Una vez que concluye el proceso legislativo de aprobación de reformas secundarias a leyes y reglamentos en materia energética y de telecomunicaciones, los priistas han terminado su tregua con los panistas y se alistan para iniciar la caza de exfuncionarios corruptos de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Apenas la semana pasada se anunció la inhabilitación y sanción económica de exfuncionarios de Pronósticos Deportivos, encabezados por su exdirector general Adolfo Blanco Tatto, en contra de quien también se abrieron averiguaciones previas en la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de fraude y peculado.

A los problemas que viven desde hace varios años los organismos descentralizados dedicados a juegos y sorteos, como son la Lotería Nacional y Pronósticos Deportivos, debido principalmente a la crisis económica y las pésimas administraciones que han tenido dichas entidades del gobierno federal, debe sumarse la corrupción que permitió el enriquecimiento desmedido de sus directores generales y el desvío de recursos públicos para financiar campañas políticas y abultar las carteras de burócratas de Los Pinos.

Son cuatro los padrinos políticos que promovieron a Blanco Tatto hasta llevarlo a la Dirección General de Pronósticos Deportivos en el sexenio pasado: Diego Fernández de Ceballos, Germán Martínez, Juan Antonio Fernández Ortiz y Felipe Calderón Hinojosa. Esos cuatro panistas siempre supieron y permitieron la simulación de sorteos, el desvío de recursos públicos, el acoso sexual de algunos directivos de Pronósticos a empleadas federales y el gasto desmedido en viáticos y gastos de representación.

Algunas personas cercanas a Blanco Tatto aseguran que, desde hace varios años, trasladó su residencia a Canadá, a fin de evitar cualquier proceso penal y administrativo en su contra, en donde aseguran disfruta de los cientos de millones de pesos que sustrajo ilícitamente mediante la simulación de sorteos, en donde fabricaban ganadores a modo a través de sorteos pregrabados. La inhabilitación ahora de 17 años para impedir que vuelva a trabajar en el gobierno federal y la sanción por 60 millones de pesos parece una pena mínima cuando lo que robó de las finanzas públicas asciende a más de mil millones de pesos. Sorteos apócrifos de Pronósticos Deportivos habrían servido para desviar los recursos de este organismo que el gobierno de Felipe Calderón propuso vender a empresas como Televisa, para llevar dinero a las cuentas de políticos panistas. En el camino quedarán así los panistas emergentes, los de bajo rango que ascendieron en el organigrama de la función pública con el único propósito de corromper y corromperse para garantizar que los recursos fluyeran para los procesos electorales del futuro cercano. Aún con todas sus tranzas, los panistas perdieron el poder en la Presidencia de la República hace un par de años y hoy pagan las consecuencias.

Ese cáncer de la corrupción que sucede en juegos y sorteos promovidos por el gobierno federal, también ocurre en los programas sociales destinados a combatir la pobreza y hay varios ejemplos que lo ilustran. Fue el caso del exdirector del programa Seguro Popular en los gobiernos panistas, Juan Antonio Fernández Ortiz, quien en 2001 tenía como asesor y secretario particular a Blanco Tatto y al frente del “programa estrella” del gobierno de Vicente Fox se enriqueció ilícitamente y utilizó recursos públicos en beneficio propio, de su familia y de empresas privadas, con lo cual cometió el delito de abuso de poder, según determinó la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Estela de corrupción afecta al campo y la salud

Fue el gobierno de Calderón el que protegió a esos panistas corruptos y dio carpetazo a investigaciones en su contra por los delitos de corrupción, prácticas de nepotismo, captación de votos y lavado de dinero, entre otras irregularidades. En Internet, todavía es posible visitar los sitios de Internet en donde Blanco Tatto, muy sonriente, presume de la compañía de Felipe Calderón.

El resultado de esa impunidad panista en Aserca, por ejemplo, todavía tiene consecuencias en la operación de los apoyos de este organismo que debería beneficiar de manera equitativa a los productores del país. Allí Fernández Ortiz y Blanco Tatto también dejaron su huella al cierre del año 2001.

Sin embargo, fue en 2007 por su gestión como Comisionado Nacional de Protección Social en Salud que la SFP inhabilitó por 10 años a Fernández Ortiz, además de imponerle una sanción económica irrisoria por sólo 454 mil pesos. Junto con Fernández Ortiz, quien encabezó el grupo “Los Amigos de Fox”, también se inhabilitó a Rocío Herrera Herrera, directora general adjunta del organismo que se convertiría en el Seguro Popular, una de las banderas del panismo y que hoy se encuentra en plena reestructuración al modificarse las políticas de compra de medicamentos, en donde se fraguaron grandes negocios.

Fue Julio Frenk, entonces titular de la Secretaría de Salud – el funcionario que pactó con la poderosa industria tabacalera –, quien colocó al actuario Fernández Ortiz al frente de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. La base de datos que manejaban estos panistas debía aumentar y, por supuesto, operar a favor de la causa blanquiazul.

De esta forma, “Los Amigos de Fox” se insertaron en la administración pública para obtener recursos que se dirigieron a cuentas personales, pero también al financiamiento de las causas políticas del PAN. A la caída de Fernández Ortiz surge Blanco Tatto, quien era un militante emergente del PAN pero que se prestó para corromper y para aliarse con funcionarios de todo nivel en la administración pública que también juraban lealtad a Felipe Calderón y a su partido de ultraderecha. Pronto Blanco Tatto se convirtió en consentido de Los Pinos, en donde permitían todos sus movimientos a cambio de aportaciones cuantiosas para campañas políticas.

Ahora, la inhabilitación del exdirector general de Pronósticos se presenta cuando foxistas y calderonistas están alejados de la dirigencia del PAN.

