El gobierno nunca habla del trabajo de espionaje que realizan sus órganos de inteligencia. Mucho menos rinde cuentas de su actuación ni del cuantioso gasto que realizan. Por eso llama la atención que el comisionado para la “Seguridad” en Michoacán, Alfredo Castillo, advirtiera hace unos días que el máximo órgano de inteligencia y espionaje del país, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dependiente de la Secretaría de Gobernación, trabaja en la elaboración de expedientes de cada uno de los aspirantes a puestos de elección popular en todo el país, con el propósito de identificar a quienes tengan vínculos con el crimen organizado y prevenir así a los partidos sobre la infiltración del narcotráfico en la política. Por lo que hemos visto hasta ahora esto no ha funcionado, pues el crimen organizado ha penetrado todas las estructuras políticas del poder.
Esas declaraciones casi inadvertidas en la prensa, como alertó nuestro colega Astillero Julio Hernández en La Jornada, preocuparon en la Secretaría de Gobernación a su titular Miguel Ángel Osorio Chong, jefe de Castillo, quien quiso enmendar las afirmaciones del comisionado y precisó que el gobierno federal “sí revisará” (porque ya existen) los expedientes de los candidatos que participarán en las elecciones del próximo año, pero esto se hará, justificó, “sólo si los partidos políticos lo solicitan”. Es decir, según Chong, Gobernación y el Cisen no espían a nadie si no es a petición de los propios partidos políticos.
Osorio Chong sabe que nunca se ha consultado a los representantes de los partidos ni tampoco éstos han autorizado que se investigue a sus aspirantes o candidatos. Primero, porque los expedientes de políticos, legisladores, periodistas, luchadores sociales y aspirantes a puestos de elección popular, entre muchos otros, son elaborados periódicamente por el Cisen en su edificio sede de la Magdalena Contreras, al sur de la capital, sin consultar absolutamente a nadie, de tal manera que decirnos que sólo lo hará si los partidos políticos lo solicitan es una falacia.
Segundo, hay otro órgano de seguridad y vigilancia, más eficaz que el Cisen, llamado Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente del poderoso secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, el cual se encarga también de elaborar expedientes de las “Personas Políticamente Expuestas” (PEPs), cuya lista incluye todas las operaciones financieras de políticos y aspirantes de partidos de oposición y del mismo Partido Revolucionario Institucional, como son depósitos en bancos, inversiones en empresas, acciones en bolsa, compra y venta de dólares y todo lo que signifique manejo de dinero en efectivo y transferencias.
Este trabajo de inteligencia de la UIF, junto con los expedientes del Cisen, se elaboran desde hace muchos sexenios (en Oficio de papel hemos dado cuenta de algunos de ellos). También hemos confirmado cómo dichos expedientes clasificados con carácter “confidencial” son utilizados para presionar, amenazar, intimidar, frenar aspiraciones, chantajear y hasta extorsionar con información privada.
Aunque la labor de esos dos órganos de inteligencia, uno político y otro financiero, es salvaguardar la seguridad nacional, que incluye combatir al crimen organizado para disminuir la violencia que tiene muchas manifestaciones en el país, así como evitar la introducción de dinero sucio en los circuitos financieros, producto del crímenes como narcotráfico, secuestro, trata de personas (explotación sexual, esclavitud, extracción de órganos, trabajos forzados), fraudes financieros y robo, entre muchos más, lo cierto es que hasta ahora las finanzas y la organización de las bandas criminales siguen intocables.
Por supuesto que esa labor de vigilancia e investigación es necesaria e importante, por lo que las labores del Cisen y la UIF deberían de tener estrictas normas de cumplimiento; sin embargo, muchos de esos expedientes confidenciales se utilizan perversamente por el gobierno y pocas ocasiones los involucrados en crímenes son procesados.
De tal manera que los expedientes de políticos de los que hablan Castillo y Osorio Chong sabemos cómo se usarán, a qué se refieren y contra quiénes se utilizarán para aplicar la justicia a la mexicana, a fin de mantener el control político del país. Eso mismo también lo hizo el Partido Acción Nacional (PAN) cuando ocupó la Presidencia de la República en los dos sexenios anteriores, pero ni con todo el sistema de espionaje a su servicio logró seguir en Los Pinos. Las razones pueden ser muchas, pero se sintetizan en la desastrosa y corrupta administración que hicieron Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes incentivaron la violencia y al crimen organizado, dejaron un vacío de poder y se dedicaron a despilfarrar el presupuesto público.
