Uno de los más recientes escándalos financieros del corporativo estadunidense Citibank es el protagonizado en los últimos meses por su filial Banamex en la relación de negocios con la empresa Oceanografía y su dueño Amado Yáñez Osuna, en donde –de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)– vulneraron las leyes regulatorias de la banca y se cometieron fraudes crediticios, falsificación de documentos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y engañaron a proveedores de servicios y trabajadores.

Pero hablar de prácticas corruptas de Citibank-Banamex nos remonta a operaciones de lavado de dinero que esa institución financiera en Estados Unidos realizó con recursos ilícitos que depositó allí Raúl Salinas de Gortari, quien es hermano del expresidente mexicano.

Hay otro gran escándalo en Estados Unidos en el que está involucrado Citibank y fue dado a conocer en mayo de 2012, cuando la cadena de televisión de cable y satelital CNBC, propiedad de NBC y Comcast Corporation, dio cuenta de la demanda colectiva de propietarios de viviendas en Estados Unidos que se atrevieron a denunciar al gobierno estadunidense de Barack Obama por su complicidad en una extensa red de banqueros y políticos que durante la crisis de las hipotecas subprime se dedicaron a robar más de 43 trillones de dólares y de lavarlos en paraísos fiscales.

Esa demanda, presentada ante tribunales de Nueva York, está compuesta por un abultado legajo de 912 páginas. En ella se enlista el nombre de cientos de propietarios de viviendas en Estados Unidos que demandan a banqueros de entidades como Citibank por haber enviado ganancias, resultado de operaciones fraudulentas, a paraísos fiscales y centros de lavado de dinero como Islas Caimán, la Isla de Man, Luxemburgo y Malasia.

El proceso judicial que patrocinó un despacho que se presenta bajo el nombre de Spire Law Group, en donde participó el abogado Mitchell J Stein –famoso por entablar demandas contra bancos estadunidenses–, involucraría el mayor caso de lavado de dinero en la historia de Estados Unidos.

Según Spire y Stein, fue el gobierno de Barack Obama el que habría permitido o el que habría sido omiso en su persecución. Así se confirmaría que el mayor problema de blanqueo de capitales no se genera sólo en el dinero resultado del narcotráfico, sino que también, y en su mayor parte, proviene del propio sector financiero de Estados Unidos.

En el condado de Kings, en la Corte Suprema de Nueva York, la denuncia involucró a los principales bancos de Estados Unidos y a sus filiales en países como México, pero también a la administración de Barack Obama por haber permitido la constitución de intermediarios con operaciones en paraísos fiscales violando legislaciones como la Ley Patriota, legislaciones contra el blanqueo de capitales y cientos de regulaciones estatales y municipales.

El problema para Barack Obama fue que públicamente alentó la contratación de créditos, el cambio de las condiciones de las hipotecas, para impulsar la burbuja inmobiliaria con operaciones sintéticas y estructuras complejas y riesgosas. Citibank, Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo Bank, Citigroup y One West Bank, son algunas de las instituciones involucradas que se mencionan en el proceso.

Aquel viejo caso viene a colación porque las filiales de esos bancos en México también habrían sido usadas para lavar el dinero robado a ciudadanos estadunidenses y llevar a muchos a la quiebra. En el documento se asegura que el gobierno de Barack Obama simplemente habría ignorado todo tipo de advertencias hechas por entidades como el Departamento de Seguridad Nacional.

En este proceso se les acusa a funcionarios del gobierno estadunidense de delincuencia organizada y se involucra a varias filiales de bancos que operan fuera de Estados Unidos.

Los abogados que impulsaron esta demanda documentan el capítulo sobre México usando como evidencias la investigación del propio Senado de Estados Unidos y del legislador Carl Levin, en donde se establece cómo para el banco HSBC, con operaciones en Estados Unidos, logró una de sus operaciones más rentables en México, cuando –precisamente en 2008– la sucursal de su filial mexicana en Islas Caimán, que, curiosamente, no tenía oficinas ni empleados, por lo que se operaba desde sus sucursales en México, llegó a tener más de 50 mil cuentas y activos por más de 2 mil 100 millones de dólares.

En el mismo caso ubican a Citibank y a su filial Banamex que, en medio de la crisis de 2008, se convirtió en su tabla de salvación al ordenar la transferencia de miles de millones de dólares bajo la figura de dividendos.

Este negocio es lo que verdaderamente lastima a Citibank, pues lejos de afectarles que directivos mexicanos a cargo de Banamex operen con empresas fraudulentas y otorguen créditos de manera irregular, su principal problema es que fueron descubiertos y pierden un negocio rentable que estaba respaldado por multimillonarios contratos con Pemex que habían sido otorgados ilícitamente.

En Estados Unidos, sin embargo, la cobertura sobre esta demanda se vio opacada cuando el asesinato de dos niños supuestamente por su nana, una mujer de origen hispano, se presentó tan sólo 1 día después de que la cadena CNBC dio a conocer la demanda y su contenido. La supuesta asesina después atentaría contra su vida, lo que levantó sospechas del verdadero móvil. La investigación nunca lo reveló y se culpó a la mujer dominicana.

