Para nadie es un secreto que a México se le conoce en el extranjero como el país del pago de comisiones por la asignación de contratos gubernamentales. Cualquier nacional o extranjero que pretenda obtener algún contrato del gobierno, sabe de antemano que deberá pagar una comisión por ello.

Muchos antes de que los panistas arribaran al poder con Vicente Fox al frente (2000), los gobiernos priistas habían instaurado que toda empresa privada que recibiera algún contrato gubernamental debía pagar una comisión por ello. Estas podrían variar entre el 5 y 10 por ciento del monto total del contrato, según el tipo de licitación y el costo en que se cerrara la operación; aunque en algunos casos el abuso del cobro de comisiones llega hasta un 20 o 30 por ciento, dinero que sale del mismo presupuesto público, lo que lo convierte en un robo a la nación.

Por supuesto que con estas acciones hablamos de actos de corrupción, de sobornos, de chantajes, de tráfico de influencias, de abuso de poder de quienes han gobernado este país. No se entiende de otra manera la enorme riqueza que servidores públicos han acumulado a su paso por la administración pública federal y que eso le permite a familias enteras vivir el resto de sus días sin preocupaciones ni agobios económicos en un país caracterizado por su pobreza extrema y la injusticia.

Cuando Vicente Fox ganó la Presidencia de la República, hace unos 15 años, lo cual logró con su discurso «ranchero» de combate a la corrupción, como no recordar aquellas frases de que iba a acabar con las víboras prietas, las tepocatas, los alacranes y con todos aquellos animales priistas ponzoñosos que tanto daño hacían al país.

Pero fiel al panismo todo fue un montaje foxista, un vil producto propagandístico, un discurso que le permitió a Fox alcanzar la máxima investidura del país, fue sólo eso, pues su gobierno y el que lo siguió, el de Felipe Calderón Hinojosa, fueron tan corruptos como los son los priistas y perredistas, con el ingrediente panista de también más torpes.

Fue tan descarada la corrupción panista, que la prensa hizo público cómo miembros del gabinete hicieron negocios económicos ilícitos al amparo del poder y hasta los hijos de Marta Sahagún traficaban con pasaporte de Los Pinos para obtener contratos de Pemex en beneficio de empresas privadas, como el caso de Oceanografía que muchos años después les reventó en el cara. Y éste sólo por mencionar un caso emblemático de corrupción en la asignación de contratos gubernamentales.

Y como no hay grupo político que se quede atrás en el tráfico de influencias para obtener beneficios económicos, hace unos meses se tuvo que paralizar una línea del Metro por las irregularidades en su construcción y esto corresponde a la administración perredista cuando Marcelo Ebrad era jefe de gobierno en la capital del país. En este caso hay exfuncionarios ya procesados, aunque es casi seguro que este juicio penal no alcance a mandos superiores.

En las últimas semanas el gobierno priista de Enrique Peña Nieto se metió en el terreno de las sospechas cuando canceló sin justificación clara la asignación de un contrato multimillonario para la construcción del tren rápido México-Querétaro, decisión que causó malestar al gobierno de China, pues una de sus empresas estatales había ganado junto con el mexicano Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, la licitación y ello causó tensión diplomática entre ambas naciones.

Con ello vino el descubrimiento del caso que se conocería como la Casa Blanca, propiedad de la esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, quien había hecho negociaciones para su adquisición con uno de los amigos y constructores privados beneficiados con contratos por el político mexiquense cuando gobernó aquella entidad, el mismo que también había resultado ganador junto con los chinos en la licitación del tren rápido. Aunque se han dado explicaciones al respecto, la realidad es que debería investigarse por lo menos el posible conflicto de interés.

Así vemos que priistas, perredistas y panistas no se salvan de actos de corrupción cuando se trata de licitaciones públicas, en donde se presentan delitos como conflictos de interés, tráfico de influencias y abuso de poder, entre otros. Pero hoy voy a contar otra historia que no ha sido pública y también refleja esa vieja costumbre de hacer negocios al amparo del poder.

Fue hace más de 18 años que en una fotografía publicada en un diario capitalino aparecía José Córdoba Montoya con un directivo de la empresa francesa Alstom mientras desayunaban en un restaurante del hotel Camino Real, lo que alertó a la opinión pública sobre el tráfico de influencias que el exasesor de Carlos Salinas de Gortari realizaba a favor de la firma francesa para ganar una licitación internacional convocada entonces por el Sistema de Transporte Colectivo Metro para adquirir 28 trenes.

Las sospechas en torno a la “amistad” del francés Córdoba Montoya con los empresarios galos aumentaron cuando el consorcio que competía contra Alstom por el jugoso contrato era descalificado por la administración del Metro, a cargo en ese momento de Alfonso Caso. Habían sido la española CAF, la japonesa Mitsubishi y la mexicana ICA la que impugnaron esa decisión ante el entonces secretario de la Contraloría, Arsenio Farell Cubillas, quien ordenó la suspensión del fallo y así estuvo hasta 2002, cuando bajo la administración perredista se otorgó el contrato a CAF por más de 428 millones de dólares para construir no 28 sino 45 trenes.