Una nueva UNAM
Fue en 1910 cuando Porfirio Díaz publicó el decreto para crear la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), justo cuando se reelegía por un periodo adicional de 6 años más que no concluyó debido al estallido de la Revolución Mexicana. El descontento social se desbordó y la revuelta de grupos de campesinos y obreros concluyó con la caída del régimen dictatorial de Díaz, el presidente que por instrucciones de Estados Unidos impulsó la construcción de trenes y la participación privada en la industria petrolera.
En su decreto, Porfirio Díaz estableció que la Universidad surgía para “mexicanizar” el conocimiento justo cuando las clases menos favorecidas reclamaban un espacio en el desarrollo económico del país. Pero fue a instancias de Justo Sierra que esto se logró.
Ahora, se ha filtrado información de un proyecto universitario enarbolado por el gobierno de Enrique Peña Nieto para fundar una nueva universidad, dedicada a la enseñanza de disciplinas de avanzada como la ingeniería aeroespacial, que en México cuenta ya con varios clúster, pero en donde la constante es la participación de compañías extranjeras.
La peculiaridad de este proyecto que sigue los pasos de la fundación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que se debe a la iniciativa del político de izquierda Andrés Manuel López Obrador, es que estará llena de mensajes y simbolismos. Por ejemplo, se sabe que podría asentarse en los terrenos federales que dejaría la actual y envejecida sede del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez.
En esa nueva universidad, que podría formar parte de la UNAM, esto está en estudio, se desarrollaría conocimiento de alto nivel en materias que alimentaría de expertos en sectores como la aviación, energía y ciencias.
Toda esta oferta educativa se ofrecería muy cerca del nuevo aeropuerto que se construirá en la zona de Texcoco y Chimalhuacán. Una nueva universidad atada a la sede del aeropuerto que tanto descontento generó en Atenco, pretendería convertirse en el mensaje social para acallar la inconformidad de muchos grupos y lograr lo que todo político aspira –o lo que al menos en teoría debería de ser– reducir la brecha entre pobres y ricos, y qué mejor manera de hacerlo que mediante la educación. A Díaz, al decretar la construcción de la UNAM, una revolución lo alcanzó, y a Peña Nieto el tiempo también lo acecha.
Puntos suspensivos…
Contrario a lo hecho por gobiernos panistas, que reiteradamente hablaban de combatir la corrupción y cuando salieron de Los Pinos se llevaron hasta las toallas de los baños, el gobierno de Enrique Peña Nieto se refirió por primera vez la semana pasada a este grave problema que cada sexenio se expande en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la Unión. En su discurso, reiteró lo dicho en cada sexenio: fortalecer las instituciones, construir una nueva cultura ética, es una debilidad de orden cultural, es un problema de orden humano, no es privativa de México. Aun con el beneficio de la duda de estos trillados argumentos, lo cierto es que México es uno de los países más corruptos del mundo y la prensa ha identificado con claridad casos de grave corrupción y los sectores más afectados, por lo tanto, paralelamente a la justificación e instrumentación de nuevas políticas públicas para enfrentarla, empecemos por tener un gobierno austero y un estricto discurso que se traduzca en hechos en contra de todo aquel funcionario que se atreva a robar un peso de las arcas públicas. Y es con el ejemplo como se podrá reducirse ese mal endémico que ha causado mucho daño al país y a los mexicanos… Y cuando sale el tema de la corrupción aparece en la escena Vicente Fox al lado de su esposa Marta Sahagún, para hablar de cómo el interés por el dinero y por los cargos públicos ha vulnerado la fuerza y honestidad del PAN. El desmemoriado expresidente piensa que después de 8 años de haber dejado la Presidencia hemos olvidado el fracaso y la corrupción en su gobierno, en donde su misma familia se vio envuelta en escándalos de tráfico de influencias, abuso de poder y desvío de recursos públicos. Se crearon comisiones en el Congreso para investigarlo a él, a su familia y a miembros de su gabinete, pero los legisladores fácilmente cedieron ante la fuerza del Ejecutivo, que echó toda la maquinaria para salvar a la “familia presidencial”, a cambio de dejar un vacío de poder y que fuera llenado por el más fuerte o el más rico; permitir que tuvieran acceso a posiciones políticas; bloquear investigaciones judiciales; chantajear y extorsionar con expedientes confidenciales sobre dinero obtenido de manera ilícita.
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