El problema para el país, para su economía y para sus habitantes es que el desvío de fondos fraguado por los panistas aún tiene consecuencias, porque muchas de las políticas y procedimientos instaurados por ellos desde Javier Usabiaga hasta Fernández Ortiz siguen beneficiando al sector empresarial sobre los pequeños productores.

Empresas sobre productores

Ahora, más del 90 por ciento de la población campesina que debería recibir beneficios del programa Prevención y Manejo de Riesgos de Aserca – uno de los organismos que administró Juan Antonio Fernández – quedó fuera del apoyo gubernamental presupuestado en 2012. El dinero simplemente no alcanza.

No obstante, de acuerdo con un reportaje de la reportera Erika Ramírez de la revista Contralínea, las listas oficiales muestran que compañías trasnacionales como Cargill, Gamesa, Bimbo, Bunge, entre otras, sí figuraron en las entregas millonarias de recursos públicos durante ese año, así como en los subsecuentes ejercicios fiscales.

Durante el último año de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, sólo fue atendido el 7.3 por ciento de la población objetivo del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, operado por Aserca – órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), según el más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Aserca reportó al máximo órgano de fiscalización del país la atención de 24 mil 167 beneficiarios, en tanto que la población objetivo se integró por 330 mil 330 personas físicas y morales. Esto determinó un nivel de cobertura de atención de apenas el 7.3 por ciento. En tanto que en septiembre de ese mismo año, Contralínea documentó que las trasnacionales Cargill, Gamesa, Bimbo, Bunge, Sukarne, Maizoro y Bachoco, entre otras, figuraron entre los beneficiarios del programa auditado y presentado por la ASF este 2014.

“Bachoco obtuvo 120 millones 803 mil 870; Cargill, 111 millones 665 mil 351; Gamesa, 102 millones 526 mil; Minsa, 42 millones 765 mil 525, y Sabritas, 9 millones 124 mil 80 pesos en subsidios al maíz y trigo” (Contralínea 303).

Aserca no ha resuelto los problemas que realmente tiene como objetivo, que es asegurar un precio remunerativo a los productores y dar certidumbre en la comercialización de cosechas; además, tampoco ha asegurado un abasto a los consumidores a precios apropiados.

El padrón de beneficiarios 2013 indica que ese año fueron otorgados del erario 4 mil 490 millones 576 mil 266 pesos, a través de 6 mil 289 operaciones, mismas que cubrieron las cosechas de ese año. El cultivo con menores recursos asignados fue la cebada, con 296 mil 557 pesos. Los más beneficiados fueron el trigo, con 1 mil 74 millones 856 mil 126 pesos; el sorgo, con 1 mil 128 millones 814 mil 254 pesos y, finalmente, el maíz, con 1 mil 836 millones 924 mil 932 pesos.

La misma lista revela que los recursos se concentraron, principalmente, en los estados del norte del país. El documento de Aserca muestra a Sinaloa con la mayor asignación de beneficios: 1 mil 102 millones 181 mil 409 pesos. Le siguen Tamaulipas, con 996 millones 759 mil 604 pesos y Sonora, con 758 millones 453 mil 503 pesos.
Cargill de México, SA de CV, fue una de las beneficiadas, por producto maíz, con apoyos de Aserca por 123 millones 603 mil 125 pesos; Bachoco, SA de CV, recibió 110 millones 285 mil 130 pesos; la Compañía Nacional Almacenadora, SA de CV, 105 millones 645 mil 873 pesos; Sukarne Agroindustrial, SA de CV, 22 millones 602 mil 149 pesos, y Tablex Miller, S de RL de CV, recibió 30 millones 805 mil 634 pesos. Éstas son algunas, de entre otras grandes compañías, que fueron beneficiadas.

No obstante, en su descripción el Programa debería estar dirigido al sector agropecuario con menos recursos. Así lo indica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el Informe de la evaluación específica de desempeño 2012-2013, el cual indica que el Programa debe beneficiar a “personas físicas o morales; productores de bajos ingresos y que se dediquen a actividades de producción o transformación; productores en localidades de media a muy alta marginación, y productores que sean susceptibles de ser afectados por plagas reglamentadas y/o, enfermedades fitozoosanitarias, acuícolas y pesqueras”.

Suárez Carrera, director de ANEC, opina que ninguno de los objetivos del Programa se ha alcanzado, porque desde hace 20 años, después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, “los precios pagados al productor mexicano han sido no remunerativos, es decir, que no pagan costos de producción y no genera utilidades satisfactorias. Este mecanismo ha favorecido el control de los precios a la baja para los productores, precios castigados”.

Extradición en puerta

Juan Antonio Fernández, exdirector de Procampo, responsable de Aserca y del Seguro Popular, fundador de “Los Amigos de Fox”, está fuera del mapa político porque será hasta 2017 cuando podrá ocupar nuevos cargos; mientras que Adolfo Blanco Tatto, su mejor alumno en cuanto a corrupción se refiere, enfrenta problemas con la justicia y seguramente ni pagando la multa de 60 millones de pesos librará la persecución que se le viene encima.

Mientras con Pronósticos Deportivos se operó un fraude que afectó al erario, contra Aserca, Procampo y el Seguro Popular no sólo se registró el robo de recursos beneficiando a empresas “amigas”, sino que se heredaron procedimientos y políticas públicas diseñadas también para beneficiar a círculos cercanos al PAN. Por ello, el rediseño de muchas de estos organismos debería ser prioridad de los legisladores que ahora consideran el trabajo terminado con reformas constitucionales que todavía deberán demostrar su beneficio para el país.

Si como dicen Adolfo Blanco Tatto se encuentra en Canadá, el Tratado de extradición firmado con México tendría que acelerar su regreso al país, siempre y cuando la PGR haga bien su trabajo.