Guerrero sigue en llamas. Igual ocurrió en el Estado de México con la masacre de Tlatlaya, en donde militares ejecutaron a supuestos narcotraficantes que ya se habían entregado; o en Michoacán, en donde el crimen organizado se apoderó del estado; o San Fernando, Tamaulipas, en donde por lo menos 193 migrantes fueron secuestrados y ejecutados; o en Hermosillo, Sonora, en donde murieron calcinados 49 niños de la Guardería ABC.

Por desgracia para México, la descomposición social no acaba ahí. Hay otros estados de la República que están igual o peor en cuanto a inseguridad e impunidad se refiere. La incógnita es cuál será el próximo poblado en donde se prenda la mecha, porque todo apunta a que veremos más estallidos sociales.

En prácticamente todos los estados de la República hay presencia del crimen organizado; sin embargo, en algunos es más evidente porque están totalmente controlados por el narcotráfico; y en otros, los gobiernos locales son copartícipes o cómplices de los cárteles de la droga. Por uno u otro motivo, ni los munícipes ni los gobernadores controlan sus estados y municipios, y la población debe convivir y padecer las actividades de la delincuencia organizada, la corrupción y la injusticia.

Por mencionar sólo algunas de las entidades con fuerte presencia de bandas delincuenciales y en donde podrían aparecer los próximos conflictos: Tamaulipas, Veracruz, Morelos, Estado de México, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California, Durango, Coahuila, Quintana Roo y Jalisco. Por supuesto en esa lista están incluidas también Guerrero y Michoacán.

Ante esta conflictiva situación social que enfrenta el país y que es noticia de primera plana en todo el mundo para mayor desprestigio de México, el gobierno federal ha respondido con la misma estrategia que trazó su fracasado antecesor Felipe Calderón Hinojosa, quien pretendió sólo mediante las armas y la violencia frenar una de las industrias más boyantes en todo el orbe, como es el negocio de las drogas y los delitos subsecuentes que éstas generan.

Es tan importante para las economías de todos los países el negocio del crimen organizado, que en Europa ya se ordenó considerar en el PIB (producto interno bruto) los ingresos que generan el narcotráfico y la explotación sexual, entre otros delitos; sin descontar que en algunos países como Estados Unidos y otros de Europa, el consumo de drogas es permitido.

Desde el sexenio pasado, voces de especialistas alertaron del fracaso al que estaba destinada esa guerra sin cuartel que abrió Calderón. El resultado negativo es lo que ahora padecemos: una violencia sin control ni freno en todo el país.

Extrañamente el actual gobierno continúa con la misma línea de utilizar sólo las armas para contrarrestar la fuerza de los grupos criminales, los cuales únicamente responden al negocio multimillonario que genera ganancias en toda su estructura y éstas son repartidas entre los líderes de los cárteles y sus protectores (jefes de la mafia, políticos, gobernadores, alcaldes, militares, policías, jueces, empresarios y financieros que lavan el dinero), así como en los niveles inferiores que involucra hasta a campesinos y jornaleros.

Esos cientos de miles de millones de dólares que representan la industria del tráfico de drogas, la trata de personas (que involucra el comercio de seres humanos con propósitos de esclavitud, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos), el secuestro y el asesinato no van a desaparecer por medio de la confrontación violenta, pues la estructura social en México está fracturada y la pobreza y la desigualdad social son caldo cultivo para la delincuencia, por lo que el gobierno debe trabajar en una estrategia distinta que permita recomponer la base social dañada.

Por lo tanto no será en este sexenio cuando se resuelva el problema, pues, al contrario, si no modifican los planes de combate al crimen organizado, sustentados en balas, asesinatos y detenciones, el futuro del país seguirá en alto riesgo y la violencia y el terror aumentarán.

También veremos más alcaldes, gobernadores, jefes policiales, generales del Ejército, legisladores y políticos involucrados con los cárteles del narcotráfico, y aunque la delincuencia organizada sea un delito federal, los culpables siempre serán sólo los mismos, aquellos que están en las estructuras medianas e inferiores.