En 2003, la Unidad Especial contra la Delincuencia Organizada de la PGR revelaría que contaba con pruebas de los cheques por 800 mil dólares que Alstom depositó en bancos suizos a favor de Alfonso Caso, luego de que las gestiones de Córboba Montoya habían sido insuficientes para lograr el contrato del Metro. Luego vino una época en la que el Metro no convocó a nuevas licitaciones; sin embargo, fue la obra de la Línea 12 del Metro la que terminó con esa época de sequía en materia de contratos.

Mientras tanto, Alstom, a través de su filial Alstom T&D, fue inhabilitada en 2005 para participar en futuras licitaciones y contratos debido a diversas irregularidades. Esa fue la época de Óscar Espinosa Villarreal en el gobierno capitalino y fue la época en la que el abogado Enrique Fernández Castello era asesor jurídico de la francesa que en ese entonces buscaba contratos con el Sistema de Transporte Colectivo Metro mediante un consorcio conformado con Bombardier (GEC Alstom-Bombardier).

Una investigación de esta columna –Oficio de Papel – que se realizó en México y Francia confirmó el tráfico de influencias que años más tarde se transformó en un expediente criminal binacional para indagar si los fondos depositados en el extranjero por Fernández Castello fueron resultado de malas prácticas para obtener contratos.

Después, otros medios replicaron la relación y amistad que habían construido los entonces directivos de Alstom encabezados por Bernard Prieur, José Córdoba Montoya – asesor de la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari – y, por supuesto, el abogado Fernández Castelló. Alfonso Caso, entonces director del Metro, también sostenía encuentros privados con Córdoba Montoya, el pequeño hombre todo poderoso del gobierno salinista.

Egresado de la UNAM, el licenciado en Derecho y amigo del extitular de la Secretaría de Gobernación en el sexenio panista de Vicente Fox, Fernández Castelló firmó con la francesa Alstom un interesante contrato como comisionista que establecía el pago de entre 5 y 10 por ciento de cada obra contratada por la francesa. Castelló, como asesor de Alstom, estuvo directamente involucrado en los tratos que la colocaron bajo los reflectores y que hicieron que la firma francesa se replanteara su presencia en México.

La plana mayor de ejecutivos de la firma fue remplazada por completo; salieron los directivos franceses, quienes por cierto también tuvieron que declarar ante la PGR por las gestiones impulsadas por Fernández Castelló.

La suerte, sin embargo, favoreció al abogado-comisionista-coyote porque a la llegada de los panistas y en medio de la investigación sobre los sobornos a Caso, logró que se le aceptara como una especie de testigo “protegido” para entregar toda la información de los corruptos funcionarios priistas.

Fue, sin embargo, una compañía constituida y que encabezaba Enrique Fernández Castelló la que fue investigada por las transferencias entre bancos de Panamá y Suiza.

Desde las cuentas de la compañía Inamex no sólo se hicieron transferencias por 800 mil dólares a Caso, exdirector del Metro, sino también al entonces funcionario de Luz y Fuerza del Centro, Antonio García Rojas, subdirector de Abastecimiento y Transporte de Luz y Fuerza, quien benefició a Alstom con contratos para la adquisición de transformadores de corriente. Esta es la vieja práctica corrupta que Peña Nieto debería combatir para evitar que se siga ultrajando al presupuesto público y mandar un claro mensaje en contra de los funcionarios que acostumbran a pedir comisiones por la asignación de contratos.

Después de esta crisis, Alstom eliminó a los “gestores” de contratos; a los “comisionistas”; a los despachos de cabildeo. Sin embargo, no sólo la estela de corrupción persigue a esta empresa que regresó a la búsqueda de contratos con el gobierno federal. A Alstom, aunque parezca increíble, todavía la persigue el abogado Enrique Fernández Castelló, quien reclama que la francesa cumpla con el pago de comisiones por un contrato millonario que gestionó. México el país de los gestores, comisionistas y coyotes promovidos desde el gobierno.

El asunto que forma parte de un juicio en Francia también se sigue en tribunales mexicanos y en él aparece otra vez el exsecretario de Gobernación, el panista Santiago Creel, en una historia que involucra conflictos de interés, omisiones por parte de la autoridad y, por supuesto, la guerra política entre el PRI y el PAN para develar sus prácticas de corrupción y capitalizar sus causas partidistas.

En otras palabras, Fernández Castelló entregó a los panistas información relevante para demostrar las prácticas de corrupción en las que participó con los priistas pero logró que, como testigo, los funcionarios foxistas lo protegieran. Santiago Creel, además, ha sido testigo de Fernández Castelló para recuperar sus comisiones con Alstom.

Sin embargo, ahora busca recuperar sus comisiones de contratos que, en apariencia, no estuvieron relacionados con esos negros expedientes. Son 20 millones los que reclama Fernández Castelló, quien –asegura ante autoridades de México y Francia – gestionó para Alstom contratos ante Transportación Marítima Mexicana (TMM), de José Serrano Segovia, por 100 millones de dólares para el mantenimiento de sus vías férreas. Esta historia continuará…

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