Para comprar equipos de futbol, el presidente de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna – quien por cierto después del acuerdo que hizo con la Procuraduría General de la República se encuentra ahora muy tranquilo en su casa de la ciudad de México sin enfrentar nuevos cargos – le notificó a los directivos de su banco de cabecera, Banamex, que dispondría de recursos de las cuentas que manejaba la institución por autorización del exproveedor de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Uno de esos contratos, en poder de esta columna, es la compra del equipo Gallos Blancos del Querétaro que hizo Yáñez Osuna por un monto de 11 millones de dólares. Ahí se explica la situación de cada jugador, su “costo” por contrato y las condiciones del mismo.

Así de cercana era la relación de negocios entre Oceanografía y el Grupo Financiero Citibank-Banamex. Varios contratos con esa institución de crédito dan cuenta de ello y podrían ser la clave que demuestre cómo Banamex tenía pleno control de la administración de gran parte de los recursos de Oceanografía y que eran resultado de su relación de negocios con Pemex.

Banamex se encargaba de pagar directamente a los proveedores de Oceanografía porque así se los pidió Amado Yáñez, quien ha reconocido abiertamente que no es un buen administrador, lo cual nos lleva a considerar que su “éxito” en los negocios obedecía más a los sobornos, chantajes y tráfico de influencias de sus “amigos” para obtener los contratos petrolero.

Para evitar problemas, por lo tanto, Yáñez no sólo contrató a Martín Díaz y le entregó el 10 por ciento de la empresa, sino que desde 2009 firmó contratos con Banamex para administrar su relación de negocios con Pemex. Estos documentos confirmarían la complicidad de Banamex y de sus más altos directivos en toda la operación fraudulenta cometida por Oceanografía en Pemex y con varias instituciones financieras y proveedores de servicios, sin pasar por alto el abuso de su dueño Yáñez Osuna por las pésimas condiciones laborales de sus trabajadores y la explotación que hacía de ellos.

Considerados todavía secreto bancario, los documentos en nuestro poder avalan y detallan la relación de negocios entre la filial de Citibank-Banamex y Oceanografía, los cuales deberían formar parte de los expedientes que la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso de la empresa Oceanografía analiza para conocer las irregularidades generadas en este caso que involucra recursos públicos de Pemex.

La senadora Lisbeth Hernández solicitó a Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), un reporte de las investigaciones y labores de inspección que realizó esa comisión en torno a Banamex, filial de Citibank.

Como resultado de esa solicitud, la CNBV emitió el oficio P039/2014 en el que se precisa que Banamex –como le adelantamos aquí– mantenía un programa de descuento de derechos de cobro sin recurso a corto plazo con Oceanografía. En este programa, Banamex operaba como cesionario y Oceanografía, en su carácter de cedente, entregó todos los derechos de cobro existentes a favor del banco, resultado de los contratos firmados con Pemex para otorgar servicios marítimos a Pemex Exploración y Producción.

Pero los servicios financieros de Oceanografía no sólo se limitaban al supuesto factoraje, sino a una compleja red de productos, asesoría que, por supuesto, involucraban el cobro de importantes comisiones, y es aquí en donde Banamex se veía beneficiado, sin descartar los sobornos de que eran objeto sus funcionarios.

El llamado “contrato regulador” que celebraron Oceanografía, representada por Amado Yáñez Osuna, fue firmado el 10 de septiembre de 2012 por dos funcionarios de Banamex: Emilio Gonzalo Granja Gout y Alfonso Gerardo Ortega Brehm. Ambos se encuentran en la lista de los 10 directivos que Banamex despidió como resultado del fraude que asegura Oceanografía cometió en su contra.

Ortega Brehm era jefe de la Unidad de Servicios de Transacción Global de Banamex, mientras que Granja Gout era el responsable de la Unidad de Energía y Químicos de Banamex.

En su declaración ante la Procuraduría General de la República (PGR), Granja Gout develó un dato clave: aseguró que conocía a Martín Díaz, también socio de Oceanografía y responsable de sus finanzas. Dijo que Díaz – sobrino de quien fuera secretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz – había sido su compañero en la universidad, pero aclaró fue hasta la firma del contrato con Oceanografía cuando volvió a establecer contacto con él.

Por supuesto es poco creíble esta versión en un caso en el que una línea de investigación, al interior de Banamex, es el tráfico de influencias.

Son al menos cuatro contratos los que definieron la rentable relación de negocios que estableció Banamex con Oceanografía. De tal manera que es casi imposible que el director general del Grupo Financiero Banamex y presidente de la Asociación de Bancos de México banco, Javier Arrigunaga Gómez del Campo, desconociera la complicidad de negocios de la institución financiera que preside con la naviera Oceanografía.

