Cuando parece que todo está perdido; que la corrupción gubernamental y empresarial, el abuso de poder de la burocracia y el tráfico de influencias de los servidores públicos han ganado la batalla, aparece unida la crítica social y obliga a los abusadores a recular.Este es el caso de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), encabezados por Alejandro Luna Ramos, quienes cabildearon con el gobierno federal y su partido (PRI) para obtener un “haber de retiro”, que no es otra cosa que una pensión vitalicia después de que dejan el encargo, como ahora la cobran los 11 exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante el evidente abuso que peretendían también los responsables de ese Tribunal, la sociedad toda reprochó la descarada pretensión de los magistrados y obligó al Congreso de la Unión y a los siete “ofendidos” a dar marcha atrás en su cínica propuesta e impedir así que se cometiera un abuso más con dinero público.

Fue el mismo presidente del Tribunal, Luna Ramos, quien anunció que no cobrarían ningún bono por su retiro, y se lamentó que los medios de comunicación los ataquen y que la población haga juicios a partir de información “imprecisa, mailiciosa y tendenciosa”.

Veamos ahora si lo que dice Luna Ramos es cierto:

Más de la mitad de la población en México tiene distintos de niveles de pobreza, y la tercera parte, unas 40 millones de personas, vive con deficiencias extremas. Unos 80 millones de mexicanos sufren también problemas de alimentación, salud, educación y vivienda. A eso sumamos la inseguridad y violencia; el desempleo y subempleo; la pérdida del poder adquisitivo y la recesión económica; la corrupción gubernamental y privada; el abuso de poder y el tráfico de influencias.

En medio de esta crisis que ha llevado a la sociedad al borde del colapso, observamos el cinismo de los siete magistrados del TEPJF que creen merecer un trato especial por haber avalado las elecciones presidenciales de 2012.

Sin duda se trata de un ejemplo más de cómo servidores públicos asumen sus funciones con el propósito de enriquecerse ilícita e inmoralmente, ante la complacencia y complicidad de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, la población ya enjuició a los magistrados y los sancionó públicamente.

Esta forma de actuar, que se replica en todos los niveles de la función pública, explica el alto índice de pobreza en el que se encuentra el país y el riesgo alarmante de estallidos sociales, como ya ha sucedido en varios estados de la República (Guerrero, Oaxaca y Michoacán).

A esos siete magistrados abusivos, responsables de avalar la elección presidencial en 2012, les tiene sin cuidado que México sea uno de los países más pobres de América Latina y que en el primer trimestre de este año el país haya enfrentado una recesión económica, pues a ellos sólo les importa garantizarse un elevado salario de por vida pagado con el erario público.

Pero fue la protesta e inconformidad social la que obligó al Partido Revolucionario Institucional a proponer que esa pensión de por vida se reduzca a pagarles a los siete magistrados su salarios durante 2 años sin trabajar. Vaya canonjía para esos “servidores públicos”, mientras la clase obrera y campesina vive con salarios de hambre.

Pero esta prestación que ya había sido aprobada por el Congreso en las leyes reglamentarias de la reforma política, sólo refleja el abuso en el que han vivido los magistrados del Tribunal Electoral durante muchos años.

Se trata de un evidente dispendio, pues además de los buenos salarios que ahora reciben esos magistrados y mandos medios y superiores, también se asignaron en 2012 un bono por el “apoyo” al proceso electoral, que consistió entre 1 y 2 meses de salario a cada trabajador, dependiendo del cargo; otro bono de la misma dimensión les fue entregado después del 1 de julio de ese mismo año, nuevamente por “apoyo” a las elecciones presidenciales, y por si eso fuera poco, los magistrados del Tribunal Electoral han dispuesto que cada 4 meses se les pague un bono económico equivalente a 1 mes de salario.

En esta columna describimos en 2012 el abuso que desde entonces se vivía en el TEPJF: los siete magistrados se autorizaron camionetas blindadas modelo Grand Cherokee, con valor aproximado a 1.5 millones de pesos por cada vehículo; cada uno de ellos tienen asignado para su servicio otros dos automóviles con su respectivo gasto de gasolina y choferes; su ingreso mensual neto fluctúa entre los 230 mil y 250 mil pesos, el mismo salario que gana el presidente de la República; cuentan con un seguro de separación individualizado contratado con la empresa MetLife, consistente en que el magistrado aporta 10 por ciento de sus ingresos y el Tribunal otro 10 por ciento con dinero público, y el total lo recibirá cada magistrado cuando termine su gestión.

Además, dicho órgano de “justicia” le otorga a los magistrados un seguro de vida y un seguro de gastos médicos mayores, con cero coaseguro, es decir, que cualquier gasto que genere su internamiento en algún hospital de lujo, el magistrado no desembolsará 1 solo centavo de sus ingresos, pues todo estará cubierto por el seguro pagado con dinero público de los mexicanos.

Como estos siete magistrados fueron los responsables del cómputo final de la elección presidencial y de calificar su legalidad para declarar quién fue presidente electo, necesitaban más estímulos económicos que los alejara de tentaciones de corrupción o de componendas políticas; por ello votaron a su favor para asignarse, antes del 1 de julio de 2012, un “bono de riesgo” por 500 mil pesos, lo que representó 2 meses de salario.

El TEPJF también ha dispuesto que sus siete magistrados no gasten su salario en el consumo de alimentos, por lo cual les otorga 15 mil pesos mensuales, dinero equivalente al salario mínimo que recibirían en el mismo lapso de tiempo ocho trabajadores mexicanos. Si los 15 mil pesos no son suficientes para sus costosas comidas, tienen derecho a presentar facturas que el Tribunal pagará como “atención a magistrados”.

