El delito del lavado de dinero sigue impune en nuestro país. Mentira que se combata y que se pretenda afectar al crimen organizado mediante la intervención de sus fuentes de financiamiento, cuyo dinero sucio utiliza para corromper a gobernantes en los tres niveles de gobierno, a jueces, a militares y a policías, así como comprar armas, reclutar mercenarios, producir droga, armar laboratorios y crear redes de distribución y comercialización.El pasado 25 de abril la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer las disposiciones que modifican el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito relativas al lavado de dinero. Dichos cambios se suman a las disposiciones que ya se habían publicado en 2010 y con las cuales se buscó frenar el mercado negro de dólares, sobre todo en la región fronteriza del país.

Ahora, más allá de las medidas anunciadas para limitar los montos de efectivo que pueden registrarse en las ventanillas bancarias y que con ello el gobierno afirma que servirá para combatir el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, resulta relevante la decisión de incrementar la vigilancia sobre los fideicomisos que operan las instituciones bancarias y que, en muchos casos, les ha permitido recibir recursos de procedencia ilícita sin revelar el nombre de sus beneficiarios y, por supuesto, el origen de los recursos.

Al contravenir las políticas internacionales contra el blanqueo de capitales, que recomiendan la identificación y conocimiento de los clientes y usuarios por parte de las instituciones de crédito, los fideicomisos han servido durante muchos años para frenar la transparencia de recursos depositados en la banca y con ellos se han cometido abusos con dinero público (recuerde al exsecretario Francisco Gil Díaz y el fideicomiso ISOSA que constituyó como privado para apoderarse de dinero proveniente del cobros fiscales), han servido para ocultar dinero del narcotráfico y se han desviado fondos del erario.

Ahora, por recomendación del gobierno estadounidense, estos instrumentos jurídicos (fideicomisos) estarán sujetos a nuevas reglas para prevenir conductas delictivas más sofisticadas que las transferencias hormiga de dinero producto del narcotráfico o las transacciones mediante cheques de caja, un mecanismo detectado por la SHCP como una vía recurrente para realizar operaciones ilícitas.

El senador Carl Levin, quien le siguió la pista a las operaciones del banco HSBC en Estados Unidos, advirtió que tanto en su país como en México los fideicomisos que ofrece el sistema bancario están al margen de las regulaciones contra delitos financieros.

Instrumentos bancarios como los fideicomisos, decía Levin, no sólo garantizan el secreto bancario sino que también ocultan a los verdaderos beneficiarios de los recursos depositados, convirtiéndose en una gran herramienta para el lavado de capitales.

Es cierto que los controles y el famoso recurso de “conoce a tu cliente” debería frenar el ingreso de dinero sucio a los sistemas financieros para que llegue a los fideicomisos, pero en la práctica, sin embargo, se trata de un instrumento que seguía pendiente de regular.

Ahora, en las sucursales bancarias, a raíz de la reforma financiera y de las nuevas normas contra el blanqueo de capitales, integraron a sus sistemas y solicitudes nuevos documentos en los que el cliente es quien asume la responsabilidad de conocer las reglas de reciente aplicación. Se trata de una responsabilidad compartida que no excluye del todo al sector bancario de la obligación de reportar y conocer explícitamente a sus clientes.

Por ello, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la SHCP deben dar a conocer la lista de “Personas Bloquedadas”, con el propósito de proporcionar a las instituciones de crédito una directriz de personas y empresas con las que definitivamente no deberán realizar negocios.

Queda, por lo tanto, sujeta al criterio y a las políticas internas de cada institución el concepto más amplio de “Personas Políticamente Expuestas”, difundido por los organismos internacionales que combaten el blanqueo de capitales.

La SHCP reconoce, sin embargo, que desde el 2000 México es miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), relativo a combatir el blanqueo de capitales, organismo intergubernamental que fija los estándares internacionales en materia de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Así México se empeñará, al menos en el papel, a cumplir las recomendaciones del GAFI para dar cumplimiento a medidas similares a las establecidas en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 (Convención de Viena), la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres Protocolos Suplementarios (Convención de Palermo) y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999; instrumentos suscritos y ratificados por el Estado Mexicano con el objeto de promover la instrumentación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas que atentan contra la seguridad y estabilidad de las naciones y del sistema financiero internacional.

Fideicomisos relevantes

Las nuevas reglas contra el lavado de dinero buscan en materia de fideicomisos acotar y robustecer diversas previsiones respecto de las operaciones que se realicen a través de estos instrumentos, lo que proveerá a las autoridades de mayores elementos para prevenir y combatir conductas delictivas.

Ahora, los banqueros tendrán que compartir con las autoridades el número o referencia del fideicomiso y Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave) o número de identificación fiscal o equivalente en caso de ser extranjeros y/o número de serie de la Firma Electrónica Avanzada.

También deberá explicarse la finalidad del fideicomiso y, por supuesto, las actividades “vulnerables” que realice en términos del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Además deberá informarse claramente sobre las aportaciones de los fideicomitentes y la intervención de los fideicomisarios, delegados fiduciarios y, en su caso, de los miembros del comité técnico.

Sin embargo, aunque el gobierno federal por primera vez se observa por primera vez que los fideicomisos han sido utilizado para lavar dinero sucio producto de muchos ilícitos, principalmente el crimen organizado, lo cierto es que también muchas secretarias de Estado y la misma Presidencia de la República han utilizado en cada sexenio los fideicomisos para ocultar dinero púbico y desviarlo a su antojo, por lo que estas nuevas medidas deberán también servir para combatir la corrupción gubernamental que es el principal problema.