En información oficial de la Procuraduría General de la República (PGR) se revela que en México existen, al menos, 88 cárteles, células y pandillas del narcotráfico, de acuerdo con una investigación de la reportera Nancy Flores, publicada en 2013 en la revista Contralínea.

Del informe “Células delictivas con presencia en el país”, fechado el 25 de marzo de 2013, se desprende que cuatro entidades federativas concentran la presencia del 85 por ciento de los medianos y pequeños cárteles, células y pandillas.

Se trata precisamente de Guerrero, aún gobernado por el perredista Ángel Aguirre; Morelos, encabezado por otro perredista, Graco Ramírez; Baja California, que administra el panista Francisco Vega, y el Estado de México, en manos del priísta Eruviel Ávila.

Según la información de la PGR, Guerrero es donde hay una mayor presencia de organizaciones del narcotráfico. Se trata de cinco grandes cárteles y 21 de menor tamaño. De estos últimos, dos están vinculados al Cártel del Pacífico; uno, al de La Familia Michoacana; 12, al de la Barbie; y seis se escindieron de los Beltrán Leyva.

Las líneas de investigación en Guerrero

De acuerdo con informes de inteligencia del gobierno federal, son varias las líneas de investigación que sigue el Ministerio Público Federal para esclarecer el secuestro de 43 normalistas rurales y el asesinato de otras seis personas, tres de ellos estudiantes.

1. Después de confirmar que ninguno de los 28 cuerpos encontrados en fosas clandestinas en Iguala pertenece a algún estudiante normalista, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la PGR e Inteligencia Militar indagan si los 43 jóvenes desaparecidos siguen secuestrados en algún rancho de Iguala por parte del grupo del narcotráfico conocido como Guerreros Unidos.

2. Otra línea que indagan esos órganos de inteligencia es si los 43 normalistas huyeron o fueron liberados en la sierra y se encuentran escondidos en las montañas.

3. Una tercera hipótesis que mantienen abierta las autoridades federales es determinar si existe alguna relación de los normalistas con grupos insurgentes, como el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el cual es una escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

4. Una cuarta línea de investigación y que ha sido considerada por algunos columnistas, es que los asesinatos y desapariciones de los normalistas responde al enfrentamiento de dos grupos delincuenciales: Los Rojos y Guerreros Unidos.

5. Esta hipótesis se relaciona con los conflictos políticos locales, las próximas elecciones estatales para elegir gobernador en 2015 y la creación de conflictos para que el PRD deje la gubernatura.

6. En esta línea se investiga la intromisión de Rubén Figueroa, aquel político priísta que tuvo que dejar la gubernatura por la matanza de campesinos en la zona de Aguas Blancas, a fin de beneficiar al PRI en la entidad.

7. Otra línea de trabajo de las autoridades es determinar si además de los policías corruptos que secuestraron a los estudiantes también participaron militares en la desaparición de los normalistas o en la entrega de éstos al crimen organizado.

8. La última hipótesis es el asesinato de los jóvenes estudiantes.

Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México

Después del asesinato y desaparición de decenas de normalistas, el gobierno federal por conducto de su secretario de Educación Pública, el mexiquense Emilio Chuayffet Chemor, aseguró que se apoyará económicamente a las escuelas normales rurales, lo que garantizaría que no van a desaparecer, como ha sido la intención de gobiernos priistas y panistas. Y aunque esta declaración se hizo en un entorno de agresión en contra de los normalistas, es importante porque por primera vez un gobierno federal asegura que aumentará el presupuesto a dichas instituciones educativas controladas por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.

Pero en este grave conflicto el que ha estado ausente es el responsable de la política interior, Miguel Ángel Osorio Chong, y el motivo no es porque se trate de un asunto educativo y judicial, pues debería ser el secretario de Gobernación quien revise este asunto tan grave en donde se atienda políticamente y no sólo penalmente.

Y la razón principal por la cual Osorio no aparece en escena, es que fue en su gestión como gobernador de Hidalgo cuando la normal rural El Mexe, una de las más importante en la estructura de estas instituciones educativas destinadas a dar educación a campesinos e indígenas, fue desaparecida por instrucciones del entonces mandatario estatal, quien con mano dura la transformó en escuela técnica para quitársela a dicha Federación. Esa acción convirtió al ahora titular de Gobernación en enemigo de las normales rurales, lo que lo deja fuera de cualquier diálogo con los estudiantes.