Los niños eran hijos del vicepresidente de CNBC, Kevin Krims, quien 1 día antes encabezó la cobertura de una nota que escandalizó a la comunidad financiera de Nueva York. Sin mayores explicaciones, CNBC decidió retirar la información de todos sus sistemas de noticia y fue, después, el portal MarketWatch del diario The Wall Street Journal, el que decidió retomar la historia.

Ahora la información sobre este caso sólo se encuentra en blogs y en algunas referencias noticiosas, mientras que la demanda no puede ubicarse en los archivos de los tribunales.

Después, en mayo de 2013, reapareció el Spire Law Group para dar a conocer un estudio en el que aparentemente demuestra la violación masiva de las leyes para el rescate bancario en Estados Unidos. La cobertura de este análisis se presentó de manera limitada. Mientras tanto, el controversial abogado Mitchell J Stein, como lo califica la prensa estadunidense, ha sido acusado una y otra vez por participar en los fraudes hipotecarios del año 2008.

Un periodista de nombre John Wright le pregunta a Stein en una entrevista transmitida por el canal de videos YouTube:

—Mitchell, ¿cómo puedes afirmar que la banca aquí está lavando dinero?

Stein simplemente responde que como abogado estuvo involucrado en operaciones hipotecarias y que pudo comprobarlo.

Así que en Estados Unidos la ropa sucia se lava en casa y los medios influyentes en el sector financiero también evitan temas complejos que ponen en tela de juicio el status quo de las grandes operaciones y rescates bancarios.

Simsa, ¿favorecida en el mercado del gas?

Con inversiones por más de 20 mil millones de dólares, los gasoductos se transforman ya en un territorio lleno de intereses y grupos de poder. Será a través de esta infraestructura que se importará el gas natural proveniente de Estados Unidos para las nuevas operaciones del sector petrolero y el de generación de electricidad.

Por ello, en este sector las empresas interesadas en el negocio afianzan ya sus intereses. Así, un nuevo orden se manifiesta ante la clara reducción de participación del grupo de compañías que ha controlado durante muchas décadas el mercado del gas Licuado del Petróleo (LP).

Para empezar, se está fortaleciendo a Sempra Energy en el transporte del gas natural que México importará de Estados Unidos. En esa compañía, vinculada supuestamente con los donativos de Susumo Azano, aparece la hermana de la extitular de la Secretaría de Energía y también exdirectora del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Georgina Kessel, quien ha sido la representante legal con una participación relevante en abrir nuevos caminos y gestiones de alto nivel a la firma de origen estadunidense.

Después, en el área de distribución a nivel doméstico, resulta que la firma relevante o preponderante –en la nueva nomenclatura de la competencia– es Simsa, propiedad de Salomón Issa Murra, quien alguna vez trabajó para Z Gas (los “otros zetas”, como alguna vez los calificó el maestro Miguel Ángel Granados Chapa), pero que ahora se desmarca del negocio del gas LP para operar –sin grandes inversiones de por medio– varios gasoductos estratégicos para el país gracias a licitaciones y reasignaciones de infraestructura impulsadas por la Comisión Reguladora de Energía para diversificar la participación en el mercado.

Allanan oficinas de Contralínea

En momentos que Congreso de la Unión y gobierno hablan de la urgencia de instrumentar nuevas leyes y mecanismos de protección para garantizar la libertad de prensa, las oficinas de nuestra revista Contralínea fueron nuevamente allanadas y saqueadas por sujetos encubiertos que en la oscuridad de la noche rompieron puertas y ventanas, abrieron escritorios y archivos para robar documentos y llevarse todas las computadoras de reporteros y directivos, además de otros artículos de trabajo, con el claro propósito de evitar que la publicación siga en circulación incomodando al poder con sus investigaciones.

Aunque según la Secretaría de Gobernación el equipo que elabora Contralínea está desde hace varios años bajo el mecanismo de protección instrumentado en esa dependencia, lo cierto es que éste es un verdadero fracaso, nunca ha funcionado adecuadamente y los pocos recursos públicos que se le asignan nadie sabe en qué son utilizados, y los burócratas que allí trabajan no tienen idea de qué deben hacer.

Pero el problema mayor es que en la Presidencia de la República y en la Secretaría de Gobernación no hay voluntad política para respetar la libertad de prensa y entender que la función de ésta es fundamental para avanzar en la construcción de la democracia.

Y mientras la violencia se sigue apoderando del país, los periodistas mexicanos siguen en riesgo de ser asesinados, secuestrados, amenazados, demandados y agredidos en sus propias oficinas y viviendas. Ningún cambio de la cerrazón mostrada por los gobiernos panistas, con los nuevos gobiernos priísta y perredista que encabezan Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera, respectivamente.

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