Corrupción e impunidad amenazan la seguridad nacional

Por primera vez el gobierno federal ha reconocido que la impunidad y la corrupción son una amenaza para la seguridad nacional. Ambos problemas han incentivado la expansión del crimen organizado en todo el país y, en consecuencia, la generación de la violencia que no cesa.

Lo mismo presidentes, gobernadores, alcaldes, ministros, magistrados, jueces y legisladores abusan del poder, trafican con influencias, violan leyes, cometen actos de corrupción y viven en la impunidad. También algunos de ellos se han pasado a las filas del crimen organizado y siguen ocupando sus cargos en la burocracia administrativa, lo que ha destrozado toda la estructura de gobierno, además de la social y económica.

En cada sexenio la prensa ha documentado el mal uso de dinero público y el involucramiento de burócratas, militares y civiles con bandas del narcotráfico y el lavado de dinero. Entonces Lo la corrupción sigue en acenso porque quienes la cometen viven sin problemas en la impunidad.

Es en el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, una política multidimensional para México en el siglo XXI, donde se incorporan a la impunidad y a la corrupción como “factores de riesgo” que originan violencia y delincuencia.

Y es que, según el documento, la política de seguridad nacional del gobierno de Enrique Peña Nieto buscará también contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Secretaría de la Función Pública. Lo anterior, luego de un diagnóstico del deterioro de la seguridad interior durante los últimos años.

En el análisis que sirvió para elaborar el documento rector de la política de Estado en materia de seguridad nacional, los especialistas encontraron una relación directa entre la impunidad y la corrupción con la violencia y la delincuencia. Por ello, la política de seguridad nacional también propondrá “una línea de acción específica para identificar y evaluar integralmente todos los aspectos que contribuyen a la generación de corrupción, impunidad y violencia”.

Se crea también el Sistema Nacional de Inteligencia, que estará a cargo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob) y agencia de inteligencia civil del Estado mexicano.

En el nuevo esquema diseñado por el primer gobierno surgido del Partido Revolucionario Institucional (PRI) luego de dos sexenios de administraciones emanadas del Partido Acción Nacional (PAN), el Sistema Nacional de Inteligencia asumirá un papel central “para contener y neutralizar aquellos riesgos y amenazas que puedan vulnerar la seguridad del Estado mexicano”.

El Sistema concentrará “todas las inteligencias especializadas generadas por la Administración Pública Federal”, en las que –además de la del propio Cisen– se incluyen las de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –que organiza y administra al Ejército Mexicano y a la Fuerza Aérea Mexicana–, las de la Secretaría de Marina (Semar) –que organiza y administra a la Armada de México–, de Procuraduría General de la República (PGR) y de la Policía Federal.

Así, el Cisen aglutinará información de las secciones Segunda y Séptima del Estado Mayor de la Defensa (Sedena), de la Unidad de Inteligencia Naval (Semar), de la Policía Federal Ministerial (PGR) y de las secciones de inteligencia de la Policía Federal. El documento no menciona directamente a las agencias de inteligencia a cargo de otras dependencias, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –que cuenta con la Unidad de Inteligencia Financiera– y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Entre los ámbitos de acción del Sistema Nacional de Inteligencia se encuentran el humano, el político-militar y el económico-ambiental. Además, buscará “promover el uso de medios tecnológicos avanzados para la generación de productos de inteligencia e intercambio seguro de información entre los componentes del Sistema”.

Agrega que, bajo este modelo que se pondrá en marcha en los próximos días, la cooperación internacional en materia de inteligencia y seguridad nacional es un “componente esencial”, y prevé la intensificación de intercambio de información acerca de riesgos y amenazas así como la “coordinación de acciones con otras naciones para preservar la seguridad de nuestra región y la gobernabilidad del sistema internacional”.

El programa asegura que, con el gobierno de Peña Nieto, se trascienden las visiones tradicionales de la seguridad nacional –asociadas generalmente a actos violentos, delitos de alto impacto y amenazas convencionales de tipo político-militar–, pues ahora se considera “una serie de fenómenos y problemáticas sociales, económicas, ambientales, tecnológicas y de salud”. Por ello, la agenda nacional de riesgos que se elabora anualmente ahora tendrá carácter “multidimensional”.

Así, en el documento se considera a la impunidad y la corrupción como “factores de riesgo” que originan violencia y delincuencia, “especialmente a nivel local”. Además, se reintegra a la política exterior en el ámbito de la seguridad nacional para posicionar de manera estratégica los intereses de México como “potencia emergente”.

Al explicar el modelo de seguridad nacional que seguirá el gobierno de Peña Nieto, el documento señala que se han considerado las diversas dimensiones de la seguridad contemporánea: la económica, la alimentaria, la tecnológica, la ambiental, la social y la humana.

El Consejo de Seguridad Nacional está integrado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda; el secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso; el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam y el director general del Cisen, Eugenio Ímaz Gispert.

En el documento se asegura que el “nuevo” modelo de seguridad nacional “plantea el establecimiento de un diálogo permanente” con la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional. El objetivo es echar andar un mecanismo de “control democrático” del Poder Legislativo sobre las políticas y acciones del Ejecutivo vinculadas con la seguridad nacional.

Sin embargo, en el texto de más de 80 páginas, apenas tres renglones se destinan directamente a la relación que el Ejecutivo mantendrá con el Legislativo en materia de seguridad nacional, no obstante que la Ley de Seguridad Nacional contiene un capítulo dedicado a las atribuciones de la Comisión Bicamaral y el papel de control y evaluación que debe realizar sobre las acciones del Ejecutivo.

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