Este es un escrito de la misma Federación en donde explica lo sucedió en El Mexe y que confirma las constantes agresiones gubernamentales en contra de los estudiantes normalistas rurales:

Luego de haber sido cerrada la Escuela Normal Rural Luis Villarreal (mejor conocida como El Mexe, Hidalgo), se conformaron comisiones de negociación durante 2003, 2005 y 2007. En 2012, ciudadanos del municipio Francisco I Madero y egresados de la Normal crearon un frente nacional de exnormalistas rurales para continuar con las negociaciones y pugnar por la agilización de los trámites académicos y administrativos que den fin al receso de la Escuela Normal.

Cabe recordar que en 2003 la normal tuvo que movilizarse para exigir la destitución de los directivos. Fracasó. Se perdió el movimiento y el internado. El movimiento duró varios meses, pero no se logró nada. Algunos estudiantes desertaron y se pasaron a la subsede que impulsó el gobierno estatal. Al final del movimiento se dio una salida política: se firmó un documento en el que se especificaba que la reapertura del internado se tocaría en el siguiente año. En el mismo documento, el gobernador se comprometía a regresar el internado.

En 2004, al ver que el gobernador no respondía al llamado de los estudiantes, los compañeros de El Mexe decidieron levantarse en movimiento. Se realizó una campaña nacional de difusión. Se buscaba poner en evidencia el incumplimiento del gobierno e iniciar un movimiento con fuerza. Los cuerpos de granaderos comenzaron las represiones y las autoridades estatales cerraron todas las entradas de Hidalgo a los normalistas rurales de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Con todo, se establecieron varias mesas de negociaciones. La posición del gobierno estatal era que en lugar de internado se daban 2 mil pesos a cada estudiante para pagar una vivienda y que así era mejor.

El movimiento concluyó con cinco presos políticos, uno de ellos de la Escuela Normal Rural de San Marcos, Zacatecas. Y tampoco se logró nada. Varios meses después se consiguió la liberación de los presos políticos.

Es necesario apuntar que el gobierno de Hidalgo debe una explicación, y no sólo del por qué del cierre de una de las instituciones de educación superior más importantes en la historia de la entidad, sino también del uso de los recursos públicos –tanto federales como estatales– destinados a El Mexe. Han sido casi dos lustros desde el cierre de la Normal y no se han rendido cuentas. En 1985 el presupuesto daba para sostener a 872 alumnos becados. Estas becas eran necesarias para la comida (el servicio de comedor), vestido, recreación estudiantil y demás necesidades de los estudiantes.

Las hectáreas de terrenos fértiles generaban cierta producción, pero no la suficiente y los establos se fueron perdiendo porque los animales vacunos y porcinos no tenían alimentos necesarios.

Ahora solicitamos el fin del receso de la Escuela Normal Rural de El Mexe. Es necesario destacar que esta institución representó y representará una alternativa para que los alumnos de bajos recursos económicos continúen sus estudios superiores.

El receso al que se ha sometido a la escuela atenta contra los derechos de grupos vulnerables. Además, ha provocado un déficit de maestros en las escuelas de educación básica de la entidad. Y muchos de los maestros que son enviados a las comunidades campesinas no cuentan con el perfil adecuado.

Estos años de receso ya son suficientes. Es necesario que se atienda la petición de reapertura de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, de El Mexe, Hidalgo. Tenemos claro que su cierre no fue definitivo. El documento no dice “cierre”, sino “receso”. En efecto, la treta de las autoridades fue no establecer cuánto duraría ese receso. En los hechos se trata de una suspensión de una licenciatura en educación primaria que permitía a muchos jóvenes de bajos recursos estudiar y preparase para una mejor vida en el mundo profesional.

Reiteramos nuestro llamado respetuoso pero enérgico: la Escuela Normal Rural Luis Villarreal debe reabrir sus puertas a los hijos de campesinos y obreros de nueva cuenta. Si las autoridades no escuchan el clamor del pueblo, éste se dará las vías para construir y reabrir las escuelas para sus hijos.
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