Entre los gastos “menores” en beneficio de sus magistrados está la disposición de más de 100 mil pesos para comprarle a cada uno su iPad; también una moderna cafetera a un “mínimo” costo de 20 mil pesos; o la lujosa camioneta para el presidente Luna Ramos, una Toyota Sequoia, que tiene un precio de alrededor de 800 mil pesos.

Pero los siete magistrados no sólo están interesados en su bienestar económico, su seguridad y sus alimentos, sino también en participar en la recomendación de su personal, de amistades y compadres en cargos de mandos superiores y medios del Tribunal. Es decir, el nepotismo.

En aquel año de 2012 escribí en esta columna: “Por ejemplo, Rolando de Lasse Cañas, coordinador de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública del Tribunal, despidió al director de Proyectos, René Alvarado, y en su lugar entró Valentín Rosas García, quien entre pasillos presume su amistad con uno de los hijos del doctor Luna Ramos.

“Lo más grave de esa remoción del ingeniero Alvarado y que por lo menos debería preocupar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que se dio porque el funcionario se negó a firmar y aceptar las nuevas estimaciones económicas para una obra de remodelación y ampliación de la Sala Regional del Tribunal en Monterrey, Nuevo León, que tuvo un desembolso del erario de entre 55 y 60 millones de pesos, con deficiencias de tiempo y costo. Dicha obra estaba planeada para concluirse en marzo, pero demoró 4 meses más y tuvo un sobrecosto de 15 millones. El encargado de vigilar el buen uso de los recursos es Rolando de Lasse Cañas.

“Otro despido injustificado fue el del ingeniero Roberto Healty, quien tuvo que dejar la Jefatura de Unidad de Control de Obras y Conservación del Tribunal para que a su lugar llegara Ricardo Zetina, también recomendado de De Lasse Cañas, quien procura siempre estar atento a las peticiones del presidente Luna Ramos y de los magistrados Manuel González Oropeza, Constancio Carrasco Daza y Salvador Olimpo Nava Gomar.

“A la Coordinación de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública del Trife le atribuyen algunos despidos injustificados de directores, coordinadores y asesores. Por ejemplo, a Carlos Sánchez, que era asesor del director general de Recursos Materiales, lo habían ascendido como director de Adquisiciones, pero sólo duró 1 semana en el cargo porque fue removido y despedido del Tribunal. El titular de dicha Coordinación de Adquisiciones es el doctor Rolando de Lasse Cañas, quien tuvo un desempeño polémico como director Jurídico del Instituto Federal Electoral y también se desempeñó como secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia”.

¿Sale director general del IMSS?

En los próximos días el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzará una convocatoria para licitar servicios de impresión y cómputo, lo que ha desatado las pasiones entre empresas privadas que pelean por ganar este jugoso contrato.

En materia de licitaciones, las secretarías y entidades del gobierno federal están acostumbradas a tener una cartera de proveedores de bienes y servicios que sólo cambian cada sexenio. Y el motivo es muy simple, el cobro de comisiones por la asignación de contratos es permanente y hasta ahora no hay autoridad, y aquí nos referimos a los órganos de control dependientes de la Función Pública, que logre contener los sobornos y chantajes en cada una de las áreas de gobierno responsables de este trabajo.

Así, en esta nueva licitación del IMSS que nos dicen prepara la Dirección de Desarrollo e Innovación Tecnológica, a cargo de Igor Rosette Valencia, hay quejas que han llegado hasta el director general de ese Instituto, José Antonio González Anaya, en el sentido de las preferencias que se tienen con algunos proveedores.

Una de las empresas consentidas, según queja que llegó a esta columna, es la multimencionada Soluciones Tecnológicas, propiedad en un 70 por ciento de Claudia María Rincón Pérez, a quien se le conoce en el mundo de los concursos gubernamentales como “La reina de las licitaciones”, debido a si éxito por ganar casi todo en apenas 10 años de existencia. En la queja que enviaron a este espacio se menciona a Mario Villanueva (que por supuesto es homónimo de aquel gobernador priista corrupto que purga condena en Estados Unidos), como uno de los operadores principales de Rosette Valencia.

En otros medios de comunicación se ha mencionada desde el sexenio anterior la forma de operar de esta empresa Soluciones Tecnológicas, incluso la reportera Martha Martínez, del diario Reforma, dio cuenta de cómo Claudia Rincón Pérez opera siete empresas proveedoras de equipos y servicios de cómputo, lo que le ha permitido ganar contratos en diversas áreas de salud por más de mil 360 millones de pesos, al competir entre sí en las mismas licitaciones.

“Desde 2003, estas empresas han simulado que compiten en concursos públicos y así han conseguido contratos millonarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud (SSA).

“A partir del año pasado, luego de que el IMSS llevó a cabo una ‘limpia’ en sus áreas de cómputo y compras por presuntos actos de corrupción, las empresas de Claudia Rincón incursionaron con la misma estrategia en el sector energético con un primer contrato de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorgado en noviembre”, afirma la reportera.

El asunto ha sido de tal nivel, que en el mismo Congreso algunos legisladores priistas se han pronunciado porque se investigue a dicha empresa y a sus accionistas, sin embargo hasta ahora en la dirección del IMSS se considera como una fuerte contendiente para sus licitaciones a Soluciones Tecnológicas.

Y aunque el director general José Antonio González Anaya tiene referencias de las quejas y denuncias de empresarios y congresistas, hasta ahora no se ha hecho algo y lo más probable es que todo siga igual, pues según fuentes gubernamentales el próximo 15 de junio se darán algunos cambios en el IMSS y aseguran que González Anaya deja la Dirección General.

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