómo fue utilizada dicha universidad del estado que gobierna el indeseable Graco Ramírez, para saquear recursos públicos que la Sedesol debió destinar al combate a la pobreza y en cambio los desvió hacia empresas privadas sin capacidad para realizar los servicios solicitados, como fueron los de “orientación, promoción, apoyo, organización y evaluación de actividades encaminadas a fortalecer la operación del FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social)”.
Dicho dictamen se emitió apenas el 28 de enero de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó con base en la información proporcionada por la Sedesol, de cuya veracidad ésta es responsable. El objetivo fue fiscalizar la gestión para verificar que los recursos asignados a los contratos y convenios se ejercieron de acuerdo con la normativa y legislación vigente, por lo que de la muestra revisada se concluye que en los cinco contratos celebrados con la Uaemor, por 430 millones 109 mil 500 pesos, hay inconsistencias en cuatro de ellos por 426.4 millones, es decir el 99 por ciento del presupuesto, y entre las irregularidades destaca el servicio integral contratado para la “orientación, promoción, apoyo, organización y evaluación de actividades encaminadas a fortalecer la operación del FAIS”, por 324.6 millones de pesos.
Otra grave irregularidad encontrada por los auditores es que cuatro de los proveedores contratados por la Universidad, a los cuales les pagó 399 millones 608 mil 300 pesos, transfirieron a la cuenta de la empresa Esger, Servicios y Construcciones, SA de CV, un total de 350 millones 254 mil 100 pesos, que representa el 82.3 por ciento de los recursos totales que la Sedesol pagó a dicha Universidad por estos contratos.
Este modus operandi de triangular recursos públicos de la Sedesol-universidad-empresas privadas para pretender ocultarlos después de haber sido desviados podría derivar en otro delito que es el de lavado de dinero, por la simple razón de que los fondos públicos provienen de la comisión de un supuesto fraude y caerían en el concepto legal de tratar de ocultar o disfrazar dichos recursos, ya lo habían hecho los funcionarios de la Sedesol en 2013, cuando al revisar la ASF el ejercicio de ese mismo año (1 año antes a la actual en revisión de 2014), los mismos proveedores contratados por la Uaemor para otorgar los servicios convenidos transfirieron recursos por 416 millones 221 mil 900 pesos.
Por lo anterior, concluye la ASF, la Sedesol que dirigía Rosario Robles “no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, y se presumen conductas irregulares que propiciaron la presunta simulación de servicios y la contratación de terceros, sin el perfil ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos; algunos no fueron localizados y de otros se presume su vinculación con actos irregulares”.
Habrá que esperar varias semanas para conocer la respuesta de la Sedesol y sería muy grave que Meade intentara justificar la irresponsabilidad y el cinismo de su antecesora Rosario Robles, sólo porque ambos son secretarios de Estado y personas cercanas al presidente Peña, pues lo único que confirmaría es que este gobierno no tiene remedio en cuanto a injusticia, corrupción e impunidad se refiere, y la oferta que el titular de la Sedesol pudiera ofrecer para aspirar a la candidatura priísta a la Presidencia de la República, simplemente estaría muerta.
Puntos suspensivos… Y que esperábamos, que el gobierno federal abandonara en cárceles españolas a uno de sus mejores hombres del sistema, quien planeó el desfalco de las arcas públicas del estado que gobernó para financiar campañas presidenciales, quien es investigado por las agencias estadunidenses por sus supuestos vínculos con el crimen organizado y el blanqueo de capitales, quien representa el más vivo ejemplo de un político mexicano: corrupto, abusivo y cínico. Bienvenido a su país, en donde la corrupción, la impunidad y el abuso son la bandera política.