En el llamado “contrato regulador” que recupera los antecedentes de la relación de negocios con el proveedor de Pemex, establece: “Oceanografía, en su carácter de cedente, y Banamex, en su carácter de cesionario, han celebrado de tiempo en tiempo ciertos contratos de cesión de derechos que se relacionan en el Anexo A, mediante los cuales Oceanografía cede lisa y llanamente a Banamex todos aquellos derechos de cobro que existen a favor de Oceanografía derivados de los contratos con Pemex”. Así o más involucrado.

Por medio de este tipo de cesión de derechos, que según el contrato fueron notificados a Pemex para que depositara directamente en la llamada “cuenta de cobranza” las cantidades que corresponden a los derechos de cobro como resultado de los contratos de cesión de derechos.

El contrato regulador también señala que fue el 31 de mayo de 2012 cuando Banamex y Oceanografía celebraron un contrato de crédito. Antes, el 14 de diciembre de 2009, Banamex y Oceanografía celebraron un contrato de coberturas, mediante el cual se les permitía “de tiempo en tiempo” celebrar operaciones financieras derivadas para tener una protección contra variaciones en el tipo de cambio. Dichas operaciones – precisan los documentos del banco – podían consistir en cualquier transacción de swap de tipo de cambio (cross currency swap, contratos forward y futuros).

Con estos compromisos, el número y tipo de servicios que Banamex ofrecía a Oceanografía era muy amplio y representaba grandes márgenes para el banco que prácticamente realizaba un outsourcing de operaciones estratégicas de Oceanografía.

Así, el contrato con Oceanografía precisaba: “Que acepta y reconoce el alcance de los servicios financieros prestados por Banamex…y reconoce que la prestación de estos servicios forma parte integral de la contraprestación total”.

Sin embargo, Banamex tuvo la precaución de establecer en ese “contrato regulador” que no asumiría ninguna obligación contractual derivada o que se derivara de la relación de negocios entre Oceanografía y Pemex. Los contratos con Pemex, por lo tanto, eran responsabilidad absoluta de Oceanografía, por lo que Banamex advirtió que no tomaría ninguna obligación individual o mancomunada en el caso de falta de recursos suficientes para hacer pagos o cualquier otra distribución de fondos bajo los términos del contrato.

Como sucedió cuando la Secretaría de la Función Pública ordenó la inhabilitación de Pemex, Banamex sabía que muchos compromisos con los proveedores de Oceanografía ya no podrían cubrirse, y es ahí en realidad cuando empezaron los problemas para todas las empresas y bancos involucrados.

En ese contrato con Oceanografía, Banamex también confirmó que los documentos considerados por Pemex para regular los contratos con la operadora de servicios marítimos eran documentos válidos, mediante los cuales la paraestatal asumía la obligación de pago por concepto de los servicios contratados, incluyendo los pagos respectivos en caso de suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada. No se mencionaba, sin embargo, el riesgo de inhabilitación.

Por lo anterior, sería importante que la Comisión del Congreso que se integró con legisladores de varios partidos políticos, revisará todos estos documentos que hasta ahora se mantenían ocultos y que revelan la dimensión del negocio que habían montado Citibank-Banamex y Oceanografía para abusar de los recursos públicos de Pemex a través de contratos tramposos y fraudulentos.

Deudas de Yáñez con la SCT

Entre otros muchos acreedores, Amado Yáñez Osuna le debía también a la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT) por el uso de zonas federales en Campeche. Uno de los muchos adeudos es el que Oceanografía tiene por un millón 660 mil pesos a la Administración Portuaria Integral de Campeche (Apicam), según datos de la misma SCT.

En los documentos se precisa que el pasivo se deriva de dos contratos de cesión parcial de derechos y obligaciones que Oceanografía mantiene vigentes con la Apicam. El primero de ellos es Apicam01-62/08, que corresponde a la instalación portuaria de uso particular por mil 911 metros cuadrados. La renta mensual por esta cesión de zona federal marítima terrestre asciende a 85 mil pesos.

Como parte de ese contrato, Oceanografía entregó una garantía de cumplimiento por un millón 21 mil pesos. Ese contrato se firmó el 18 de septiembre de 2008, por Ricardo Ocampo Fernández, director general de la Aplicam, y Juan Carlos Ortiz Covarrubias, apoderado legal de Oceanografía.

El segundo contrato es el Apicam01-061/08, para la instalación portuaria de uso particular en 893 metros cuadrados. La renta mensual de éste es por 45 mil 115 pesos más IVA. Y la garantía de cumplimiento ascendió a 481 mil 380 pesos.

En marzo pasado David Uribe, actual director de la Apicam, declaró ante medios locales que Oceanografía adeudaba poco más de 40 millones de pesos. Según este funcionario, esa naviera de Yáñez Osuna realizaba una tercera parte de los 19 mil arribos navieros que registra la Apicam por año.

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